Publicado el 31/07/2012
Tras completar la fundamentación que prueba la acusación planteada en las requisitorias de elevación a juicio se espera que el fiscal haga el pedido de penas correspondiente para cada imputado.
A su turno las querellas de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la de familiares y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos habían coincidido en solicitar prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en su especificidad de genocidio para: los miembros del Estado Mayor del V Cuerpo de Ejército Bayón, Páez, Tejada, Fantoni y Delme; el jefe del Batallón de Comunicaciones 181 y del Área de Defensa 511 Mansueto Swendsen; los integrantes del Destacamento de Inteligencia 181 Condal, Taffarel y Granada; los miembros del grupos de tareas Masson y Méndez; y los policías federales de Viedma Forchetti, Goncálvez y Abelleira.
En tanto, para el policía federal Contreras y para los directores de la Unidad Penal 4, Miraglia y Selaya, la dra. Mónica Fernández Avello exigió condenas de 20 años de prisión y sus pares Mántaras, Larrea y Czerniecki penas de entre 17 y 17 años y medio.
Las penas del fiscal
Publicado el 01/08/2012
El fiscal Abel Córdoba pidió penas de prisión perpetua para los miembros del Estado Mayor del V Cuerpo de Ejército Juan Manuel Bayón, Osvaldo Bernardino Páez, Walter Tejada, Hugo Fantoni y Jorge Delme; el jefe del Batallón de Comunicaciones 181 y del Área de Defensa 511 Jorge Enrique Mansueto Swendsen; los integrantes del Destacamento de Inteligencia 181 Norberto Condal, Carlos Taffarel y Jorge Horacio Granada; los miembros del grupos de tareas Jorge Aníbal Masson y Carlos Mario Méndez; y los policías federales de Viedma Vicente Forchetti, Héctor Goncálvez y Héctor Jorge Abelleira.
En tanto, para el policía federal Carlos Contreras solicitó 21 años de prisión y para los directores de la Unidad Penal 4, Miraglia y Selaya penas de 25 años.
Ampliaremos.
Publicado el 01/08/2012
Con la obligación de reclamar uno por uno
Citando ‘La utopía de un hombre que está cansado’ de Jorge Luis Borges el fiscal Abel Córdoba encaró el tramo final de su alegato y antes de pedir las penas contra los 17 represores cuyos crímenes de lesa humanidad son expuestos ante el tribunal oral bahiense, rememoró a aquel arqueólogo que desde el futuro decía que “a juzgar por las ruinas de Bahía Blanca que tuve la curiosidad de explorar, no se ha perdido demasiado”.
“La imagen de Bahía Blanca en ruinas es el efecto del paso y el ejercicio de la actividad militar, policial y penitenciaria de estos acusados. Bahía Blanca ha sido un lugar particularmente adverso para el desarrollo de estos juicios y no solo en la actualidad. Esa adversidad actualizó la expresión que los pueblos originarios, el pueblo mapuche consideraba a este lugar como la tierra del demonio”, dijo el fiscal.
Tras reconocer el retraso en muchas áreas de la institucionalidad democrática local -“a partir de la presencia contundente de los distintos cuerpos de las fuerzas armadas y del entramado social corporativo aún tributario en algunos casos del que produjo estos crímenes del terrorismo de Estado”-, destacó que nuestra ciudad “también es el sitio de las víctimas que han venido ante el tribunal a dar cuentas” y la de quienes exigieron el juicio y castigo “con jueces del estado de derecho”.
Siguiendo a Witold Gombrowicz, quien entiende a la cultura como el esfuerzo humano para eludir la muerte, manifestó que los imputados “con las desapariciones, con las masacres, arrancaron esa dimensión cultural que tenía la vida. En las condiciones del terrorismo de Estado que estos acusados impusieron en la ciudad cortaron la proyección natural de la vida y la muerte joven pasó a ser la regla”.
