PARA EMPEZAR, UN POLICIA
Por Emilio Ruchansky
DETUVIERON A UN OFICIAL DE LA BONAERENSE ACUSADO DE TORTURAR AL JOVEN UNOS MESES ANTES DE SU DESAPARICION
Primer paso en el caso de Luciano Arruga
Por orden de un juez de La Matanza, detuvieron al oficial Julio Diego Torales, señalado por Luciano Arruga como quien lo torturó cuatro meses antes de que fuera detenido y desaparecido. Los fiscales lo acusan de “severidades” en lugar de “torturas”.
Por Emilio Ruchansky
Vanesa Orieta, en la puerta del ex destacamento de Lomas del Mirador, con Pablo Pimentel, de la APDH-La Matanza.Imagen: Rafael Yohai
El oficial de la Policía Bonaerense Julio Diego Torales fue arrestado el lunes por la noche e indagado ayer por el delito de “severidades y vejaciones” contra Luciano Arruga, desaparecido cuatro meses después de las torturas a Luciano ocurridas el 22 septiembre de 2008. Torales es el primer detenido en el marco de las distintas denuncias hechas por el caso Arruga y ante los fiscales negó haber golpeado al joven, pero confirmó su presencia ese día en la seccional de Lomas del Mirador, partido de La Matanza. “Es un paso importante porque fortalece la hipótesis de la desaparición por mano de la policía al revelar los hostigamientos previos que sufría Arruga”, explicó Paula Litvachky, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La detención se produjo once días después de que este y otros organismos defensores de los derechos humanos reclamaran públicamente avances en la investigación.
La hermana de Arruga, Vanesa Orieta, recordó a Torales “como el que ponía la cara y entraba y salía de la cocina donde lo torturaban a Luciano”. El sospechoso trabajaba hasta el lunes en la comisaría segunda de Gregorio de Laferrère, donde fue detenido el lunes a la noche por agentes de Asuntos Internos de la misma fuerza. Torales no está mencionado entre los ocho policías, aún en actividad, que estarían involucrados en la desaparición de Arruga, el 31 de enero de 2009. Su detención fue ordenada por el juez de Garantías 5 de La Matanza, Gustavo Banco, a pedido de los fiscales Carlos Arribas y Celia Cejas, por una causa derivada del expediente principal caratulado como “averiguación de paradero” de Arruga. Torales fue puesto ayer en disponibilidad preventiva.
“Se llegó a investigar estas torturas extrayendo tres testimonios de la causa principal: el de la hermana y la madre de Luciano y la médica que atendió a Luciano en el policlínico de San Justo. Son testimonios que ya estaban hace cuatro años”, explicó Juan Manuel Combi, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, que representa a la familia Arruga junto al CELS. Ayer declaró en calidad de testigo una agente en la seccional de Lomas del Mirador, agregó Combi. El 22 de septiembre de 2008, Arruga fue detenido “por averiguación de antecedentes”, por una denuncia de robo de celulares a tres jóvenes. “Eso de llevarse a alguien por averiguación de antecedentes es ilegal pero además Luciano tenía 16 años, es decir, era menor y la seccional no tenía celdas, eran sólo un hall, dos oficinas, un baño y una cocina, donde lo terminaron torturando”, aclaró el abogado de la APDH. Arruga, comentó Litvachky, estuvo siete horas privado ilegalmente de su libertad y la paliza fue tan grande “que casi no podía caminar al salir”.
Orieta, junto a su madre Mónica Alegre, asistió a esa seccional para pedir que lo liberen. “El que nos atendió fue Torales. Era un teniente primero que iba y venía a la cocina, o sea, que sabía y nos maltrató bastante. A cada rato escuchábamos los gritos de Luciano cuando se abría la puerta. Fue un momento desesperante porque no nos dejaban verlo”, relató a Página/12 la hermana de Arruga. El joven tenía un certificado de documento en trámite, por lo que los policías sabían que era menor y no podían retenerlo. “Deberían haberlo llevado al hall y llamar a la familia”, dijo Orieta.
