La Justicia pasa la escoba
Los presos son los ex jueces Miguel Angel Puga y Carlos Otero Alvarez, el ex fiscal Antonio Cornejo y los ex defensores oficiales Luis Eduardo Molina y Ricardo Haro. Están acusados de no denunciar ni investigar torturas y asesinatos de presos políticos.
Por Victoria Ginzberg
El ex juez Carlos Otero Alvarez quedó detenido ayer en la cárcel de Bower.
José Moukarzel murió en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba. El 14 de julio de 1976 fue estaqueado desnudo en un patio. Le habían puesto escombros debajo de la espalda y recibía constantemente baldazos de agua fría. Era el día más frío del año. Se quejaba. Hasta que dejó de reaccionar. Miguel Mozé fue fusilado en un puente junto con otros cinco presos que habían sido sacados de la misma cárcel. Marta González de Baronetto fue asesinada en octubre de 1976 con otros cinco compañeros. Había sido arrestada en agosto de 1975. En ese momento, tenía una hija de un año y ocho meses y estaba embarazada. Su segundo hijo nació en la cárcel, tres meses antes de que la mataran e intentaran encubrir el crimen como un “intento de fuga”. Ninguno de los funcionarios judiciales que intervino en su momento en estos expedientes investigó o pidió que se investiguen esos hechos, como tampoco las torturas que padecieron y denunciaron muchos otros detenidos políticos alojados en ese penal. Los miembros del Poder Judicial señalados como cómplices de delitos de lesa humanidad en la provincia de Córdoba durante la última dictadura comenzaron a sentir las consecuencias de aquellas acciones y omisiones. Esta semana, el juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena detuvo, a pedido del fiscal Carlos Gonella, a dos ex jueces, un ex fiscal y dos ex defensores oficiales. El último arresto, que se produjo ayer, fue el del ex juez Carlos Otero Alvarez, quien renunció en 2009, pero antes fue miembro del tribunal oral que condenó a Luciano Benjamín Menéndez.
Miguel Angel Puga era juez en 1976. Entre otros, tuvo a su cargo los casos de Moukarzel y Mozé. En su defensa, dijo que no le correspondía investigar el caso del hombre que murió luego de haber sido estaqueado como castigo por haber recibido un paquete de sal de un preso común porque había un certificado médico que establecía que el detenido había sufrido un “paro cardiorrespiratorio”. Puga fue detenido el lunes y llevado a la cárcel de Bower.
El ex fiscal Antonio Cornejo también está acusado de no investigar estos hechos. Fue arrestado el martes pero se quedó en su casa, ya que le concedieron el beneficio de arresto domiciliario por problemas de salud. El tercer ex funcionario judicial arrestado esta semana fue Luis Eduardo Molina, ex defensor oficial.
Molina intervino en el caso de Luis Baronetto (los abogados particulares no podían entrar a la cárcel, por lo tanto los presos estaban obligados a tener defensores oficiales) y le recomendó “que dejara las cosas” como estaban cuando Baronetto reclamó que se investigara la muerte de su esposa. María Teresa Sánchez reveló que Molina le dijo: “Vos no colaborás y además no te querés sacar la bombachita, así no vas a salir nunca”. La mujer había sido “sancionada” porque se rehusó a ser “tocada” por el personal penitenciario.
El viernes fue arrestado Ricardo Haro, que también fue defensor oficial durante la última dictadura y luego miembro de la Cámara Federal de Córdoba. Uno de los casos por los que fue imputado es el de Francisco Hernán Sain, quien denunció haber sido sometido a torturas en el Departamento de Informaciones de la Policía de la provincia de Córdoba (D-2), donde fue encapuchado y golpeado y torturado con inmersiones de agua. Otro es el de una mujer que le relató que había sido golpeada, torturada y violada y que había sufrido un simulacro de fusilamiento.
