NUEVAS MEDIDAS PARA EVITAR LA FUGA DE DETENIDOS POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD
Un protocolo para traslados más seguros
El Ministerio de Justicia estableció que para trasladar a los represores habrá que remitir antes un exhaustivo informe médico al fiscal y al juez interviniente. Se priorizarán los centros de salud dependientes del servicio penitenciario y los hospitales públicos.
El ministro Alak dispuso nuevas medidas de seguridad para el traslado de los represores.Imagen: Télam
El Ministerio de Justicia ordenó ayer nuevas medidas de seguridad para el traslado de detenidos en causas de delitos de lesa humanidad, luego que los represores Jorge Antonio Olivera y Gustavo De Marchi –condenados por crímenes cometidos durante la última dictadura– se fugaran hace más de una semana del Hospital Militar Central Cosme Argerich, adonde habían sido trasladados para una supuesta atención médica. La Resolución 1272, publicada ayer en el Boletín Oficial, establece un nuevo protocolo “previo” para el traslado de detenidos por esas causas para su atención sanitaria, que deberá contemplar un exhaustivo informe médico remitido al Ministerio Público Fiscal y al juez de la causa para su autorización y donde tendrán prioridad los centros de salud dependientes del servicio penitenciario y los hospitales públicos. La normativa también extrema las medidas de seguridad en el caso de traslados a centros sanitarios militares donde, como sucedió con las fugas de Olivera y De Marchi, podrían contar con una ayuda “planificada” para evadirse. Por la tarde, el ministro Julio Alak denunció en rueda de prensa que diez de los once implicados en crímenes de lesa humanidad que estaban internados en el Hospital Militar debían haber recibido el alta médica pero permanecían allí para evitar las condiciones impuestas en cárcel común.
El Ministerio de Justicia ordenó ayer nuevas medidas de seguridad para el traslado de detenidos en causas de delitos de lesa humanidad, luego que los represores Jorge Antonio Olivera y Gustavo De Marchi –condenados por crímenes cometidos durante la última dictadura– se fugaran hace más de una semana del Hospital Militar Central Cosme Argerich, adonde habían sido trasladados para una supuesta atención médica. La Resolución 1272, publicada ayer en el Boletín Oficial, establece un nuevo protocolo “previo” para el traslado de detenidos por esas causas para su atención sanitaria, que deberá contemplar un exhaustivo informe médico remitido al Ministerio Público Fiscal y al juez de la causa para su autorización y donde tendrán prioridad los centros de salud dependientes del servicio penitenciario y los hospitales públicos. La normativa también extrema las medidas de seguridad en el caso de traslados a centros sanitarios militares donde, como sucedió con las fugas de Olivera y De Marchi, podrían contar con una ayuda “planificada” para evadirse. Por la tarde, el ministro Julio Alak denunció en rueda de prensa que diez de los once implicados en crímenes de lesa humanidad que estaban internados en el Hospital Militar debían haber recibido el alta médica pero permanecían allí para evitar las condiciones impuestas en cárcel común.
“En lo que refiere a los casos de detenidos civiles o militares en causas en las que se investigan violaciones a los derechos humanos, resulta indispensable que con carácter previo a cualquier traslado ordenado por la Justicia a un centro de salud dependiente de las Fuerzas Armadas, se efectúe un exhaustivo informe sobre las condiciones de seguridad de dicho traslado”, dice uno de los párrafos de la resolución.
“Esta evaluación deberá ponerse de manera inmediata en conocimiento del tribunal interviniente y del Ministerio Público Fiscal, con el objeto de que puedan adecuar su pedido en orden a la información que les fuera proporcionada”, señala la resolución ministerial.
Allí, también se indica que “en todos los casos en los que cualquier detenido necesite atención médica se lo deberá atender prioritariamente en los hospitales y dependencias de salud con que cuente esta institución penitenciaria”. “No obstante –precisa–, en caso de que el estado clínico del paciente exija la intervención de otro nosocomio, deberán utilizarse los hospitales públicos más cercanos al lugar de detención, en tanto se encuentren en condiciones de prestar la atención médica prescripta.”
