LOS JUZGA UN TRIBUNAL LOS CONDENAMOS TODOS.

ALEGATO DE LA QUERELLA EN EL JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN SAN NICOLAS
Piden perpetua para los represores

Saint Amant (ex jefe del Area militar 132 entre 1975 y 1977), Bossie, (integrante del Ejército) y Muñoz (ex jefe de la Policía Federal), están acusados por los homicidios agravados de las cinco víctimas de la masacre de la calle Juan B. Justo.

Por Sonia Tessa

La abogada Ana Oberlin consideró que "la hipótesis del enfrentamiento ha sido descartada".

Prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común para Manuel Fernando Saint Amant, Antonio Bossié y Jorge Muñoz fue el pedido de las querellas en el primer alegato del juicio por delitos de lesa humanidad en San Nicolás. Los abogados desgranaron la prueba que se produjo en el proceso comenzado el 3 de julio pasado, tanto sobre la desaparición de seis militantes santafesinos entre el 21 de abril y el 5 de mayo de 1977, como de la masacre de la calle Juan B. Justo, ocurrida el 19 de noviembre de 1976. En el público, Florencia Amestoy llevó como estandarte la foto de sus primos, Fernando, de tres años, y María Eugenia Amestoy, de cinco, asesinados en ese ataque. A unas pocas butacas, el único sobreviviente, Manuel Gonçalves Granada (que tenía cinco meses) seguía emocionado los argumentos de sus abogados. En la misma sala, Fernando Alvira --hijo de los desaparecidos María Cristina Alvira y Horacio Martínez, él mismo sustraído por Saint Amant a los nueve meses-- escuchaba pero también estaba atento a su bebé, que había quedado afuera, en los brazos de la madre. Aquellos niños que fueron víctimas hoy esperan justicia.

Manuel Fernando Saint Amant era jefe del Area militar 132 entre 1975 y 1977 y está acusado por la desaparición de María Cristina y Raquel Alvira, Horacio Martínez, Rosa Baronio, Eduardo Reale y Regina Spotti, así como la sustracción de los niños Fernando Alvira (nueve meses), Martín Almada (siete meses) y Víctor Almada (un año y ocho meses). Además, junto Bossie, integrante de la plana mayor del Ejército en la misma época y a Muñoz, ex jefe de la Policía Federal, están acusados por los homicidios agravados de las cinco víctimas de la masacre.

La recopilación de los relatos de decenas de testigos del ataque de unos 50 efectivos en la casa de Juan B. Justo 676 que realizó la querella coincidieron en subrayar el intenso tiroteo sobre la casa en la que vivían Omar Amestoy, María del Carmen Fettolini, sus hijos Fernando y María Eugenia, de tres y cinco años; Ana María Granada y su bebé de cinco meses, Manuel Gonçalves Granada, el único sobreviviente, que hoy es querellante.

Sobre el ataque a esa casa, la abogada Ana Oberlin consideró que "la hipótesis del enfrentamiento ha sido descartada" y apuntó que se trató de "un brutal ataque". La profesional refutó uno a uno los argumentos de la defensa: que Amestoy y Fettolini se suicidaron. Lo contradijo con los documentos elaborados por el propio Muñoz, obrantes en el Archivo Provincial por la Memoria, en el que se habla de "delincuentes subversivos abatidos". Probó que los atacantes sabían de la presencia de niños, y aún así, tiraron gran cantidad de gases lacrimógenos. Que los niños murieron por la asfixia provocada por esos tóxicos, ya que fue la única sustancia consignada en la autopsia de Fernando. En el caso de María Eugenia, no se realizó autopsia pero la pericia consigna la misma causa de muerte que su hermano.

Oberlin les respondió a Muñoz y Bossie, que hicieron uso del derecho de defensa. "Insulta a la inteligencia de los que estuvimos en esta audiencia que Muñoz y Bossie, si sabían que podía haber delincuentes subversivos en esa casa, fueran cándidamente como lo relataron, a golpear la puerta o a pasar por enfrente", dijo la profesional. Más tarde, consideró: "También es increíble que tres poderosos delincuentes que resistieron un embate no hayan podido producir ni siquiera un rasguño a ninguno de los efectivos que atacaron la vivienda". En su extensa argumentación, dijo que Amestoy, Fettolini y Granada "eran personas que estaban en la casa durmiendo y fueron atacados, y lo primero que atinaron a hacer fue proteger a los niños".