En 1976, Carlos Otero Alvarez era secretario del juez Adolfo Zamboni Ledesma. En 1977, ambos funcionarios judiciales visitaron a Baronetto en el penal de Sierra Chica –ya que estaban a cargo de su caso– y él les pidió explicaciones sobre el fusilamiento de su mujer. Ellos sólo atinaron a leer un parte militar que hablaba de la muerte de un grupo de “subversivos” luego de que vehículos civiles interceptaran una patrulla en la que eran trasladados del penal con destino desconocido y se produjera un “tiroteo”. Baronetto dijo que eso era mentira y Otero Alvarez respondió que no podía hacer nada. Los mismos funcionarios judiciales habían estado presentes en la indagatoria de Marta González de Baronetto. Allí, la mujer denunció que había sido encapuchada y esposada, que había recibido golpes de puño en todo el cuerpo, que había sido asfixiada mediante vertido de agua y que había sido desvestida y manoseada mientras le pegaban. No hubo ningún pedido de investigación sobre estos hechos.
Hace cuatro años, Baronetto pidió que el Consejo de la Magistratura removiera a Otero Alvarez, que era juez del Tribunal Federal Oral N0 1 de Córdoba y había intervenido en el primer juicio en el que fue condenado el represor Luciano Benjamín Menéndez. Además de su propio caso y el de su esposa, Baronetto señaló en esa oportunidad que el entonces secretario judicial autorizó traslados de ocho detenidos sin la firma del juez, cosa que excedía sus atribuciones. Esos “traslados” terminaron con cuatro presos torturados en la D-2 y cuatro presos asesinados. El Consejo de la Magistratura cerró el caso por “abstracto” porque Otero Alvarez renunció el 30 de abril de 2009 pero la Comisión de Disciplina y Acusación consideró que los hechos que se le imputaban al ex magistrado “evidenciarían una actitud colaboracionista con la comisión de delitos de lesa humanidad”. Los miembros del Consejo destacaron que la actitud de Otero Alvarez “incluso fue diferente a la asumida por la secretaria (Cristina) Garzón de Lascano, que frente a la denuncia de torturas por parte de una imputada certificó sus manifestaciones respecto de su dolencia y solicitó su atención por el médico forense. Por el contrario, Otero Alvarez al intervenir como secretario no labró ninguna certificación sobre el estado de las personas imputadas, que seguramente tenían lesiones visibles y no ordenó su atención médica. Por el contrario, el entonces secretario Otero Alvarez frente al pedido del padre de un detenido (Barrera) denegó la revisión médica de su hijo y de su nuera”. Otero Alvarez comenzó a ser indagado el miércoles y continuó ayer. Quedó detenido en el penal de Bower.
“Los magistrados y funcionarios judiciales no sólo incumplieron sus deberes, sino que también ocultaron sistemáticamente –en una etapa posterior a su comisión– la ejecución de hechos típicos que configuran delitos de lesa humanidad cometidos por los miembros de las fuerzas de seguridad. Este ocultamiento se hizo en base a una promesa de impunidad anterior, al menos tácita, ya que la falta de investigación de los autores de esos delitos que se cometían de acuerdo con un patrón modal reiterado y sostenido en el tiempo –sistemático– implicó la garantía de impunidad de los mismos ‘hacia el futuro’”, aseguró Gonella, quien lleva adelante la investigación, ya que tiene la causa delegada, cuando pidió las indagatorias.
“Se ha dado un paso muy positivo por parte de la Justicia Federal de Córdoba. Cuando hicimos la denuncia y cuando se hizo el juicio de la Unidad Penitenciaria 1, sobre el fusilamiento de 28 presos políticos, funcionó la corporación de la sagrada familia cordobesa. Ahora hay un avance y esperamos que esto siga, no sólo para hacer justicia con hechos del pasado sino también porque esto reestablece la confianza en las instituciones democráticas y en la Justicia en particular”, dijo a Página/12 Baronetto.
Fuente:Pagina12
Los cinco héroes de Menéndez
Año 5. Edición número 224. Domingo 2 de septiembre de 2012
Por Laureano Barrera
lesahumanidad@miradasalsur.com
Jueces, fiscales, secretarios y defensores de la dictadura en Córdoba, detenidos por delitos de lesa humanidad.
Hugo Vaca Narvaja sabía muy bien que el Departamento de Informaciones de la policía cordobesa (D2) andaba tras él.
