FEDEFAM: SOBRE GOLPE PARAGUAY.

PARAGUAY: LA SEMÁNTICA Y LOS HECHOS
Hemos presenciado en los últimos días - a un ritmo vertiginoso - el devenir de
las circunstancias políticas que viviera la sociedad paraguaya en su conjunto.


Desde el conocimiento de los lamentables hechos acaecidos el pasado 15 de
junio en Curuguaty - Departamento de Canindeyú - que implicaran la pérdida de
diecisiete vidas humanas, hasta el desenlace final que culminara, juicio político
mediante, en la llamada destitución del Presidente Fernando Lugo, el tiempo
parecería haberse precipitado ante el más atento de los espectadores.


Hoy, conviviendo con las resultancias últimas de tales sucesos, un análisis
integral de la crítica situación política que vive Paraguay no puede, en forma alguna,
reducirse a una cuestión semántica que subsuma los hechos en una discusión
jurídica.


Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos entiende que
debe repudiarse, sin eufemismos, el quiebre que ha sufrido la
institucionalidad democrática paraguaya.


Tal ruptura ha permitido remover a un presidente democráticamente
electo por la ciudadanía paraguaya, recurriendo a un mecanismo
constitucional que, movilizado con plena intencionalidad política y clara
conciencia de desnaturalizar un sistema que preserva el equilibrio de los
poderes estatales desde larga data en nuestros regímenes, avasalló sin
reparos ni prudencia la institucionalidad elegida en las urnas y arrasó con
todas y cada una de las garantías que debían amparar el pleno ejercicio del
derecho de defensa del Presidente acusado, inicialmente, de “mal desempeño
de sus funciones”.


Basta con acceder al texto del Libelo Acusatorio (ver anexo) para corroborarlo:
- el hilo conductor de las cinco acusaciones formuladas se asienta en una
presunta intencionalidad política del Presidente Lugo que resultaría de
extrema gravedad, no obstante, quienes las formularan entienden que la
pública notoriedad les exime de aportar toda prueba concluyente al
respecto;
- en el decurso del documento tampoco se hace mención alguna a
resultancias de investigaciones precedentes y garantistas que, razonable y
prudentemente, pudieran fundar las circunstancias imputadas en el ámbito
parlamentario;
- y, por si ello fuera poco, la cuarta causal le acusa de violar la soberanía
por la suscripción del Protocolo de Ushuaia II, con el avieso propósito de
obtener un respaldo en la región en su descarada marcha contra la
institucionalidad y el proceso democrático de la República, objeción que
precisamente permite descalificar de antemano todo posible accionar de la
comunidad regional y presentarlo, asimismo, como un atentado a la
soberanía.
Como corolario de todo ello, la sustanciación dada a una causa de tal
magnitud no puede más que calificarse de simulacro procedimental, carente de
pruebas de cargo y de toda posibilidad de acceder a un juicio justo, cumplido en un plazo razonable que garantice el cabal ejercicio del derecho de defensa.


La crisis política de Paraguay debiera mantenernos atentos en la región, ya
que parecería que estamos presenciando nuevas formas de socavar la
institucionalidad democrática de nuestros países y de pérdida de poder de las
fuerzas sociales en la conducción de su propio destino, como lo hemos visto
recientemente en Haití, Bolivia, Ecuador, Honduras. Tales formas más “civilizadas”
en cuanto a daños colaterales o costos refiere en el logro de sus objetivos, más
invisibles en su accionar, más “institucionalizadas” en cuanto recurren al propio
paradigma de la democracia y, asimismo, hacen suyo en su discurso el fin último de la mentada seguridad pública que demanda constantemente una “mano firme” en su combate, sea cual sea el costo social de tal batalla acarree.


Por todo ello, resulta enteramente compartible la reflexión final de quien fuera
hasta el pasado viernes 22 de junio de 2012 el Presidente democráticamente electo
de la República del Paraguay cuando expresara: “Es la historia paraguaya, su
democracia, la que ha sido herida profundamente”. Solo esperemos tener los
latinoamericanos todos la sabiduría para recorrer, solidariamente, el camino hacia la
construcción de sociedades verdaderamente democráticas y permanecer alertas
ante toda y cada una de las formas en que se pretenda torcer nuestra voluntad de
convivencia pacífica y justa.


Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Montevideo, 25 de junio de 2012.


LIBELO ACUSATORIO
ANEXO
ARTÍCULO 1° INC. C) - RESOLUCIÓN H. CÁMARA DE DIPUTADOS N° 1431/2012
1. OBJETO.
El Líbelo Acusatorio contra el Presidente de la República Fernando Lugo Méndez, se
funda en las consideraciones de hecho y de derecho que pasamos seguidamente a
exponer:


Nuestra Constitución Nacional, en su Artículo 225, establece:
"El Presidente de la República, el Vicepresidente, los Ministros del Poder Ejecutivo,
los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el
Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los
integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, solo podrán ser sometidos a
juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el
ejercicio de sus cargos o por delitos comunes.
La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos
tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos
tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en su caso, declararlos culpables, al solo efecto de separarlos de sus cargos. En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia
ordinaria".


2. LOS HECHOS QUE MOTIVAN ESTA ACUSACIÓN
2.1 ACTO POLÍTICO EN EL COMANDO DE INGENIERÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS.
En el año 2009, con autorización del Presidente Lugo, se realizó una concentración
política de jóvenes en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, el que fue
financiado por instituciones del Estado, incluyendo a la Entidad Binacional Yacyreta.
Fernando Lugo, reconoció que la Entidad Binacional Yacyretá financió el encuentro
de jóvenes socialistas de la región, llevado a cabo en el Comando de Ingeniería de
las Fuerzas Armadas.


Esas instalaciones fueron utilizadas para la reunión de los jóvenes, quienes
colgaron banderas con alusiones políticas, llegando a izarse una de ellas en
sustitución del pabellón patrio.
Ese acto de naturaleza netamente política y con los exabruptos ampliamente
difundidos por los medios de prensa solo pudo ser realizado con la autorización del
Comandante en Jefe y prueba de que el Gobierno avaló, instigó y facilitó esos actos políticos dentro del cuartel es que varios importantes funcionarios del Gobierno participaron del evento pronunciando discursos instigando a la lucha de clases, como el pronunciado por el entonces Ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Camilo Soares.


2.2 CASO ÑACUNDAY
Fue el Gobierno del Presidente Lugo el único responsable como instigador y
facilitador de las recientes invasiones de tierras en la zona de Ñacunday. La falta de
respuesta de las fuerzas policiales ante las invasiones de supuestos carperos y sin
tierras a bienes del dominio privado, solo han sido parte de esa conducta cómplice.


El presidente Lugo ha utilizado a las fuerzas militares para generar un verdadero
estado de pánico en toda esa región, violando el derecho de propiedad e ingresando a inmuebles de colonos, so pretexto de realizar el trabajo de amojonamiento de la franja de exclusión fronteriza. Sin embargo, esos trabajos eran acompañados por dirigentes de la Asociación de Carperos, quienes abiertamente dirigían la labor de los técnicos y de los integrantes de las fuerzas militares, que han dado lugar a interminables denuncias de los propietarios y también incontables publicaciones periodísticas referidas a esa situación.


Y mientras esas invasiones se producían y se daban a conocer amenazas de otras
más en otros departamentos de la República, el Presidente Lugo se mostraba
siempre con puertas abiertas a los líderes de esas invasiones, como es el caso de
José Rodríguez, Victoriano López, Eulalio López, entre otros, dando un mensaje
claro a toda la ciudadanía sobre su incondicional apoyo a esos actos de violencia y
de comisión de delitos que eran propiciados y desarrollados a través de esas
organizaciones.


Fernando Lugo ha sometido las fuerzas militares a los denominados carperos,
quienes han realizado todo tipo de abusos, agresiones y atracos a la propiedad
privada, a la vista de las fuerzas públicas, quienes no actuaron por la indisimulada
complicidad del Presidente de la República con esos agresores.


Los miembros de esta Cámara recordarán lo ocurrido con la Intendente Municipal
de Santa Rosa del Monday, María Victoria Salinas Sosa, quien fue víctima de un
violento ataque de carperos quienes la golpearon, patearon y destrozaron el
vehículo en el que se desplazaba.


2.3 CRECIENTE INSEGURIDAD
El Presidente Lugo ha sido absolutamente incapaz de desarrollar una política y
programas que tiendan a disminuir la creciente inseguridad ciudadana.


