Por Carlos Rodríguez
UNA INSPECCION A UNA CARCEL DE CORDOBA PERMITIO SECUESTRAR ELEMENTOS USADOS PARA “ESTAQUEAR” INTERNOS
Una cárcel donde aún se usan las cadenas
El operativo, a cargo de la Procuraduría sobre Violencia Institucional, se hizo a partir de denuncias de malos tratos. Luego, autoridades cordobesas denunciaron al fiscal.
Por Carlos Rodríguez
“Muchos detenidos nos hablaron del método que se aplica allí y que es el más temido por ellos.”Imagen: Gentileza Diario La Voz del Interior
Una inspección judicial realizada en la cárcel de San Martín, del Servicio Penitenciario de Córdoba, comprobó la existencia, en el hospital del penal, de dos camastros de hierro y 17 cadenas de unos setenta centímetros cada una, elementos que –según denunciaron varios de los allí detenidos– eran utilizados por los guardias “para estaquear a los internos cada vez que hacían algún reclamo por las condiciones de detención o por los malos tratos que recibían durante las requisas”. La información fue confirmada a Página/12 por el fiscal Abel Córdoba, de la Procuraduría sobre Violencia Institucional creada por la procuradora Alejandra Gils Carbó. Durante la inspección fueron retiradas las cadenas y entregadas a la Fiscalía Federal de la provincia, para que tome intervención en el caso. Luego del procedimiento, que se hizo con el consentimiento de las autoridades de la unidad carcelaria, la ministra de Justicia de la provincia, Graciela Chayep, “denunció al fiscal Abel Córdoba por haber ingresado irregularmente en el penitenciario del barrio San Martín”, según un comunicado difundido por el gobierno provincial.“Hicimos otras inspecciones en dos cárceles de Mendoza y en el Chaco, pero aunque también recibimos denuncias graves, no encontramos los elementos de tortura, como en el caso de Córdoba. Nosotros tenemos, como fiscales, el derecho y la obligación de realizar estas inspecciones judiciales, que no son simples visitas guiadas. Y la gravedad de lo que encontramos en Córdoba es indudable hoy, en 2013, como lo sería en 1813”, resaltó el fiscal Abel Córdoba, en referencia a la Asamblea General Constituyente de 1813, que abolió la tortura. Como consecuencia de la reacción que tuvo el gobierno cordobés frente a lo que consideró “un hecho más de patoterismo y de desconocimiento de la ley” por parte de la Nación, al fiscal Córdoba se le impidió el acceso al penal de Bouwer, en la misma provincia, que acumula denuncias por torturas a detenidos (ver aparte).
“Nosotros actuamos dentro de lo que son los derechos y las obligaciones de los fiscales que actuamos para prevenir la violencia en instituciones de encierro y la violencia policial”, sostuvo Córdoba, en diálogo con este diario, a la vez que aclaró que para ingresar a una cárcel, para hacer una inspección, no necesitan de una orden de allanamiento. Por mandato de la ministra Chayep, el director del penal de San Martín, alcalde mayor Rubén Ceferino Ochoa, presentó una denuncia contra Córdoba ante la Fiscalía de Instrucción de la provincia, a cargo de Raúl Garzón. Uno de los argumentos es que el fiscal nacional “no exhibió la orden de allanamiento”.
Córdoba explicó que desde la creación de la Procuraduría sobre Violencia Institucional, en marzo pasado, han realizado inspecciones judiciales en las cárceles de Boulogne Sur Mer y San Felipe, en Mendoza, y en la unidad del Servicio Penitenciario Federal en el Chaco. Informó que en Mendoza encontraron “situaciones graves que nos llevaron a presentar siete hábeas corpus, a partir de los cuales hay pabellones que han sido clausurados” y que también recibieron denuncias en la cárcel del Chaco. “Nuestro trabajo consiste, básicamente, en recorrer los pabellones y entrevistar a los detenidos para que nos expresen la situación en que se encuentran y para que nos hagan las denuncias que crean pertinentes.”