No sólo porque era el apoderado del Peronismo Auténtico y el ex Procurador del Tesoro del gobierno de Ricardo Obregón Cano, un hombre de la Tendencia, en tiempos donde el clima en la provincia estaba espeso para cualquiera, sino porque era abogado de presos políticos y –bingo– su nombre figuraba en el decreto que Isabel Martínez de Perón había dictado pidiendo la captura de todos los de su laya: delincuentes subversivos.
Tambien lo sabía, que se había anticipado a su secuestro en la vereda de los tribunales federales, a media mañana del 20 de noviembre de 1975, radicando un recurso de hábeas corpus por su propia integridad física en el juzgado federal Nº 2, a cargo de Miguel Ángel Puga.
A metros del despacho de ese juez, cuando terminaba de pedir la libertad de uno de sus defendidos, unos tipos de civil le quitaron la suya para siempre: lo interceptaron en las escalinatas del edificio de la calle Vélez Sársfield, lo golpearon y lo empujaron hasta un Falcon sin chapa que lo llevó al Cabildo histórico de Córdoba, y no precisamente en plan turístico: ahí funcionaba el “D2”. Sus torturadores se salían de la vaina.
El álbum familiar perjudicaba a Hugo incluso más que su propio pedigrí: entre sus once hermanos se contaban Fernando, el jefe Montonero que había escapado de Rawson y vivía en Cuba, y Patricia, también militante –hoy embajadora en México–; su padre había sido ministro de gobierno de Arturo Frondizi y dos veces presidente del Banco de Córdoba.
Hugo tenía 35 años, esposa y tres hijos. Puga se enteró del secuestro ese mismo día, pero no hizo nada. Su padre y homónimo había presentado en otro juzgado un hábeas corpus por su hijo. También lo hizo, inmediatamente, el Colegio de Abogados de Córdoba.
Movieron tanto el cielo y la tierra, que el D2 no tuvo más remedio que blanquearlo cinco días después y trasladarlo a la UP1, aunque lo habían destrozado en la mesa de tortura. No pesaba sobre él ninguna acusación concreta, y lograron que la Suprema Corte le diera la opción del exilio en Francia.
Cinco días más tarde, el 12 de agosto de 1976, lo sacaron junto con otros tres compañeros y los llevaron a un paraje lejano. A uno de ellos, Alfredo de Breuil, lo dejaron vivir para que contara: su hermano Gustavo e Higinio Toranzo murieron de un tiro en el pecho.
El cadáver de Vaca Narvaja lo tenía en la cara. Puga tomó el comunicado militar, casi sin leerlo, y lo adjuntó al expediente: un intento de rescate y fuga con varios autos no identificados, sin bajas en las filas propias ni en las atacantes; sólo los tres escapados.
El certificado de defunción diligenciado cerraba la investigación: prescripción de la acción penal por muerte del imputado.
“La causa de los jueces”. Miguel Ángel Puga, acusado por los fiscales Carlos Gonella y Carlos Trotta de no haber investigado cinco asesinatos y dos casos de tortura, quedó preso el lunes pasado en el Penal de Bower, en las afueras de la capital cordobesa, por disposición del juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena.
La responsabilidad penal del ex juez federal, junto con el ex fiscal Antonio Sebastián Cornejo, los otrora defensores oficiales Eduardo Molina y Ricardo Haro y el ex secretario Carlos Otero Álvarez, fue una denuncia que se desprendió de la causa “UP1”, donde fueron condenados Jorge Rafael Videla y la plana mayor policial y militar del Tercer Cuerpo de Ejército, comandado por Luciano Menéndez. Declararon, uno por uno, durante la semana que pasó. Todos excepto Carlos Otero Álvarez quedaron detenidos.
El martes le tocó al ex fiscal Cornejo, acusado de no haber impulsado la acción penal en cuatro asesinatos y tres casos de tortura. Quedó detenido en su casa por un informe médico que dice que su corazón no soportaría la cárcel común. A los ex defensores oficiales y el Secretario, los acusan por no haber denunciado los delitos que conocían por sus funciones ante la inacción del fiscal y los jueces, pudiéndolos alcanzar la figura de encubrimiento.
Eduardo Molina, que conservó su cargo hasta hace poco, fue indagado el jueves y también tiene prisión domiciliaria. El último indagado y detenido fue el viernes por la tarde: Ricardo Haro, Profesor Emérito de Derecho Constitucional, director de la Escuela Judicial de la Nación en Córdoba hasta 2008, premiado por la fundación Konex en 2006, quedó preso en su residencia.
