Dirigentes del Mocase-Vía Campesina, representantes del Cels, legisladores nacionales y organizaciones de Derechos Humanos pedirán que la Cámara de Diputados trate un proyecto de ley presentado en 2011 que propone detener por cinco años los desalojos de tierras y ordena la realización de un relevamiento en todo el país, y exigirán que se investiguelas causas y los responsables del asesinato Miguel Galván, ocurrido el miércoles pasado en Santiago del Estero.
Galván, uno de los miembros del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina, fue asesinado el miércoles pasado en el Paraje Simbol, a 400 kilómetros de la capital provincial, luego de que la organización denunciara en varias oportunidades el amedrentamiento de sus integrantes por defender la posesión de sus tierras contra el avance de empresarios agropecuarios en la zona.
El crimen provocó el rechazo de dirigentes de diferentes partidos políticos y dos movilizaciones. El Mocase-VC acusa a Paulino Riso, un "sicario de la Empresa Agropecuaria LA PAZ S.A.", de la ciudad salteña de Rosario de la Frontera. Según su relato de los hechos, "Riso fue a la casa de la familia Galván a provocar como tantas otras veces, sólo que esta vez con la intención de matar".
La víctima era miembro de la comunidad indígena Lule Vilela, que había concretado la primera etapa de un relevamiento territorial para impedir el avance de emprendimientos agrarios sobre las tierras de poblaciones originarias. La reunión solicitada por el Mocase-VC será mañana martes a las 11 en el Salón José Luis Cabezas del Congreso de la Nación.
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los modales del modelo / males raíces / miguel galván toda esta sangre en el monte
por Rodolfo González Arzac
Foto: Sebastián Andrés Vricella
En apenas once meses, toda esta sangre. Y la indiferencia. A pesar de los tiros, las puñaladas, los campesinos heridos, los campesinos muertos: la guerra. En el monte santiagueño, ahí donde la tierra se confunde con el Chaco y con Salta, las imágenes se repiten: el desembarco de las topadoras, los alambrados todavía brillosos, las guardias armadas, la expulsión de los habitantes a manos de empresarios apañados por efectivos de la Policía y funcionarios de la Justicia. En el monte santiagueño, la riqueza y la pobreza. Las advertencias. Las amenazas. El Estado que no está. Y cuando aparece, mejor correr. Una cinta sin fin.
Cristian Ferreyra murió desangrado un 16 de noviembre después de recibir un tiro de escopeta. Vivía en la comunidad San Antonio, a dos horas y media de distancia de la ciudad de Monte Quemado por un camino de tierra lunar. Tenía 23 años, estuvo a un día de llegar a los 24. Y hacía rato, junto a otras familias, defendía las tierras que las comunidades campesinas ocupan hace mucho más de 20 años (lo que de por sí ya le otorga el beneficio legalmente conocido como usucapión). Cristian Ferreyra fue asesinado, según investiga la Justicia, por encargo. Lo mató un vecino contratado por un empresario. Un vecino que trabajaba para un empresario. Un vecino que, como es habitual en comunidades tan pequeñas, lo conocía bien: hasta tenían un lazo familiar.
Miguel Galván murió el 10 de octubre. Lo degollaron. Y de prepo, ya muerto, le clavaron otra puñalada que le destrozó el hígado. El asesino llevaba un arma con dos balas gatilladas que no salieron. Lo mataron en Salta, pero a pocos metros, unos cien metros, de Santiago del Estero. En el paraje El Simbol. Miguel Galván se había criado en El Simbol, a unas dos horas de la ciudad chaqueña de Taco Pozo por un camino de tierra lunar. En el monte no hay fronteras, apenas árboles bajos, animales, polvo y familias que producen alimentos y que viven entre la austeridad y las carencias. Pero a la zona se la conoce regionalmente como la triple frontera. Miguel Galván vivía en Mendoza. Había vuelto a su tierra para el entierro de su madre, tres meses atrás. Y se había quedado allí, a pesar de que su familia lo extrañaba, y de que él otro tanto, para ayudar a sus dos hermanos: que peleaban con otro empresario y otro vecino del lugar contratado por ese hombre de negocios para despojarlos de sus tierras. El vecino, como suele ocurrir en estos casos, se había criado con él.
Hay operaciones torpes. Pero, de manera increíble, a veces resultan efectivas. El gobierno de Santiago, y la Justicia, y el gobierno de Salta, y su Justicia, y los medios de los empresarios de ambas provincias, intentaron instalar en estos días la idea de que el asesinato de Miguel Galván fue una cuestión familiar. Una cosa de pobres, en el medio de la nada. Lo mismo habían hecho, once meses atrás, cuando le tocó a Cristian Ferreyra.