En medio de la discusión con los policías, contó la hermana de Arruga, oyó gritar a Luciano: “¡Vane, sacame de acá porque me están cagando a palos!”. En medio de toda la tensión, dijo Orieta, ella y su madre optaron por mantener la calma. “En la comisaría mandan ellos. Si hacés más escándalo puede que lo liberen pero también que le peguen más”, explicó la joven. A la salida, Luciano se negó a hacer la denuncia porque lo habían amenazado de muerte y Orieta lo convenció de ir hasta el policlínico de San Justo para que lo revisaran y tener alguna constancia de lo ocurrido. “Obviamente, no es lo mismo que una persona sea revisada por un médico legista que por un médico de guardia, que cura y sólo pone generalidades en la historia clínica”, observó Litvachky. Luego de la desaparición, ocurrida el 31 de enero de 2009, Orieta pidió hablar con la fiscal Roxana Castelli –quien tiene un jury de enjuiciamiento pedido por la querella por su labor en esta causa– para contarle éste entre otros hechos de hostigamiento de la policía hacia su hermano, pero no fue recibida. “La fiscal le mandó a presentar una denuncia por escrito, en la que constan esa detención y otras detenciones y la tortura”, recordó la abogada del CELS.
Esa mención escrita fue recogida luego por la fiscal Cejas, quien confirmó las lesiones con el centro médico. Hace cuatro meses, agregó Litvachky, el CELS y los familiares de Arruga se presentaron ante la fiscalía para pedir que avance al menos esta causa en particular porque había suficientes elementos de prueba. “A Torales se le imputa el delito de ‘severidades’ cuando en el mismo relato de la familia queda claro que se trató de torturas. Un delito más grave, que incluye la prisión preventiva y tiene penas de cumplimiento efectivo”, señaló la letrada.
El Código Penal establece para las “severidades y vejaciones” penas de uno a cinco de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena recibida. Por torturas las penas van de 8 a 25 años, como en casos de homicidios. “Además, si se encuadra en torturas, el solo hecho de presenciarlas y no impedirlas o denunciarlas se toma como comisión por omisión y el castigo se equipara con los previstos para la tortura”, explicó el abogado Combi.
Para Litvachky, el Ministerio Público Fiscal bonaerense y la cartera de Seguridad de esa provincia deberían acercar los registros del personal policial que trabajó en la seccional la noche de la golpiza, si es que tienen voluntad política para impulsar la investigación. “Sabemos que había más agentes ese día pero la planilla no sabemos si existe, por las irregularidades que ya notamos cuando investigamos la desaparición. Muchas planillas estaban fraguadas”, dijo la abogada. Según evaluó, esta detención en el marco de una causa más pequeña “puede mover información y revelar cosas propias del expediente principal”.
Torales se declaró inocente ayer y si no cambia su imputación, su defensa seguramente solicitará su libertad, ya que el delito que se le imputa es excarcelable. Combi no descartó que este acusado pueda tener relación con la desaparición posterior, aunque no figure entre los ocho uniformados denunciados. “Yo no creo que ignorara lo que pasaba, más allá de que haya participado o no. Sería bueno ahora que aporte más información a la causa principal”, dijo Orieta.
LA JUSTICIA SIGUE BUSCANDO A LUCIANO COMO SI SE HUBIERA FUGADO DE SU CASA
Cuatro años de pura inercia
La causa sigue caratulada como “averiguación de paradero”. La familia y sus abogados pidieron en diciembre el cambio a la Justicia federal, el jury a la fiscal Castelli y que el caso se investigue como una desaparición forzada.
Por Horacio Cecchi
Luciano junto a su abuela. El chico fue víctima de la Bonaerense por negarse a robar para ellos.Imagen: Carolina Camps
El sábado 31 de enero de 2009 es la fecha señalada como de la desaparición de Luciano Arruga, aunque se hubiese ido construyendo bastante antes, digamos desde que el chico cayó dentro de la esfera de control de la Bonaerense, por edad, por geografía y, especialmente, por portación de piel. Ese día, uniformados de la Bonaerense lo levantaron de la calle y, según declaraciones de detenidos, lo trasladaron al destacamento de Lomas del Mirador, el mismo donde había sido torturado en septiembre del año anterior –causa por la que recién cuatro años y medio después fue detenido el oficial principal Julio Diego Torales (ver aparte)–. Nunca más lo vieron.
La investigación por la desaparición de Luciano Arruga en realidad nunca existió. La fiscal 7 de La Matanza, Roxana Castelli, la primera que tomó el caso, abrió un expediente por “averiguación de paradero”, como si se hubiera tratado de una travesura o un enojo del chico, pese a los antecedentes que presentó la familia y la cantidad de pruebas que fueron apareciendo después. Y, simultáneamente, Castelli encargó la búsqueda a los mismos bonaerenses que eran denunciados por la familia. Durante un mes y medio, la fiscal no recibió a Vanesa Orieta y Mónica Alegre, hermana y madre de Luciano Arruga, y jamás modificó el trámite. Es decir, al día de hoy el chico sigue siendo buscado como si, sencillamente, se hubiera perdido. Castelli es la misma fiscal a la que los familiares, junto al CELS y la Comisión Provincial por la Memoria, pidieron en diciembre pasado que sea investigada para iniciarle un jury. Esa misma fecha anunciaron el pedido de cambio de carátula, de “averiguación de paradero” a “desaparición forzada”.
