Los médicos del Cuerpo Médico Forense elevaron ayer su informe sobre el estado de salud del titular del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, para conocer si está en condiciones de asistir a Jujuy a la declaración indagatoria por los delitos cometidos en La Noche del Apagón.
Por: Gerardo Aranguren
Si bien no se difundieron los resultados, fuentes de la causa señalaron que el empresario no tiene problemas médicos que le impidan declarar, pero hay diferencias entre los médicos sobre si puede viajar a la indagatoria ante el juez federal subrogante de Jujuy Fernando Poviña, quien le imputa 27 casos de privación ilegítima de la libertad en las causas conocidas como La Noche del Apagón y Arédes.
En la sede del Cuerpo Médico Forense, a las 11 de la mañana, los peritos oficiales junto a los peritos de parte se reunieron ayer para emitir un dictamen sobre la salud del empresario.
El primer examen médico a Blaquier se realizó el 31 de mayo, cuando el empresario ingresó a la sede del Cuerpo Médico Forense rodeado de custodios y de sus abogados. La semana siguiente, sin la presencia de su perito de parte, el imputado acudió nuevamente para terminar con la pericia.
En la reunión de ayer, los médicos analizaron los resultados de los diferentes exámenes y emitieron un dictamen que le permitirá al juez Poviña decidir si cita a declarar a Blaquier en Jujuy o es indagado en la Ciudad de Buenos Aires.
La medida, ordenada por el juez, había sido solicitada por la querella de los organismos de derechos humanos de Jujuy para confirmar la validez de los certificados médicos que presentó el titular del Ingenio Ledesma para no asistir a la indagatoria del 18 de mayo como había sido citado.
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agndh
Abogado del diablo
por Daniel Avalos
Hay muchas formas de medir el poder de una persona. Una de ellas consiste en calcular a cuántos documentos que nunca serán de conocimiento público esa persona accede. Horacio Aguilar es poderoso justamente por ello. Juez federal de Jujuy entre 2002 y 2004, camarista federal de Salta entre el 2004 y el 2009, abogado de empresas poderosas como Flecha Bus, o asesor del gobierno de Urtubey durante tres años, explican por qué Pedro Blaquier lo eligió como defensor en la resonante causa que lo investiga por su participación en los apagones de Ledesma en julio de 1976. Historia trágica, que simbolizó un particular procedimiento utilizado por el terrorismo de Estado: cortes de luz durante las noches, vuelos rasantes de helicópteros, activación de bombas de estrépito y voces de mando amplificadas por megáfonos que en su conjunto buscaban inmovilizar, aterrorizando, a las víctimas directas de los operativos y a la población en general. La resonancia nacional que adquirió la causa obedece al poderío económico de Blaquier, pero también porque la misma da respuesta a una demanda histórica de los organismos de Derechos Humanos: investigar la colaboración de poderosos agentes económicos con una dictadura que, a fuerza de culatazos, tiros, centros clandestinos de detención y desaparición de personas, instauró un modelo económico funcional a los primeros. Un tipo de complicidad que, en Ledesma, incluyó el uso de instalaciones y vehículos de la empresa por parte del Ejército y las fuerzas policiales. "Yo no tenía muy ajustada la venda, así que pude ver un poco el vehículo donde nos metieron (...) Nos llevaron hasta la comisaría del Ingenio Ledesma (...) Vi cómo sacaban a la gente y la cargaban en los tráiler que utilizaba la empresa para llevar a la gente para el trabajo de las cañas" (R. Castro: Con vida se los llevaron. Edit. Ediunju. 2008, pág. 175). Testimonios como este se repiten desde hace 35 años. Y esos testimonios fueron los que impulsaron a los organismos de Derechos Humanos a exigir el procesamiento de Blaquier.
Jodiendo la estética K
La larga lucha parece empezar a dar resultados. Pedro Blaquier y su ex mano derecha, Alberto Lemos, están imputados. Pero la opción del primero por los servicios de Aguilar iluminó cuestiones que Urtubey hubiese preferido mantener en las sombras: la de haber sido asesorado durante tres años por ese profesional vinculado ahora al zar azucarero. Un ejercicio absolutamente legal, pero que contradice las estridentes declamaciones urtubeicistas en favor de la lucha contra la impunidad. El vínculo entre Aguilar y el Gobierno está registrado en decretos provinciales. El que inaugura la relación es el número 1.261 de abril del 2009. Aguilar acababa de renunciar a sus cargos en la Justicia Federal y ya conseguía un contrato con el Gobierno. Estudios Aguilar, Consultores Jurídicos y de Gestión, asesoraría al Grand Bourg, paradójicamente, en "asuntos relacionados con el Derecho Federal y demás cuestiones vinculadas a la Justicia, Seguridad y Derechos Humanos". El anexo del decreto, no obstante, demuestra que los servicios incluían otras áreas. La cláusula segunda, además, habilitaba al Secretario General de la Gobernación y al Secretario Legal y Técnico a "ampliar el objeto del presente contrato, para la prestación de los servicios de asesoramiento jurídico sobre otras cuestiones no previstas en el presente...". Confirmando, por último, que el poder de Aguilar puede medirse por su acceso a información escrita u oral a la que la mayoría de las personas nunca accederá, la cláusula tercera indicaba que "los requerimientos de los servicios establecidos (...) serán dirigidos a 'El Consultor' únicamente por el señor Gobernador de la Provincia de Salta, o por el Secretario General de la Gobernación y/o el Secretario Legal y Técnico".