El viernes, de mañana, en El Simbol, con el cajón de su esposo de fondo, con las velas derretidas después de arder toda la noche, con su pequeña hija aún sin entender qué era todo eso que pasaba alrededor suyo, en el ranchito de los Galván sin agua y sin luz, sin señal de teléfono, entre gallinas y cabritos, Julia la esposa de Miguel Galván lo dijo clarito:
–Mi esposo va a ser enterrado acá, en el lugar que se crió, para que vean que acá vive gente. Mi esposo se quedó a ayudar a sus hermanos porque les quieren robar la tierra. Mi esposo nunca peleó. Creía en Dios, era evangelista. Y amaba este lugar, su lugar: El Simbol.
A la hora de las flores sobre el cajón, con los llantos de fondo, el pastor que llegó desde Mendoza, el que daba los sermones que Miguel aceptaba, pidió que alguien escuchara lo que estaba pasando. “Que la Argentina sepa”, dijo, a modo de ruego.
De tarde, con el sol implacable, los campesinos de los 16 parajes del lugar, los que integran la comunidad Lule Vilela (que ya habían recibido la primera visita para registrarse como tal para así evitar los desalojos y poder vivir compartiendo la tierra, sin alambrados: en comunidad), denunciaron que el empresario ya había tratado de proponerles un trato: una poca de dinero, un alambrado, pasto, a cambio de la cesión de una buena parte de sus tierras. Y que el asesino de Miguel Galván, contratado por un tal Figueroa de la Empresa Agropecuaria La Paz, con asiento en la ciudad de Rosario de la Frontera, hace tiempo que sembraba la tranquilidad del lugar con amenazas. En esa misma zona, tres meses atrás, un campesino recibió un tiro en el pecho y salvó su vida de milagro.
La lista de atentados es más larga. En las últimas semanas, algunos familiares de Cristian Ferreyra sufrieron amenazas y golpes. Sergio Arnaldo Ferreyra, primo de Cristian, y querellante en la causa de su asesinato, fue perseguido y golpeado por ocho personas que le exigían que “no se meta más”. El comisario de Monte Quemado, a tono con la historia reciente, se negó a tomarle la denuncia. Otro primo, Maximiliano Gastón Ferreyra, fue encarado en la plaza de Monte Quemado por cuatro tipos encapuchados y armados, que lo amenazaron con ahorcarlo y le robaron la llave de su casa y el celular. Y Noelia Ferreyra también fue amenazada en la Escuela por las hijas de un hermano de Javier Juárez, el hombre acusado por el asesinato de Cristian. Noelia no escuchó palabras. Simplemente, le mostraron balas. En estos once meses tres episodios de desalojos estuvieron cerca de terminar en asesinato. Fueron en la comunidad Villa Matoque, en el departamento Pellegrini y, el último 1 de julio, en el paraje Choya. En todos los casos, varios campesinos resultaron con heridas de bala. Los están fusilando.
Ante la indiferencia generalizada, ante el temor de perder lo poco que tienen, ante el pavor que les genera la posibilidad de terminar en la ciudad sin posibilidad alguna de trabajar de nada (porque lo que saben es criar animales, producir alimentos sanos, porque no estudiaron, porque sus familias siempre vivieron así, con tan poco, y esos fueron los buenos oficios que les transmitieron), con la certeza de que abrazados tienen más chances que solos, la mayoría de los campesinos de la zona integra el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, tal vez, la organización de este tipo más fuerte del país, un movimiento autónomo, la barrera con la que se encuentran a menudo los empresarios sin capacidad de dominar su voracidad. Por eso también, los empresarios y sus medios, y algunos pocos desorientados, en el mejor de los casos simplemente equivocados, o improvisados, o ventajeros, o carroñeros, en estas horas le apuntaron al Mocase. “Hacen política con la tragedia”, les dijeron. Cuando lo que hacen, y eso es fácil de apreciar en el monte, es política, sí, pero para tratar de evitar las tragedias encadenadas y los atropellos. Para tratar de emparejar el desamparo. Con la intención desembozada de defender a los que tienen otra concepción de la tierra, de los alimentos. Y de tantas otras cosas más.