Ayer por la mañana iba a concluir luego de un cuarto intermedio la declaración indagatoria de Carlos Otero Álvarez, el secretario del juez Adolfo Zamboni Ledesma, un frontón para los hábeas corpus pero magnánimo con los hombres de uniforme. Hasta 2009, Otero Álvarez integraba el Tribunal Oral Federal 1 que debía juzgar a Menéndez, pero debió abandonarlo cuando el Consejo de la Magistratura se aprestaba a removerlo por su complicidad con la dictadura.
Después de declarar el miércoles durante cuatro horas, el ex secretario pidió que desempolvaran los expedientes originales contra los detenidos políticos que tienen casi cuatro décadas y aparece su firma, una de las pruebas principales en su contra. “Todos negaron la responsabilidad y pusieron como objeción el poder omnímodo que tenían entonces los militares”, le dijo Gonella en un diálogo telefónico a Miradas al Sur.
Y distingue, de acuerdo a una tipología de la antropóloga María José Sarrabayrouse, tres jueces en la dictadura: los consustanciados ideológicamente, los acomodaticios y quienes buscaron los intersticios para honrar a su función judicial.
“Los acusados que tenemos en esta causa, como Puga, como Molina, que juraron sobre los estatutos del Proceso, son del primer tipo, a mi criterio”, agrega el fiscal. Pero también hubo ejemplos del tercer tipo: los miembros de la primera formación de la Cámara Federal de Córdoba fueron obligados a presentar su renuncia después de algunas resoluciones que no saciaban el paladar negro de los hombres de Menéndez.
La causa judicial tiene una particularidad que la vuelve única: se recorta exclusivamente al desempeño de los miembros de la justicia federal de una provincia, y analiza a la Justicia como un engranaje organizado, en lugar de juzgar a jueces o fiscales –más de cincuenta están siendo investigados– como inquisidores aislados.
“La actuación de los imputados fue determinante para que, en su conjunto y sin perjuicio de la responsabilidad individual de cada uno de sus miembros, el Poder Judicial Federal de la provincia omitiera investigar los delitos que se cometieron, los encubriera, y hasta incluso, tomaran parte en los mismos”, se explica en la acusación fiscal que presentaron Carlos Gonella y Carlos Facundo Trotta. Pero los fiscales van aún más allá: no sólo creen que desatendieron sus obligaciones funcionales, sino que concluyen que “el patrón sistemático de conducta delictiva” sostenido en el tiempo –fueron 31 asesinatos en la UP1 en nueve meses– garantizó “la impunidad de los miembros de las fuerzas de seguridad” y los convierte en “cómplices secundarios”.
La causa no ha sido fácil. Desde la denuncia inicial contra Puga y sus secuaces se apartaron dos jueces federales –Cristina Garzón de Lazcano y Alejandro Sánchez Freytes– y tres fiscales –Graciela López de Filoñuk, Enrique Senestrari y Alberto Lozada– confesando, casi todos ellos, una “íntima amistad” con alguno de los imputados.
Enemigos íntimos. “Hace cinco años que venimos bregando por esto”, dice con emoción en la voz Luis Miguel Baronetto. El 15 de agosto de 1975, a la madrugada, lo secuestraron junto a Marta González, su mujer. Vestían de civil. A Luis lo encapucharon pronto. A Marta, antes, la obligaron a levantar a su hija de diez meses y entregársela a un vecino. Se reencontraron en el D2. “Me torturaron tanto que me tuvieron que internar en el policlínico policial”, dice Baronetto, uno de los denunciantes pioneros de los jueces, cuando fue director de DD.HH. de la municipalidad de Córdoba.
El 11 de septiembre, los trasladan a tribunales. Ante Otero Álvarez y el juez Zamboni Ledesma, él, su mujer y otros detenidos denuncian las detenciones ilegales, los días y las noches de tortura. Pero no hay respuesta. El 11 de octubre, en la última tanda de fusilados, está Marta Juana González, su esposa. El procedimiento es el mismo que los anteriores: los fusilan en las inmediaciones de la cárcel, un parte castrense miente un intento de fuga, jueces y fiscales dicen creerles y cierran los expedientes. Picana eléctrica, golpes, asfixia, abusos sexuales y violaciones. Todas son denunciadas. Nunca los investigaron ni hay un militar o policía imputado.
