05 de Febrero de 2013
Fernando "Chino" Navarro culpó por "obstaculizar" investigaciones vinculadas con el narcotráfico y su par Marcelo Saín (Nuevo Encuentro) la calificó como "retrógrada".
Marcelo Saín culpó a la fuerza de "obstaculizar" investigaciones vinculadas con el tráfico de drogas. Además, el diputado provincial Fernando "Chino" Navarro la responsabilizó por obstaculizar causas relacionadas a con crímenes de la última dictadura.
El accionar de la policía cordobesa recibió duras críticas: el diputado bonaerense Fernando "Chino" Navarro (Frente para la Victoria) culpó por "obstaculizar" investigaciones vinculadas con el narcotráfico y su par Marcelo Saín (Nuevo Encuentro) la calificó como "retrógrada" y denunció al gobierno cordobés por "obstruir" investigaciones sobre la última dictadura.
Navarro aseguró que la policía cordobesa "obstaculizó" investigaciones vinculadas con el narcotráfico, llevadas a cabo por la policía aeroportuaria en la provincia, y destacó: "Esto no hace más que comprobar el accionar de la policía de Córdoba, que suma antecedentes de violencia y represión".
"Nosotros pedimos la renuncia del jefe de la Policía de Córdoba, Ramón Frías, luego de que se hiciera pública en el diario Tiempo Argentino la denuncia por intimidaciones al hijo de una víctima de la dictadura", aseveró Navarro.
Frías fue denunciado por amenazar de muerte a un comisario retirado que investiga el asesinato de su padre, ocurrido en 1976, y que se encuentra en el programa de Protección a Testigos de delitos de lesa humanidad.
Por otro lado, el diputado recordó: "Este sábado realizamos una denuncia desde el Movimiento Evita porque cinco oficiales de la Policía de Córdoba apuntaron con armas a tres jóvenes militantes de la JP Evita, dos de ellos menores de edad, y los agredieron y amenazaron con matarlos y desaparecerlos".
Según el diputado, el hecho sucedió cuando los jóvenes regresaban de las jornadas solidarias que se realizaron en la ciudad de Rosario, los días 26 y 27 de enero, para repudiar el ataque a tres jóvenes de esa organización por parte de "soldados" narco en el barrio Nuevo Alberdi de esa ciudad, ocurrido días atrás.
Asimismo, Navarro destacó: "Las fuerzas policiales no han sido recuperadas luego de la dictadura, estas prácticas demuestran que no nos defienden, por lo que creo fuertemente que es una asignatura pendiente de la democracia, revisar el rol de las fuerzas de seguridad".
En tanto, Sain, quien también es ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), denunció este martes que el gobierno de Córdoba "tiene la actitud de obstruir todo tipo de investigación sobre la D2 (Dirección de Inteligencia Provincial)", acusada de asesinatos durante la última dictadura militar.
En relación al caso de la denuncia de Frías, Sain aseguró que el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, "Alejo Paredes tiene estrechas vinculaciones con los viejos jefes de la D2" y remarcó que la policía de Córdoba "es una de las más retrógradas y miltarizadas de la Argentina".
"A diferencia de otras policías, la de Córdoba no fue depurada en forma inmediata después de la última dictadura militar y el grupo que conducía la fuerza continuó durante el gobierno de (Raúl) Alfonsín", explicó el ex interventor de la PSA.
Por ello, agregó el diputado provincial, "los oficiales que hoy son jefes se formaron con ese grupo que viene de la última dictadura".
Sain también recordó que cuando conducía la PSA y Alejo Paredes era jefe de la Policía de Córdoba, en el marco de un allanamiento a un domicilio con documentación vinculada a delitos de lesa humanidad, "se produjo un enfrentamiento" entre ambas fuerzas.
"Cuando estábamos por entrar en la casa del comisario Argüello (Américo Domingo, ex jefe de la policía de Córdoba en 1974), rápidamente se presentan varios patrulleros. El objetivo de la policía provincial era obstaculizar la investigación", relató Sain, en declaraciones que publica MinutoUno.com.
