Por Emilio Ruchansky
EL AJEDREZ DE LAS FIRMAS RURALES ANTE EL CONTROL DEL FLAMANTE REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES AGRARIOS
Cuando las empresas deciden sacrificar al peón
Una inspección realizada en una finca de La Rioja permitió comprobar que una empresa hacina a los trabajadores golondrina en viviendas precarias, con escasos servicios sanitarios. Presentarán una denuncia por posible reducción a la servidumbre.
Por Emilio Ruchansky
Desde La Rioja
Imagen: Télam
Luego de la sanción del nuevo régimen legal para peones rurales, en 2011, y de los requisitos del Ministerio de Trabajo, que establecen condiciones para el alojamiento de los trabajadores, algunos empresarios buscaron la forma de cumplir la norma, pero sin mejorar sus condiciones laborales. Es el caso de una poderosa aceitunera riojana, donde en lugar de acondicionar las tiendas dentro de los campos trasladaron el hacinamiento y los servicios e instalaciones precarios hacia barrios periféricos de la capital provincial. Hombres, mujeres y niños fueron derivados a casas desvencijadas, donde viven en condiciones precarias. En una de las “viviendas”, incluso funcionó un prostíbulo que perteneció a la difunta Liliana Medina, principal imputada por el caso Marita Verón. El accionar fue detectado por denuncias de los peones a la sede provincial del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea). Ayer, agentes de este nuevo organismo, que reemplaza al cuestionado Renatre que conducía el sindicalista Gerónimo “Momo” Venegas, inspeccionaron el campo de olivas de la empresa Promas, de Mastellone Hermanos, donde trabajan estos peones. El Renatea iniciará una acción judicial para que se investigue si allí se cometen los delitos de reducción a la servidumbre y trata de personas.
Las pruebas concretas de la tercerización de Promas en la captación de peones a base de engaños y su traslado, pese a la nueva ley 26.727 que prohíbe las llamadas “empresas de recursos humanos” en el sector agrario, se colectaron el domingo pasado. Bastó charlar con trabajadores salteños, jujeños, santiagueños, chaqueños y cordobeses, traídos en su mayoría por los hermanos Néstor y Omar Flores, alias Los Mellizos. Son los dos cuadrilleros que ayer el gerente de Promas, Ramón Terzeghide, reconoció que constituyen una especie de “tercerización parcial” de la empresa.
La delegación del Renatea, con apoyo de dos inspectores y abogados del organismo enviados desde Buenos Aires, constató tres “viviendas” provistas por Promas, tras la denuncia de peones echados o abandonados en la clínica privada Mercado Luna, por enfermarse o tras sufrir accidentes laborales. Renatea tiene poder de emisión y fiscalización sobre la Libreta de Trabajo Agrario (LTA) y “el cumplimiento de la ley vigente, la cual tiende a evitar el desarrollo de trabajo no registrado”, como explica un folleto que se les acerca a los peones en las inspecciones.
En las descripciones de las denuncias aparecen claros indicios de reducción a la servidumbre, cuando no de trata para fines de laborales, si se considera que existe un aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad en pos de un rédito económico. “Es cierto que se pueden volver a su casa porque no están dentro del campo, pero están sin plata como para pagar un pasaje a casa. Y si denuncian la situación, los amenazan con que se van a quedar sin cobrar un peso. Si es trata o reducción queda sujeto a la investigación jurídica”, razonó uno de los inspectores porteños, Patricio Guendulain, frente a la destartalada construcción donde funcionó el prostíbulo Candileja, de Liliana Medina.
El lugar queda a un costado de la colectora Ruta 5. Los peones recién se despertaban. Dijeron que a veces pasa alguno y pregunta por Gonzalo “Chenguita” Gómez, el hijo de Medina, también imputado en la causa de Marita Verón. En el zaguán, donde un cartel nuevo les exige “mantener limpio este sector” que comunica las dos alas del caserón, un joven santiagueño invitó a Página/12 a pasar para apreciar “las comodidades” que comparte con otros peones de Jujuy y Córdoba; mientras, muchos colegas duermen derrumbados tras una semana de jornadas de 12 horas, más de lo que permite la ley, y de una última noche de pachanga.
En total, hay 39 camas marineras dobles y media docena de colchones tirados en el piso, distribuidos en cuartos grandes y algunos pequeños. En el ala izquierda pocos cuartos respetan la normativa de la resolución ministerial 11/11, anterior al nuevo régimen de trabajo agrario, sobre la capacidad máxima de cuatro personas que se exige a los campamentos o estructuras habitacionales fijas. Ni los lugares para sentarse. No hay “una ventana por cama” y quienes vinieron con su familia no tienen “alojamiento individual”, como exige la resolución. Pero el problema es más grave en la parte de “servicios” e instalaciones.
