“Están cambiando las lógicas”
En la primera entrevista desde que asumió, Bielsa explica cuál es la nueva función que cumplirá la Sedronar, en sintonía con el cambio de paradigma en torno de las drogas. Sus posturas sobre la despenalización que se está por debatir en el Congreso.
Por Emilio Ruchansky
Imagen: Guadalupe Lombardo
A casi cinco meses de su asunción al frente de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), y a diez días del comienzo del debate parlamentario por la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal, Rafael Bielsa se muestra favorable a la mayoría de los planteos de reforma penal, a diferencia de su antecesor, José Ramón Granero. Es la primera entrevista que brinda como titular de la Sedronar, luego de solicitar varias auditorías sobre ese organismo, vástago de la ley de drogas actual, y en medio de un cambio de paradigma compartido entre el gobierno nacional y las principales fuerzas de la oposición sobre las políticas públicas en la materia, tendientes a la no criminalización del usuario y al discernimiento penal entre microtráfico y crimen organizado. Los ejes de su gestión, adelanta, pasarán por la coordinación de las áreas y agencias estatales involucradas, el paco y su territorio y el control eficiente sobre los precursores químicos.
“Quiero un organismo flaco, muy magro, rápido, con una gran velocidad de desplazamiento a los lugares donde está, de verdad, el problema”, dice Bielsa, en su oficina, en medio de laberintos de alfombra verde y paredes de madera color caoba. “El abordaje está en el territorio y no en el escritorio. Si te quedás en el escritorio, sos cartera. Sonaste”, agrega. Y lo extiende tanto a la detección temprana de los precursores químicos para cocinar drogas, de origen vegetal o sintéticas, junto a las distintas cámaras industriales, como a la atención de los usuarios de paco, o “cocaína fumable”, como se lo mencionó en el último foro internacional de la Cicad, el organismo especializado en el tema de la OEA, en Washington.
A propósito, informa: “Es el único viaje que hice, y aspiro a hacer la menor cantidad. Es tan demandante lo que pasa acá, que no podés estar afuera para poder hacer bien este trabajo”. Lo confirman sus subsecretarios especializados en demanda y oferta, Ignacio O’Donnell y Víctor Malavolta. La política al respecto, dice Bielsa, es recibir a los funcionarios extranjeros y a las embajadas, algo que ya está ocurriendo. “Ahora, lo que sí debemos dejar claro es la postura argentina respecto de los diversos temas: prevención y el enfrentamiento con la oferta. No puede ser que cada uno que vaya a los foros tenga una posición distinta”, aclara.
–¿Cuál es la primera conclusión sobre el estado actual de la coordinación de la oferta estatal en la materia?
–Bueno, yo no estoy seguro de que el gobierno federal, medido en términos de inversión por habitantes, esté gastando poco. Constatamos programas vinculados con el tema drogas, desde distintos andariveles, de la asistencia hasta la reducción de la oferta, en 31 organismos diferentes. Es lo que hemos detectado hasta ahora.
–Con presupuesto.
–Sí, con distintos presupuestos. Siempre en el orden federal, sin contar lo que están haciendo las provincias y sin contar las fuerzas provinciales. Lo importante es que si (el Ministerio de) Trabajo tiene algún programa de inserción laboral interesante o si Desarrollo Social tiene un dispositivo, como los CIC (Centros Integradores Comunitarios) territoriales, muy afianzados, con una inversión que el Estado ya hizo, lo sensato es que, cuando Sedronar interviene, en términos federales y va a alguna provincia, no reinstalarnos e ir solos con nuestra oferta, sino tratar de llevar, coordinadas, las ofertas de múltiples organismos. No solamente la beca o el subsidio que pueda dar Sedronar, sino además programas del Ministerio de Trabajo para reinserción laboral. Esto implica una redefinición de las reales incumbencias de la Sedronar, que ni debe hacer aquello que no le incumbe ni dejar de hacer aquello en lo que sí tiene incumbencia. Cuando denunciamos los 210 convenios que habíamos firmado dentro del país, alrededor de 20 instituciones, municipios o personas manifestaron la voluntad de reconducirlos. Algunos ni siquiera eran competencia de la Sedronar.
–¿Con qué otras áreas trabajan?