En estos 4 años de Gobierno, a pesar de los importantes recursos financieros que le fueron proveídos por el Congreso Nacional para potenciar a la fuerza pública, los
resultados han sido no solo insatisfactorios sino también ha quedado por demás
demostrado la falta de voluntad del Gobierno para combatir al Ejército del Pueblo
Paraguayo, que se ha convertido, al amparo y con la complicidad del Gobierno, en
el azote de los ciudadanos de los departamentos de Concepción y San Pedro.


Los distintos operativos emprendidos por el Gobierno, muchas veces con gran
cobertura periodística, han tenido como único resultado el total fracaso. Nunca en
la historia de este país, la Policía Nacional ha tenido tantas víctimas cobardemente
asesinadas por los integrantes del EPP y, a pesar de ello, la conducta complaciente
del Presidente siguió inalterable.


Todos los Miembros de esta Honorable Cámara de Diputados conocemos los
vínculos que el Presidente Lugo siempre ha mantenido con grupos de
secuestradores, que anteriormente se vinculaban al movimiento-partido Patria Libre y cuya ala militar hoy se denomina EPP.


Los costosos operativos dispuestos por el Gobierno durante los dos estados de
excepción no han dado resultado alguno y, por el contrario, solo ha generado una
mayor fortaleza de ese grupo terrorista armado a través del descrédito y las
humillaciones a las que fueron sometidas las fuerzas militares y policiales asignadas
al operativo.


El Presidente Lugo es el responsable de la creciente inseguridad y es responsable
también por haber mantenido por tanto tiempo como Ministro del Interior a una
persona absolutamente inepta e incapaz para ocupar ese cargo. Esa ineptitud,
sumada a la indisimulada relación cómplice entre el Presidente Lugo y los líderes de
la asociación de carperos y otras organizaciones que fueron protagonistas de
innumerables invasiones de tierras y otros tipos de agresiones son los que han
propiciado y facilitado el lamentable suceso que costara la vida a 17 compatriotas,
6 de ellos pertenecientes a la Policía Nacional y que fueron cruelmente asesinados y
a sangre fría por auténticos criminales, que también han incitado y manipulado a
campesinos del lugar.


Luego de esa triste jornada, de la que felizmente se tienen importantes datos y
filmaciones que han sido generosamente difundidas por distintos medios de prensa, solo se ha tenido una posición absolutamente equívoca del Presidente de la República en relación a lo ocurrido.


Fernando Lugo Méndez y varios de sus ministros, y en especial Miguel López Perito
y Esperanza Martínez, han pretendido tratar por igual a los policía cobardemente
asesinados y a aquellos que fueron protagonistas de esos crímenes. El derecho a
reclamar está consagrado por la Carta Magna pero nadie está autorizado a cometer crímenes so pretexto de reclamar derechos y, menos aún acabar con la vida de policías desarmados.


Esta misma actitud, se manifestó en la conferencia de prensa brindada por
Fernando Lugo con relación a lo ocurrido en la estancia Morumbi, en donde ni
siquiera tuvo la delicadeza de prometer el castigo de los asesinos de esos policías y
de quienes instigaron a los campesinos a tomar las armas so pretexto de luchar por sus derechos.


El Presidente Fernando Lugo está propiciando y fomentando, a través de algunos
miembros de su gabinete y de sus cómplices que fungen de dirigentes carperos y
otras organizaciones campesinas, un conflicto social de dimensiones impredecibles
y que por su comprobada incapacidad no podrá luego solucionar.


Personalmente, desde luego, manifiesto mi convicción de que el camino de la crisis
y el conflicto social y armado no será el producto de negligencia o simple impericia
del Presidente sino directamente el objetivo que el mismo ha buscado durante el
tiempo que fue obispo y que hoy pretende desarrollar para proyectar y consolidar
su anhelo de un régimen autoritario, sin libertades, con la aniquilación de la libertad
de prensa y la imposición del partido único que profesan los enemigos de la
democracia y los adherentes del socialismo del Siglo XXI.


Fernando Lugo y sus ministros deben respetar el derecho de todos los ciudadanos
pero resulta inadmisible e injustificable que pretendan poner en pie de igualdad a
los criminales y a sus víctimas, a los asesinos y a los policías que fueron
cobardemente asesinados.