Sobre el perfil que trazó de Paredes, el actual legislador de la provincia de Buenos Aires explicó además que "empezó como jefe de custodia de De la Sota y continuó como jefe de la policía de Córdoba durante el gobierno de Schiaretti (Juan)".
También, Sain cuestionó que "el de Paredes es uno de los pocos casos en que un policía se desempeña como ministro de Seguridad", a la vez que señaló que la policía de Córdoba está "muy vinculada a la DEA (agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas) y, por ende, al tráfico de drogas".
"La DEA tiene lazos muy fuertes con algunas policias y en el 2006 su primera base en la Argentina la quiso instalar en Córdoba", agregó al respecto.
El prontuario de los jefes policiales de De la SotaLa maldita cordobesa
07.02.2013
Quiénes son y qué hicieron Ramón Angel Frías y Daniel Alejo Paredes, los máximos funcionarios de Seguridad de la provincia. Aprietes, amenazas, desapariciones, homicidios y la defensa a ultranza del Código de Faltas, que permite la persecución ideológica.
El reciente nombramiento de Ramón Ángel Frías al frente de la policía cordobesa trajo a la primera plana de los medios nacionales el debate sobre cuánto se adecuaron a los tiempos democráticos las fuerzas de seguridad y en qué medida siguen manejándose con la lógica del terrorismo de Estado. La decisión de poner a Frías en el cargo fue tomada a fines del año pasado por el ministro de Seguridad provincial, Daniel Alejo Paredes, el ex jefe policial elegido por José Manuel de la Sota para hacerse cargo de un eje que es parte esencial de su proyecto presidencial. De esta manera, el gobernador de la provincia mediterránea busca perfilarse como un hombre de mano dura, planteando como principal política empoderar cada vez más a la policía, que todavía no puede despegarse de sus lazos con la dictadura, que se constatan día a día, ante la catarata de denuncias de amenazas, apremios, torturas y hasta desapariciones. Las víctimas, preferentemente jóvenes.
Detrás de la dupla Paredes-Frías hay una fuerza con comisarías denunciadas por extorsiones y también por “fabricar” cifras, es decir, producir detenciones arbitrarias con tal de llenar un mínimo por turno. Todo sea para satisfacer las ansias de más seguridad, una seguridad que en Córdoba –y en todo el país– se muerde la cola: a más policías con más poderes, pareciera haber mayor inseguridad. La policía de Córdoba tiene más de 20 mil efectivos. Si se toma la cantidad de policías per cápita, la fuerza cordobesa es una de las más numerosas del país. Según informó el gobierno provincial, hay un efectivo cada 168 personas; en las provincias de Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires esa relación es de 188, 205 y 273 habitantes por cada agente, respectivamente.
No bien fue nombrado, Frías quedó en el centro de la polémica. Pesaba en su contra una denuncia, de 2009, por amenazar al por entonces comisario Julio Giménez, querellante y testigo en una causa de derechos humanos. Giménez sostiene que Frías le dijo “vas a tener el mismo fin que tu papá”. Se refería a Alberto César Giménez, que era secretario general del gremio de Pasteleros y fue asesinado en febrero de 1976, según todo indica por el Comando Libertadores de América, organización parapolicial. Giménez, que en ese entonces tenía 11 años, entró a la policía para esclarecer el crimen. Pero desde hace tres años recibe amenazas y todo tipo de inconvenientes administrativos. El último apriete que sufrió, según denunció, se produjo apenas unas horas después de que Frías quedara a cargo de toda la policía cordobesa en reemplazo de Sergio Comugnaro. Fue el 28 de diciembre último. Unas horas después, unas motos policiales siguieron a Giménez hasta su casa, donde vive con su mujer y su hijo de 9 años. Apenas pudo hacerlo, el ex comisario amenazado efectuó la denuncia en la Justicia.