Los abogados unificaron el alegato de las querellas particulares y las secretarías de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Nación. 

Lucas Ciarniello, Alvaro Baella y Carolina Ibáñez relataron las privaciones ilegítimas de la libertad de los seis desaparecidos, con su correspondiente prueba. Entre el 21 de abril y el 5 de mayo de 1977, estos militantes santafesinos fueron secuestrados tanto en sus casas como en la vía pública. 

Spotti compartió cautiverio con José María Budassi, que dio testimonio de haberla visto en la Brigada de Investigaciones de San Nicolás. Baronio y Reale estuvieron con otro testigo, Pablo Martínez, en un centro clandestino de detención (CCD) del Ejército, cercano a Somisa. Unos 15 días después, Eduardo compartió cautiverio con otros cinco o seis detenidos, en otro CCD, cerca de la fábrica Pratto. Las hermanas Alvira estuvieron cautivas en una comisaría cercana a Somisa y Martínez en el mismo CCD que Reale. Todos ellos continúan desaparecidos. Fernando Alvira, que tenía nueve meses cuando sus padres fueron secuestrados, quedó en custodia de un vecino por orden del propio Saint Amant. Los abuelos maternos pudieron recuperarlo después de firmar bajo extorsión un documento en el que inculpaban a sus hijas.

Los abogados señalaron que más allá de la autoría mediata, a Saint Amant le correspondía la autoría material en los secuestros de las hermanas Alvira y Martínez, así como la sustracción de los tres menores, pues existen testigos de su participación directa. Lo mismo vale para los tres acusados por la masacre, pues está acreditado que los tres estuvieron presentes.

En el final de su argumentación, Oberlin respondió directamente a los represores. "Ellos hablaron del sufrimiento de sus familias. Me parece obsceno comparar lo que significó para la familia Amestoy, que fue totalmente arrasada y el sufrimiento que pasó Manuel, causado por el accionar doloso de los acusados. No puede compararse ni por asomo con lo que significa un proceso penal. No son equivalentes", dijo la abogada, con mucho esfuerzo para contener las lágrimas. En el público, sí, la mayoría lloraba.


Los que no están en el banquillo

Los abogados querellantes Baella, Ciarniello, Oberlin e Ibáñez pidieron ayer al Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario, presidido esta semana por Beatriz Caballero de Baravani, que remita al Juzgado Federal de San Nicolás el legajo del militar retirado Luis Héctor Ponci, que fue señalado por la testigo María Inés Albuerno como uno de los que participó en el secuestro de María Rosa Baronio y Eduardo Reale. Ponci vivía a pocas cuadras de la pareja desaparecida, en el mismo barrio Don Bosco.

Las querellas también pidieron que se envíe al juez Carlos Villafuerte Ruzo la desgrabación de la indagatoria del acusado Antonio Bossié, quien mencionó al teniente primero Sálice como responsable del operativo en la calle Juan B. Justo 676. Justamente, en el principio del alegato, Ciarniello subrayó que "la mayoría de los culpables hoy no están en el banquillo, muchos de ellos están muertos. Se dieron el lujo de morir impunes". A otros acusados, Villafuerte Ruzo les dictó la falta de mérito sin avanzar en medidas de investigación. Uno de ellos fue testigo de esta causa, Ricardo Nilson Suárez.