Los servicios fueron valuados, en el año 2009, en $8 mil más IVA. También se computaba a la provincia los gastos de viajes y alojamiento cuando las tareas llevaran al abogado, o a miembros de su estudio, a otras provincias o al exterior. Los decretos 1.443/10 y 1.048/11 prorrogaron, por el año 2010 y 2011 respectivamente, el vínculo entre las partes. Y aunque esos documentos no especifican la reactualización de los honorarios, conviene aclarar que la importancia de los mismos radica en las fechas más que en los costos. Y es que el vínculo entre Aguilar y Blaquier empezó mientras su contrato con el Gobierno tenía vigencia. El contrato de abril de 2009 especificaba que la vigencia del mismo era desde el 1º de marzo y por el término de un año. El decreto 1.443/10 es del 9 de abril de 2010 y prorrogaba por otro año la relación. Finalmente, el decreto 1.048/11 es del 10 de marzo de 2011, aunque prorroga el vínculo "por doce meses a partir de su vencimiento", es decir hasta el 9 de abril de 2012: seis días antes de que Blaquier fuera citado a declarar en la Justicia, caso en el que Aguilar ya trabajaba. Hay rumores de que Aguilar habría renunciado antes a ese vínculo. Cuarto Poder intentó comunicarse con el letrado para evacuar esa duda. Los intentos fueron infructuosos.
La relación entre Aguilar y el Gobierno incomoda, ahora, a este último. Una anécdota lo ilustra. Ocurrió durante el pasado lunes cuando un grupo de periodistas abordó al Gobernador en el Teatro Provincial. La pregunta del notero del FM Noticias sobre la cuestionada relación rompió el monitoreado aplomo con que Urtubey suele responder las consultas coyunturales.
La reacción del Gobernador fue negar el vínculo, pero la arremetida de un segundo periodista, Maximiliano Rodríguez de FM Aries, terminó por desarmar el argumento original para dar lugar a explicaciones carentes de toda convicción. Se entiende. Lo que seguramente el Gobierno provincial presentara como un desliz involuntario representa, para la pingüinada K, otro ejemplo de un gobernador que, declamando lealtad cuando las circunstancias lo exigen, no comparte las principales banderas de la gestión nacional. Un viejo artículo de La Nación grafica la situación. Publicado un día después de que Urtubey fuera reelegido en la provincia, en él se esforzaba por desmarcarse de la Casa Rosada. Actitud celebrada por La Nación que busco acentuar las diferencias: "No es ningún secreto que el gobernador (...) mantiene una difícil relación con el núcleo duro del kirchnerismo, al que suele referirse como 'la intelectualidad porteña'. 'Les jodo estéticamente', es la explicación que ensaya ante sus íntimos, tras lo cual postula su crianza en el campo y su educación en el extranjero como dos barreras frente a la pingüinada" (La Nación 11/4/11). El movimiento de Aguilar representando a Blaquier, y la relación del primero con Urtubey, no ayudarán a superar las barreras entre el Gobernador y el núcleo duro K que, efectivamente, cultiva una estética distinta en temas como estos.
Designación indignante
En un cafe de la calle Senador Pérez de la provincia de Jujuy, Cuarto Poder se entrevistó con Inés Peña de Álvarez García, presidenta de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos de esa provincia. Inés es mujer del desaparecido militante Julio Álvarez García, secuestrado en 1976 en la ciudad de San Salvador. Como todas las militantes de su tipo, Inés impulsa, desde el retorno de la democracia, el juicio a los principales represores con recursos magros y la indiferencia de quienes exigen "mirar" para adelante. De cuerpo menudo y mirada firme, siempre parece andar por detrás de alguna urgencia vinculada a la causa que abrazó desde la desaparición de su esposo. Hoy celebra con orgullo que, en el próximo mes de julio, presenciará el primer juicio oral de su provincia y que sentará en el banquillo, justamente, a los acusados de desaparecer a su marido. Para Inés, en Jujuy también hubo una corporación judicial que se ocupó de dilatar los procedimientos que habrían permitido enjuiciar a genocidas jujeños. Una corporación judicial que, al decir de la militante de Derechos Humanos, tuvo su máxima expresión en el juez Carlos Olivera Pastor, quien, luego de escraches multitudinarios, terminó renunciando a principios de este año. En esa corporación, sin embargo, incluye a Horacio Aguilar quien estuvo a cargo del Juzgado Federal Nº 2 entre el 2002 y el 2004: "Los organismos denunciamos siempre al Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy por poner trabas y obstaculizar las causas, evitando procesar a genocidas cuando había pruebas para hacerlo", sentenció.
