Opinión
Pescadores de bagres
El proceso de democratización de la justicia despertó reacciones tan violentas como esperables. Es obvio que todo intento de democratizar corporaciones poco afectas a la horizontalidad es fuente de reacciones. Sin duda, en una democracia plena, una de las estrategias más inmediatas y al alcance de cualquier profesional del Derecho es la interposición masiva de recursos judiciales contra la materialización más emblemática de este proceso de democratización que es: la ley.
Por: Carlos Rozanski
El corto tiempo transcurrido entre la sanción de las leyes en cuestión y la masiva presentación de esos recursos es muestra elocuente, tanto de los intereses que se afectan como de la virulencia de la respuesta. Lo que sucede es que las leyes por sí solas no modifican prácticas corruptas, conductas corporativas o shopings judiciales. Son cambios culturales que pueden ser motorizados por leyes, pero si no hay jueces y funcionarios dispuestos a respetarlas y a desenmascarar las estrategias que sólo buscan violarlas o paralizarlas, esos cambios serán más lentos. Afortunadamente, al mismo tiempo que hay jueces que anticiparon su oposición a estas legítimas leyes de la Nación, hay otros que con la naturalidad de los decentes, rechazan y ponen el nombre adecuado a las aventuras reaccionarias señaladas.
Así, ayer, el juez Alejo Ramos Padilla no sólo rechazó "in limine" los intentos de frenar el proceso eleccionario en el que se apliquen las modernas y flamantes leyes, sino que calificó el intento de "excursión de pesca". Esa conjunción de los tres poderes del Estado, quienes elaboran y promulgan las leyes y quienes las aplican, es sin duda el mejor camino al señalado cambio cultural profundo. Llamar las cosas por su nombre es tal vez la manera más expeditiva, clara y contundente de decirles, a quienes van en busca de esta clase de shoppings, que las ofertas de enriquecimiento y poder a costa de la gente se terminaron. Que aunque crean que van a pescar dorados, sólo van a recoger bagres.
Fuente:InfoNews
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04.06.2013más renuncias a la asociación de magistrados en protesta por los amparos "Los consejeros no salieron de abajo de las baldosas"
Garrigós de Rébori habló de las "pertenencias políticas" en la Magistratura.
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Por su parte, el titular de la Unidad Fiscal de Coordinación de causas de Lesa Humanidad, Jorge Auat, anunció que en las próximas horas también presentará su dimisión, al tiempo que denunciará el rol de la Asociación en relación a jueces y funcionarios del Poder Judicial vinculados con la última dictadura cívico-militar.
"Los consejeros actuales también tienen pertenencia política; no es que salen de abajo de las baldosas", aseveró la también presidenta de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, Garrigós de Rébori. "Advertidos los constituyentes (en 1994) de la interpretación diversa que podía suscitar la redacción del artículo 114, resolvieron no modificarlo", subrayó la jueza, quien insistió con que "todos los partidos políticos, en la medida que han sido gobierno, pusieron sus jueces" en funciones. Y afirmó que, a partir de la reforma judicial, "nadie está obligado a abandonar la colegiación ni a afiliarse a un partido" para poder postularse al Consejo de la Magistratura.
La titular de Justicia Legítima destacó que "la afinidad (política) siempre ha existido" y que "la gran mayoría de los partidos tiene prevista la posibilidad de llevar extrapartidarios" en las elecciones generales para integrar la Magistratura en sus distintos estamentos.
En ese sentido, el fiscal De Luca consideró "gravísimo" que la Asociación de Magistrados "se meta en las políticas de Estado", al presentar un amparo ante la justicia para frenar la aplicación de una ley. "Eso lo puede hacer un político, pero no un juez. No tendrían que haber hecho nada. La ley de reforma del Consejo de la Magistratura no ataca el rol del magistrado en sus funciones. Por lo tanto, lo que está haciendo (la Asociación) al presentar una acción legal en su contra es defender un privilegio personal", consignó.
Por su parte, el camarista Alejandro Slokar dijo ayer que, a través de los amparos contra la reforma judicial, "los jueces revisan las leyes sobre jueces", una función reservada en otros países a tribunales constitucionales conformados por académicos y sin integrantes vitalicios. Respecto al paquete de leyes del Ejecutivo, Slokar recordó que, para Justicia Legítima, es "el comienzo pero nunca el final" de una reforma que debe promover "el acceso a la justicia para los sectores más desfavorecidos".
Fuente:TiempoArgentino
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RECHAZO A LOS PLANTEOS QUE BUSCAN FRENAR LA REFORMA DE LA MAGISTRATURA
“Son un ejercicio abusivo”Por Irina Hauser
El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, rechazó in límine el pedido de cautelar
El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, emitió ayer un fallo que va en dirección contraria a los que dictaron un juez de Mar del Plata y otro de San Nicolás. Vinculó la catarata de amparos con el fórum shopping.