Alak ofreció después una conferencia de prensa para dar detalles sobre la resolución, así como otras irregularidades que detectó el ministerio a su cargo. “Pensábamos que la situación médica de los internados era más compleja, por eso creamos una comisión para evaluar su estado en 30 días, pero mirando la historia clínica en 72 horas nos dimos cuenta de que una persona no podía estar internada porque tenía que hacer bicicleta fija para rehabilitar una rodilla”, detalló el titular de la cartera de Justicia ante la prensa, luego de señalar que de once detenidos por delitos contra la humanidad internados en el Hospital Militar, diez ya estaban en condiciones de haber sido dado de alta. Sin embargo, continuaban en el hospital para evitar su regreso a las cárceles comunes donde están recluidos por sus crímenes.
La comisión a la que hizo referencia Alak se creó luego de las fugas de Olivera y De Marchi y para controlar la situación médica de los detenidos internados en dependencias militares. “Quedó en evidencia que muchos traslados eran por temas médicos menores y que podían ser tratados perfectamente en su lugar de detención”, dijo el ministro en la rueda de prensa para luego aclarar que “la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) determinó la evaluación de los presos que están en hospitales de las fuerzas”.
Alak también insistió en cuestionar la decisión judicial que autorizó el traslado de Olivera al Hospital Militar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “para un tratamiento dermatológico” y en el caso de De Marchi, por una atención “psiquiátrica”, que podían haber sido atendidas por los profesionales del Servicio Penitenciario Federal de la provincia de San Juan, donde habían condenados y estaban detenidos.
En tanto, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, volvió a defender la decisión ya anunciada por el Gobierno de bloquear un fideicomiso al que Olivera había destinado fondos millonarios que había obtenido como abogado –en sociedad con el capitán retirado Jorge Humberto Appiani, otro militar y abogado procesado por delitos de lesa humanidad–, litigando contra el Estado. “Las fugas no se hacen sin apoyo logístico”, aseguró Rossi al recordar que, en la actualidad, son 62 los represores prófugos de la Justicia.
En la misma línea, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, aseguró que Olivera tenía vínculos con sectores económicos fuertes del país que le permitieron el armado de una estructura económica que hoy podría estar sosteniendo su sobrevivencia en la clandestinidad. El fideicomiso al que Olivera giraba su dinero había reunido “a diciembre de 2010, un fondo de 9,5 millones de pesos”.
La investigación del escape
El juez federal Claudio Bonadío, quien investiga la fuga de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, y las posibles responsabilidades para que se produjera, tomó declaración en los últimos días a personal del Hospital Militar Cosme Argerich, que fue desde donde huyeron. Declararon ocho personas, entre médicos y personal administrativo. Del relato que hicieron surge que cuando los dejaron en el establecimiento, los fugitivos quedaron en una sala del tercer piso donde suelen esperar ser atendidos los implicados en crímenes de lesa humanidad. Es un lugar, describieron los testigos, que no tiene medidas seguridad diferentes, que permanece con la puerta abierta, sin custodia especial y los detenidos aguardan sin estar esposados. Olivera tenía turno en dermatología y De Marchi en psiquiatría a las 10.30 de la mañana.
No habría registro de quién los solicitó, pero estaban asignados. A esa hora no asistieron a las consultas, pero el personal del Servicio Penitenciario recién habría notado la ausencia cerca de las 13, cuando hizo un conteo de los presos de lesa humanidad que habían llevado. Esto implicaría que tuvieron un buen rato para escaparse. Se sospecha que la esposa de Olivera, Marta Ravasi, que trabajaba como psicóloga en el hospital, estaría implicada, pero aún no está citada en el expediente. La posibilidad de imputarla o no dependerá no sólo de las pruebas, sino del delito que analice el juez: si es “encubrimiento” podría quedar exceptuada de la adjudicación de un delito; si fuera “evasión”, no habría excepción.
Fuente:Pagina12
diez condenados y procesados permanecían en el hospital militar sin justificativo
Revelan la internación irregular de represores
El ministro de Justicia, Julio Alak, denunció una "trama de complicidades médicas y judiciales" para mantenerlos en esa situación.