El TOF integrado también por Omar Digerónimo y Jorge Venegas Echagüe escuchará hoy, desde las 10, en Oroño 940, el alegato de la fiscalía a cargo de Adriana Saccone, con Juan Murray como coadyuvante.
Fuente:Rosario12

Alegatos en la causa de San Nicolás
No puede ser de otra manera

Desde temprano, el martes 27 de noviembre la puerta de los Tribunales Federales de calle Oroño se encontró con una numerosa cantidad de acompañantes que se acercaron para vivir un día especial. De la mano de los abogados querellantes Ana Oberlin, Carolina Ibáñez, Lucas Ciarniello y Álvaro Baella, se dieron a conocer los alegatos en el juicio que sentó en el banquillo a los represores Manuel Fernando Saint Amant, Antonio Federico Bossié y Jorge Múñoz. Las atrocidades cometidas en San Nicolás durante la última dictadura son el foco de un nuevo juicio que ya está llegando a su fin. 
Una vez concluida la lectura del alegato, la querella pidió Prisión Perpetua y efectiva en cárcel común para los tres acusados, considerándolos coautores de los hechos penalmente responsables.

Sobre la masacre de la calle Juan B. Justo

La masacre de la calle Juan B. Justo es uno de los hechos más recordados en San Nicolás, por el impacto que tuvo en esa misma sociedad que hoy vuelve a recordar lo sucedido, y a verlo de una manera más concreta. Ocurrió el 19 de noviembre de 1976, cuando un operativo de las Fuerzas Conjuntas irrumpió en un hogar. Mataron a tiros a tres adultos, la pareja de Omar Amestoy y María del Carmen Fettolini, y a Ana María Granada. También murieron dos niños, asfixiados por granadas de gases lacrimógenos. Se trata de Fernando y María Eugenia Amestoy, de tres y cinco años. Pero por aquellas cosas del destino hubo un sobreviviente, de cinco meses por entonces. Es el hijo de Ana María, Manuel Goncalves Granada, quien sobrevivió gracias a que fue refugiado en un colchón dentro de un armario. Hoy, 36 años después, es uno de los principales testigos de la causa, y unos de los referentes de ese grupo que cada mañana de audiencia se acerca a Tribunales a acompañar el transcurso del juicio.

Quien se encargó de hacer la lectura del alegato por la masacre de la calle Juan B. Justo, fue la abogada Ana Oberlin, que en un principio se ocupó de detallar algunos datos sobre las víctimas. Se consideró de suma importancia mencionar las ocupaciones laborales, los trabajos de militancia, los datos de la vivienda, y sobre todo las persecuciones a las que los tres adultos habían sido sometidos con anterioridad, lo que los llevaría a vivir en San Nicolás bajo otros nombres.

Respecto a los hechos puntuales de aquel 19 de noviembre, Oberlin dejó en claro que a lo largo del juicio se contó con una gran cantidad de pruebas que iban desde los testimonios de los vecinos, de recortes periodísticos, actas policiales, hasta las palabras de los mismos imputados que presaron declaraciones, Bossié y Muñoz.

Una lectura recopilatoria de las declaraciones de los vecinos ayudó a dejar en claro que el recuerdo de los hechos dejó un gran impacto. La magnitud del operativo, y la crueldad con la que se actuó fue detallada por la gran mayoría de aquellos testigos. También sirvieron las declaraciones que hacían referencia a la presencia de Saint Amant en el lugar. Esto, desde un principio, comienza a colaborar en la refutación de aquella idea de que el por entonces jefe del Área Militar 132 se encontraba internado en Buenos Aires.

A partir de las declaraciones y las ampliaciones de las indagatorias de los imputados, también se logró despejar algunas teorías que, tanto los represores como sus defensores, quisieron imponer. Vale recordar que la defensa intentó relacionar el hecho de la masacre de la calle Juan B. Justo, a un operativo realizado el día anterior en barrio Las Mellizas, suponiendo para aquel 19 de noviembre un procedimiento por identificación de los habitantes del lugar. Esto no fue así, el operativo en la casa de Juan B. Justo 676 estaba totalmente programado y planificado. Alcanza para demostrarlo la declaración de un testigo que, después de los hechos y ante el impedimento de la policía para ingresar a la cuadra de la casa, vio cómo un oficial sacó una lista con los nombres de los habitantes de la cuadra y luego de corroborarlo lo dejó pasar. Para Oberlin otra prueba es el exagerado número de entre cincuenta y cien integrantes de las Fuerzas Conjuntas que fueron al operativo.