–La semana que viene nos reunimos con el ministro de Educación, Alberto Sileoni, para dar un solo mensaje con una unidad de concepción. También hicimos convenios con la AFIP, por los que pudimos introducirnos en el software del módulo de ventanilla única. Una medida muy importante, que nos va permitir acceder a la información con 90 días de anticipación, la cantidad de precursores químicos que se importa. Luego, con el PAMI. Ahí recibimos una extraordinaria ayuda de la división tecnológica que hizo una auditoría al Registro de Precursores Químicos (Renpre), ahora trabajamos con ellos en diseño de nuevos sistemas. A ese nuevo sistema le vamos a introducir la trazabilidad de algunos precursores para cubrir el circuito hasta el momento previo, inmediato, de la entrada al mercado ilícito.
–Respecto de los tratamientos, más allá de que no esté reglamentada la Ley de Salud Mental que incluye en el tema adicciones, ¿auditaron instituciones?
–Estamos haciendo un extraordinario esfuerzo en resideñar la matriz de evaluación de las instituciones y hacer auditorías que sean fidedignas, incorporando a la sociedad civil a la auditoría. Además, hay nueve provincias en las que Sedronar ni siquiera tiene convenios con prestadores del sector privado: Formosa, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén, Chaco, Jujuy, Catamarca, Misiones y Santiago del Estero. Es insensato que en esos lugares no asistamos económicamente a los hospitales públicos para que haya tratamiento en esta materia. Así que lo vamos a hacer.
–Varios especialistas plantean que los hospitales públicos y centros de salud deben tener áreas especializadas y formación sobre el tema.
–Todas las semanas vamos a alguna villa, dos o tres horas, a hablar con los referentes barriales. La última visita fue a la dirigente Rita y al cura Gustavo Carrara, en la villa 1-11-14, en el Bajo Flores. El cura cuenta que da una atención que empieza con una casa, donde van a dormir los chicos fisuras. Así empieza la historia. Entonces, a un chico consumidor de paco lo rocían con una ametralladora. Y va al hospital Piñero. Lo va a ver el padre Gustavo y estaba en un proceso de curación de sus heridas, y tenía dos bolsas de colostomía, para drenaje. Y la médica le dice: “Se lo tiene que llevar”. El padre le explica que es adicto y que necesita tratamiento. “Sí, pero a mí me interesa esto (le señala la panza con las bolsas de drenaje), me tiene que liberar la cama.” “Pero el servicio de salud va a costar más... ahora viene un proceso de desintoxicación, tratamiento, socialización, esto hay que hacerlo entre ustedes y no- sotros”, le dijo el cura. “Se lo tiene que llevar.” Y se lo llevó. Al chico le da un ataque de asma, y con las dos bolsas puestas se fue a fumar paco. Terminó en el Hospital Fernández. Está bien lo que plantean los especialistas: si no hay una mirada de desmanicomialización, holística, para interpretar este fenómeno, no hay forma de avanzar. Por eso vamos a invertir en los hospitales de esas nueve provincias.
–¿Cuál es el presupuesto de la Sedronar?
–Ahora, 77 millones de pesos anuales y estamos racionalizando los recursos humanos, el gasto y el uso del espacio físico. La Sigen nos auditó y nos ayudó la Jefatura de Gobierno para hacer el trabajo de reingeniería del organismo. Vamos a tener otro presupuesto: para hacer lo que se hizo era mucha plata, para hacer lo que se tiene que hacer falta plata.
–¿Cuáles son los desafíos respecto del abordaje territorial en el uso de paco?
–Si se mide prevalencia anual, la cifra tiende al optimismo, porque la incidencia del consumidor de paco frente a la de alcohol marca un gran abismo. Pero si se mide el crecimiento de esa prevalencia, ahí asusta.
–Además, vender drogas es una salida laboral en la villa.
–Y una salida compulsiva, porque el que consume, como no tiene ingreso, tiene que vender al día siguiente para seguir consumiendo y esto lo cuentan todas las villas. En un comedor comunitario uno ve a una nena, entre treinta chicos, y la cocinera dice “a esa nenita la trajo la tía”. Que no es la tía, es una amiga de la mamá, el padre y la madre son paqueros. “Y la mamá ahora está vendiendo”, dicen en el comedor. Sumemos que es un lugar donde el primer contacto con el Estado, para los chicos de siete años en adelante, es la policía, ni hablemos del Gran Buenos Aires.
–Hay que separar el microtráfico del crimen organizado internacional, para los cuales hay una sola ley y una sola penalidad en la actualidad.
–Exactamente. Además están cambiando las lógicas. Antes un familiar llamaba a la policía para que meta preso a su hijo por fumar paco; ahora, por ejemplo en Rosario, la familia incendia el kiosco de paco. No lo mete preso al pibe, lo mete preso al dealer. Y al que vende pastillas legales para mezclar con alcohol, también. En este sentido, Sedronar tiene que convertirse en un órgano de investigación, que sigue el acontencer y propone herramientas. Ya deberíamos controlar quién vende impresoras tridimensionales, porque se pueden imprimir cajas de medicamentos con esas máquinas.