Por: Franco Mizrahi
El funcionario convocó a una rueda de prensa para afirmar que la fuga de Olivera y De Marchi "estuvo planificada" y advertir sobre la existencia de "una trama de complicidades médicas y judiciales que sostenían privilegios inadmisibles" a algunos genocidas.
Así se desprende del primer informe que elaboró la comisión de asesoramiento médico interministerial, que se creó el 29 de julio pasado para conocer el real estado de salud de los represores alojados en diversos centros de salud de las Fuerzas Armadas. Los resultados corresponden a los internados en el Hospital Militar Central.
"Los equipos médicos han confirmado que no existen razones clínicas suficientes para que los detenidos permanezcan alojados en ese Hospital", aseguró Alak. Y subrayó: "Esto demuestra que los funcionarios judiciales correspondientes avalaban situaciones de absoluta desigualdad y sostenían privilegios inadmisibles".
El ministro aseguró que "quedó en evidencia que muchos traslados (al nosocomio) eran por temas médicos menores". El caso de Olivera es paradigmático: los jueces federales de San Juan, Leopoldo Rago Gallo y Miguel Gálvez, ordenaron trasladar al represor y abogado de la provincia en la que cumplía prisión perpetua a la Ciudad de Buenos Aires para que se tratase un problema dermatológico.
Entre los once represores internados en el mismo hospital militar se encontraban dos coroneles que no tenían una orden judicial de internación ni registraban un criterio médico que justificara su estadía en el lugar. Ambos fueron trasladados a los complejos penitenciarios de Marcos Paz y Ezeiza.
A pesar de haber recibido el alta médica, otros seis militares permanecían internados, gozando de las comodidades del hospital ubicado en sobre la calle Luis María Campos al 700. Desde el ministerio comunicaron la situación a los juzgados que dispusieron las internaciones para que corrijan la medida a la brevedad.
También hay un interno que espera una nueva evaluación médica, antes de que se defina su situación. Mientras que los dos restantes se encuentran en condiciones de ser trasladados para continuar sus tratamientos en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza, según informaron desde la cartera de Justicia y Derechos Humanos.
La nómina identifica a los internados como Humberto Lobaiza, Norberto Atilio Blanco, Gonzalo López Belsue, Miguel Angel Amigo, José De la Torre, Bernardo Menéndez, Manuel Cunha Ferré (el caso en estudio), Roque Pappalardo, Rodolfo Campos, Néstor Greppi y José Bettolli, todos ellos con grados que van de Teniente Coronel, a Coronel, salvo en un caso, que corresponde a un Mayor médico.
Muchas de las razones de internación son insólitas. Alak precisó que "uno de los represores estaba internado sólo porque debía realizar rehabilitación en una bicicleta fija; y otro por un lipoma, que no es otra cosa que una bolita de grasa, una patología por la que no hay en toda la Argentina una sola persona internada en un hospital". También comentó el caso de un genocida que "permanecía alojado porque una vez, en una consulta de rutina, tuvo presión alta".
Según el ministro, "la internación en estas irregulares condiciones constituye una grave violación a la Ley de ejecución de la Pena Privativa de la Libertad" porque "configura un inaceptable trato desigual respecto del conjunto de las personas privadas de la libertad".
Si bien estos resultados corresponden solo al Hospital Militar se anunció que la misma evaluación se extenderá al resto de los represores que se encuentren internados en otros centros de salud dependientes de las Fuerzas Armadas y de seguridad.
03.08.2013
Del total de 72 registrados en todo el país, 24 pertenecen a mendoza, san juan y san luis
Cuyo tiene el récord de prófugos
Según la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, le sigue la Capital, con 14 casos.
El desagregado de esa cifra de 24 indica que once están prófugos de juzgados federales de la capital mendocina, otros nueve del juzgado de San Rafael, cinco de los juzgados de San Juan y el restante de San Luis. Si se suman todas esas cifras la cuenta da 25 como resultado, pero ello se explica porque un mismo imputado es buscado en San Rafael y en Mendoza capital. Las jurisdicciones que siguen a Mendoza en cantidad de prófugos son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 14; Rosario, con ocho; y Mar del Plata, con seis, según señala el sitio
Los números se desprenden del relevamiento realizado –y actualizado diariamente– por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo del fiscal general Jorge Auat, que reúne los datos remitidos por todos los fiscales federales del país que intervienen en causas por violaciones a los Derechos Humanos durante la época del terrorismo de Estado.