Ante el poco eco que dice haber encontrado con las autoridades locales, el ex policía viajó el pasado miércoles 6 de febrero a Buenos Aires junto a su abogado, Hugo Vaca Narvaja, para entrevistarse con el ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda. “Frías está investigado en la Justicia federal y lo ascienden a jefe de policía. En Córdoba, la policía trabaja con los mismos métodos de la época de plomo de la represión. Sólo que son más diplomáticos. Siento pena, si a mí me hacen esto de apretarme, sabiendo que soy policía, ¿qué le queda al ciudadano común?”, se preguntó Giménez en diálogo con esta revista, instantes antes de entrar a hablar con los funcionarios nacionales. El tema cobró relevancia luego de la publicación de una nota de Guillermo Posadas, en la edición cordobesa de Veintitrés, que a su vez levantó el diario Tiempo Argentino, en la que Giménez responsabilizó al gobernador provincial por su seguridad. “¿Cómo puede ser que De la Sota desconozca el tema? Comprendo que tiene una apretada agenda laboral y asuntos más importantes que el mío, pero nadie me llamó de su parte para interesarse. Lo hago responsable de cualquier cosas que me pase a mí o a mi familia”, advierte Giménez, que conoce muy bien a quienes están al frente de la seguridad en Córdoba. “A Paredes lo conozco bien. Fuimos compañeros de promoción, hermanos de camada. En 2007, cuando asume, nos cita a todos los integrantes de la promoción, uno por uno, a ver qué necesitábamos. Le dije que había denunciado el asesinato de mi padre en la fiscalía, como crimen de lesa humanidad. Le dije que quería que se entere por mi boca, yo no sabía de su vínculo con Yanicelli. Me abrazó y me dio un beso, el beso de Judas. Me dijo: ‘No te hagas problema, en lo que te pueda dar una mano te la voy a dar’”.
Carlos “Tucán” Yanicelli era policía, actualmente se encuentra detenido por el rol que jugó en la dictadura como integrante de la D2, la dirección de investigaciones de la policía cordobesa, que funcionó como centro clandestino de detención.
El ministro Paredes nació el 3 de marzo de 1963. Siendo oficial principal, fue parte de la brigada de Yanicelli. Constituyeron un vínculo perdurable: el “Tucán” es padrino del hijo más grande de Paredes, que prefiere mostrar en público su costado cosmopolita. De la mano de la politóloga Alejandra Monteoliva, consultora de la gobernación cordobesa, forma parte de la Asociación Colombiana de Criminología. Según asegura en su currículum, hizo sus especializaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Policía Nacional Francesa y la Policía de Israel, “promovido por la industria militar israelí”, según dice el CV, donde asegura que hizo un curso SWAT en Nueva Laredo, Texas, entre otros entrenamientos. Fue jefe del Equipo Táctico Especial Recomendado (E.T.E.R.) de 2001 a 2007 y jefe de la División Antisecuestro entre 2004 y 2006. Llegó a jefe de la policía cordobesa en 2007 hasta 2011, cuando De la Sota lo nombró ministro.
Para Hugo Vaca Narvaja, abogado de derechos humanos, los vínculos entre la policía del presente con la del pasado dictatorial son evidentes. Según recordó, durante el terrorismo de Estado “todo militante que detenían, todo supuesto delincuente subversivo, pasaba por el D2, donde lo tenían una semana o diez días torturándolo”. Y agregó que “en el año ’94 Luis Urquiza, que era policía, fue secuestrado y torturado y se tuvo que exiliar, denunció que quienes lo habían torturado habían sido sus compañeros en la policía. Se lo comunicó al hoy diputado nacional Oscar Aguad, que era ministro de Gobierno, quien le ofreció seguridad. A Urquiza luego lo amenazaron y se tuvo que ir a Dinamarca”.