“En la cárcel de San Martín recibimos los testimonios de muchísimos detenidos que con mucho temor nos contaron sus padecimientos y nos hablaron del método que se aplica allí y que es el más temido por ellos”, aseguró el fiscal Córdoba. “Cuando protestan por alguna razón o hacen planteos ante los guardias, son golpeados y los llevan arrastrando hasta el hospital del penal, donde los amarran con cadenas a camastros de hierro. Allí, una vez estaqueados, son sedados o dopados. Pasan muchas horas en esa condición y sufren problemas por ahogo, e incluso llegan a hacer sus necesidades encima.”
Luego de reunir varios testimonios coincidentes, el procurador pidió visitar el hospital del penal. “Una vez allí encontramos dos camastros de hierro, atornillados al piso, que tenían muestras de haber sido usados en forma reciente.” Mencionó como ejemplo que encontraron “un recipiente con orina” que estaba al lado de uno de esos camastros. Los responsables de la inspección preguntaron a los guardias cuál era el uso de esas camas y les respondieron que eran “para contener a los detenidos que se autoagredían”.
Córdoba relató a Página/12 que luego de una serie de consultas, llegaron al punto de hablar de las cadenas con las que los detenidos, según sus propias denuncias, eran amarrados. “Los guardias nos llevaron hasta el lugar donde guardaban las 17 cadenas, de setenta centímetros cada una, las que estaban ocultas detrás del mostrador que está en el ingreso al hospital y que se encontraban a la más absoluta disposición de los guardias.” Córdoba afirmó que las cadenas “nos fueron entregadas por el director del penal, quien nos permitió que las lleváramos con nosotros”.
Cuando se le preguntó acerca de la actitud asumida por el titular de la unidad carcelaria, Córdoba precisó que “notamos cierta preocupación en él, pero en ningún momento mostró oposición alguna”. La inspección se hizo el martes y duró ocho horas. Cuando los funcionarios nacionales se retiraban, el director del penal les pidió que firmaran un recibo para dejar constancia del material que se estaban llevando. “Dejamos constancia que como miembros de la procuraduría que busca prevenir casos de tortura, teníamos facultades para llevarnos esos elementos.”
El fiscal y sus colaboradores sufrieron “alguna demora” para que los dejaran salir de la unidad, una vez terminada su tarea. La cárcel tiene una población de 700 detenidos. Se llevaron otras denuncias sobre “golpizas, requisas violentas o mala alimentación, situaciones que no son ajenas a las que suceden en los otros tres lugares que hemos visitado y a las cárceles en general”. El miércoles, cuando intentaron hacer una inspección similar en el penal de Bouwer, se les impidió el acceso por orden de las autoridades gubernamentales.
Ante esa situación, presentaron un recurso de apelación ante el juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro, quien en el 2010 hizo una investigación sobre denuncias por malos tratos y torturas ocurridas en el penal de San Martín, ubicado en la ciudad de Córdoba. Al mismo tiempo, entregaron las cadenas y están preparando una denuncia, para que los fiscales federales de Córdoba investiguen los malos tratos denunciados por los presos de la cárcel de San Martín. “Nosotros actuamos para prevenir la tortura y para hacer entender que gobernar una cárcel no significa aplicar métodos medievales y bárbaros como los denunciados.”
Diarios de Córdoba confirmaron ayer “la existencia de cadenas y esposas” en el hospital del penal. Sobre la reacción de la ministra Chayep, el fiscal Córdoba señaló que “es imposible defender a una institución que tortura o preocuparse por maquillar al monstruo en lugar de defender el derecho de los ciudadanos cordobeses”.
DEBATE SOBRE LAS FORMAS DE PREVENIR LA TORTURA Y LA VIOLACION DE DERECHOS
Control sobre lugares cerrados
Funcionarios judiciales y miembros de organismos defensores de personas privadas de la libertad participaron de un encuentro sobre las formas de evitar prácticas arraigadas, como las vejaciones a detenidos y personas con padecimientos mentales.
