Por Elena Corvalan
El juez federal Julio Leonardo Bavio, titular del Juzgado Federal Nº 1 de Salta, procesó ayer (15-10-12) al empresario Marcos Levin por instigación a cometer torturas.
El magistrado también dictó el procesamiento de los policías retirados Víctor Hugo Bocos y Enrique Cardozo, en su caso como coautores de tormentos. El procesamiento es en relación a los delitos denunciados por Víctor Manuel Cobos, quien fue detenido y torturado en diciembre de 1976, cuando era delegado gremial en la empresa de transportes La Veloz del Norte, de propiedad de Levin por entonces.
En la extensa resolución conocida ayer el juez Bavio da por acreditada “de manera nítida” la presencia de Levin en la Comisaría Cuarta de la Policía de Salta, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar.
El magistrado consideró probado que, como sostiene Cobos en su denuncia, el empresario se valió de la Policía para valerse de una falsa acusación contra el sindicalista y sacarlo de la empresa.
Además de Cobos, otros empleados de La Veloz sufrieron la detención y fueron torturados para que asumieran responsabilidad en una estafa que no habían cometido.
Para el juez el propio Levin concurría a la Comisaría para verificar que los detenidos firmaran las declaraciones en las que asumían la responsabilidad. El juez Bavio sostuvo que”Levin usó como nexo para reprimir a sus empleados a Víctor Bocos”, quien era subjefe de la Comisaría Cuarta.
De esta manera, instigando a la tortura, logró también sus confesiones y justificó de esta manera los despidos de los empleados. Para el magistrado, Levin debe responder como instigador “por cuanto ha logrado que los coautores materiales”, Bocos y Cardozo, “realicen la actividad delictiva mediante su influencia sicológica”.
El procesamiento de Levin es sin prisión preventiva, por lo que continuará en libertad. Por otra parte, se le trabó embargo por 150 mil pesos, mientras que Bocos y Cardozo el embargo asciende a 50 mil pesos.
Por otra parte, el juez decretó la falta de mérito (es decir que no hay pruebas suficientes para procesarlos, pero que tampoco se puede dejarlos todavía fuera de sospecha) a favor de quien fuera jefe de la Comisaría 4º, Víctor Hugo Almirón, y de Jorge Alejandro Grueso, ambos imputados también por las torturas.
En el caso de Almirón, el juez consideró que no hay pruebas que demuestren que supiera de estas prácticas en perjuicio de los empleados de La Veloz. En cuanto a Grueso, que era encargado de la diagramación de los viajes en La Veloz, el juez consideró que los testimonios de los cuatro ex choferes que lo ubican en el lugar de las torturas no alcanzan a demostrar que fuera partícipe de estos hechos.
Los procesamientos son solo por los hechos en perjuicio de Víctor Cobos. Delitos similares fueron denunciados por otros 14 empleados de la empresa pero el juez consideró que se trata de delitos comunes, no de lesa humanidad, por lo que tienen que ser investigados por la justicia provincial.
Envío:Agnddhh
marcos jacobo levín, dueño de la veloz del norte
Procesaron a un empresario en una causa de la represión
El juez Julio Leonardo Bavio, a cargo del Juzgado Federal de Salta N° 1, dictó tres procesamientos por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.
Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), el juez procesó a Víctor Hugo Bocos y Enrique Víctor Cardozo, por considerarlos coautores del delito de tormentos cometidos en perjuicio de Víctor Hugo Cobos, quien era chofer de la empresa La Veloz del Norte y se desempeñaba como delegado gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
El comunicado advirtió también que, además, el magistrado resolvió procesar a Marcos Jacobo Levín, presidente de la empresa de transporte, como instigador de la imposición de tormentos en perjuicio de la misma víctima.
La justicia dispuso un embargo sobre los bienes de Bocos y Cardozo por 50 mil pesos; y de 150 mil pesos para Levín. Los juicios contra empresarios por delitos durante la dictadura tienen varios frentes abiertos.
En Jujuy, Pedro Blaquier, dueño de Ledesma, está implicado por su participación en La Noche del Apagón en Jujuy.
En Corrientes, Adolfo Navajas Artaza fue sobreseído en 2008 por la desaparición de uno de los trabajadores del establecimiento Las Marías, pero la medida es cuestionada porque se dispuso de manera irregular.
Y no se descarta una nueva citación a indagatoria.
Y en Tandil, por citar otro caso, está bajo la lupa la compañía Loma Negra.
Durante las marchas del último 24 de marzo, las consignas apuntaron a las responsabilidades de civiles durante la masacre de la dictadura.
La Unidad Fiscal contabilizó a 122 civiles entre condenados y procesados por delitos de lesa humanidad desde la vuelta de la democracia. Según estas cifras, sólo 29 se encuentran condenados, de los cuales ocho son ex Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Batallón 601.