Mientras los familiares lloran por sus muertos, Fernando Lugo debe estar
reuniéndose con los cabecillas e instigadores de los sucesos ocurridos el viernes
pasado en Curuguaty y no se visualiza posibilidad alguna de que Fernando Lugo
rectifique su conducta, que ya ha costado decenas de vidas de compatriotas que
han caído víctimas de la inseguridad que él mismo se ha encargado y esforzado de
generar.


2.4 PROTOCOLO DE USHUAIA II.
Este documento constituye UN ATENTADO CONTRA LA SOBERANÍA de la República del Paraguay y ha sido suscrito por el Presidente FERNANDO LUGO MENDEZ con el avieso propósito de obtener un supuesto respaldo en su descarada marcha contra la institucionalidad y el proceso democrático de la República.


Dicho documento ya ha motivado un pronunciamiento de la Comisión Permanente
del Congreso Nacional, destacándose la falta de transparencia en el procedimiento
que dio lugar a la firma del documento y a su contenido al punto que hasta la
fecha, el Poder Ejecutivo no lo ha remitido al congreso para su conocimiento y
consideración. A través de ese documento, los países vecinos podrían cortar el
suministro de energía a la República del Paraguay.


El documento firmado en Montevideo, en diciembre de 2011, para remplazar al
Protocolo de Ushuaia (Carta Democrática del Mercosur), tiene sus orígenes en un
documento previo, presentado ante la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas),
que fue pergeñado por los presidentes de la región para protegerse unos a otros.
La principal características del Protocolo de Ushuaia II es la identificación del Estado
con la figura de los presidentes para, en el nombre de la "defensa de la
democracia", defenderse unos a otros.


2.5 CASO MATANZA CURUGUATY.
Ha quedado demostrado con los hechos acaecidos en los Campos Morombi,
Curuguaty, Departamento de Canindeyú, la patente inoperancia, negligencia,
ineptitud e improvisación de este gobierno liderado por Presidente Fernando Lugo
Méndez, que amerita la acusación de la Cámara de Diputados por mal desempeño
de funciones ante la Cámara de Senadores.


Fernando Lugo, hoy por hoy representa lo más nefasto para el pueblo paraguayo,
que se encuentra llorando la pérdida de vidas inocentes debido a la criminal
negligencia y desidia del actual Presidente de la Republica, quien desde que asumió
la conducción del país, gobierna promoviendo el odio entre los paraguayos, la lucha
violenta entre pobres y ricos, la justicia por mano propia y la violación del derecho
de propiedad, atentando de ese modo permanentemente contra la Carta Magna, las instituciones republicanas y el Estado de Derecho.


No cabe duda que la responsabilidad política y penal de los trágicos eventos
registrados 15 de junio del presente año, que costó la vida de 17 ciudadanos
paraguayos entre policías y campesinos, recae en el Presidente de la República,
Fernando Lugo, que por su inacción e incompetencia, dieron lugar a los hechos
acaecidos, de conocimientos públicos, los cuales no necesitan ser probados, por ser hechos públicos y notorios.


El incidente no surgió espontáneamente, fue una emboscada a las fuerzas de
seguridad; fue algo premeditado, producto de un plan debidamente concebido,
planificado y llevado a la práctica, gracias a la complicidad e inacción del Gobierno
de Fernando Lugo, responsable directo de la crisis que hoy atraviesa nuestra amada Patria.


Ya desde la Honorable Cámara de Diputados se levantaban voces de advertencia,
ya se avizoraba lo que hoy es una realidad, la pérdida de vidas humanas.
Hoy, podemos afirmar que este es el final que deseaba Fernando Lugo, este fue
siempre el plan ideado por el mismo, con la única finalidad de crear las condiciones
de crisis social y, conmoción interna que justifiquen un asalto del presidente
Fernando Lugo y sus seguidores a las instituciones de la República, con el propósito de instalar un régimen contrario a nuestro sistema Republicano. Este deseo desmedido, hoy nos hace lamentar las pérdidas de vidas humanas, en una cantidad nunca antes vista en la historia contemporánea de la República del Paraguay.