Vaca Narvaja confirmó que Carlos “Tucán” Yanicelli era integrante del D2 y fue instructor de la escuela de policía. “Durante el gobierno de Mestre llegó a número 3 de la policía provincial. En el juicio a Videla le dieron cadena perpetua, se lo identifica como uno de los que llevaban y torturaban a la gente. Por eso la trascendencia del tema cuando Frías amenaza a Giménez y le dice ‘dejate de joder con eso del D2’. Frías es hijo de un policía que actuó en la misma época que actuaba Yanicelli. No sabemos si el padre de Frías tuvo alguna conexión o no con el D2, lo estamos investigando”, relató el abogado.
A través de su currículum se puede saber que Frías es técnico superior en Seguridad y concluyó las carreras de Abogacía en la Universidad de Córdoba y la Licenciatura en Seguridad en Villa María. Nació el 1 de junio de 1961 y fue titular de las seccionales 6ª y 7ª de 2001 a 2004, jefe del Comando de Acción Preventiva 2005, jefe de la Departamental Punilla nombrado en 2007 hasta 2009, cuando fue ascendido a comisario general y designado integrante del Estado Mayor Policial y director general de Departamentales Sur. Luego se desempeñó como director general de Seguridad Capital en 2012. En su trayectoria, Frías tuvo una serie de causas penales que prescribieron, pero que aún generan dudas. Fue acusado de extorsión, de lesiones culposas e incluso fue sospechoso de dos homicidios. Sin embargo, las investigaciones no prosperaron y nadie pudo demostrarle nada.
Hasta el momento, su mayor exposición mediática había sido en oportunidad de dirigir la represión contra la marcha de estatales, el año pasado, donde los manifestantes y legisladores opositores denunciaron que la policía actuó de manera desproporcionada. También es conocido por sus declaraciones en defensa del Código de Faltas, una normativa muy criticada en la provincia por los defensores de los derechos humanos que sostienen que criminaliza a la juventud, ya que son quienes sufren en carne propia la aplicación de esa normativa. Las últimas cifras, de 2010, indican que el total de detenciones por el Código de Faltas informadas por los distintos departamentos de la provincia ascienden a 54.223. Un 44% son jóvenes de entre 18 y 25 años; 8% de entre 26 y 35; más de 45 años, el 17,4%; de 36 a 45 años, el 8,7%; y menores de 18 años, el 5,2%. De acuerdo con la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, en Córdoba, “cada 10 minutos se llevan a un pibe detenido por el Código de Faltas”.
Viviana Alegre, madre de Facundo Rivera Alegre, que tenía 19 años y está desaparecido desde el 19 de febrero de 2012, no tiene dudas: “A mi hijo lo desapareció la policía y del gobierno provincial nunca me ayudaron en nada, hasta me quisieron silenciar”, dijo la madre en conversación con esta revista. Su repudio al nombramiento de Frías es rotundo: “Con él va a ser peor, es un amante del Código de Faltas, que le da autoridad a la policía para comportarse como juez, la jefatura policial hace que cada policía detenga por lo menos a 10 personas”. La madre también denuncia que la policía y el gobierno quieren aplicar el Código de Faltas en las manifestaciones sociales. Sin embargo, no se deja amedrentar y anunció que el primer aniversario de la desaparición de su hijo realizarán una marcha y festival para denunciar el caso, que tiene muchas semejanzas con el caso Luciano Arruga en la provincia de Buenos Aires.
A partir de lo que denuncia Alegre sobre la exigencia de un mínimo de detenciones por día que se les hace a los policías, se produjo uno de los casos de jefes sospechados por su mal proceder. El comisario Pablo Márquez, que era jefe de División del Comando de Acción Preventiva, es investigado por abuso de autoridad a raíz de una denuncia efectuada por una policía que lo acusó de ordenar detenciones arbitrarias para elevar las estadísticas policiales, más allá de si los detenidos hubieran cometido o no contravenciones o delitos. La denunciante fue amenazada de muerte. La investigación judicial sigue, pero se sospecha que esto es una práctica extendida a toda la fuerza.