Más de la mitad de los prófugos, 39, revistaron en las Fuerzas Armadas. La mayoría, 28, lo hizo en el Ejército. Otros seis lo hicieron en la Armada, uno en la Fuerza Aérea y cuatro integraron la plantilla del Personal Civil de Inteligencia (PCI) que formaba parte de esas fuerzas.
Fuente:TiempoArgentino
Alak se refirió este viernes a la situación de Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera, ambos detenidos por delitos de lesa humanidad y actualmente a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, quienes se fugaron de un nosocomio.
Aseguró que su escape "estuvo planificado" y adelantó que los "organismos nacionales e internacionales están trabajando intensamente para dar con su paradero y detenerlos". "Estamos evaluando a los que están detenidos y están hospitalizados en el Hospital Militar" completó.
El ministro asimismo informó que se revisarán los pedidos de traslado de todos los detenidos e imputados por delitos de lesa humanidad. "Muchos de quienes están pidiendo hospitalización lo que en realidad están haciendo es buscar un lugar más confortable para transitar el período de su detención", remarcó Alak.
Fuente:DiarioRegistrado
02.08.2013
lesa humanidad
Julio Alak aseguró que la fuga de represores “estuvo planificada”
lesa humanidad
Julio Alak aseguró que la fuga de represores “estuvo planificada”
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, aseguró que la fuga de los represores Jorge Olivera y Gustavo de Marchi "estuvo planificada", y confirmó que en adelante equipos especializados realizarán la evaluación de salud de los presos por delitos de lesa humanidad que se encuentran en los hospitales dependientes de las fuerzas.
En una conferencia de prensa realizada en la sede ministerial, el funcionario reveló la existencia de casos que “constituyen una flagrante violación a la Ley 24.660 de ejecución de la Pena Privativa de la Libertad” y “dan cuenta de una trama de complicidades médicas y judiciales que sostenían privilegios inadmisibles en el marco de un estado democrático y constitucional de derecho”.
En ese sentido precisó que un grupo de represores procesados y condenados por delitos de lesa humanidad permanecían internados en forma flagrantemente irregular y sin justificativo médico, por orden de los juzgados y tribunales orales a cargo de sus causas, en el Hospital Militar Central ‘Cosme Argerich’.
Asimismo, anunció que, como resultado del estudio realizado por la Comisión de Evaluación Médica creada el lunes pasado para revisar la situación de esos pacientes, el Ministerio a su cargo requirió a los magistrados actuantes en cada caso el traslado inmediato de esas personas a las unidades penitenciarias correspondientes.
Alak destacó que “la internación en estas irregulares condiciones constituye una grave violación a la Ley 24.660 de ejecución de la Pena Privativa de la Libertad” porque “configura un inaceptable trato desigual respecto del conjunto de las personas privadas de la libertad”.
“Configura un inaceptable trato desigual respecto del conjunto de las personas privadas de la libertad”El ministro denunció “una trama de complicidades médicas y judiciales que sostenían privilegios inadmisibles en el marco de un estado democrático y constitucional de derecho”, y reafirmó que “el Gobierno nacional no permitirá ninguna situación de impunidad”.
De las 11 personas internadas procesadas o condenadas por crímenes de lesa humanidad, dos ya fueron reingresadas en los complejos penitenciarios de Marcos Paz y Ezeiza, ya que no tenían orden judicial de internación ni registraban criterio médico que justificara esa situación.
En tanto, otras seis habían recibido el alta médica, pese a lo cual permanecían internadas; lo que motivó que el Ministerio comunicara su situación a los juzgados que dispusieron las internaciones para que revean y rectifiquen de manera inmediata la medida de alojamiento, ya que los pacientes están en condiciones de continuar sus tratamientos en forma ambulatoria.