“Tenemos dos cocinas eléctricas para 50 personas porque ya se fue un contingente. Son ésas de ahí, les pusieron cadena. Hay dos congeladores. No hay platos ni cubiertos, te piden que los traigas. Lo mismo con las sábanas y las colchas. Cocinamos a leña y ya tuvimos problemas porque no nos dejaban traer las ramas”, contó Pablo, cordobés, de 18 años. Llegó hace tres semanas para la cosecha, agregó. Hay tres baños de material en el ala izquierda, que se comparten con la otra ala, cuando la resolución 11/11 exige un inodoro cada cuatro trabajadores. De los tres, sólo uno funciona. La ducha anda en otro, y es el único lugar donde pueden darse el lujo de higienizarse solos.
La ducha más usada la improvisaron los peones en un patio trasero, detrás de las parrillas y de tres boxes de baños químicos, que no andan, cerca de un matorral lleno de basura, que Pablo aseguró que comenzaron a limpiar no bien llegaron. Después, todo se desmadró y muchos usaron el baldío como un gran baño. La ducha consta de baldes y fondos de botellas de plástico para tirarse el agua. En las parrillas, el tizne delinea sartenes, ollas y pavas, que también deben traer ellos. El domingo estuvo nublado y las pocas mujeres de la casa, que duermen en el ala derecha, iban y venían para guardar la ropa seca. Lavan la ropa en el lavamanos del baño de esa ala.
La segunda casa quedaba en Guandacoll 368 y tiene un baldío en el medio. Los chaqueños y santiagueños duermen en el fondo; adelante, en un pequeña casita, hay diez colchones en una habitación que comparten un grupo de salteños. Alertado de la visita de la prensa y de algunos funcionarios del Renatea, atendió al público Ricardo, un joven peón y comisionista que convocó a coterráneos a cambio de cierto porcentaje “a cobrar más adelante”, admitió. Según él, “todos” están conformes porque negociaron con los cuadrilleros que no saturarían el lugar con gente llenando las 29 camas distribuidas en los cuartos. “¿O no estamos cómodos?”
Sólo una persona le confirmó entre las 15 que los rodeaban.
En el lugar hay una heladera y un freezer, dos duchas, una no andaba y la otra es un calefón eléctrico desenchufado, porque pierde agua. De refuerzo, señaló Ricardo, Promas puso un baño químico en el patio sin iluminación pero con un cartel que indica “mantener el orden y la limpieza”. Allí, con la mano y el antebrazo enyesado, Osvaldo pidió hablar con los inspectores de Renatea. Cuando se enteró de que puede recibir asistencia legal gratuita, si se accidentó trabajando como afirmaba, se agarró la cabeza. Comenzó a llover y aunque se mojaban zapatillas, toallas y remeras nadie salió a buscarlas. Ya circulaban los folletos informativos.
Osvaldo se quebró la mano y dijo que le dieron 30 días de reposo y una abogada le pidió el 30 por ciento de comisión. “A algunos compañeros les dieron 500 pesos y no los ayudan más. No tengo plata para pagarme el pasaje. Si no, me iría y empezaría a reclamar desde allá. Además, tengo dos nenes, de 3 años y 8 meses, y ya no les puedo mandar nada”, dijo. Al rato andaba envalentonado. “Esto no va a quedar así, nunca me llamaron de la ART (Aseguradora de Riesgos de Trabajo), el remís para volver hasta aquí me lo tuvo que pagar la abogada”, protestó.
En la última casa visitada, en una calle principal del barrio Andacollo, rodeada como las otras, de la imponente precordillera, los ánimos eran otros. El comisionista permitió el paso, pero acosó afuera a la delegación del Renatea. “Si están todos registrados no va a haber problemas”, le respondió en un momento Ana Córdoba, delegada provincial del Renatea, mientras en la puerta repartía folletería. Adentro había un solo baño y duchas a la intemperie en un patio trasero, donde los peones cocinaban un guiso a gas, todo un privilegio, pero en una cocina destartalada. Antonio, un cordobés de 54 años, golondrina en su provincia y tantas otras que ya no recuerda, quiso saber si se podía jubilar.