El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, sostuvo que los planteos de inconstitucionalidad que intentan frenar la reforma del Consejo de la Magistratura y la elección popular de sus integrantes constituyen un “ejercicio abusivo” del derecho de peticionar ante las autoridades de parte de entidades de jueces y abogados. A su entender, la estrategia que han desplegado, de “diseminar” una “catarata de amparos” en múltiples juzgados, está “emparentada con el fórum shopping”, en este caso como “excursión de pesca en busca” de algún juzgado que admita “esta irregular pretensión” que, a su entender, busca “limitar” el derecho de la ciudadanía a elegir a sus representantes. En estos términos, Ramos Padilla rechazó in límine (de plano) el pedido de medida cautelar del Colegio de Abogados local e incluso advirtió que todas las presentaciones deberían tramitarse en el juzgado electoral porteño.
La resolución de Ramos Padilla está en el extremo opuesto a las que dictaron la semana pasada el juez de Mar del Plata, Alfredo López, y el de San Nicolás, Martín Alberto Martínez. Ambos le ordenaron al Poder Ejecutivo frenar las elecciones de consejeros por evaluar que la reforma del mecanismo de votación de sus integrantes podría llegar a considerarse inconstitucional. Las dos demandas habían sido promovidas por colegios de abogados, como parte del plan de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) de abrir causas en la mayor cantidad de juzgados posibles. Estaban en sintonía con los reclamos de la Asociación de Magistrados, camaristas, particulares y fuerzas políticas. Todos cuestionan el voto popular de los consejeros abogados y jueces, alegando que sólo su corporación puede elegirlos como sus representantes, y dicen que no se respeta el equilibrio entre los estamentos del Consejo.
Según Ramos Padilla, el mecanismo para elegir consejeros debe “provenir de una discusión racional” en los “ámbitos de mayor representación democrática del país”. “Los jueces y abogados –sostuvo en su resolución– no podemos colocar por encima de los intereses del pueblo nuestros reclamos corporativos y mucho menos presentar una lluvia de amparos y medidas cautelares para lograr que algún juez de cualquier lugar del país dicte un pronunciamiento suspendiendo las elecciones y cercenando en definitiva derechos del pueblo.” Eso sería, alertó, “un precedente nefasto” porque “institucionalizaría un proceder contrario a los más elementales principios que hacen a nuestro sistema”.
Ramos Padilla consideró que esa práctica, que equiparó al fórum shopping (elegir o conseguir un juez que falle a favor), es un “hecho de gravedad institucional, de la que los magistrados sorteados no podemos ser cómplices”. “Es tan ilícita la conducta de quien busca de este modo irregular la intervención de aquel magistrado como la de aquel magistrado que sabiendo que está frente a una maniobra como la descripta se presta a resolver la cuestión”, advirtió. Además, sostuvo que una declaración de inconstitucionalidad debería ser un recurso de última instancia.
Otro punto sobre el cual alertó el juez de Dolores se refiere a la multiplicidad de criterios que pueden surgir de diferentes fallos. “No podemos poner en riesgo la autoridad del propio Poder Judicial dictando cada uno de los jueces distintas resoluciones contradictorias.” También sostuvo, a diferencia de algunos jueces, que es “obligatoria” la intervención del fiscal. Postuló, por último, que todas las causas deberían tramitarse ante la Justicia Electoral porteña, por lo pronto ante la jueza María Servini de Cubría, quien ya recibió más de una decena de planteos de entidades y partidos políticos. A diferencia de otros magistrados, ella sostuvo que por el momento no haría lugar a ninguna medida cautelar y le dio hasta este viernes al Estado para que explique su postura. Servini le pidió al fiscal Jorge Di Lello que dictamine en todos los amparos, menos en la presentación de la Asociación de Magistrados –a la que pertenece–, en la que le aceptó la excusación.
En el Gobierno analizan los pasos a seguir: en las causas de Mar del Plata y San Nicolás podrían apelar ante las cámaras de la jurisdicción o directamente plantear un per saltum ante la Corte Suprema.
Promulgaron la última ley
El Gobierno promulgó la ley de ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial, dando por finalizada de esta forma la puesta en marcha del paquete de leyes para la democratización de la Justicia. La Ley 26.861 –la última de las seis aprobadas por el Congreso en el marco de la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo– fue dispuesta a través del decreto 643, publicado ayer en el Boletín Oficial con las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; y el ministro de Justicia, Julio Alak.
Fuente:Pagina12
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