También se logró desterrar la teoría del enfrentamiento. “La hipótesis de enfrentamiento fue descartada en el juicio, además insulta la inteligencia de los que investigamos el hecho”, sostuvo Oberlin. Tampoco se pudo constatar, más allá de diversas suposiciones, que verdaderamente las víctimas hayan tenido armas de fuego consigo. Además, pericias y análisis realizados durante la causa, dejaron en claro que en las paredes de las casas de enfrente no había impactos de balas que reforzaran la idea del enfrentamiento.

“El matrimonio fue ejecutado y la hipótesis contraria fue refutada”, señaló la abogada en relación a la versión del pacto suicida entre Omar Amestoy y María del Carmen Fettolini. “Los documentos del Ejército y la Policía Federal Argentina en aquellos años hablan de que fueron abatidos, y no hablan de suicidio”, aclaró y dejó en claro que cuando realmente se trataba de suicidio, las actas e informes utilizaban el término correcto. Respecto a Ana María Granada, la pericia que dio como resultado quince impactos de balas en el cuerpo, es suficiente para darse cuenta de qué tipo de operativo se trató.

Respecto a la presencia de los niños, se confirmó que sí era de conocimiento para las Fuerzas Conjuntas. Más de un testigo recuerda a militares gritando que había niños y que los sacaran de la casa. Que su muerte se debió a la asfixia por los gases fue comprobado por aquellos especialistas que pasaron por la causa y señalaron que abundante cantidad de gases puede provocar la muerte de un niño. La supuesta quema de documentos en el baño, suceso bajo el cual los imputados pretenden justificar el lanzamiento de las granadas, fue refutado al no poderse constatar de ninguna manera. Ni los vecinos hablaron de aquel “humo negro que salía de la claraboya por la quema de papeles”. Tampoco se trató de una sola granada, y ante esto bastó escuchar a los testigos que vieron varios proyectiles restantes de aquellas armas para confirmarlo.

Para finalizar, Oberlin se ocupó de responder a los dichos de los acusados, que se atrevieron a sentirse víctimas y a detallar el sufrimiento de sus familiares por el momento que están pasando. “Es obsceno comparar lo que implicó a la familia Amestoy”, señaló a la vez que recordó el sufrimiento atravesado, tanto por dicha familia, como por Manuel Goncálves, quien aún se pregunta si tiene sentido haber sobrevivido.

Sobre el caso de los sies militantes de la J.P Montoneros desaparecidos entre abril y mayo de 1977.

María Regina Spotti, María Rosa Baronio, Eduardo Luis Reale, Horacio Arístides Martínez, María Cristina Alvira y Rosa Raquel Alvira, son víctimas de privación ilegítima de la libertad, agravada por violencia, sustracción de bienes y homicidio agravado. Tanto este caso, como el que implica a los vejámenes sufridos por el propietario de la vivienda del matrimonio Almada- Spotti, José Mastroberardino, tienen como imputado a Manuel Fernando Saint Amant.

María Regina Spotti fue secuestrada el 21 de abril de 1977, en su casa de barrio Trípoli junto a sus hijos Víctor y Martín. Este hecho lo ve su esposo, Víctor Almada, quien fue testigo a lo largo del juicio. A María Rosa Baronio la secuestraron el 4 de mayo de 1977 en la vía pública, y más tarde en su vivienda se secuestró a su pareja Eduardo Luis Reale. En este suceso, también se llevaron los bienes materiales del hogar. Por otro lado, a Horacio Arístides Martínez, a María Cristina y Rosa Raquel Alvira se las secuestra el 5 de mayo en un domicilio de barrio Santa Rosa. Allí se encontraba Fernando, hijo de María Cristina y Horacio, quien por entonces tenía nueve meses y hoy en día es uno de los testigos que pasaron por el estrado. Muchos de los detalles de este caso fueron brindados por los testigos José María Budassi y Pablo Martínez, testigos de la causa que estuvieron detenidos en distintos centros clandestinos de detención con María Regina Spotti y la pareja Baronio – Reale, respectivamente.

