LA DEFENSA DE PEDRO "PILI" RODRIGUEZ DESCALIFICO A TESTIGOS DE LA CAUSA CASADO
Más que técnica, defensora mimetizada
Roxana Gambacorta apuntó en su alegato a afirmar que los hechos de privación ilegal de la libertad de Manuel Casado no estaban acreditados. En la última audiencia, el fiscal Stara denunció amenazas contra otro testigo, Carlos Avalos.
Pedro Pili Rodríguez era el encargado de individualizar a las personas buscadas por los militares.Imagen: Alberto Gentilcore
Las últimas instancias del juicio por la privación ilegal de la libertad de Manuel Casado, el 25 de marzo de 1976, en San Lorenzo, parecen interminables. El viernes comenzaron los alegatos de las defensas, pero no terminaron: el Tribunal Oral Federal número 1 determinó un cuarto intermedio hasta el jueves próximo, a las 10. La defensa oficial de Pedro "Pili" Rodríguez, que fue director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San Lorenzo antes y durante la última dictadura militar, pidió la nulidad del proceso por prescripción de los hechos juzgados. La Corte Suprema de Justicia de la Nación y hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos confirmó que los delitos enmarcados en el terrorismo de Estado son de lesa humanidad y por lo tanto, imprescriptibles. Además, la defensora oficial Roxana Gambacorta dedicó buena parte de su exposición a descalificar los relatos de los testigos del juicio, en los que el fiscal Gonzalo Stara basó su acusación. "Nunca vi una defensa técnica tan mimetizada con su defendido", expresó Gustavo Feldman, que era el abogado de Casado. Si bien la querella quedó sin efecto por la muerte de su representado, sigue yendo como público a las audiencias.
El viernes, Stara informó al Tribunal que uno de los testigos, Carlos Avalos, fue amenazado a través de su hijo, el sábado 13 de julio, en San Lorenzo, por personas que estaban al tanto de los movimientos que realiza. La denuncia fue presentada el lunes mismo, y el viernes 19 llegó al despacho del juez federal Carlos Vera Barros, que deberá instruir la investigación. En su alegato del 5 de julio, Stara pidió 20 años de prisión, de cumplimiento efectivo en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal, para los otros dos acusados en el juicio, Rubén Cervera y Horacio Maderna, que eran jefe y subjefe del Batallón de Arsenales de San Lorenzo, y fueron designados intendente y secretario de Gobierno de facto el 24 de marzo de 1976.
Justamente, al día siguiente, por la tarde, en la llamada "esquina de los bancos" de San Lorenzo, Casado fue privado ilegalmente de la libertad por una patota del Ejército, desde un vehículo militar. Rodríguez estaba arriba, y fue el encargado de señalarlo.
Si bien Gambacorta aseguró que no pondría en tela de juicio el terrorismo de Estado, su alegato se basó en descalificar a los testigos, y considerar que las diferencias entre los relatos no eran "nimias" como explicó el fiscal en su alegato. La defensora oficial quiso desmentir que los crímenes sufridos por Casado hayan constituido delitos de lesa humanidad, y tomó en cuenta los legajos de Casado y uno de los testigos clave, Edilio Quiroga, para desmentir la persecución política. Subrayó que las cesantías se produjeron por abandono de tareas. Un eufemismo que durante la dictadura se usaba para esconder, justamente, las privaciones ilegales de la libertad y los despidos.
Gambacorta también reflotó el argumento de "situación política", planteada por su defendido, que llegó a ser diputado provincial y quiso presentarse como candidato a intendente de San Lorenzo, en 2007. Desde 2003, cuando Casado lo denunció por su secuestro, Rodríguez asegura que se trató de una conspiración que tuvo al actual senador Armando Traferri --entonces intendente-- como impulsor, para dejarlo afuera de la disputa política.