Tal vez por ello, la designación de Aguilar como defensor de Blaquier no sorprendió, aunque indigna que alguien que tuvo en sus manos los expedientes relacionados al terrorismo de Estado como juez, asuma ahora la defensa de alguien sospechado de haber ayudado a cometerlos. Horacio Aguilar niega contar con esa ventaja. En una entrevista que concedió al diario Perfil el 20 de mayo pasado, declaró que nunca tuvo "intervención en alguna causa que involucrara a la empresa Ledesma o sus directivos, porque no había ninguna presentación de este tipo en el juzgado a mi cargo". La explicación de Néstor Ariel Ruarte, abogado de los organismos de Derechos Humanos jujeños, sobre el funcionamiento del Juzgado Federal Nº 2 permiten dudar de la versión. Ese juzgado se encarga de las causas civiles, contenciosas y penales. En este último fuero se incluyen todas las vinculadas al terrorismo de Estado y entre ellas se cuenta a la del Ingenio Ledesma, cuyos expedientes, indefectiblemente, estuvieron en manos de Aguilar.
Un hecho da fuerza a la afirmación. El pasado 26 de abril, el actual titular del Juzgado Nº 2 Fernando Poviña, ordenó allanamientos simultáneos en el marco de la causa Ledesma. Uno de ellos se efectuó en las instalaciones que el ingenio posee en el barrio Los Perales de la capital jujeña. Una mansión con rasgos de fortaleza y helipuerto propio, del que secuestraron elementos que aceleraron la causa y motivaron a que Poviña le prohibiera a Blaquier salir del país y lo convocara a la indagatoria que fue titular de varios medios nacionales. Los elementos secuestrados incluían expedientes de desaparecidos que luchaban contra las políticas del ingenio en los 70. También un informe de inteligencia que revelaba los movimientos, identidades y características de militantes de Derechos Humanos que organizaron, en julio del 2005, una marcha que rememoraba los hechos relacionados con los apagones de julio del 76. Horacio Aguilar se encontraba ese día en la mansión que fue allanada. Ente los expedientes de los 70 se encontraba el del militante y dirigente azucarero Jorge Osvaldo Weisz. La empresa tenía registrados sus datos laborales, como así también un informe de inteligencia redactado por la empresa World Division Psicología Industrial, que da cuenta de un trabajo de espionaje exhaustivo efectuado al dirigente, sus familiares, amigos, compañeros y allegados en Jujuy y en Buenos Aires. Jorge Weisz había sido vicepresidente de la obra social del Sindicato de Obreros de Ledesma. En octubre de 1974 fue detenido por última vez y trasladado al Penal de Villa Gorriti. Los registros carcelarios indican que fue liberado en diciembre de 1976. Nunca fue así: Jorge Weisz engrosa la lista de desaparecidos (R. Castro. Ob Cit. Pág. 27). Con respecto al informe de inteligencia encargado por Ledesma en el año 2005, hay que decir que posee 300 fojas y se titula "Informe sobre las acciones desarrolladas en el marco de la XXII Jornada de Derechos Humanos y Cultura en Libertador General San Martín, Año 2005, 29 Marcha del Apagón". En uno de los capítulos se enumera a los participantes de la marcha, con descripción de las filiaciones políticas y sindicales. El escrito no se privó de detallar, incluso, las características de los discursos realizados o los datos de los vehículos que estuvieron durante la marcha.
La opinión de los organismos al respecto fue tajante. "El informe da cuenta que por lo menos en el año 2005, la empresa continuó con acciones de espionaje". Un tipo de continuidad, a fin de cuentas, que otorga vigencia a las reflexiones de Hannah Arendt cuando, refiriéndose a lo que llamó la "banalidad del mal", sostuvo que el mal no habitaba sólo en sus portadores patológicos, sino también en esas zonas grises por donde transita el grueso de los seres humanos. Personajes como Blaquier que son, también, quienes hicieron posible "la implantación de la maquinaria represiva que les resultó funcional y a la que apoyaron mientras les fue útil y que dejaron girando en el vacío cuando los vientos de la historia cambiaron hacia otra dirección" (Ricardo Forster, La anomalía argentina, Sudamericana, 2010, p. 328). Personajes que ahora requieren de profesionales igualmente poderosos como Horacio Aguilar. Que han ido acumulando a lo largo de su carrera un tipo de conocimiento que se vende al mejor postor. Y que, sobre todo, se especializaron en tejer los contactos que el manejo de la cosa pública posibilita: comerciar favores, intercambiar información e identificar las puertas necesarias para acceder a los resortes poderosos que posibilitaran, por ejemplo, hacer eso que Inés Núñez identifico como una especialidad de la corporación judicial: accionar mecanismos que permitan ganar el tiempo necesario para facilitar que la muerte natural venza a la justicia.
FuentedeOrigen:http://www.cuartopodersalta.com.ar
Fuente:Agndh
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