Según lo detallado por el abogado de la querella Alvaro Baella, en el caso de María Regina Spotti, la complicidad de Saint Amant está comprobada por un acta que lleva su propia firma. También fue muy importante el testimonio de Almada, quien pudo ver los hechos, escapar y luego emprender la búsqueda de sus hijos. Tanto en este caso, como en el de Alvira y Martínez, en lo que respecta a la tenencia de los niños estuvo implicado el cura Miguel Ángel Regueiro, quien mediante amenazas y obediencias a Saint Amant, actuó de tal manera que también llegó a ser imputado en estos casos, más allá de que hoy en día la acción penal haya extinguido por su fallecimiento.

Respecto al caso de Baronio – Reale, la serie de pruebas sobre los hechos que presentó la abogada Carolina Ibáñez comienza aún antes del día del secuestro. Tanto María Rosa como Eduardo, durante su carrera universitaria sufrieron amenazas y suspensiones, debido a su intensa militancia en la Juventud Universitaria Peronista. Estos fue comprobado gracias al testimonio de Beatriz Baronio, hermana de María Rosa, quien en su momento además explicó que las suspensiones devinieron en persecuciones políticas y debido a esto fue que arribaron a San Nicolás.

Otros testigos que pasaron por el estrado a lo largo del juicio permitieron conocer de qué manera se realizaban los procedimientos, de qué se trató el saqueo de la vivienda, y sobre todo las denuncias hechas sobre aquellos hechos. Por otra parte, algunas documentaciones también sirvieron para confirmar que el matrimonio fue privado ilegítimamente de su libertad y que el domicilio fue ilegalmente allanado y saqueado. También se probó que la casa fue ocupada por integrantes del Ejército una vez realizado el operativo. El testimonio de Pablo Martínez, por su parte, dio prueba de que el matrimonio estuvo secuestrado en un centro clandestino de detención.

En cuanto al caso que involucra como víctimas a Horacio Arístides Martínez, María Cristina y Rosa Raquel Alvira, la lectura del alegato fue realizada por Lucas Ciarniello. En una serie de puntos, se logró probar cada uno de los argumentos detallados a lo largo de todo el juicio.

La historia de vida de las hermanas Alvira, y la relación de María Cristina con Martínez, fue comprobada por la declaración de la hermana de ellas, Adriana Alvira, quien también detalló que la pareja se mudó a San Nicolás y tuvieron a su hijo, Fernando.

En lo que respecta a los hechos, la presencia del Saint Amant se corroboró con el testimonio del testigo Perazzo, vecino de la casa que recibió de los brazos del mismo Saint Amant al pequeño Fernando. El secuestro de los muebles también lo describió Perazzo, puesto que pudo ver cómo se llevaban las cosas en un camión. El resto de los hechos fue construyéndose con el relato de varios testigos que brindaron sus versiones, así como también sirvieron diversas actas que constataron, por ejemplo, la devolución de los muebles por parte del Ejército. El testigo Pablo Martínez declaró que también estuvo detenido en un centro clandestino junto a María Cristina Alvira, lo que sirvió para constatar que también estuvieron secuestrados. Posteriormente, la desaparición y el asesinato de estas víctimas quedó asentado con el relato que Adriana Alvira realizó sobre la búsqueda de sus familiares, que ante tanta desesperación llegó a la realización de un Habeas Corpus, y hasta el envío de cartas al propio Jorge Rafael Videla.

Otro calvario para la familia Alvira fue el que tuvieron que atravesar hasta conseguir la tenencia de Fernando. Desde incansables pedidos hasta el encuentro entre Regueiro y el padre de María Cristina, en donde el Capellán amenazaba con no darle la criatura si no firmaban un documento que afirmaba que sus hijas eran “delincuentes subversivos”.

La mayor parte de este juicio ya está concretada. La verdad de todos los hechos reavivó su fuego con la contundencia de la memoria y las pruebas recolectadas en tantos años. De ahora en más queda esperar a una Justicia justa, que le dé a los imputados la pena merecida. No puede ser de otra manera, Prisión Perpetua y efectiva en cárcel común, para que todas las víctimas y los familiares que hoy siguen luchando tengan la paz que tanto se merecen.

Publicado el: 29/11/2012 

Por Martín Stoianovich.

Fuente:enREDando

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"EL AGUANTE"

Fotos:Graciela Borda Osella