Por Emilio Ruchansky
“Existe la necesidad de intervenir y operar con más esfuerzo sobre la escuela penitenciaria”, dijo Mugnolo.Imagen: Gentileza Diario La Voz del Interior
En el marco de la Campaña Nacional contra la Tortura, el martes pasado hubo un encuentro entre funcionarios judiciales, integrantes de organismos dedicados a la defensa de los derechos de personas privadas de su libertad y periodistas, donde se trazó un mapa de acción para detener la violencia institucional. “Buscamos que se derriben los muros en los lugares cerrados, que entre la sociedad y se pueda controlar lo que pasa”, dijo Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación. Paola García Rey, de Amnistía Internacional, explicó que los tratos vejatorios incluyen y exceden a las cárceles y comisarías. “Hay otros grupos y comunidades invisibilizados víctimas de un ensañamiento particular, como la comunidad Lgttb y los indígenas. También hay situaciones graves en centros de salud mental, de rehabilitación de adictos y en geriátricos”, aseguró.Durante la reunión realizada en el Centro Internacional de Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad Nacional de San Martín, Jorge Taiana, director del CIEP y anfitrión, remarcó la principal particularidad de esta campaña, lanzada el 20 de marzo pasado en la ESMA: “Estamos hablando del propio Estado que lucha contra una práctica que hacen los agentes del Estado”. La elección de este año para desplegar esta iniciativa se vincula con la conmemoración del Bicentenario de la Asamblea de 1813, que suprimió la práctica de la tortura y quemó los elementos usados para estos fines.
“Estas prácticas tienen que ser confrontadas y combatidas, no solo por las instituciones que deben controlar las cárceles y evitar las torturas, tan incorporadas a las fuerzas, sino que debe abrirse el juego a otras organizaciones”, planteó Francisco Mugnolo, titular de la Procuración Penitenciaria. Luego aclaró que la tortura no se limita al castigo corporal, que hay trato inhumano en los traslados constantes, las requisas vejatorias, la falta de alimentación y atención de salud, las malas condiciones edilicias o los impedimentos de vinculación familiar y social.
Mugnolo mencionó dos casos importantes en Mendoza y Salta que fueron conocidos por casualidad y están filmados. El primero muestra a penitenciarios mendocinos golpeando a presos esposados y haciéndolos correr desnudos, en 2010, mientras eran grabados por el celular de un agente, que perdió el aparato. Un familiar de un preso lo encontró luego, durante una visita. El segundo se conoció en julio de 2012 e incluye prácticas más aberrantes, como la del “submarino seco”. Los propios penitenciarios salteños subieron el material a Internet.
“Estos casos confirman la necesidad de intervenir y operar con más esfuerzo sobre las escuelas penitenciarias, sobre la capacidad de intervención de los agentes ante ciertas problemáticas. Algunas cosas mejoraron. Antes el problema era ver con quién hablar en la cárcel, ahora tenemos más posibilidades de acción. Pero realmente tenemos un problema con la violencia institucional, reconocerlo es el primer paso para abordarlo”, dijo Mugnolo. Luego cuestionó a la Justicia por “no dar respuesta a muchas denuncias por la violencia en las cárceles”.
Stella Maris Martínez explicó que las prácticas aberrantes, los tratos vejatorios que afectan a la dignidad humana, tiene dos fines: “Se tortura para obtener información, como les pasó a dos acusadas por narcotráfico que terminaron con fracturas en Reconquista, y también hay un tema de disciplinamiento, cuando los penitenciarios no pueden manejar a los presos sin violencia”. Esto ocurre en otros lugares de encierro, como los neuropsiquiátricos: “Vimos una mujer estaqueada, desnuda, rodeada de sus excrementos, a cargo de una enfermera, hace dos años, en el centro porteño”.
En otras clínicas psiquiátricas también notaron que había un adolescente atado a la cama, lo que era avalado por la clínica “como un método válido de tratamiento”, dijo Martínez. En la cárcel, agregó, muchos presos tienen dos opciones: sufrir la violencia o la corrupción para conseguir drogas ilegales o un mejor trato. “De esta manera, la violencia es pan de todos los días”, agregó. Luego afirmó que falta una “sensibilización de la sociedad” respecto de la tortura en ámbitos cerrados: “Mientras no se tome conciencia cabal, si no se repudia esto, va a seguir existiendo la tortura por la tolerancia social”.
Durante años, concluyó Martínez, los fiscales no investigaron las denuncias por torturas, algo que comenzó a cambiar con el nombramiento de la nueva procuradora general, Alejandra Gils Carbó. “Ya reconoció que hay doscientas denuncias con las que no se avanzó”, afirmó. Lo que deben saber los fiscales, dijo casi con sorna, es que “los presos no siempre mienten y los policías no siempre dicen la verdad”. Luego aseguró que hay una ecuación preocupante: “Si creamos centros que vulneran los derechos humanos, los que salen van a violar los derechos humanos también”.