“Han confirmado que no existen razones clínicas suficientes para que estos detenidos permanezcan alojados en ese Hospital”El interno restante espera una nueva evaluación médica antes de que se defina su situación, y los dos restantes se encuentran en condiciones de ser trasladados para continuar sus tratamientos en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza.
Alak señaló que, en el día de hoy, los equipos médicos “han confirmado que no existen razones clínicas suficientes para que estos detenidos permanezcan alojados en ese Hospital”, y subrayó: “Esto demuestra que los funcionarios judiciales correspondientes avalaban situaciones de absoluta desigualdad y sostenían privilegios inadmisibles”.
El ministro reveló que, entre los casos analizados, se detectaron situaciones “insólitas”, y precisó que “uno de los represores alojados en el Hospital Militar estaba internado sólo porque debía realizar rehabilitación en una bicicleta fija; y otro por un lipoma, que no es otra cosa que una bolita de grasa, una patología por la que no hay en toda la República Argentina una sola persona internada en un hospital”.
Alak mencionó también el caso de un represor que “estaba internado desde febrero de 2012 por una fractura de tibia y peroné”, el de otro que “permanecía alojado en el centro asistencial porque una vez, en una consulta de rutina, tuvo presión alta”, y finalmente el caso de uno que había quedado internado desde el día en que “se quejó de un dolor en el pecho”.
Las medidas informadas por el ministro fueron tomadas conforme a lo anunciado el pasado lunes 29 de julio, junto a las carteras de Defensa y Salud, cuando quedó conformada una comisión de asesoramiento médico interministerial con el fin evaluar las historias clínicas y determinar, junto a los médicos tratantes de cada uno de los pacientes, el real estado de salud y la conducta terapéutica a seguir con los procesados o condenados por delitos de lesa humanidad alojados en centros de salud de las Fuerzas Armadas.
Alak aclaró que el informe presentado hoy es el resultado del trabajo realizado en las últimas 72 horas sólo en el Hospital Militar Central “Cosme Argerich”, y anunció que la misma evaluación, con similares criterios y procedimientos, se extenderá al resto de los procesados y condenados por delitos de lesa humanidad, tanto pertenecientes a las Fuerzas Armadas como a las de seguridad, que se encuentren internados en centros de salud dependientes de esas instituciones, como por ejemplo el Hospital Churruca.
02.08.2013
lesa humanidad
Alak, sobre los represores prófugos: "No les va a ser sencillo fugarse"
"No les va a ser sencillo fugarse. Están siendo intensamente buscados por las fuerzas federales como también por los organismos de Migraciones, y por Interpol en todo el mundo con alerta roja para su captura", dijo Alak en declaraciones a la prensa.
Así lo expresó tras participar de la presentación del nuevo Sistema de Mediación Prejudicial (MEPRE) en un acto en el auditorio del Banco Nación, de esta capital.
Ayer, el Poder Ejecutivo dispuso el congelamiento de fideicomisos pertenecientes a Olivera, que lleva 8 días como prófugo, luego de fugarse del Hospital Militar junto De Marchi.
Para Alak, "evidentemente tenían un plan de fuga elaborado y planificado con anterioridad y han logrado sumar a diversas personas, no sólo en la actividad civil sino en ámbitos de los poderes del Estado".
"Lamentablemente tenemos que salir a buscar a estos represores, pero estamos convencidos de que la cadena perpetua y los 25 años lo van a cumplir porque los vamos a encontrar", concluyó el titular de la cartera de Justicia.
Alak, sobre los represores prófugos: "No les va a ser sencillo fugarse"
El ministro de Justicia dijo que a los represores prófugos Jorge Olivera y Gustavo De Marchi "no les va a ser sencillo fugarse" y expresó su convencimiento de que cumplirán sus condenas en prisión.
Así lo expresó tras participar de la presentación del nuevo Sistema de Mediación Prejudicial (MEPRE) en un acto en el auditorio del Banco Nación, de esta capital.
Ayer, el Poder Ejecutivo dispuso el congelamiento de fideicomisos pertenecientes a Olivera, que lleva 8 días como prófugo, luego de fugarse del Hospital Militar junto De Marchi.