–Otro de los ejes que mencionó es el control de precursores químicos.
–Ahí estamos ante un rediseño de todo el sector de fiscalización, nuevo manual de fiscalización de empresas, nuevos protocolos y fiscalizaciones no programadas. Dentro de poco tiempo el modelo de pastilla va a ser el de síntesis. Hay un gran movimiento internacional, nos lo dijo la embajada de Alemania y también especialistas españoles, para hacer un control más férreo sobre precursores. En Alemania, más del 90 por ciento de las denuncias de desvíos de precursores al mercado ilegal son hechas por los propios actores civiles, laboratorios que detectan y denuncian. Por eso hicimos reuniones con presidentes de distintas cámaras: farmacéuticas, química y agroquímicas.
–¿Qué otras herramientas le surgen en este tema?
–Además de tener el registro de precursores y actualizarlo, vamos a tener que contar con un laboratorio, porque es lo dinámico del cambio de composición de las sustancias que se consumen. Queremos, al momento de la incautación, tener un estudio en un laboratorio confiable y rápido. Si no incluís las nuevas sustancias en las listas de productos considerados precursores, no se puede anticipar la tendencia, vamos siempre detrás de la oferta. Y a todo eso le vamos a anexar un horno para la incineración. Porque al haber aumentado la incautación, aumentó la demanda de los hornos, que están casi colapsados. Y son importados, cuando no hay razón de importarlos, es un elemento estándar, que puede desarrollarse localmente.
LOS PLANES PARA CONVERTIR LA SEDRONAR EN UN APOYO REAL A LA PREVENCION
Unidades rápidas de intervención en barrios
Por Emilio Ruchansky
Rafael Bielsa y los subsecretarios Ignacio O’Donnell y Víctor Malavolta.Imagen: Guadalupe Lombardo
El equipo técnico de la Sedronar tiene dos flamantes funcionarios, el subsecretario de Planificación, Prevención y Asistencia, Ignacio O’Donnell, y el subsecretario Técnico de Planeamiento y Control del Narcotráfico, Víctor Malavolta. El primero trabajaba en el área de Salud en la ciudad de Buenos Aires, específicamente en la atención sobre paco en territorios conflictivos, el segundo proviene de la Cancillería, es profesor de Derecho Constitucional de la UBA y dio cursos de derechos humanos en Gendarmería. Ambas áreas están en una reestructuración, luego de los reclamos por fallas de tratamiento en las prestaciones becadas por la Sedronar y las denuncias judiciales en trámite por la falta de controles del Registro de Precursores Químicos.“Estamos en el armado de unidades rápidas de intervención, que vayan a los barrios, y reforzando la atención primaria, el trabajo comunitario y territorial.
Ahora hay lineamientos claros, que permiten hacer capacitación, como con la Secretaría de Deportes en el caso de promotores deportivos que trabajan en el ámbito de detección y prevención de las adicciones en clubes barriales de todo el país. La tarea ordena la ideología”, dice O’Donnell. La falta de estructura es notable en varios puntos del país. “En Capital, la oferta hospitalaria se limita a cuatro camas para hombres y cuatro para mujeres en una sala del Hospital Fernández que se cae a pedazos”, advierte.
La prevención comienza ahora en primer grado, “antes estaba en quinto” dice este subsecretario. “Con el Ministerio de Turismo de la Nación tenemos un plan nacional de capacitación para coordinadores y asistentes de turismo estudiantil”, dice. Y señala que está en desarrollo una campaña con información para alumnos, con materiales de orientación para padres y docentes. “Y estamos tratando de reformar el sistema para que las internaciones sean breves. Y a la vez, invertimos en microemprendimientos para los pibes del barrio, financiando organizaciones civiles de base”, agrega.
Del lado del combate a la oferta, Malavolta también informa que hay capacitación para fuerzas de seguridad, federales y provinciales, Poder Judicial y el Ministerio Público. “Llegué en febrero con el control del Registro de Precursores Químicos intervenido por Bielsa. El año pasado hubo 520 fiscalizaciones, este año quiero hacer 650”, dice. Hay tardanzas en la entrega de parte de algunas policías federales del interior de los bienes decomisados a los narcos, por ejemplo vehículos que servirían para motorizar los controles.
“No teníamos actualizadas las listas de precursores desde 2010”, dice.
