En agosto del ´72 uno era conscripto y la otra, responsable de pagar los sueldos. Participaron de ruedas de reconocimiento junto con los presos que fueron luego fusilados. Nadie nunca les informó nada oficialmente y sólo se enteraron por rumores de pasillo. Hoy declaran Aldo Vega y Carlos Roveta.
Un ex conscripto y una ex empleada de la Base Almirante Zar de Trelew confirmaron el cerco informativo que se produjo al interior de la Marina la semana trágica que se inició con la fuga del 15 de agosto de 1972 y que culminó con los fusilamientos. Por su trabajo cotidiano en la unidad naval aportaron pistas de primera mano acerca de lo que en verdad sucedió la madrugada del 22. Y ambos participaron de ruedas de reconocimiento con los 19 presos de las organizaciones armadas.
Clase 1951, Gregorio Hirigoyen perteneció a Marinería y era un furriel con trabajos administrativos. Como dactilógrafo lo destinaron a una máquina de escribir. Ante el tribunal que juzga la Masacre de Trelew contó que el 16 de agosto, con sus colegas colimbas supieron que había detenidos en la Base. “Por comentarios sabíamos que estaban en los calabozos pero no tuvimos contacto. Desde ese día quedamos acuartelados”.
Aunque no recordó cuándo, confirmó que participó de una rueda de reconocimiento esa semana. “Nos ordenaron que nos vistiéramos de civil y nos mezcláramos con otra gente”. Fue una fila india de 20 personas que alternó civiles, militares y presos, en una sala del edificio principal. “Ninguno de los guerrilleros mostró agresividad para nada y tuvieron una actitud totalmente pasiva”, afirmó.
Ante el tribunal, Hirigoyen reconoció fotos del expediente aunque “hay lugares de la Base que se me borraron de la mente”. Y afirmó que la custodia de los presos no eran colimbas sino oficiales y suboficiales de la Infantería de Marina.
La madrugada del 22 de agosto él y sus compañeros durmieron. Ninguno escuchó disparos ni gritos. Al levantarse “nos enteramos que había pasado algo con derramamiento de sangre, heridos y muertos”. El rumor general fue el intento de fuga. Pero según el testigo, “uno razonaba que no podía ser que hayan querido tomar la sala de armas; sonaba ilógico”. Al mediodía él y muchos otros vieron a suboficiales de Infantería sacar los ataúdes del edificio central, rumbo al hangar, uno junto al otro. “No era un espectáculo para quedarse y me volví a la oficina”, relató.
En la Base circuló el rumor que se habían usado armas cortas. “Escuchamos que no había sido una orden de ninguna autoridad interna sino venida de afuera”, aseguró. Nadie nunca les informó nada oficialmente. “Nadie hablaba delante nuestro y tampoco nos correspondía pedir explicaciones”, razonó.
Norma Carreté fue la otra testigo de la audiencia en el Cine Teatro “José Hernández” de Rawson. Trabajó 47 años en la Base. Era jefa de sueldos y de movimiento de personal en una Base que entonces contaba con al menos 500 personas, con apenas unos 40 civiles. Ella les pagaba. Esa semana trabajó como siempre y sólo después del 22 de agosto las autoridades navales les pidieron no ir por un tiempo.
También participó de una rueda de reconocimiento de hora y media, en su caso con dos grupos de mujeres. La compartió con Ana María Villarreal de Santucho y María Antonia Berger, a quien reconoció por la televisión. “Ametralladora en mano, el teniente Bravo nos hizo desfilar por un pasillo en el hall de entrada y alguien nos miraba desde una mirilla”, detalló. “Había llegado el juez Jorge Quiroga y no pasó nada anormal. Yo era joven e inconsciente, hoy tal vez no aceptaría participar”. De la rueda participaron empleados del aeropuerto y de Aerolíneas Argentinas.