Cifras similares tiene el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que contabilizó que más del 26% de los civiles condenados o procesados son ex PCI, personal que si bien no tiene estado militar es empleado del Ejército FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agnddhh
Procesaron a tres acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en Salta
Lo decidió el juez federal de Salta Julio Bavio. Los imputados son Víctor Bocos y Enrique Cardozo, como coautores de delito de tormentos, y Marcos Jacobo Levín, como instigador.
La víctima fue Víctor Manuel Cobos, ex delegado gremial en La Veloz del Norte
El juez Julio Leonardo Bavio, a cargo del Juzgado Federal de Salta N° 1, dictó el procesamiento de tres personas por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.
El juez procesó a Víctor Hugo Bocos y Enrique Víctor Cardozo, por considerarlos coautores del delito de tormentos cometido en perjuicio de Víctor Hugo Cobos, quien era chofer de la empresa La Veloz del Norte y se desempeñaba como delegado gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
Además, el magistrado resolvió procesar a Marcos Jacobo Levín como instigador de la imposición de tormentos en perjuicio de la misma víctima. Trabándose embargo sobre los bienes de Bocos y Cardozo por 50.000 pesos.
En tanto que idéntica medida precautoria se impuso a Levín hasta cubrir la suma de 150.000 pesos.
FuentedeOrigen:www.cij.gov.ar
Fuente:Agnddhh
Por indicios vehementes de que hizo torturar a trabajadores
El Juez Federal de Salta procesó al empresario Marcos Levín por delitos de lesa humanidad
Levin junto al entonces gobernador menemista, Juan Carlos Romero
El Juez Federal Nº 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio, dispuso hoy el procesamiento sin prisión preventiva del empresario salteño Marcos Jacobo Levín, de 73 años, al encontrar precisos indicios de su participación, en carácter de instigador, en un delito de imposición de tormentos a Víctor Manuel Cobos, un antiguo trabajador de la empresa de transporte de la que Levín es accionista mayoritario, La Veloz del Norte. 
La resolución judicial, conocida hoy, resuelve también procesar a los ciudadanos Enrique Víctor Cardozo y Víctor Hugo Bocos, a quienes el juez considera prima facie autores de las torturas sufridas por Cobos en diciembre de 1976 en una comisaría de la ciudad de Salta, informó el portal noticiasiruña.com
El juez Bavio afirma en su auto que de las declaraciones coincidentes prestadas por catorce testigos surgen «evidencias suficientes para sustentar un juicio de probabilidad sobre la existencia de las torturas denunciadas». Según el juez, las torturas tuvieron por finalidad «arrancar la confesión de los acusados» en un procedimiento penal seguido a instancias de Levín, en el que se investigaba una supuesta defraudación a La Veloz del Norte por parte de un grupo de empleados.
A continuación, Bavio aclara que la existencia de las torturas en perjuicio del personal de la empresa «no se vincula a ese delito como hecho de naturaleza común -el que por más grave que sea escapa al concepto de delito de lesa humanidad- sino al perpetrado como parte de una ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil por razones políticas y gremiales».
Sobre el denunciante Víctor Manuel Cobos, el juez recuerda que su familia «ha sufrido verdaderas tragedias, con dos pérdidas irreparables por su militancia política». Agrega que el hecho cometido en su perjuicio (las torturas), independientemente de las razones de índole personal, «estuvo signado por motivaciones que excedían la causa de naturaleza común iniciada por un delito contra la propiedad, pues so pretexto de su participación en el referido proceso,» (Cobos) «fue sometido a un gravísimo castigo, cruento y desproporcionado».
A la hora de juzgar la responsabilidad de Marcos Levín, el juez recuerda que está fehacientemente acreditado que Víctor Hugo Bocos cumplía funciones en la Policía de la Provincia de Salta, a la vez que también trabajaba para La Veloz del Norte. Bavio considera acreditada «de manera nítida» la presencia del propio Levín en la Comisaría Cuarta de policía.
Según la resolución judicial, el empresario concurría a esta dependencia policial para verificar si los detenidos habían firmado una declaración en la que reconocían su culpabilidad en la supuesta defraudación que por aquellas fechas investigaba la justicia salteña.
Según los testigos, Levín circulaba por los pasillos de la seccional y entraba en horas de la noche en las oficinas de Bocos. Todo ello ha llevado al juez a concluir que Levín usó al policía Víctor Hugo Bocos como nexo para reprimir a sus empleados. De este modo -dice Bavio-, ejerciendo ese «dominio funcional» Levín logró influir en los mandos policiales para obtener «cuanto antes» (léase mediante torturas) la confesión de los acusados y así poder justificar un despido laboral que no estaba amparado en justa causa legal.