En diálogo con esta revista, el referente provincial del Movimiento Evita, Ricardo Vissani, que estuvo en el D2 detenido, exigió “la inmediata renuncia de Frías”. Para el dirigente, el Código de Faltas es “medieval”. El Movimiento Evita denunció un brutal caso de abuso policial hacia militantes juveniles de la organización. Sucedió el pasado 26 de enero, cuando unos jóvenes que venían de “Jornadas Solidarias” por sus compañeros baleados en Bº Nuevo Alberdi, Rosario (ver recuadro), uno de 19 años y dos menores, iban en taxi al Barrio Comercial. Fueron interceptados por un control policial. Al ver sus remeras, los arrojaron violentamente al piso, los apuntaron con armas largas y revisaron todas sus pertenencias, al tiempo que los amenazaban diciéndoles “ustedes son todos terroristas, los conocemos bien, sabemos dónde viven, si queremos los hacemos desaparecer”. Visanni llamó a que “se terminen los nexos que mantuvieron lamentablemente los dos gobiernos radicales y los peronistas entre comillas que gobernaron hasta ahora la provincia”.
En el Informe 2012 de la Coordinadora Anti Represiva de Córdoba se puntualiza que “los gobernantes otorgan más poder a las fuerzas de seguridad, cobra mayor evidencia la connivencia entre los agentes policiales y sus cúpulas de mando, con el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas para la explotación laboral y sexual y demás entornos y actividades delictivas. La Policía de la Provincia de Córdoba promueve la actividad delictiva”. Lucrecia Fernández, integrante de dicho organismo de derechos humanos y del Frente Popular Darío Santillán, planteó que “hay una política de De la Sota de poner cuatro policías por cuadra y llenar todo de cámaras”. Respecto de cómo funciona el polémico Código de Faltas, Fernández recordó que a Alegre “lo detenían constantemente, por portación de cara” y ahora no investigan porque “no quieren que (la investigación) vaya más allá y se destape todo lo que realmente pasó”.
Fernández, en sintonía con la madre de Facundo Alegre, planteó que “hay un plan sistemático de aumentar la represión, al Código de Faltas se le suma la Ley Antiterrorista, persiguen a quienes se movilizan, como sucede con quienes protestan contra Monsanto y sus fumigaciones. La violencia policial es contra los jóvenes pobres y también contra los de las universidades, adonde la policía ingresa violando la autonomía universitaria”. La militante dijo que reciben “cada vez más denuncias de casos de abusos policiales. Detienen mucho a artesanos, sobre todo si son extranjeros. Les pegan, los dejan incomunicados. Hay mucha tortura. La policía siempre dice que hubo ‘resistencia a la autoridad’. Si se escucha lo que dice De la Sota es claro, habla todo el tiempo de ‘seguridad’, va a recrudecer la represión”.
Reveladora investigaciónInforme sobre la "maldita" policía de Córdoba
Un informe de C5N sobre la policía de Córdoba revela y denuncia el pasado y presente de quienes están a cargo de ella. Vínculos con la última dictadura, connivencia política, relación con el crimen organizado, y amenazas y persecución a otros colegas, son algunos de los aspectos que señala la investigación.
Jueves 07 de febrero de 2013
"700 denuncias de corrupción policial, una brigada fantasmas que mata policías, servicios adiconales truchos, politerroristas, el máximo porcentaje de policía por habitante de cualquier provincia...", enumera el revelador y escalofriante informe de C5N sobre la policía de Córdoba.
El Comisario General Ramón Angel Frías fue nombrado por el secretario de seguridad, Alejo Paredes.
Los vínculos entre ellos, las conexiones con el crimen organizado, y con la temible D2, el Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba, que fue uno de los Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en Córdoba durante la última dictadura militar.
Vínculos
Paredes no sólo nombró comisarios con prontuario temible, sino también al padrino de uno de sus hijos, Carlos "Tucán" Yanicelli, condenado por delitos de lesa humanidad pero que goza de una jubilación de privilegio. La protección política llega hasta Oscar Aguad.