La causa pasó a la fiscal Nº 1, Cecilia Cejas, y se sumó luego el fiscal Carlos Adrián Arribas, que recién tres años después de la denuncia imprimieron algún movimiento a la investigación. De hecho, la causa conexa por torturas que derivaron en la detención de Torales (ver aparte) fue instruida por ellos. Pero los movimientos no resultaron suficientes. Recién en el último año se realizaron algunas medidas, pero con datos provistos por la familia desde prácticamente el inicio.
En su recorrido, la causa principal tuvo sus paradojas absurdas: luego de que Luciano fuera torturado en septiembre de 2008, ni el chico ni su familia decidieron hacer la denuncia por temor. Pero después de su desaparición, la madre y la hermana de Luciano denunciaron los antecedentes.
La medida que tomó el entonces ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, fue pasar a disponibilidad a los ocho policías denunciados. Para esa fecha, los datos que pudo aportar la familia eran mucho menores que los que se presentaron ocho meses después: ya se contaba con el peritaje de los equipos de perros dispuestos para la investigación, que detectaron rastros de Luciano en el destacamento de Lomas del Mirador; también en el monte Dorrego; al menos en un patrullero. Además, por el sistema de GPS específico de la Bonaerense detectaron patrulleros en el monte Dorrego, que no debían encontrarse en ese lugar por el recorrido que tenían asignado; además de otros patrulleros salidos de su jurisdicción; nunca pudieron justificarse esas irregularidades; como tampoco pudo justificarse la presencia de uniformados fuera de las jurisdicciones donde se debían encontrar.
Pero curiosamente, cuando los abogados de la familia lograron reunir y presentar semejantes datos, Stornelli reincorporó a los disponibles. El propio ex ministro, incluso, presentó una denuncia ante la Justicia en la que aseguraba que la Bonaerense reclutaba jóvenes para robar autos para proveer a desarmaderos, cuando poco tiempo antes había rechazado los planteos de la familia de Luciano, que denunciaba que el chico había sido víctima de la Bonaerense porque se había puesto difícil a su reclutamiento.
En agosto del año pasado, los familiares de Luciano denunciaron que “el viernes 3 de agosto a las 23.30, Mario, de 16 años, hermano de Luciano Arruga, fue perseguido por un auto Duna color champagne, sin patente. Luego se bajaron dos personas, un uniformado y otro de civil, de la Policía Bonaerense, y lo hostigaron. Lo pusieron contra la pared, le hicieron exhibir el celular y le incriminaban un hecho de muerte de un policía en el barrio”.
Dos semanas después, Daniel Scioli recibía a Orieta por primera vez desde que había desaparecido Luciano. Durante el encuentro, Vanesa reclamó tres puntos al gobernador: “Le dijimos que habían pasado tres años y siete meses desde que desapareció mi hermano, para que nos recibiera –contó a Página/12 en aquella oportunidad–. El lamentó no habernos recibido antes. Le dijimos que los ocho policías que acusamos siguen trabajando en diferentes destacamentos y le reclamamos que los destituyera de la policía. También le aclaramos que la causa todavía figura como ‘averiguación de paradero’ y que hace falta que la investigación tenga mayor acompañamiento político. Nadie está buscando a Luciano hoy en día. Le pedimos que, como máximo referente de la política de la provincia, tenga presencia en la causa. Y le dijimos que se respetara la participación de los familiares y amigos en el espacio que habíamos recuperado del ex destacamento, pero que en este momento nos dificultan entrar”.
Del compromiso de Scioli por el momento no se cumplió nada. Los uniformados siguen en funciones; aunque no es resorte directo del gobernador, la causa sigue como averiguación de paradero; la única presencia de Scioli en la causa fue aquella reunión; y en relación con la recuperación del espacio del ex destacamento, incluso están trabadas las medidas de ampliación pedidas para que el Equipo de Antropología Forense analice pruebas en el pequeño terreno que ocupa el local.