“Soy un buen burócrata”, se ríe Malavolta. “Hacemos control previo de las empresas para ver si no son lugares fantasmas. Hay que empezar a mirar. Y sobre todo controlar, aunque yo crea en la presunción de inocencia”, agrega. Sobre los cursos, dice, “se trata de concientizar sobre que no se puede investigar al eslabón más débil de la cadena, algo que está bastante incorporado en la lucha contra el narcotráfico”.
EL DEBATE POR LA DESPENALIZACION
“Una ley conveniente”
Por Emilio Ruchansky
El próximo 5 de junio habrá en la Cámara de Diputados un plenario de la Comisión de Prevención de las Adicciones y Control del Narcotráfico y Legislación Penal en vista a escuchar opiniones y avanzar sobre una reforma de la actual ley de drogas, la 23.737. Rafael Bielsa es uno de los invitados. El principal proyecto, en ese recinto, proviene de un acuerdo de los diputados Diana Conti, Ricardo Gil Lavedra y Victoria Donda, en representación de las tres principales fuerzas parlamentarias: el oficialismo, la UCR y el FAP. El titular de la Sedronar fijó su postura en la mayoría de los puntos del proyecto y se mostró a favor de discutir en otros casos.
–La propuesta no fija cantidades para la tenencia de drogas para uso personal y el cultivo de marihuana.
–Y me parece bien. Hubo un activismo judicial, que juzgo tan importante como el parlamentario. Desde los fallos Bazterrica y Montalvo, hasta el último fallo de la Corte Suprema, Arriola, pasaron muchas cosas. Una ley no puede partir de la base de que los jueces se van a equivocar. Debe partir de darle un instrumento para que aplique una política criminal, entonces me parece desaconsejable poner cantidades en una norma fija. Yo leí todas las propuestas, la del senador Aníbal Fernández y la última, acercada al Congreso por la legisladora (porteña) María Rachid, que propone la regulación del cannabis. Cuanto más se discuta, mejor, no hay que olvidarse de que la ley tiene dos costados. Uno significa receptar (el fallo) Arriola, en el sentido de no criminalizar al consumidor, y el otro, que es el de sancionar de manera muy dura el narcotráfico, diferenciándolo del microtráfico. El debate debe tener en cuenta las dos cosas. No tiene que salir una ley de conveniencia, tiene que salir una ley conveniente.
–Acuerda en que el consumidor de marihuana no puede ser obligado a comprar en el mercado negro, como dijo Fernández.
–Si no hay riesgo ni daño para terceros y está en la esfera individual, como dice el fallo Arriola, sí, acuerdo. Además, romperíamos el negocio estadístico de los “procedimientos contra el narcotráfico”, cuando sabemos que la policía no va contra el narcotráfico y aplanan las intervenciones, incluyendo a los eslabones más débiles de la cadena, pero para arriba no van nunca.
–El proyecto deroga la tenencia simple y pena cuando se demuestre que la tenencia de una droga excede el consumo personal.
–Está bien. De otra forma, estamos casi con un delito de peligrosidad, que es contrafáctico y victimizante. Es un tema abierto al debate, no tenemos posición tomada al respecto. Tiene más que ver con el derecho penal liberal. Si soy juez y si tengo el monopolio de la fuerza pública y puedo ordenar determinadas cosas, tengo que tener suficientes elementos probatorios antes de tomar una decisión que implique modificar la vida de alguien.
–La tenencia simple no respeta el principio de inocencia.
–Efectivamente, no lo respeta. Es evidente. En el caso de la tenencia hay un acto discriminatorio, que tiene relación con el acceso a la defensa técnica: se pone en un plano de igualdad al que la tiene y al que no la puede pagar.
–La iniciativa que se analiza pena a quien ofrece drogas a menores en la calle y quita las penas por consumir en la vía pública, mientras no se afecte concretamente la salud de terceros.
–Yo hasta ahí no llegaría, en lo particular. Pero jurídicamente no es objetable el razonamiento. También cuando uno, desde un lugar público, emite un mensaje, auspicia o de- salienta conductas.
–En Chile no se puede tomar alcohol en la vía pública. ¿Está de acuerdo con ese tipo de medidas?
–Bueno, yo estoy más de acuerdo con que no se deba tomar alcohol que con que no se pueda fumar marihuana. No me parece correcto que se tome en la vía pública, son actitudes que generan fenómenos imitativos o asociativos en los chicos. Por eso tenemos el problema de alcohol que tenemos. Está bien que se planteen esto temas y se discutan. Venimos de la ley 23.737. La verdad es que estamos mucho mejor, desde el punto de vista de lo que estamos discutiendo.
Fuente:Pagina12
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