“Naturalizaron la muerte y así conmovieron la dimensión cultural que tiene la existencia humana en sociedad. Por haberlo hecho desde el oficio militar el tribunal debe merituar esa condición y condenar sus conductas a partir de las concepciones retrógradas de que al enemigo se lo mata, se lo elimina, se lo desaparece. Es esta una concepción primitiva aún en la doctrina militar”.
Córdoba dijo que el juicio oral funcionó como un espacio legitimado por las víctimas tras 35 años de espera y obstinación, aunque no todos llegarán a conocer el veredicto: “Hace dos días murió el padre de Nancy Cereijo. Murió esperándola y buscándola. Elvira, otra de sus hijas, manifestó que en los raptos de lucidez que tenía cuando volvía a la razón de su ya senilidad, buscaba a Nancy”.
“La madre de Patricia Acevedo por primera vez pudo hablar en público de su hija asesinada, de su propio secuestro, era algo que tuvo que mantener oculto en su entorno. Y ayer la veíamos sentada entre el público orgullosa y expectante por haber contribuido con su testimonio a que se condene a los asesinos de su hija. Esa evocación absolutamente humana tuvo su punto quizás más brillante cuando se le preguntó cómo era su hija y dijo -pese a estar rememorando los momentos más dolorosos de su vida-, se le iluminó el rostro y dijo que era hermosa”, agregó.
Subrayó la responsabilidad propia y la de cada uno de los integrantes del tribunal al estar no solo frente a la sentencia más importante de sus profesiones, sino también “la más relevante de la historia del poder judicial local”.
Ejemplificó la relevancia de la “dimensión espacial” suprimida por el terrorismo de Estado por medio de la desaparición de personas tomando testimonios de hijas como Adriana Metz –quien busca aún a su hermano nacido en La Escuelita-, Paula Bombara –que cuando era chica no podía entender que su papá no estuviese en ningún lugar y lo tenía que imaginar mirando una estrella- o María Bossi que hoy tiene donde pensar a su madre a partir de la restitución de sus restos pero continúa sufriendo la desaparición de su papá.
Córdoba dejó para el cierre la lectura de un fragmento de una ponencia de Julio Cortázar pronunciada en 1981 en un coloquio en el senado francés: “Si las cosas parecen relativamente explicables en cuanto a la superficie, digamos, los propósitos, los métodos y las consecuencias de las desapariciones, queda sin embargo un trasfondo irreductible a toda razón, a toda justificación humana, y es entonces que el sentimiento de lo diabólico se abre paso como si por un momento hubiéramos vuelto a las vivencias medievales del bien y del mal, como si a pesar de todas nuestras defensas intelectuales lo demoníaco estuviera aquí una vez más, aquí diciéndonos ‘¿Ves? Existo, acá tenés la prueba’”.
“Si toda muerte humana entraña una pérdida irrevocable, qué decir entonces de esta ausencia que se sigue dando como presencia abstracta, como obstinada negación de la ausencia final. Por encima y por debajo de las consideraciones jurídicas, los análisis y las búsquedas normativas en el terreno del derecho interno e internacional, es de este pueblo las sombras de los desaparecidos que estamos hablando.
“Si de algo siento vergüenza frente a este fratricidio que se cumple en el más profundo secreto para poder negarlo después cínicamente, es que sus responsables y ejecutores son argentinos o uruguayos o chilenos. Son los mismos que antes o después de cumplir su sucio trabajo salen a superficie, se sientan en los mismos cafés, en los mismos cines donde se reúnen aquellos que hoy o mañana pueden ser sus víctimas.
“Y lo digo sin ánimo de paradoja, más felices son aquellos pueblos que pudieron o pueden luchar contra el terror de una ocupación extranjera, más felices sí porque al menos sus verdugos vienen de otro lado, hablan otro idioma, responden a otra maneras de ser. Cuando la desaparición y la tortura son manipuladas por quienes hablan como nosotros, tienen nuestros mismos nombres y nuestras mismas escuelas, comparten costumbres, gestos, provienen del mismo suelo y de la misma historia, el abismo que se abre en nuestra conciencia y nuestro corazón es infinitamente más hondo que cualquier palabra que pretenda describirlo.