Cada mañana a las 8 un vehículo la llevaba a la Base. El 22 lo esperó media hora en una esquina, se cansó y tomó un taxi en la plaza. No le subieron la barrera y no entró: “Nos dijeron que no volviéramos hasta nuevo aviso”. Pasó cerca de una semana. “Al volver al trabajo nadie hablaba del asunto, ni preguntábamos ni nos decían nada”. Carreté confirmó que el jefe máximo de la Base era Rubén Paccaginini, uno de los procesados. Pocos días después le pidieron la ficha de revista de Luis Sosa, Roberto Bravo, Carlos Marandino y Marchant. “No volví a verlos en la Base y decían que les habían dado el pase al exterior. Pero de eso no se hablaba”.
Un cara a cara con Marandino y un juicio que seguirá hasta setiembre
Detalles del proceso en Rawson.
-¿Cómo está, Marandino?
-Estoy muy bien, señor.
-¿No va a hablar con la prensa?
-Por ahora no, señor.
-¿Está detenido en Trelew?
-Sí señor.
-¿Por qué el martes llegó tarde al juicio? ¿No le avisaron de la audiencia?
-Estuve esperando listo desde las 9, señor. Pero no me pasaban a buscar.
-¿Va a declarar?
-Espero el consejo de mi abogado, señor.
-Cuando quiera hablar, estamos a disposición…
-Muchas gracias, señor.
“Señor” es la palabra que más usó el cabo venido de Entre Ríos, acusado de integrar el grupo que gatilló contra los presos en los calabozos de la Base Zar. Jornada lo encontró solo en una puerta lateral del recinto del juicio, a la espera del patrullero que le hace de taxi. Desconfiado, Marandino no da la mano y mira a los ojos muy de vez en cuando. No evitó el diálogo pero lo convirtió en un intercambio brevísimo, protocolar, como para cumplir y no ofender. No disimuló su incomodidad. Se lo nota avejentado. El chaleco rojo inflable y la boina negra no se las saca ni para dormir. Y es inseparable de sus lentes de sol. Gracias si saluda a su defensor, Marcos González.
Por ahora, gracias a la videconferencia y a la excarcelación, Sosa, Del Real, Paccagnini y Bautista no regresarán a Rawson y seguirán el proceso desde la sede del Consejo de la Magistratura de la Nación, en Capital Federal. Por eso Marandino es el único marino imputado que debe sentarse ante el tribunal. Se hunde en la silla, agacha la cabeza, no habla ni comenta. Parece que duerme. Maradino es el hombre que confesó el fusilamiento y todos esperan su declaración. Marandino es una incógnita.
Hasta el Día del Maestro
El presidente del Tribunal Oral Federal, Enrique Guanziroli, confirmó que el juicio se extenderá al menos hasta el 11 de setiembre. Ese día declarará el forense científico Rodolfo Pregliasco, que peritó las paredes de los calabozos en busca de huellas de balas. Con su presentación habrá una nueva visita judicial a la Base. Estaba previsto que Pregliasco declare el 10 de agosto, pero el TOF prefirió que en esa audiencia se proyecte en el Cine Teatro el documental “Trelew”, de Mariana Arruti.
El tribunal le pedirá a los diarios Clarín y La Nación artículos donde figure el dicho del ex jefe militar del Valle, Ignacio Betti: “Esto es Vietnam y no hay garantías para los periodistas”. Para la querella, esa frase demuestra el clima de desprotección que se respiró en 1972. También se le pedirá al Juzgado Federal de Rawson los amparos y hábeas corpus del período 1969/72. La idea es demostrar la política represiva de la época ya que según se dijo en el juicio, en los archivos locales se guarda documentación incluso vinculada al “Cordobazo”.
Movimientos
Hubo movimientos en las partes: Gerardo Ibáñez, abogado de Jorge Bautista, pidió que los días que esté ausente lo reemplace el dúo Fabián Gabalachis - Gustavo Latorre, que defienden a Rubén Paccagnini. Y Eduardo Hualpa pidió una extensión del poder que le otorgaron familiares de las víctimas, para que Carolina Varsky, la querellante del Centro de Estudios Legales y Sociales, o él mismo, puedan ser reemplazados por otro letrado en caso de fuerza mayor
FuentedeOrigen:La Jornada
Fuente:Agndh
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