Ahora, el CELS, la CPM y la APDH, que acompañan a la familia en el largo itinerario por la verdad, aguardan la prosecución del pedido que presentaron en diciembre pasado: paso a la Justicia federal, pedido de enjuiciamiento a Castelli y que se abandone la “averiguación de paradero” por “desaparición forzada”, una carátula más apropiada a las pruebas y a la historia de la Bonaerense.
UN INFORME DEMOLEDOR
Ojos que sí ven
Por Horacio Cecchi
A fines de febrero de 2009, es decir, un mes después de denunciada la desaparición de Luciano Arruga, un informe oficial del Programa Antiimpunidad del gobierno nacional había comprobado las denuncias de la familia del joven que vinculaban a la Bonaerense con su desaparición, pese a que la Justicia analizaba el caso como “averiguación de paradero”. El nombre de Torales, el bonaerense detenido ayer, no fue conocido recién ahora. Figuraba en ese informe como responsable de las torturas sufridas por Luciano. La investigación la realizó la abogada Claudia Cesaroni y la presentó como informe los primeros días de marzo.
El informe, presentado el 2 de marzo de 2009 al Programa Antiimpunidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y al que tuvo acceso Página/12, se titula con el nombre del joven, “Luciano Nahuel Arruga”, y comienza sosteniendo que “desapareció el 31 de enero de 2009, en una zona límite entre Ramos Mejía y Lomas del Mirador”. Continúa señalando que “tiene 16 años, cumple 17 el 29 de febrero”, y agrega que “Vive con su mamá”.
Agrega que “Luciano tiene relación cotidiana y muy cercana con su hermana por parte de madre, Vanesa (26), que vive cerca de su casa”. Luego continúa con el último dato que se tuvo de él: “Cuando Luciano desapareció, se habría dirigido a casa de Vanesa. No la encontró y volvió para su casa. A la 1.30 del sábado 31 de enero, lo ven unos vecinos, de una panadería del barrio. Le gritan ‘¡peruano!’ (así lo llaman habitualmente), pero no contesta y sigue su camino. Es la última vez que alguien lo ve”.
Después, inicia el derrotero que va confirmando paso a paso lo que la Justicia se negó a vincular hasta la fecha, la relación directa entre la desaparición de Luciano y las detenciones previas. En 20 líneas, la abogada Claudia Cesaroni, criminóloga, autora entre otros de La vida como castigo e integrante del Cepoc, describió las dos detenciones previas tal como se las informó Vanesa: se refirió a la ocurrida en agosto de 2008, por “personal de calle de la comisaría de Don Bosco, un policía de apellido Pérez conocido en la zona porque hostiga permanentemente a los jóvenes, por ‘averiguación de antecedentes’”, mientras “cartoneaba” con tres amigos. También informa que en esa comisaría “le pegan algunos ‘cachetazos en la nuca’”. La segunda detención corresponde al 22 de septiembre de ese año y es la que motivó, cuatro años y meses después, la detención del ahora oficial principal Torales.
A Luciano lo detienen por robar “un MP3 a dos jóvenes con los que se cruza, sin armas y sin ejercer violencia física sobre ellos”. Señala que lo mantuvieron “detenido durante diez horas en el Destacamento de Lomas del Mirador. Cuando Vanesa lo va a buscar, y mientras un policía de apellido Torales (teniente) está hablando con un fiscal cuyo nombre desconoce, preguntándole qué hacer con Luciano, que no tenía documentos, escucha que su hermano grita porque le están pegando. Ella también grita, y cree que sus gritos son escuchados por el fiscal, porque se encontraba muy cerca del teléfono”.
El dato que proporcionó el informe no se transformó luego siquiera en una pretensión de hipótesis para la Justicia. Cuando alrededor de las 20 fue entregado a su madre, los policías le auguraban, “‘Bueno, Negrito, callate porque te vamos a volver a meter’”.
En su informe, Cesaroni visitó los destacamentos de Don Bosco y de Lomas del Mirador donde había estado detenido Luciano. En este último incluso entrevistó al propio Torales que, según señala el informe, “había sido denunciado por el joven como quien le había pegado durante las horas que estuvo en el lugar”. Torales, está de más decirlo, lo niega y dijo que el chico había estado sentado y le habían dado galletitas.
El último párrafo del informe, fechado el 27 de febrero de 2009, es sugerente: aconseja a “la familia de Luciano que se presente con un/a abogado/a, porque la actuación de oficio de la fiscalía parece insuficiente frente a un caso como el presente. Además, descartan de plano la intervención policial, por lo cual esta hipótesis debería sostenerse por parte de la familia”.
Fuente:Pagina12
No hay comentarios:
Publicar un comentario