Denuncia
El comisario Julio Giménez, de la departamental de Marcos Juárez, denunció a Frías por amenazas. Giménez relató que Frías lo citó en esa oportunidad en su despacho "y me dijo que me iba a pasar a retiro si seguía investigando al D2, que es la responsable del asesinato de mi padre, (el gremialista Alberto `El Oso` Giménez) en 1976".
"Le dije que ésa era una de las razones por las que había entrado a la policía, entonces me dijo que si seguía con esa actitud me iba a pasar lo mismo que a mi padre", afirmó el comisario retirado.
Informe Completo Policía Cordobesa: http://www.youtube.com/watch?v=XoR4YrMkNv4
Por Revista Hondera
Tuesday, Nov. 08, 2011
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creó la policía caminera, la cual, según datos oficiales preveía recaudar 37 millones de pesos a lo largo del 2010. El destino final de estos fondos se desconoce, sólo se sabe que en su corta vida la misma ha sido destinataria de una importante cantidad de denuncias por maltratos y arbitrariedades. Regular la circulación y los accesos a la ciudad constituye su función privilegiada que trae como resultado el literal cercamiento de la capital cordobesa, nada entra o sale sin contar con el consentimiento del minucioso ojo policíaco. Ganó legitimidad pública al presentarse como una medida destinada a preservar la vida ciudadana acosada por los accidentes de tránsito. Una vez más, sobre la lógica de la prevención de flagelos reales, se monta y justifica el aumento exponencial de la operatoria policial en el cotidiano urbano. Lejos de ser un mero garante de la ley de tránsito, la policía caminera se constituyó paulatinamente en una guardia permanente del perímetro extendido de la ciudad. 
Impulsó la tecnologización de los sistemas de control, implementó cámaras de seguridad en distintos puntos de la ciudad, modernizó el 101, creó un 0810 para denuncias, creó la moderna página web de la policía de córdoba y colocó un sistema de seguimiento satelital a los móviles. Esta serie de modificaciones no solo conllevan la sofisticación del aparato de control urbano en términos estrictamente tecnológicos, sino también inauguran un nuevo modo de incorporar al ciudadano común en el entramado del dispositivo de control. La comunicación y la constitución de redes sociales de seguridad amplían el ámbito de ejercicio de la policía, la regulación continua define un diagrama de control que, al igual que los modernos dispositivos productivos post-fordistas, apunta a un modelo de eficiencia sincrónica integrada, un autentico just-in-time policíaco. El plan es simple, una vez vulnerada la prevención, se busca reducir al mínimo posible la diferencia entre demanda y ejecución.
Al inicio de su gestión fue fotografiado con una planta enmasetada que le regaló Pilar Szwedowicz, una joven policía que fue reconocida como hija de desaparecidos. En el mismo momento, los retratos de cinco ex jefes de Policía, que desempeñaron su labor durante la última dictadura militar, adornaban como por descuido uno de los salones de la jefatura de policías que él atravesaba todos los días. Después de un esperable e inmediato escándalo mediático, tras hacerse publico el acto decorativo, los cuadros polémicos fueron descolgados. El funcionario sigue caminando por los mismos pasillos hasta hoy, los cuadros son otros, las alfombras seguramente también.
Expresó su disconformidad con el uso de la violencia en defensa propia por parte de la población. Sostuvo: “El vecino promedio no sabe utilizar las armas, no tiene experiencia. Eso conlleva riesgos y hasta errores groseros, como el caso de un padre que, años atrás, mató a su hijo porque lo confundió con un ladrón. Hay que tener en cuenta esto: el asaltante siempre está predispuesto a usar su arma, pero el vecino no; y esa duda puede ser fatal en un enfrentamiento. A ello se suma que el vecino, al no tener experiencia, es lento con las armas”. Para el funcionario, dar muerte a un “ladrón” reviste un carácter negativo porque ello comporta un altísimo riesgo para el vecino. Matar no es cosa fácil, el policía se erige en el profesional pertinente para eliminar al delincuente, está entrenado para tal fin. La muerte de quien roba no conlleva problema alguno.
