El cierre intempestivo de la mayor aerolínea privada en 1965
Prueban que la dictadura militar brasileña persiguió a empresarios
La Comisión de la Verdad creada por Dilma Rousseff en 2011 considera el cierre de Panair un caso emblemático. Porque los dueños fueron despojados para beneficiar a otra firma, más cercana a la cúpula militar de entonces.
Casi medio siglo después, el caso fue retomado por la Comisión de la Verdad sobre la dictadura brasileña, creada en 2011 por la presidenta Dilma Rousseff. El organismo comenzó a investigar la persecución militar contra un grupo de empresas que desaparecieron durante los años de plomo. Una de ellas fue la emblemática Panair, que según los investigadores fue cerrada por los militares para beneficiar a la aerolínea Varig.
La comisión informó que Panair, una firma de capital brasileño, perdió sus licencias de vuelo sin ningún aviso previo en febrero de 1965, cuando el presidente constitucional Joao Goulart ya había sido derrocado por el golpe de Estado.
Los militares dijeron entonces que la aerolínea se encontraba en una grave situación económica, lo que representaba un riesgo para la seguridad de los vuelos. Sin embargo, meses antes Panair había presentado documentos que comprobaban su solvencia de la empresa, que contaba con aeropuertos y un área de telecomunicaciones aeronáuticas privadas.
A partir de ese momento, los dueños de la aerolínea, Celso da Rocha Miranda y Mario Wallace Simonsen, comenzaron a ser perseguidos por la dictadura. Los empresarios habían apoyado a los gobiernos democráticos de Juscelino Kubitschek (1956-1961) y Goulart (1961-1964). Rocha da Miranda y Wallace Simonsen no recibieron un peso de indemnización y sufrieron una potente campaña de difamación lanzada por el gobierno militar.
Las rutas internacionales de vuelo incautadas fueron distribuidas hacia otras compañías aéreas, en especial a Varig, la que, además, se quedó con aviones y otros activos como oficinas y agencias en el exterior. Así fue que se convirtió en la mayor aerolínea del país.
Mario Wallace Simonsen, dueño de Panair y uno de los hombres más influyentes de la época, murió 37 días después del cierre de su empresa. Su socio, Celso Rocha Miranda, discutió el caso en la justicia hasta el año 1986, cuando falleció. La compañía, sin embargo, todavía existe. Sus únicos contratados son un grupo de abogados que luchan por demostrar que la desaparición de Panair fue responsabilidad de los militares.
La empresa fue reactivada en 1995 y actualmente es dirigida por Rodolfo da Rocha Miranda, hijo de Celso. "La intención no es cobrar dinero. Sólo quiero que el Estado reconozca que el cierre de Panair no fue culpa de sus dueños, sino de una maniobra de la dictadura", explicó el empresario, quien además consiguió una serie de documentos producidos durante los años de plomo por la Aeronáutica y por el Ministerio de Hacienda, que relatan maniobras practicadas por el gobierno militar para garantizar la quiebra de Panair.
"La documentación probó lo que se intuía: Celso da Rocha Miranda y Mario Wallace Simonsen sufrieron persecución por parte del régimen militar por estar identificados con los gobiernos de Kubitschek y Goulart", sostuvo el dueño de Panair.
Rocha da Miranda entregó esa profusa documentación a la Comisión Nacional de la Verdad, que ayer presentó algunos avances de su investigación, basada no sólo en el despojo de la aerolínea, sino también de otras compañías perjudicadas por la dictadura. "Ya fueron presentadas ante esta comisión una lista de empresas que habrían sido perseguidas y las vamos a investigar. Esto es muy valioso, porque muestra la extensión de las violaciones de los derechos a la vida durante la dictadura. No se trata solamente de asesinatos (…) sino también de una acción contra empresarios que habían apoyado gobiernos democráticos", afirmó Rosa Maria Cardoso, una de las siete integrantes del organismo y ex defensora de Dilma Rousseff en los años '70, cuando la actual presidenta de Brasil fue presa política.