Para Alak, "evidentemente tenían un plan de fuga elaborado y planificado con anterioridad y han logrado sumar a diversas personas, no sólo en la actividad civil sino en ámbitos de los poderes del Estado".
"Lamentablemente tenemos que salir a buscar a estos represores, pero estamos convencidos de que la cadena perpetua y los 25 años lo van a cumplir porque los vamos a encontrar", concluyó el titular de la cartera de Justicia.
Fuente:Telam
02.08.2013
La maniobra de un represor para frustrar la pericia médica que lo llevará a juicio
El genocida tiene domicilio en Buenos Aires. Poco antes de la audiencia en el Tribunal oral, en Posadas, pidió la suspensión por cuestiones de salud. Sospechosamente la junta médica fue anulada. Ahora habrá que esperar 6 meses.
Por: María Sucarrat
Leopoldo Héctor Flores, ex general de brigada y graduado de honor de la Escuela de las Américas, de 82 años, debía ser juzgado en la ciudad de Posadas ante el Tribunal Oral Criminal Federal, a cargo de Eduardo Belfort. A poco de fijar la fecha de la audiencia, los abogados del represor realizaron una presentación aludiendo una incapacidad física y solicitando una junta médica al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La junta se realizó el pasado 31 de julio.
Lo curioso es que el examen médico legal duró apenas 30 minutos, el mismo tiempo que duraron las irregularidades, luego denunciadas por la neuropsicóloga Patricia Solís y la neuróloga Sara Kochen, quienes actuaron por la parte querellante, es decir en nombre de las víctimas.
El objetivo del represor de impedir y postergar el juicio oral en Posadas, fue sostenido por las siguientes irregularidades.
–Jorge F. A. Kiss,el médico forense a cargo de la junta médica, no estuvo presente en el examen.
–En su lugar actuó Martínez Álvarez, quien le presentó a Kiss un acta de la reunión para que él elabore luego el informe final y lo envíe a las autoridades del Tribunal de Posadas.
–Martínez Álvarez no es perito médico. Si bien posee título como neuróloga, no concursó y no puede realizar pericias porque es empleada administrativa del Poder Judicial y no Médico Forense del Cuerpo Médico de la Corte.
–El examen final llevaría la firma de Kiss. Sin embargo lleva la firma de Martínez Álvarez, quizás, con el fin de diluir responsabilidades en la certificación de la salud de los genocidas.
–Mariana Fernández Martínez Álvarez tiene el cargo de jefe de Despacho, del escalafón administrativo (PAT, por Personal Administrativo y Técnico).
Al momento del examen a Flores, además de la enviada por el Cuerpo Médico Forense, estaban Alejandro Antonio Basile, el médico legista en representación del represor y las peritos Kochen y Solís, quienes denunciaron la maniobra, a través de un acta manuscrita. Las médicas explican en el texto que la maniobra de la querella para evitar el examen consistió en interrumpir permanentemente las preguntas realizadas al paciente, que buscaban demostrar que Flores estaba ubicado en tiempo y espacio. "Al tener una conversación fluida con Flores, la simulación se caía, pero al interrumpir los diálogos, eso no se puede certificar", explicaron. Kochen y Solís preparan ahora un informe más exhaustivo que la presentación realizada a solo efecto de salvar el acta y dejar asentada su posición.
En buen romance, mientras la funcionaria del Cuerpo Médico Forense intentaba examinar a Flores con preguntas sencillas a fin de mantener una conversación, Basile interrumpía con insistencia logrando que el represor perdiera la atención.
Por su parte, Martínez Álvarez elevó un informe al médico forense Jorge Kiss en el que explica que la pericia no pudo realizarse debido a la "sistemática obstaculización de las peritos (...) lo que perturbó notablemente al Sr. Flores, quien sumamente asustado, solicitó rerirarse".
Leopoldo Flores está acusado de al menos 21 hechos de aplicación de tormentos y un homicidio calificado perpetrados en el Regimiento de Infantería de Monte 30 de Apóstoles. Se desempeñó como jefe del Regimiento de Apóstoles desde octubre de 1975 a octubre de 1977. Fue reemplazado por Antonio José Deimundo Piñeiro.