En estos once meses, toda esta sangre. Y el engorde de una certeza: la urgencia de que los que pueden detener la masacre dejen de mirar al costado. Porque todo crimen tiene un autor material. A veces, otro autor intelectual. Y, otras veces, casi siempre, responsables políticos. ver galería de imágenes
FuentedeOrigen:RevistaCrisis
Fuente:Agnddhh
MOCASE-VC
A menos de una semana del asesinato de Miguel Galván, a once meses del asesinato de Cristian Ferreyra, desde los montes y barrios de Santiago del Estero, desde lo más profundo de nuestra indignación, decimos:
Que los hechos ocurridos en el Paraje el Simbol, límite de Santiago del estero y salta, han calado y dejado, una vez más, en evidencia de la grave situación que vivimos cotidianamente en nuestras comunidades campesinas indígenas y de cómo la policía, el Juez Torreli de Monte Quemado y el gobierno de la provincia de Santiago , no han actuado ante las inumerables denuncias que se han realizado por las amenazas de muertes de grupos armados y han dejado zona liberada para su actuación.
El territorio de la triple frontera entre Chaco, Salta y Santiago del Estero, desde el 2006 viene siendo un foco de combate terrible y la firmeza de las familias organizadas ha evitado el avance de empresarios
Una de estas familias fue la familia de Miguel, nacido y criado en el paraje El Simbol, cuyos territorios comparten las provincias de Salta y Santiago del Estero. Su familia formó parte desde sus inicios de la Central Campesina 3 Fronteras del Mocase-VC. Durante todos estos años, han estado resistiendo al avance de distintos empresarios como Romeral, la empresa El Alba de Salta que provocó un allanamiento de la comunidad por parte de la policía e infantería en 2008, el intento del empresario Raúl Micoli de Córdoba en 2010 y el santiagueño Gustavo Saa desde 2011, cuyas bandas armadas balearon a Don Sixto Ruiz el 12 de julio en el paraje Vinalito.
Desde hace 2 años, es la empresa Agropecuaria La Paz S.A, cuyo encargado es un tal Figueroa, quien intenta alambrar los territorios de la Comunidad. Para ello, se ha aliado con la familia Risso Patrón, vecinos del lugar y quienes han dado entrada a los empresarios y a la banda armada de Tala Aranda. Estos custodian a los alambradores junto a Paulino Risso Patrón, contratado por la empresa para amedrentar a las familias de la zona permitiendo el alambrado de los territorios de la comunidad.
Ante esta situación, su hermano, su madre y Miguel habían presentado varias denuncias desde el año 2011 por usurpación y por amenazas contra la empresa, las bandas armadas y contra el asesino Paulino Risso Patrón, cuyas constancias se adjuntan a este comunicado.
Todos estos conflicto y el alambrado del territorio se está realizando en la parte que corresponde a Santiago del Estero, aunque la situación se repite en el territorio salteño. La policía que ha “actuado” hasta ahora en la zona ha sido la policía de Santiago y las denuncias y las investigaciones han sido desarrolladas por el Juez de Monte Quemado. Incluso hace 15 días, el Comité de Crisis de la provincia visitó la comunidad y pudo constatar la presencia de las bandas armadas y el alambrado del territorio.
Pero las bandas armadas siguieron su trabajo y el pasado miercoles, Paulino se dirigió a la casa de los Galván con un revolver 38 y trató efectuar dos disparos. Miguel intentó inmovilizarlo y el asesino lo apuñaló en la yugular.
La causa quedó radicada en el juzgado de Metán, ya que el crimen se produjo en el lado salteño de la comunidad. El lunes los compañeros y familiares de Miguel se trasladaran a la ciudad de Metán para declarar como testigos del asesinato
Hoy, la banda armada de Tala Aranda sigue alojada en la casa de los Risso Patrón, amenanzado a los familiares y vecinos.
Toda esta situación la venimos denunciando desde hace mucho tiempo, y a pesar de todas las denuncias, no se ha tomado ninguna medida efectiva que garantice la vida y el territorio de las comunidades campesinas indígenas y su producción de alimentos sanos.
Es por esto que exigimos:
· Que se detengan inmediatamente a las bandas armadas de Tala Aranda y la de los Juarez, asesinos de Cristian, que actúan inmpunemente en la zona, amenazando a las familias campesinas del norte de la provincia.
· Que se investigue y detenga a los responsables de la empresa Agropecuaria La Paz S.A, como responsables intelectuales del crímen y por contratar Guardias Blancas.
