GUATEMALA.

MIÉRCOLES, 10 DE JULIO DE 2013
Sentencia histórica: El Estado responsable de violentar el derecho a la alimentación 
CERIGUA 
El Juzgado de Niñez y Adolescencia en Conflicto con la Ley Penal de Zacapa declaró al Estado de Guatemala como responsable, en cinco casos judiciales, presentados en noviembre de 2011, por violentar el derecho a la alimentación a cinco menores de edad en Camotán, Chiquimula, una sentencia histórica en el país. 

Según la información de elPeriódico, la sentencia destaca que el Estado de Guatemala es responsable, por omisión, de violar el derecho a la alimentación, a la vida, a la vivienda, a la salud, a la educación y al trabajo, no sólo de los cinco niños y niñas sino de sus familias. 

Los casos fueron presentados por la Campaña Guatemala Sin Hambre, una entidad que aglutina a 14 organizaciones sociales, y lo que se pretendía era proteger a tres niñas y dos niños con desnutrición crónica, originarios de Cañón Tisipe y Lelá Chancó, comunidades de Camotán. 

Gustavo Pernilla, integrante de la Campaña, declaró que las cinco familias fueron identificadas y elegidas, con el fin de llevar los casos a juicio; dadas las características de pobreza extrema en las que viven, era importante llevarlo a la vía jurídica y así sentar precedentes en la violación al derecho de la alimentación, anotó. 

Pernilla, dijo, a elPeriódico, que la sentencia manda una solución de carácter integral, en la que deben incluirse acciones de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), la Comisión Presidencial para la Resolución de Conflictos de Tierra (CONTIERRA) y los ministerios de Educación, Salud, Trabajo y Agricultura, entre otros; además se fijaron plazos de uno a tres meses para el cumplimiento de las medidas inmediatas. 

Por su parte, Luis Monterroso, titular de la SESAN, indicó, a Prensa Libre, que aunque la demanda fue interpuesta durante el gobierno anterior, la respuesta del actual gobierno y las medidas que dicta la sentencia están incluidas en el Plan Hambre Cero; calificó de histórica la condena, la que será asumida como Estado. 

La información publicada en Plaza Pública destaca que estos procesos judiciales son los primeros de su tipo en Guatemala; son inéditos, pues se demandó al Estado por violar los derechos económicos, sociales y culturales, indica. 

Magaly Cano, coordinadora de la Campaña Guatemala Sin Hambre, comentó que cada uno de los casos llevados a juicio tuvo un estudio de viabilidad jurídica, ya que lo que se trataba de demostrar era que existía la violación de derechos y que el Estado era el responsable de vulnerarlos y determinar una serie de medidas para restituirlos. 

Cano dijo que la Procuraduría General de la Nación (PGN) jugó un doble papel en los juicios, como defensor de los intereses del Estado y como garante de los derechos de la infancia en Guatemala; por lo que existía la amenaza de que esa entidad tomara como única medida quitar a las familias a los menores de edad, aduciendo que eran sus madres y padres los responsables de la deteriorada salud de ellos y que había que resguardarlos en una institución pública, pero no fue así.

El juez Elvyn René Gutiérrez Romero, estableció el precedente jurídico, al asumir que el Estado, por omisión, era el responsable de violar los derechos de los demandantes, según las resoluciones, tanto las leyes nacionales, como convenios y tratados internacionales, obligan a garantizar una alimentación adecuada de las y los niños.

Finalmente, las sentencias determinan que el Estado no puede presumir de tener una política efectiva de combate a la desnutrición, cuando sus programas tienen enfoques asistencialistas y no con base a derechos humanos esenciales. 

MIÉRCOLES, 10 DE JULIO DE 2013 
Noticias censuradas por los grandes medios regionales. Guatemala: Dos periodistas asesinados en 2013 y otros atentados 
Por Elías Barahona (en Ciudad de Guatemala. CIAP - FELAP) 
Dos periodistas fueron asesinados y otros dos quedaron heridos en lo que va del año 2013, en episodios ocurridos en la capital guatemalteca y en provincias del interior como resultado de diferentes acciones de desconocidos que se proponen obstaculizar el libre ejercicio profesional. 

De acuerdo con informes recientes de la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), el 20 de marzo 2013 fue asesinado a balazos el afiliado apegista José Napoleón Jarquín Duarte, en la nororiental provincia de Jutiapa, fronteriza con la república de El Salvador y el 9 de abril murió en similares circunstancia Luis Alberto Lemus Ruano, Vicepresidente de la Asociación de Periodistas Jutiapanecos, propietario y director de medios de radio y televisión por cable. 

El mismo día fue herido de gravedad el reportero de “Radio Sonia” Víctor Castillo en el aeropuerto internacional de La Aurora por un agente de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) cuando intentaba cubrir el virtual secuestro del ex presidente de la República Alfonso Portillo, reclamado por autoridades gubernamentales por lavado de dinero.

Por otra parte, la noche del 16 de mayo fue herido de bala en las piernas el conocido periodista y cantautor Julio César del Valle, mientras circulaba en su vehículo por el sur de la capital guatemalteca. 

Asimismo, el 10 de febrero escapó de morir Elsa Mariana García, presentadora del programa “Sin Reservas” de Guatevisión, cuyo vehìculo fue atacado en la llamada “zona viva” de Ciudad de Guatemala, muriendo su acompañante Julio Alexander Feucht. 

También fueron agredidos por guardaespaldas de Otto Pérez Molina, presidente de la República, varios reporteros de diferentes medios que preguntaron al primer mandatario sobre su presunta responsabilidad en el genocidio de la etnia Ixil cuando fungía como “comandante Tito” en 1982.

A estos hechos violentos cometidos contra miembros del periodismo se suman una serie de amenazas de muerte e intimidaciones que se sospecha proceden de funcionarios del gobierno.

Entre los periodistas amenazados de muerte por su actividad profesional se encuentran: Sonia Menchú, del diario El Periódico; Gladys Monterroso, del diario La Hora; Alexander Coyoy, corresponsal del diario Prensa Libre en el noroccidental departamento de San Marcos; y Carlos Alberto Salgado Vega, del suroriental Retalhuleu.

Las agresiones contra profesionales de la prensa nacional se agudizaron este año, en comparación con el año anterior; pero disminuyeron en relación con los años 70 y 80 cuando fueron asesinados o desaparecidos más de 200 periodistas, la mayoría miembros del Sindicato de Trabajadores en los Medios de Comunicación, cofundado y dirigido, como secretario general, por el autor de esta nota. La totalidad de estos casos permanece impune. 

Elías Barahona, periodista guatemalteco de vasta trayectoria profesional y gremial, corresponsal CIAP - FELAP en Guatemala, co-fundador y primer secretario general del Sindicato de Trabajadores en los Medios de Comunicación. (CIAP - FELAP es la Comisiòn Investigadora de Atentados a Periodistas de la Federación Latinoamericana de Periodistas).
Fuente:Argenpress