“No molesten a la gente que está descansando”, interrumpió el comisionista, enojado. Osvaldo, recién levantado y resacoso, dejó su cucheta para ir hasta la vereda a ver a los inspectores. “Trabajo desde muy joven pero nunca supe si en blanco o en negro. Ojalá me puedan dar una mano”, dijo antes de encarar la salida.
La ley le permite jubilarse en tres años.
“Esta movida de traerlos a la ciudad les encarece a los patrones algunas cuestiones, pagan los traslados de los peones hasta los campos, por ejemplo, pero prefieren gastar en eso antes que mejorar las casillas”, evaluó Ana Córdoba, quien ayer estuvo al frente de la inspección del campo. En la semana el organismo accionará judicialmente. “Hay situaciones humanamente muy graves, es muy claro sometimiento a los peones.
Accidentes, aseguradoras y caranchos
Por Emilio Ruchansky
“En la clínica Mercado no me quisieron dar las placas. Conseguí hablar con la ART, pero ellos se cansaron de llamar a la empresa. El viernes pasado hice la denuncia, trabajé diez días y me llevé mil pesos y pico. No tengo ningún recibo. Me ofrecieron pagarme 50 pesos por cada día no trabajado. ¿Y yo qué hago con eso? Volví para que me paguen la plata por el accidente al menos”, dice Moreno, quien había llegado con un grupo de cordobeses de Cruz del Eje y hoy se mantiene gracias a la solidaridad de sus compañeros.
Como en otros casos, en la clínica se le acercó una integrante de un estudio de abogados, ofreciendo asesoramiento. Le dieron una “carta poder” para hacer los trámites ante la ART y eventualmente una demanda. “No la firmé. No confié en ellos, me pedían el 15 por ciento de lo que cobrara. A un compañero lo arreglaron por 1100 pesos y se había quebrado un brazo. Yo no sé bien cuánto daño me hice en la pierna”, dice. Los abogados del Renatea tomaron el caso. Su denuncia fue fundamental para las fiscalizaciones, porque incluyó un detallado cuadro de la precariedad en la que ya vivía y trabajaba antes de caerse por la escalera.
LAS IRREGULARIDADES QUE ENCONTRARON LOS INSPECTORES DE LA AFIP Y EL RENATEA
Abusos y falta de información
Los trabajadores que viven en las fincas tienen que comprar los víveres a los contratistas a precios exorbitantes, como en las peores épocas de las explotaciones rurales. La empresa dice que no puede albergar a todos los peones en la finca.
Por Emilio Ruchansky
Desde La Rioja
En el kilómetro 3 de la ruta provincial 25 hay una ancha tranquera blanca con un cartel que anuncia que la finca Promas es propiedad de Mastellone Hermanos, la conocida empresa de productos lácteos. El 1º de marzo pasado hubo una inspección del Ministerio de Trabajo nacional y arrojó que solo 65 de los 302 empleados estaban debidamente registrados en la AFIP. La delegación del Renatea fue recibida ayer por la mañana, en medio del arribo de nuevos trabajadores, en micros de la empresa. El campo tiene alrededor de 1600 hectáreas sembradas con olivos destinados a preparar aceite, en el mismo lugar, o vendidos a terceros, para que lo envasen como aceitunas de mesa. El principal objetivo de los inspectores es detectar cuántos trabajadores tienen su Libreta de Trabajo Agrario (LTA), pero las actas contienen una hoja aparte para las denuncias de los trabajadores, sin que los patrones accedan a ellas.
En la oficina, a pocos metros de la tranquera, un cartel del Ministerio de Trabajo informa que el establecimiento “registra alta siniestralidad”, es decir, mayor riesgo de accidentes laborales. El equipo del Renatea se dividió: unos partieron al campo para relevar trabajadores, otros solicitaron información a los empleadores. Desde campo adentro vino un cuatriciclo a toda velocidad, trayendo a una persona con un hombro lastimado. Lo dejaron en la garita de vigilancia, acompañado de dos muchachos: uno dijo tener fiebre, el otro mucho dolor en la boca del estómago.
Mientras, los peones recién llegados esperaban ser registrados en la AFIP y descargaban en el piso sus cestos para recoger aceitunas. “Si usás pulóver te lo sacás y hace más fresquito. Eso hacen los chaqueños y los salteños”, contó Pedro, un peón de 48 años. El hombre, que vive cerca, en Catamarca, aseguró que soporta temperaturas que a veces pasan los 40 grados y que no le den botas y ropa adecuada, y si no reclama es porque no se consigue trabajo a su edad.
Juan, riojano, de 30, comentó que fue por trabajo a un supermercado grande. “No tengo secundario, por eso no me tomaron”, explicó.