En el último informe oficial se supo que la fuerza que dirige Alejo Paredes realizó 54.223 detenciones por contravención en la provincia. En la ciudad de córdoba el 70 por ciento de los detenidos corresponde a jóvenes menores de 25 años, en su gran mayoría la caratula es “merodeo”. 
Envío:Guido Dione
09.02.2013
BALEADO EN ALLANAMIENTORepudian la muerte de un joven cordobés y piden la remoción de la cúpula policial
Organismos de derechos humanos manifestaron su “repudio al hecho protagonizado por la Policía de Córdoba en Laboulaye" y expresaron su "solidaridad con la familia Sarandón y sus allegados”.
Además reclamaron la destitución de la cúpula policial luego que once policías fueran detenidos ayer en esa ciudad en el marco de la investigación por la muerte del adolescente de 16 años baleado durante un allanamiento.
El fiscal del caso, Enrique Berger, informó que el hecho se registró a las 4.30 del viernes en una vivienda de barrio Mataderos de la mencionada ciudad, 345 kilómetros al sur de la capital provincial, donde efectivos de la Departamental Roque Sáenz Peña realizaron un allanamiento en el marco de la investigación de un robo.
Pese al hermetismo inicial impuesto por los investigadores, trascendió que los uniformados habían logrado reducir a los supuestos autores del delito y estaban preparando su traslado a una dependencia policial cuando un joven de 16 años salió corriendo desde el interior de la vivienda allanada, e instantes después se escuchó un disparo que habría impactado en la espalda del chico, quien murió en el acto.
En declaraciones a Telediario Digital de la ciudad de Río Cuarto, la madre del joven, Sandra Sarandón, aseguró que su hijo, Alvaro, se encontraba en casa de un amigo en una vivienda vecina al lugar donde se había realizado el operativo policial.
Ante este hecho, las agrupaciones Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio -Regional Río Cuarto- y la Comisión Municipal de la Memoria de Río Cuarto expresaron que la situación no los sorprende porque "el asesinato de un joven en un operativo policial es un desenlace predecible dada la brutalidad, negligencia e impunidad con la que se llevan a cabo diariamente estos procedimientos en el territorio provincial”.
“Estos operativos no se ajustan a un marco legal y por ello vulneran ampliamente los derechos de las personas. No hay que entenderlo como un error de un agente en particular, sino que es producto del nefasto modelo de seguridad que propugna el gobernador De la Sota”, afirmaron en un comunicado.
Y agregaron que este modelo reprime a los jóvenes más humildes y que "conlleva a la marginación, exclusión y criminalización, ocasionando consecuencias irreparables que van desde la pérdida o imposibilidad de acceder a empleos formales, persecución sistemática a través de la aplicación del Código de Faltas encausando al joven hacia el sistema penal; hasta llegar al resultado más terrible como la pérdida de la vida de una persona”.
También afirmaron que este tipo de acciones responden “a las autoridades recientemente nombradas en la Policía (de clara tendencia represiva) y a la inusitada decisión de tener un policía a cargo del Ministerio de Seguridad en un sistema democrático”.
“Es inentendible que un gobierno surgido del voto popular lleve adelante una política de seguridad basada en la desconfianza… lejos de combatir la inseguridad, este modelo cordobesista fomenta la creación de verdaderas estructuras de oportunidad delictiva, brindando garantías a los responsables del delito complejo”, agregaron.
Luego, en otro párrafo del comunicado reclamaron “una autocrítica del gobernador sobre las políticas de seguridad y sus trágicas consecuencias. Apelamos a su capacidad de diálogo y a la voluntad de los legisladores para encontrar señales claras de democratizar la fuerza policial, convocar a sectores de la sociedad civil para discutir la seguridad desde la vigencia plena del Estado de derecho y encontrar mecanismos para evitar la exclusión social y el desamparo del Estado”.