Para Gambacorta, "no se ha acreditado con el grado de certeza requerido para esta etapa lo narrado por el señor Casado". La defensora cuestionó los testimonios de Carlos Del Frade y del periodista de Rosario/12 José Maggi, que declararon en el juicio y también la emprendió contra una foto aportada por la Fiscalía que muestra a Rodríguez junto a autoridades militares durante un acto oficial en San Lorenzo en la última dictadura. Consideró que la presencia de su defendido en el mismo palco que el entonces presidente Jorge Rafael Videla no demuestra su participación en el gobierno dictatorial.
LA FESTRAM RINDIO SU HOMENAJE A MANUEL CASADO
Casado murió sin ver condenados a los responsables de sus condenas. 
Imagen: Alberto Gentilcore
Desde Santa Fe
El congreso general ordinario de la Festram rindió su homenaje al ex secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Lorenzo, Manuel Casado, quien falleció a mediados de junio, antes de que el juicio al grupo de tareas que lo secuestró y torturó en 1976 terminara con una sentencia, por la que esperó en vano 36 años. "Pedimos justicia para Manuel", dijo el líder de Festram, Claudio Leoni, al ratificar el compromiso del gremio con "la lucha por los derechos humanos y el juicio y castigo a los culpables de delitos de lesa humanidad".
Leoni pidió "un minuto de aplausos" por Casado y luego propuso que el congreso de Festram -que representa a 42 sindicatos de la provincia y a más de 33 mil afiliados- sesionara "bajo la advocación" del gremialista fallecido, a quienes sus compañeros recuerdan como "un dirigente irreprochable". Casado fue secuestrado y torturado el 25 de marzo de 1976, horas después del golpe de Estado.
"Es necesario cerrar el círculo de memoria, verdad y justicia con los responsables civiles del genocidio", dijo Leoni. Y planteó que la represión en el cordón industrial y el martirio de Casado "nos permite comprender cómo la dictadura actuó a instancias de intereses ajenos a los trabajadores y al conjunto de los sectores populares".
Uno de los imputados en el juicio por el secuestro de Casado es el ex diputado del PJ, Pedro Rodríguez ("Pili"), que en 1976 era funcionario de la Municipalidad de San Lorenzo. "Rodríguez está sindicado como partícipe necesario en el delito de lesa humanidad cometido contra el representante de los trabajadores municipales y otros compañeros del cordón industrial de San Lorenzo", señaló.
"Tiempo después, cuando Rodríguez era funcionario de una gestión democrática elaboró un proyecto de estatuto para eliminar la estabilidad laboral de los trabajadores municipales santafesinos, hecho en que volvió a insistir cuando obtuvo su banca de diputado en representación del Partido Justicialista", recordó Leoni.
Fuente:Rosario12
Leoni pidió "un minuto de aplausos" por Casado y luego propuso que el congreso de Festram -que representa a 42 sindicatos de la provincia y a más de 33 mil afiliados- sesionara "bajo la advocación" del gremialista fallecido, a quienes sus compañeros recuerdan como "un dirigente irreprochable". Casado fue secuestrado y torturado el 25 de marzo de 1976, horas después del golpe de Estado.
"Es necesario cerrar el círculo de memoria, verdad y justicia con los responsables civiles del genocidio", dijo Leoni. Y planteó que la represión en el cordón industrial y el martirio de Casado "nos permite comprender cómo la dictadura actuó a instancias de intereses ajenos a los trabajadores y al conjunto de los sectores populares".
Uno de los imputados en el juicio por el secuestro de Casado es el ex diputado del PJ, Pedro Rodríguez ("Pili"), que en 1976 era funcionario de la Municipalidad de San Lorenzo. "Rodríguez está sindicado como partícipe necesario en el delito de lesa humanidad cometido contra el representante de los trabajadores municipales y otros compañeros del cordón industrial de San Lorenzo", señaló.
"Tiempo después, cuando Rodríguez era funcionario de una gestión democrática elaboró un proyecto de estatuto para eliminar la estabilidad laboral de los trabajadores municipales santafesinos, hecho en que volvió a insistir cuando obtuvo su banca de diputado en representación del Partido Justicialista", recordó Leoni.
Fuente:Rosario12
No hay comentarios:
Publicar un comentario