Todas las evidencias, que son públicas, nos demuestran que los acontecimientos de la semana pasada no fueron fruto de una circunstancia derivada de un descontrol ocasional, por el contrario, fue un acto premeditado, donde se embosco a las fuerzas del orden público, gracias a la actitud cómplice del Presidente de la
República, quien hoy no solo debe de ser removido por juicio político, sino que debe de ser sometido a la Justicia por los hechos ocurridos, a fin de que esto sirva de lección a futuros gobernantes.


Estos grupos extremistas, como el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo
(EPP) o los mal llamados Carperos, se fortalecieron día a día gracias a la
incompetencia y complacencia de Fernando Lugo, que en lugar de combatirlos,
como era su obligación, los recibía y apadrinaba. No cabe la menor duda que
Fernando Lugo ha fortalecido a estos grupos criminales, quienes hoy no solo
desafían y amenazan abiertamente a los ciudadanos honestos, sino que llegan a lo
más bajo que puede caer un ser humano, que es atentar contra la vida de otro. 


Tanpoco hoy importa al Presidente Lugo el Estado de Derecho y la vida humana, que en lugar de enderezar rumbos, se mantiene en su posición, manifestando que
seguirá reuniéndose con estos criminales.


Fernando Lugo es el directo responsable de que hoy nuestro país esté viviendo días de luto. Tanto él como su incapaz ex Ministro del Interior Carlos Filizzola, deben responder ante la ciudadanía por los trágicos acontecimientos registrados en el Departamento de Canindeyú.


No existe voluntad alguna de combatir estas formas de violencia, que tanto daño ya ha causado a nuestra sociedad, es por ello que debemos de cumplir con nuestra obligación Constitucional, e iniciar el proceso de juicio político por mal desempeño contra el Presidente de la República, quien desde que asumió el Gobierno ha instado al incumplimiento de órdenes judiciales de desalojo, así como a la promoción de mensuras judiciales sin mediar juicio entre las partes, o abasteciendo de provisiones y enseres a los ocupantes de tierras han sido los signos que marcaron las acciones y el temperamento de este Gobierno.


3. PRUEBAS QUE SUSTENTAN LA ACUSACIÓN
Todas las causales mencionadas más arriba, son de pública notoriedad, motivo por
el cual no necesitan ser probadas, conforme a nuestro ordenamiento jurídico
vigente.


4. CONCLUSIÓN.
El Presidente de la Republica Fernando Lugo Méndez ha incurrido en mal
desempeño de sus funciones en razón de haber ejercido el cargo que ostenta de
una manera impropia, negligente e irresponsable, trayendo el caos y la
inestabilidad política en toda la Republica, generando así la constante confrontación
y lucha de clases sociales, que como resultado final trajo la masacre entre
compatriotas, hecho inédito en los anales de la historia desde de nuestra
independencia nacional hasta la fecha, en tiempo de paz.


La causal de mal desempeño en sus funciones aparece en su actitud de desprecio
ante el derecho y las instituciones republicanas, socavando los cimientos del Estado Social del Derecho proclamado en nuestra Carta Magna. Su complaciente actuar lo hace cómplice por acción y omisión en todos los casos antes citados, que legitiman la presente acusación.


5.- DERECHO
Se funda la presente acusación por mal desempeño de funciones de conformidad a
lo establecido en el Articulo 225 de la Constitución Nacional.


6. PETITORIO.
6.1.- Definitivamente, la gestión del presidente Fernando Armindo Lugo Méndez ha
perjudicado enormemente los intereses supremos de la Nación, que de continuar,
apeligra gravemente la convivencia pacífica del pueblo paraguayo y la vigencia de
los derechos y garantías constitucionales, por lo que se halla sobradamente
justificada hacer lugar a la presente acusación contra el presidente Fernando
Armindo Lugo Méndez por la Honorable Cámara de Senadores, por mal desempeño
de funciones.


6.2.- En mérito a los argumentos precedentemente señalados dicten resolución,
declarando culpable al presidente Fernando Armindo Lugo Méndez, y en
consecuencia, separarlo del cargo que ostenta, de conformidad a lo establecido en
el Artículo 225 de la Constitución Nacional.


6.3.- En consecuencia remitir los antecedentes a la Justicia Ordinaria
Envío:Cecilio M. Salguero