Pero hay más. El 5 de octubre de 2010, en pleno juicio oral por la “UP1” y ante la pregunta del fiscal, un ex detenido, Carlos de la Merced, dijo que su abogado defensor había sido Molina. “Un indecente”, agregó. El fiscal Gonella quiso saber por qué. “Llamaba por teléfono a mis familiares y quería cobrarme honorarios con servicios sexuales de ellos”, respondió De la Merced. Otro testigo, de apellido Onetti, declaró que “Ricardo Haro, el defensor oficial y Otero Álvarez, secretario, permitían que el personal militar le apuntara con un Fal en la nuca delante de ellos al ser entrevistados por el juez en la UP1.
Jorge De Breuil, Fidel Alzázar y Baronetto dijeron que Molina les sugerían no hacer referencia a las torturas o desistieran de denunciar los fusilamientos. Eso, les aconsejaba paternal, los podía perjudicar.
Fuente:MiradasalSur
Entre el terror y los fallos cómplices
Es cierto que hubo representantes del Poder Judicial y de la Iglesia comprometidos que terminaron presos o asesinados. Nadie estuvo exento de la barbarie sin límites.
Por Carlos Paillet.
02/09/2012
Los que daban órdenes al servicio del terrorismo de Estado que hundió a la Argentina en una larga tragedia utilizaban su poder de mando para sembrar campos clandestinos de detención, tortura y muerte. Sin embargo, tuvieron también una decidida injerencia en los ámbitos judiciales, donde muchas veces encontraban la venia complaciente de magistrados y funcionarios que hacían la vista gorda frente a la desgracia de miles de víctimas.
Pero vale aquí hacer una aclaración: se sabe que hubo jueces que se sometieron a las directivas de los jerarcas militares afectados igualmente por el miedo; pero otros actuaron convencidos de que la picana y el fusil eran la receta a la que debían adscribir con sus fallos contrarios a los más elementales derechos y garantías individuales.
“Mientras arriba (en los Tribunales) rechazaban los hábeas corpus, abajo (en la morgue) ordenaban inhumar los cuerpos de los mismos que habían rechazado”, sostuvo una abogada defensora de derechos humanos durante una de las entrevistas que le hizo María José Sarrabayrouse Oliveira para su libro Poder Judicial y dictadura .
Hay jueces procesados y condenados por estas conductas cómplices. Un fallo reciente de la Cámara Nacional de Casación confirmó la pena de 22 años de cárcel para Víctor Brusa, el primer ex juez federal del país que recibió una condena por delitos de lesa humanidad cometidos en Santa Fe.
Córdoba no fue la excepción. La acusación de la llamada “causa de los magistrados” contiene párrafos elocuentes. “Las víctimas se encontraban a su disposición y, luego de producidos sus asesinatos, no intentaron siquiera las más elementales diligencias para investigar causas y responsables de sus muertes”, señala el expediente sobre el flaco compromiso de los magistrados, defensores oficiales y fiscales acusados en ese sumario. Y se puntualiza también sobre la ligereza de estos personajes para garantizar la “impunidad” de los matones de turno.
Sobre el ex vocal del Tribunal Oral N° 1 y por aquellos años secretario Penal, Carlos Otero Álvarez, una de las acusaciones dice que “habría omitido cumplir sus deberes funcionales al no poner en conocimiento de la autoridad competente los tormentos denunciados” por una de las víctimas.
Así se movían los grupos de poder por aquellos años de desprecio por la vida y las ideas. La tragedia no dejó a nadie a salvo. El mismo comportamiento permisivo con los represores tuvo la Iglesia Católica; en particular, su máxima jerarquía y, en los eslabones más bajos, los capellanes militares. Pero es cierto que hubo miembros del Poder Judicial y curas comprometidos que terminaron presos o asesinados. Nadie estuvo exento de la barbarie sin límites.
Fuente:laVoz
No hay comentarios:
Publicar un comentario