Según informó García Rey, de Amnistía Internacional, “en la actualidad hay 20 mil niños institucionalizados en lugares públicos y privados, la mayoría no está por delitos, sino por situaciones de pobreza”. A este factor de encierro discriminatorio, la especialista sumo las situaciones ilegales constatadas en centros de salud mental: “Ahí se aplican tratamientos sin consentimiento, gente atada y sobremedicada, lo que puede asimilarse a la tortura”, señaló. García Rey también refirió que existen privaciones ilegítimas de la libertad de pacientes, a la luz de la Ley de Salud Mental.
“Yo escuché jueces civiles que se niegan a aplicar esta ley, que dicen que no existe porque no está reglamentada. Es vergonzoso”, aseguró Martínez, quien advirtió, al ser consultada por este cronista, que ciertas comunidades terapéuticas terminan siendo “cárceles privadas” por complicidad entre familiares y supuestos especialistas en adicciones. De esta forma, agregó, muchas personas terminan siendo internadas contra su voluntad y sin mediar medidas judiciales: “Más allá de los controles que podamos hacer nosotros, se tiene que reglamentar urgentemente la Ley de Salud Mental”.
EL CASO DE ROBERTO YRUSTA, MUERTO ESTE AñO
Lazos perversos en el penal
Las cadenas eran usadas para sujetar a los internos que hacían reclamos.
Uno de los casos más terribles de tortura, en las cárceles de San Martín o Bouwer, en la provincia de Córdoba, es el de Roberto Agustín Yrusta. Sus familiares denunciaron, a distintos medios periodísticos y a la Justicia, que el hombre, de 36 años, pasó “por todo tipo de torturas, tormentos y malos tratos por parte del Servicio Penitenciario de Córdoba, desde la permanencia por largos períodos en buzones o celdas de castigo”. En el penal de San Martín le aplicaron “el submarino seco (una bolsa de plástico en la cabeza que le corta la respiración), fue golpeado, amenazado y atado, encadenado a una cama, entre otras aberraciones”.
Según la denuncia recibida por la Coordinadora Anticarcelaria, que realiza acciones en defensa de los presos, un oficial de apellido Flores “lo perseguía a Roberto en forma permanente, lo insultaba, lo amenazaba y lo empezaron a torturar”. Una hermana de Yrusta sostuvo que “en la cárcel de San Martín recibía ese trato y fue igual cuando lo pasaron al penal de Bouwer. Cada vez que íbamos nosotros, tenía las cadenas marcadas en los brazos. Una vuelta le quebraron un brazo y nunca fue atendido por un médico ni enyesado”.
“Cuando lo pasaron a Bouwer siguieron maltratándolo y torturándolo, porque los guardias iban de acá para allá, al lugar donde estaba mi hermano, de manera que nunca lo dejaban en paz.” De acuerdo con la denuncia, Yrusta vivió esas situaciones durante tres años consecutivos. A fines del año pasado, hizo denuncias públicas a través de la prensa, durante una visita que un canal de televisión de la Capital Federal hizo a la cárcel. “Desde entonces, las torturas se hicieron cada vez más graves.” Yrusta murió a principios de año en la cárcel de Santa Fe, a la que había sido trasladado
Un protocolo sin reglamentar
El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, no reglamentado aún, fue objeto de reclamos en el encuentro en el que participaron integrantes de la Campaña Nacional contra la Tortura. Según explicó Jorge Taiana, Argentina firmó dos convenciones al respecto: “Una con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otra con las Naciones Unidas. Luego se agregó este protocolo facultativo en 2006. Hubo algunas resistencias de las provincias para que se implemente; recién el año pasado se sancionó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ahora falta reglamentarlo e implementarlo”. En diálogo con Página/12, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, aseguró que está trabajando en el decreto reglamentario. “Va a salir antes de fin de año y seguramente vamos a instrumentar el Comité Nacional Contra la Tortura, que podría entrar y revisar las cárceles provinciales, siempre y cuando las provincias adhieran a la ley. Por si no adhieren, se está debatiendo en el Consejo Federal de Derechos Humanos que cada provincia sancione su propio protocolo, con un piso común que respete la ley nacional”, detalló
Fuente:Pagina12
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