La paga por un cajón de aceitunas, que tiene el tamaño de los utilizados en los lavaderos de ropa, es de 14 pesos. El que sabe trabajar puede ganar 1400 pesos por quincena. El gerente explicó que por la “dificultad” de conseguir cosechadores, se recurre a los cuadrilleros, que buscan peones en Salta, Chaco y Jujuy principalmente. “Todos son trabajadores temporarios, están todos en blanco, y si tienen accidentes la ART se hace cargo y a los trabajadores se les paga por los días no trabajados. Además, tenemos un servicio médico. Si alguien se accidenta o tiene otro problema, en 15 o 20 minutos viene una ambulancia”, aseguró el gerente, Ramón Terzeghide.
Había pasado hora y media cuando este cronista partió a recorrer los olivares y los lugares de alojamiento de quienes duermen dentro de la finca, sin que apareciera una ambulancia. En el camino había miles de olivares que forman extensos bosques, muchas veces protegidos del viento por hileras de casuarinas. La cosecha manual se aplica solo a las aceitunas que se procesan para llevar a la mesa. Los empleados se suben a esos árboles en escaleras hechas con madera de álamos o de aluminio. Muchos cuelgan de las ramas el almuerzo y sobre el piso dejan las botellas con agua congelada.
Las caídas de la escalera son frecuentes. Otros riesgos son la presencia de yararás, arañas grandes y el calor. Las condiciones habitacionales aportan lo suyo. Para empezar, el botiquín está vacío. Los delegados del Renatea constataron, mientras una cuadrilla limpiaba a las apuradas baños y cocina, que las habitaciones no tenían las ventanas correspondientes y había una ínfima cantidad de hornallas eléctricas. A falta de cocinas, la mayor parte de la cocciones se hacen a leña. “También notamos que pocos techos de chapa tienen membranas para bajar el calor y demasiadas camas para lo que se permite”, observó el inspector Patricio Guendulain.
Como en otros lugares relevados por esta entidad y otras como la AFIP y el Ministerio de Trabajo, existen sobreprecios en la comida. Este era uno de los motivos por los que ayer un grupo de santiagueños y chaqueños pensaba irse a solo tres días de llegar al campo. “Somos cuatro. Compramos dos kilos de fideos, sal, dos puré de tomates, jugo en polvo a tres pesos el sobrecito, cinco kilos de harina y kilo y medio de grasa, aceite y tres kilos de carne. Nos cobraron casi 400 pesos. No cierra por ningún lado”, dijo Felipe, de 22 años, quien vive con su pareja e hijos en Santiago del Estero.
Los alimentos los venden los cuadrilleros y están guardados en un container verde, frente a los galpones donde deben dormir los empleados. “Los que están parando afuera deben están mejor porque pueden hacer las compras en la ciudad, que es mucho más barato. Desde acá también te llevan a veces, pero te traen tarde y perdés de una jornada de trabajo”, agregó el joven. En Santiago del Estero ganaba 350 pesos por semana, lo mismo que ganaría en la finca porque solo logra llenar siete cestos diarios, cuando el resto pasa los 20. “Vine por un anuncio en la radio. Fui directo a la terminal y de ahí me trajeron, espero conseguir la plata para volver”, dijo.
El gerente admitió que las condiciones habitacionales son limitadas. “Como no entran todos, buscamos espacios en la ciudad, que no está preparada a veces”, dijo. Luego prometió hacer lo que haga falta para dar un buen alojamiento y destacó la labor “conjunta” con los organismos de contralor provinciales y nacionales para mejorar la parte habitacional. “No podemos ampliar los galpones porque a duras penas cosechamos este año”, agregó. Según él, los costos de la actividad manual hacen poco rentable la venta de aceitunas.
Los fiscalizadores pasaron mañana y tarde registrando la situación de los trabajadores. “Es importante saber si tienen la libreta del Renatea (LTA) o hacérselas, porque les da varios beneficios. Prueba la relación laboral, establece categorías, antecedentes de trabajo y permite hacer estadísticas”, explicó el inspector Máximo Martínez Zavalía. Luego agregó que la LTA sirve, cuando se trata de un trabajador permanente que da una prestación discontinua, como los cosecheros, porque si al año siguiente no lo llaman tienen que indemnizarlo. Además, la libreta incluye un seguro de desempleo. “El problema central de estos derechos es la falta de información sobre ellos. Si no hay información, las leyes son más declarativas que operativas”, agregó este inspector y abogado laborista.
Fuente:Pagina12
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