MÉXICO.

VIERNES, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012
Reforma laboral dejará a millones de jóvenes sin empleo en México 
PL 
Diputados del Partido de la Revolución Democrática advirtieron que la reforma laboral que hoy se discute en México generará al menos ocho millones de jóvenes desempleados quienes, de ser contratados, afrontarán condiciones de explotación y bajos salarios.

La iniciativa preferente del presidente Felipe Calderón enviada al Congreso de la Unión se debate desde el lunes y tendrá que ser avalada con plazo límite este 30 de septiembre. De acuerdo con la diputada Crystal Tovar, los jóvenes son los principales afectados con la reforma, ya que se aprovechará su fuerza laboral solo con los contratos a prueba. 

Tovar citó cifras del Instituto Mexicano de la Juventud según las cuales, entre 38 mil y 40 mil jóvenes no encuentran actualmente una fuente de ingresos, una de las mayores tasas de los últimos años. 

En conferencia de prensa, la diputada aseguró que la legalización de la subcontratación se opone al artículo tercero de la Ley Federal del Trabajo vigente, a la Constitución y a los principios generales de los tratados internacionales firmados por México. 

"La reforma es muestra del menosprecio de los gobiernos panistas y priistas hacia los derechos fundamentales de los trabajadores y el derecho a acceder a un empleo digno bien remunerado", sentenció. 

En su opinión, la iniciativa impulsada por el Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional es "un retroceso de casi 100 años de la legislación laboral donde no existían prestaciones ni estabilidad laboral".

Ayer, tras más de cinco horas de discusiones en el Pleno de la cámara baja y sin lograr desahogar las cerca de 270 reservas a analizar en lo particular se decretó un receso para proseguir este viernes y someter a votación la medida.  
Mientras, las protestas prosiguieron en los alrededores del Palacio Legislativo de San Lázaro. 

VIERNES, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012
Recomendación contra la censura 
Por Eduardo Ibarra Aguirre (FORUMENLINEA) 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió, el pasado 1 de agosto, la recomendación 35/2012, dirigida a Alejandro Poiré en tanto que titular de la Secretaría de Gobernación, dependencia responsable de fijar los criterios para la asignación de la publicidad del “gobierno del presidente de la república”, como reza el eslogan sexenal. 

El organismo autónomo estableció que la revista Proceso fue castigada con la negativa de publicidad gubernamental -a cargo del presupuesto federal, es decir de los causantes-, por su línea editorial independiente y crítica respecto del gobierno de Felipe Calderón, con el objetivo de causarle daño económico. 

El también llamado ombudsman -defensor del pueblo- pide a Gobernación que para el ejercicio fiscal de 2013 emita “lineamientos claros y criterios objetivos, imparciales y transparentes” para el otorgamiento de la publicidad oficial. La queja del semanario, cofundado por Julio Scherer, fue interpuesta en abril de 2009 y tres años y cuatro meses después -cuando está en vías de concluir el mandato de Calderón Hinojosa en medio del escándalo y la crítica generalizada, 

incluso de sus compañeros panistas como Javier Corral quien lo denominó colérico-, la CNDH reconoce que el gobierno violó el derecho fundamental a la libertad de expresión amparado en la Constitución -y venerado en la retórica presidencial- e instrumentos internacionales reconocidos por el Estado mexicano. 

Dice textualmente el órgano presidido por Raúl Plascencia Villanueva: “Del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente de queja CNDH/5/2009/1845/Q se advierte en el caso violación a los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica, así como a la libertad de expresión e información en agravio de la revista” y de otros medios de los que la Comisión Nacional no se molesta siquiera en brindar sus nombres, cuando son del conocimiento público y están documentados.

De acuerdo con testimonios recabados y dados a conocer por Utopía, durante 2008-2010 llegaron a sumar 17 los diarios y las revistas objeto de la política de boicot publicitario de la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia de la República, a cargo entonces del hoy diputado federal Maximiliano Cortázar. 

Algunos medios fueron asfixiados económicamente hasta hacerlos desaparecer como sucedió con Monitor Radio, Diario Monitor y la revista Forum, cerrada en agosto de 2010 tras cumplir 19 años de vida y publicar 202 ediciones. 

En este caso presionaron incluso a anunciantes privados y durante dos años y tres meses la bloquearon publicitariamente con una inquina enfermiza. Cierto es que desde diciembre de 2011 la página electrónica de la revista ahora quincenal, con mayor número de lectores e incidencia periodística, empezó a contar desde diciembre pasado con anunciantes del gobierno federal, pero a cuentagotas. 

Lo importante es el tardío pero saludable cambio de actitud de algunos directores de comunicación social, como se autodenominan aunque sus funciones son de difusión y propaganda, pero los de las secretarías de Salud y de Educación Pública permanecen en la cerrazón convenenciera, igual que en el caso de Proceso como ilustra la recomendación de la CNDH. 

El uso faccioso de la pauta publicitaria para apoyar lealtades hasta enriquecer a sus portadores de los oligopolios y castigar disidencias hasta extinguir a los medios críticos violenta, como en el caso de Proceso y “varias revistas”, prácticamente todos los tratados y convenciones suscritos por el Estado mexicano y que contemplan a la libertad de expresión como eje articulador de otros derechos.
Fuente:Argenpress