· Que renuncie el juez Jose Luis Torrelli de Monte Quemado quien no hizo nada ante las múltiples denuncias y que el revolver 38 del asesino que fue secuestrada por la policía de Monte Quemado no desaparezca como desaparecieron los cartuchos y la escopeta itaca que asesinó a Cristian Ferreyra
· Que el Comité de Crisis, como instrumento del gobierno provincial ante los conflictos de tierra, haga público el informe que hizo de la visita de la comunidad El Simbol, donde se reconoce la presencia de bandas armadas y explique qué acciones concretas tomó al respeto el gobierno de la provincia.
Del asesinato de Cristian hasta ahora el Gobierno de la provincia no ha asumido su responsabilidad. Ningún funcionario ha dimitido, ni siquiera quien aprobó el desmonte el en la comunidad de Cristian. Hasta el momento, ningún funcionario de la provincia ha hecho ningún comentario sobre la muerte de Miguel.
Señalamos a Luis Fernando “Parano” Gelid, ministro de Producción, Tierra y Recursos Naturales como principal impulsor del avance del agronegocio en la provincia, y por lo tanto, responsable político directo de los asesinatos de Miguel y Cristian. Gelid, que proviene de una familia con más de 40.000 has de soja y ganadería de dudoso origen, es metido en el gobierno de Zamora por la Confederación Rurales Argentinas (CRA) y él básicamente les ha dado a ellos el poder para avanzar sobre los territorios comunitarios.
Exigimos que la Provincia asuma de una vez por todas la realidad de las familias campesinas indígenas, proteja sus territorios y apoye su producción. Y esto significa prohibir los desmontes, los desalojos y el avance de las empresas del Agronegocio.
Adjuntamos las constancias de las denuncias presentadas desde el año 2011 por Miguel y la familia Galván ante la policía y juzgado de Monte Quemado contra el asesino Risso Patròn y la Empresa Agropecuaria La Paz
Ni un metro más, la tierra es nuestra!
¡Miguel Galván y Cristian Ferreyra Viven, la lucha sigue!
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Buenos Aires, 13 de Octubre de 2012.-
Desde el Colectivo Memoria Militante, repudiamos el cobarde asesinato del campesino Miguel Galván, integrante de la Comunidad Indígena Lule Vilela y miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE - Vía Campesina), ocurrido en la tarde del pasado miércoles 10 en el Paraje Simbol, en la provincia de Salta, el que fue perpetrado por un sicario de la empresa Agropecuaria La Paz S.A., en clara intención de invadir territorio indígena para extender la frontera agrícola-sojera.
Como prueba de la impunidad existente, Galván fue asesinado a unos 50 kilómetros de donde mataron, el 16 de noviembre de 2011, al militante campesino Cristian Ferreyra, en otro crimen de idéntico signo y en esa oportunidad fue la propia justicia local quien vinculó el homicidio con el accionar de una patota armada que responde a un empresario de la región.
Ante la gravedad de los hechos ocurridos y a la sistemática violación de los derechos humanos que padecen las comunidades campesinas indígenas en nuestro país por parte del poder político-económico y frente al incomprensible silencio del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) con relación a los hechos, es que hacemos responsables tanto a las autoridades provinciales como nacionales por el estado de peligro e indefensión en que se encuentran estas comunidades, ya que es deber ineludible del Estado diseñar políticas para evitar la vulneración de derechos.
En este sentido, frenar los desalojos campesinos y declarar la función social de la tierra son dos de los ejes de un Proyecto de Ley impulsado por las propias organizaciones campesinas de todo el país, que espera su tratamiento en el Congreso de la Nación, desde hace casi un año. La fundamentación del mencionado proyecto cuestiona el actual modelo extractivo: denuncia el avance minero, petrolero y los agro-negocios, señalándolos como contrarios a la vida campesina y violatorios de los derechos humanos.
Mientras aguardamos la sanción de ésta imprescindible herramienta jurídica y ante lo irreparable de los hechos, exigimos el inmediato esclarecimiento del crimen de Miguel Galván y el castigo para los responsables materiales, intelectuales y políticos del asesinato y rechazamos todo intento de continuar sosteniendo la metodología de despojo de tierras en un escenario de muerte y violencia.
¡¡¡Exigimos la URGENTE aprobación de la Ley Contra los Desalojos de Campesinos y el
Cumplimiento efectivo de la Ley 26160 de Emergencia Territorial !!!
30.000 Detenidos-Desaparecidos ¡Presentes!
No olvidamos, No perdonamos, No nos reconciliamos
Aparición con vida de Jorge Julio López y de Luciano Arruga
Esclarecimiento del asesinato de Silva Suppo
No a la Presión Domiciliaria- Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas
No a la Criminalización de la Protesta Social
Colectivo MEMORIA MILITANTE
Envío:AexPPCdba.
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