Concluye el auto de Bavio afirmando que Marcos Jacobo Levín debe responder en carácter de instigador, «por cuanto ha logrado que los coautores materiales» (Bocos y Cardozo) «realicen la actividad delictiva mediante su influencia psicológica». El juez dispuso el procesamiento de Levín sin prisión preventiva, por lo que el empresario continuará en libertad mientras se sustancie el proceso, si bien se ha dispuesto un embargo sobre sus bienes de 150.000 pesos para garantizar una eventual pena pecuniaria y las costas del procedimiento. Levin junto al entonces goberna
FuentedeOrigen:http://memoria.telam.com.ar
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“Casalla estaba ligado a la derecha y cesanteaba a compañeros”
Por Elena Corvalan
Dos testigos que declararon ayer en el juicio por crímenes de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta dieron cuenta de las tareas de vigilancia y persecución que se realizaban en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) en la década del 70.
Ambas sostuvieron que el profesor de filosofía Mario Casalla encabezó una persecución a militantes de partidos de izquierda, que fueron cesanteados y, en muchos casos, desaparecidos.
Casalla no está siendo juzgado en este proceso, pero tiene un pedido de investigación por su presunta colaboración con el terrorismo de Estado. “Casalla estaba ligado a los sectores de derecha.
Y cuando él estaba en la Universidad, dejaba cesante a muchos compañeros”, sostuvo Nora Leonard al referirse a la persecución que sufrió la docente Silvia Aramayo, cesanteada el 3 de mayo de 1975 y secuestrada y desaparecida el 24 de septiembre de 1976.
“(Casalla) tenía mucho poder y era el que organizaba todo ese sector de la derecha peronista (en la UNSa)”, ratificó Leonard. La testigo María Isabel Duarte, que militaba en la JP y conoció a Aramayo, añadió que Casalla “digitaba” la persecución y “a raíz de eso existen las cesantías de los compañeros”.
“Esa fue su misión (señalar a los militantes)”, aseguró. Leonard recordó que poco después de la asunción del gobernador Miguel Ragone, en mayo de 1973, surgieron diferencias en sectores políticos en la Universidad. Un sector, de derecha, entre los que estaban Casalla y Yolanda Fernández Acevedo, pretendía la caída del rector Holver Martínez Borelli, y otro apoyaba al rector y a Ragone.
Entre éstos se destacaba el profesor Manuel Santos y el profesor Severino Croatto, quien “estaba muy enfrentado con Casalla, una vez Casalla lo golpeó inclusive”.
En diciembre de 1974, tras la caída de Ragone (intervenido el 24 de noviembre de ese año), la Universidad fue intervenida también. Casalla integró el grupo de interventores.
Ese fin de año empezaron las cesantías de docentes, entre ellos Georgina Droz, asesinada en la Masacre de Palomitas. Entre otros, también fueron cesanteados (en distintas fechas), y luego desaparecidos, Gemma Fernández Arcieri de Gamboa, Nora Saravia, Carlos García, Néstor Oliva, Francisco Corbalán, Miguel Ángel Arra, Alberto Calou, los hermanos Tufiño, y Víctor Brizzi. “Todos los que habían apoyado a Martínez Borelli fueron dejados cesantes”, sostuvo Leonard.
Dijo que compañeras le contaron que habían sido amenazadas por Casalla. Aseguró asimismo que “se realizaban tareas de inteligencia en la Universidad”, con “gente infiltrada”, y recordó un episodio en que el militantes de la derecha peronista, entre los que nombró al policía federal Faber, a Armando Caro Figueroa y Carlos Douthat, amenazaron con armas de fuego a estudiantes. Leonard y Duarte coincidieron en afirmar que Juan Manuel Ovalle, que está siendo juzgado por el secuestro de Aramayo, tenía una relación amorosa con la joven.
Ambas aseguraron que el acusado despertaba desconfianza en el resto de compañeros, debido a que militaba en la Juventud Sindical Peronista, de derecha.
Recusada por usar el celular en audiencia
El habitual uso del teléfono celular por parte de la jueza Marta Liliana Snopek, durante las audiencias, le valió ayer que el abogado querellante David Leiva la recusara, por considerar que “está demostrando una pérdida total de imparcialidad”.
El planteo pareció enojar a la magistrada, que no esperó a que el abogado terminara para comenzar a responderle en un tono de voz subido. La recusación fue compartida por la querellante Tania Kiriaco, quien señaló que con ello estaban atendiendo a las numerosas quejas de sus mandantes, y del público en la sala, que jornada tras jornada se viene manifestando ofendido por el aparente desinterés de la jueza.
Los defensores se opusieron a la recusación y la jueza hizo un descargo en el que sostuvo que no tiene que dar explicaciones, y aseguró que puede prestar atención a la audiencia y a la vez atender consultas en otros juicios. El Tribunal rechazó la recusación.
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