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Plan Cóndor: piden investigar el rol de la embajada uruguaya
El diputado uruguayo Luis Puig se presentó ayer por la mañana ante el juez federal Sebastián Casanello para que se investigue si la Embajada de Uruguay funcionó como centro clandestino de detención en el marco del Plan Cóndor. El legislador del Partido por la Victoria del Pueblo (PDP) entregó al magistrado un pedido de medidas de prueba y las fotos de tres celdas que funcionaron en el subsuelo del edificio de avenida Las Heras y Ayacucho.
Por: Gerardo Aranguren
Junto con la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, Puig fue recibido por el juez federal Casanello en su despacho y le manifestó que se dirigirá al Ministerio de Relaciones exteriores argentino para que interceda ante la Cancillería uruguaya en el pedido de planos del edificio y una inspección judicial a la sede diplomática.
Al salir de los tribunales de Comodoro Py, Puig destacó la actitud y el interés del juez Casanello y, en dialogo con Tiempo Argentino, señaló: "No podemos afirmar que haya existido un centro clandestino de detención en la embajada, pero se puede inferir a partir de la construcción que esas celdas no eran para guardar artículos de limpieza, eran para otra función." En ese sentido, el legislador destacó el rol en la represión ilegal que tuvieron las sedes diplomáticas uruguayas, que eran instruidas para suspender los pasaportes de los perseguidos por la dictadura para que no pudieran huir del país, como fue el caso de Wilson Ferreira Aldunate, Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, los dos últimos secuestrados y asesinados.
"A partir de 1976 se usó el centro clandestino de detención Automotores Orletti, pero antes ya había habido secuestros de uruguayos exiliados en Argentina, por ejemplo, militantes detenidos aquí, llevados clandestinamente de vuelta a Uruguay y fusilados en la localidad de Soca. No sabemos dónde estuvieron detenidos", explicó Puig.
La denuncia de Puig ya había sido presentada ante la justicia uruguaya el año pasado, aunque todavía no se produjeron resultados. "Allá no fuimos recibidos por ningún juez y no hubo ninguna citación, lo que nos llevó a buscar el camino de la justicia argentina. Vemos muy bien la instalación en Argentina de una política pública que promueve la defensa de los Derechos Humanos y tenemos esperanza de que se allane el camino", manifestó Puig, y agregó: "Nos parece importante que se abra una línea de investigación por la responsabilidad de los diplomáticos en los delitos de la dictadura."
Fuente:TiempoArgentino
Envío:Agnddhh
PRESENTACION DE UN DIPUTADO DE URUGUAY
Una denuncia por celdas clandestinasPor Adriana Meyer
El Operativo Cóndor de coordinación represiva en el Cono Sur tiene su capítulo argentino y uruguayo, que ahora podrían cruzarse una vez más en una investigación. Un diputado oriental pidió a la Justicia argentina que determine si hubo un centro clandestino con calabozos en una de las sedes de la Embajada de Uruguay en Buenos Aires. El legislador Luis Wilfredo Puig Cardozo ya había presentado las fotos que probarían la existencia de estas celdas ante la Justicia de su país, pero como la denuncia no avanzó decidió volver a plantearla de este lado del Río de la Plata. “La reacción fue muy positiva, porque el juez se mostró dispuesto a investigar”, dijo el diputado a Página/12 tras su encuentro con el juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la investigación de los crímenes cometidos bajo la órbita del Cóndor. Este magistrado será quien determine si las autoridades de esa sede diplomática tuvieron tal grado de involucramiento en el plan por el cual los perseguidos en cada país del Cono Sur podían ser apresados en los países limítrofes durante sus exilios.
“Luego de presentarle fotos y documentos le explicamos al juez cómo nos enteramos de todo esto. Sabemos que la mayoría de los uruguayos víctimas del Cóndor estuvieron en el centro clandestino de Automotores Orletti, que comenzó a funcionar el 9 de junio de 1976. Sin embargo, hubo secuestrados desde 1974 y 1975, cuando se dio la clara participación de la Cancillería uruguaya, que emitió órdenes a las embajadas de todo el mundo, pero respecto de la argentina fue más preciso el monitoreo a los opositores, que derivó en hechos como la anulación de los pasaportes de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, que no pudieron salir del país, fueron secuestrados el 18 de mayo de 1976 y asesinados el 20”, relató Puig, diputado del Partido por la Victoria del Pueblo-Frente Amplio,
Según la denuncia –presentada ayer junto a la abogada Elizabeth Gómez Alcorta y a Lucho Ruiz, uruguayo exiliado desde 1975–, los calabozos funcionaron en el subsuelo del edificio del Consulado uruguayo en Buenos Aires, en la sede de avenida Las Heras y Ayacucho. “El hecho de que numerosos ciudadanos uruguayos fueran secuestrados en Buenos Aires por agentes del Estado uruguayo, siendo algunos de ellos posteriormente trasladados a Uruguay y otros desaparecidos en el vecino país, y la constatación de la existencia de centros clandestinos de detención durante este período, nos lleva a preguntarnos si en esta sede diplomática funcionó uno de estos centros”, dice la presentación.
El diputado Puig había tomado conocimiento de la existencia de tres celdas en el primer subsuelo de la sede consular por el testimonio de residentes uruguayos en Argentina. En una reciente visita junto a una delegación, constataron la veracidad de la denuncia y obtuvieron un registro fotográfico para presentar como prueba. “En octubre pasado las llevamos ante la Justicia uruguaya, pero nunca nos llamaron, así que propusimos hacer la denuncia en la Justicia argentina, en la causa que ya investiga el Plan Cóndor”, explicó Ruiz.
Por su parte, el diputado Puig mencionó los nombres de otras víctimas que pudieron haber pasado por esos calabozos, que se encuentran intactos y preservados. “Tienen rejas y unas gruesas planchuelas de acero, sabíamos que durante la dictadura entraban y salían detenidos de la embajada, que había un sector que llamaban ‘el hotelito’”, completó. La rápida respuesta que ponderaron los uruguayos en la actitud del juez se resume en el compromiso de contactarse con la Cancillería para poder realizar una inspección ocular en el lugar.
Los sobrevivientes ya habían denunciado que la embajada uruguaya había sido parte del circuito represivo del Cóndor, y hace dos años presentaron documentación ante la Justicia argentina para demostrar que funcionó como una trampa para los exiliados que acudieron a ella.
Fuente:Pagina12
Envío:Agnddhh
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