“Precisamente por esto, porque en este momento tocamos fondo como jamás lo tocó la historia, llega sin embargo, de etapas sombrías nuestra historia precisamente por esto, hay que asumir de frente y sin tapujos esta realidad que muchos pretenden dar por terminada. Hay que mantener en un obstinado presente con toda su sangre e ignominia algo que ya se ha querido hacer entrar en el cómodo país del olvido. Hay que seguir considerando como vivos a los que acaso ya no lo están pero tenemos la obligación de reclamar uno por uno hasta que la verdadera repuesta muestre finalmente la verdad que hoy se pretende escamotear”.
Las penas
El fiscal Abel Córdoba pidió penas de prisión perpetua para los miembros del Estado Mayor del V Cuerpo de Ejército Juan Manuel Bayón, Osvaldo Bernardino Páez, Walter Tejada, Hugo Fantoni y Jorge Delme; el jefe del Batallón de Comunicaciones 181 y del Área de Defensa 511 Jorge Enrique Mansueto Swendsen; los integrantes del Destacamento de Inteligencia 181 Norberto Condal, Carlos Taffarel y Jorge Horacio Granada; los miembros del grupos de tareas Jorge Aníbal Masson y Carlos Mario Méndez; y los policías federales de Viedma Vicente Forchetti, Héctor Goncálvez y Héctor Jorge Abelleira. En tanto, para el policía federal Carlos Contreras solicitó 21 años de prisión y para los directores de la Unidad Penal 4, Andrés Miraglia y Héctor Luis Selaya penas de 25 años.
En cuanto a la responsabilidad civil de los imputados solicitó embargos de entre tres y 43 millones de pesos e instó a la comandante en jefe de las fuerzas armadas y los ministerios Defensa y Seguridad a comenzar los procesos de destitución y sanción según las normas militares.
Fuente:JuicioVCuerpoEjercitoBB
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El pedido lo llevó a cabo el fiscal Abel Darío Córdoba junto con sus pares Félix Croux y Horacio Azzolín en el marco de la etapa de los alegatos ante el Tribunal Oral Federal 1 en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca.
Córdoba solicitó la prisión perpetua contra 14 personas entre las que se encuentran integrantes del Ejército Argentino y dos de la Policía Federal, en tanto que pidió 21 años para otro de la misma fuerza en tanto que 25 años para integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense.
El pedido de prisión perpetua fue solicitado para los ex militares Osvaldo Bernardino Páez, Hugo Jorge Delme, Juan Manuel Bayón y Mario Carlos Antonio Méndez. La misma medida fue pedida para Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Jorge Aníbal Masson, Hugo Carlos Fantoni, Walter Bartolomé Tejada, Norberto Eduardo Candal, Jorge Horacio Granada y Carlos Alberto Taffarel.
En ese contexto el funcionario judicial pidió la misma pena para los ex policías Federales Héctor Arturo Goncalves, Vicente Antonio Forchetti y Héctor Jorge Abelleira.
Para el otro ex policía de la fuerza, Carlos Alberto Contreras, se pidió una pena de 21 años mientras que para los ex ágentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, Héctor Luis Selaya y Reynaldo Miraglia se solicitaron penas de 25 años.
El fiscal basó el pedido de las condenas en los delitos caratulados como "abandono de persona, privación ilegal de la liberta agravada por empleo de violencia en concurso real con tormentos agravados por ser la víctima perseguida política, sustracción, retención y ocultamiento de menores nacidos en cautiverio bajo la modalidad de desaparición forzada de personas".
El juicio comenzó el 28 de junio del 2011 y se analizó la causa 982 caratulada “Bayón, Juan Manuel y otros por Privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Bombara, Daniel José y otros en Área controlada operacional Cuerpo Ejército V”.
FuentedeOrigen:LaBrujula24
Fuente:Agndh
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