La comisión se reunió en el centro de Río de Janeiro y contó con la asistencia de más de 150 ex empleados de Panair, que relataron el drama que debieron enfrentar tras el cierre de la compañía. "Yo era comisario de vuelo. Quedé sin empleo y sin dinero. Con otros compañeros fuimos al Palacio Laranjeiras (donde estaba el presidente de facto Castelo Branco) y montamos campamento ahí. Castelo Branco pasaba por al lado y ni nos miraba", contó Cláudio Matos de Araújo, de 72 años, quien después de perder su trabajo se formó en Biología. "Estuvimos ahí semanas, pero no conseguimos que el gobierno cambiara de idea. Nunca más trabajé en aviación", concluyó Matos de Araújo.
Fuente:TiempoArgentino
25.03.2013
DERECHOS HUMANOS
La Comisión de la Verdad analiza la complicidad empresarial con la dictadura militar en Brasil
La Comisión de la Verdad analiza la complicidad empresarial con la dictadura militar en Brasil
La Comisión de la Verdad buscará establecer si la persecusión contra algunas empresas fue para beneficiar a las que financiaron el golpe. Confeccionan un listado de empresas perseguidas.
La Comisión de la Verdad sobre la dictadura brasileña (1964-1985) comenzó a investigar la persecución militar contra un grupo de empresas que debieron cerrar con el aparente propósito de beneficiar a otras, como la aerolínea Varig.
La Comisión, creada en 2011 por la presidenta Dilma Rousseff, informó que al menos cinco grandes empresas desaparecieron durante el régimen de facto y una de ellas fue la aerolínea Panair, que era la mayor del país y realizaba vuelos a Europa, cuya licencia fue anulada en febrero de 1965.
Cardoso sostuvo que el cierre de esa empresa aérea pudo estar motivada en una persecución a los empresarios que tuvieron el respaldo de presidentes civiles como Juscelino Jubitscheck, (1956-1961) y Joao Goulart, derrocado por el golpe de 1964.
La Comisión de la Verdad, que ya estudió la complicidad de la Federación de Industrias de Sao Paulo con la represión, ahora abrió otro frente de pesquisa, con la hipótesis de que varias empresas fueron presionadas para eliminarlas del mercado a favor de otras que eran próximas a los militares.
Paulo Sergio Pinheiro, otro integrante de la Comisión, declaró que, al parecer, el gobierno militar favoreció aquellos grupos privados que "financiaron" el derrocamiento del presidente constitucional Joao Goulart el 31 de marzo de 1964.
La Comisión, creada en 2011 por la presidenta Dilma Rousseff, informó que al menos cinco grandes empresas desaparecieron durante el régimen de facto y una de ellas fue la aerolínea Panair, que era la mayor del país y realizaba vuelos a Europa, cuya licencia fue anulada en febrero de 1965.
"Ya fueron presentadas ante esta comisión una lista de empresas que habrían sido perseguidas y las vamos a investigar"(A)(A)Rosa Maria Cardoso, integrante de la Comisión de la Verdad"Ya fueron presentadas ante esta comisión una lista de empresas que habrían sido perseguidas y las vamos a investigar" afirmó Rosa Maria Cardoso, uno de los 7 miembros del organismo y ex defensora de la presa política Rousseff en 1970, citada por la agencia de noticias Ansa.
Cardoso sostuvo que el cierre de esa empresa aérea pudo estar motivada en una persecución a los empresarios que tuvieron el respaldo de presidentes civiles como Juscelino Jubitscheck, (1956-1961) y Joao Goulart, derrocado por el golpe de 1964.
La Comisión de la Verdad, que ya estudió la complicidad de la Federación de Industrias de Sao Paulo con la represión, ahora abrió otro frente de pesquisa, con la hipótesis de que varias empresas fueron presionadas para eliminarlas del mercado a favor de otras que eran próximas a los militares.
Paulo Sergio Pinheiro, otro integrante de la Comisión, declaró que, al parecer, el gobierno militar favoreció aquellos grupos privados que "financiaron" el derrocamiento del presidente constitucional Joao Goulart el 31 de marzo de 1964.
Fuente:Telam
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