Finalmente, reclamaron “la remoción de la actual cúpula de la policía provincial y los subordinados en el orden de mando que tengan responsabilidad por acción u omisión en el asesinato de Alvaro Sarandón, el apartamiento del ministro Alejo Paredes, un urgente repudio por parte de la Legislatura y que el Ejecutivo provincial convoque a un consejo de seguridad para toda la provincia con amplia representatividad social”.
El fiscal del caso, Enrique Berger, informó que el hecho se registró a las 4.30 del viernes en una vivienda de barrio Mataderos de la mencionada ciudad, 345 kilómetros al sur de la capital provincial, donde efectivos de la Departamental Roque Sáenz Peña realizaron un allanamiento en el marco de la investigación de un robo.
Pese al hermetismo inicial impuesto por los investigadores, trascendió que los uniformados habían logrado reducir a los supuestos autores del delito y estaban preparando su traslado a una dependencia policial cuando un joven de 16 años salió corriendo desde el interior de la vivienda allanada, e instantes después se escuchó un disparo que habría impactado en la espalda del chico, quien murió en el acto.
En declaraciones a Telediario Digital de la ciudad de Río Cuarto, la madre del joven, Sandra Sarandón, aseguró que su hijo, Alvaro, se encontraba en casa de un amigo en una vivienda vecina al lugar donde se había realizado el operativo policial.
Ante este hecho, las agrupaciones Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio -Regional Río Cuarto- y la Comisión Municipal de la Memoria de Río Cuarto expresaron que la situación no los sorprende porque "el asesinato de un joven en un operativo policial es un desenlace predecible dada la brutalidad, negligencia e impunidad con la que se llevan a cabo diariamente estos procedimientos en el territorio provincial”.
“Estos operativos no se ajustan a un marco legal y por ello vulneran ampliamente los derechos de las personas. No hay que entenderlo como un error de un agente en particular, sino que es producto del nefasto modelo de seguridad que propugna el gobernador De la Sota”, afirmaron en un comunicado.
Y agregaron que este modelo reprime a los jóvenes más humildes y que "conlleva a la marginación, exclusión y criminalización, ocasionando consecuencias irreparables que van desde la pérdida o imposibilidad de acceder a empleos formales, persecución sistemática a través de la aplicación del Código de Faltas encausando al joven hacia el sistema penal; hasta llegar al resultado más terrible como la pérdida de la vida de una persona”.
También afirmaron que este tipo de acciones responden “a las autoridades recientemente nombradas en la Policía (de clara tendencia represiva) y a la inusitada decisión de tener un policía a cargo del Ministerio de Seguridad en un sistema democrático”.
“Es inentendible que un gobierno surgido del voto popular lleve adelante una política de seguridad basada en la desconfianza… lejos de combatir la inseguridad, este modelo cordobesista fomenta la creación de verdaderas estructuras de oportunidad delictiva, brindando garantías a los responsables del delito complejo”, agregaron.
Luego, en otro párrafo del comunicado reclamaron “una autocrítica del gobernador sobre las políticas de seguridad y sus trágicas consecuencias. Apelamos a su capacidad de diálogo y a la voluntad de los legisladores para encontrar señales claras de democratizar la fuerza policial, convocar a sectores de la sociedad civil para discutir la seguridad desde la vigencia plena del Estado de derecho y encontrar mecanismos para evitar la exclusión social y el desamparo del Estado”.
Finalmente, reclamaron “la remoción de la actual cúpula de la policía provincial y los subordinados en el orden de mando que tengan responsabilidad por acción u omisión en el asesinato de Alvaro Sarandón, el apartamiento del ministro Alejo Paredes, un urgente repudio por parte de la Legislatura y que el Ejecutivo provincial convoque a un consejo de seguridad para toda la provincia con amplia representatividad social”.
Fuente:Telam
No hay comentarios:
Publicar un comentario