Según señala 6 Digital de Posadas, en agosto de 2011, la documentación reunida por la Justicia Federal señala que Flores encabezaba operativos en la provincia, siempre bajo control del jefe del Distrito Militar Misiones, que actuaba como enlace con el comandante de la Brigada de Infantería VII, con asiento en Corrientes."A cargo del Regimiento de Monte 30 estuvieron los procedimientos de secuestro y detención de personas en el interior de la provincia, traslados y disposición de las mismas con control jerárquico correspondiente", señaló el fiscal en su pedido de elevación a juicio.
Uno de los principales blancos del Ejército en Misiones fueron los integrantes del Movimiento Agrario, considerados terroristas por las fuerzas armadas, así como también vinculados a Montoneros. Una de las víctimas de la represión relató que el Ejército tomó su vivienda de Pindaití para alojar a los supuestos subversivos mientras se realizaba la búsqueda de Pedro Peczak, líder del Movimiento Agrario. Los dichos coinciden con asientos que se realizaron en los libros del Regimiento, donde constan salidas "en comisión" a Campo Grande, que está a unos 30 kilómetros de Pindaití. Allí quedaron registrados los viajes de Flores hacia lo que por entonces era el "teatro de operaciones". En la causa se señala que el represor estuvo al frente del Regimiento durante la época en que mayores detenciones y secuestros se produjeron en la provincia: de septiembre a noviembre de 1976.
En base a las pruebas colectadas en el expediente, el juez federal Ramón Claudio Chávez procesó a Flores el 16 de julio de 2010, medida que fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones el 26 de octubre. Las pruebas son los testimonios de las víctimas que, en muchos casos, no pueden identificar a los autores materiales de las torturas porque estuvieron con los ojos vendados.
Fuente:TiempoArgentino
Qué se esconde detrás de la fuga de dos represores
La logia de los prófugos
Por Por EPV
La logia de los prófugos
Por Por EPV
01.08.2013
El operativo que perpetró la huida de De Marchi y Olivera ratificó la existencia de una organización secreta dedicada a asistir a los genocidas que evaden la Justicia. El rol del Servicio Penitenciario, las sospechas sobre funcionarios judiciales y los vínculos con la P2.
El 4 de julio pasado, los represores Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón De Marchi escucharon cómo el Tribunal Oral de San Juan los condenaba a prisión perpetua y 25 años de prisión, respectivamente, por torturas, asesinatos y asociación ilícita durante la última dictadura militar, en lo que fue el primer juicio por crímenes de lesa humanidad que se realizó en la provincia. Veintiún días más tarde, ambos viajaron al Hospital Militar “Cosme Argerich”, de la ciudad de Buenos Aires, para recibir un tratamiento médico. En cuestión de horas, se escaparon y pasaron a integrar la lista de 51 genocidas prófugos que ya integraban el Fondo de Recompensa que creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Detrás de esta fuga se esconde una estructura inorgánica con terminales económicas y judiciales.
Se sabe, para evadir a la Justicia y vivir en la clandestinidad por un período extenso se necesita una logística aceitada. Según se desprende de este caso, evidentemente existe una logia con ramificaciones impensadas. Es que los protagonistas de esta historia no son dos improvisados.
Gustavo Ramón De Marchi está registrado en el rubro “servicios inmobiliarios” desde 2005. Es hermano de Juan Carlos De Marchi, quien también revistó en el Ejército y fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en Corrientes durante el terrorismo de Estado. Curiosamente, Juan Carlos presidió la filial Corrientes de la Sociedad Rural, entre 1989 y 2004. Tal fue su poder que hasta Luciano Miguens, entonces presidente de la Sociedad Rural Argentina, lo definió como “una persona honorable que integra nuestra casa”. “Nosotros apoyamos a Juan Carlos De Marchi”, había llegado a decir Miguens. No es para menos: fue vocal suplente de la entidad hasta 2007. Respecto de Gustavo Ramón, un preso político que hoy ocupa un importante cargo en la provincia de San Juan lo recordó como “un hombre tenebroso”.
Jorge Antonio Olivera nació en Misiones y se dedica desde 1999 a brindar “servicios jurídicos”. Está casado con Marta Noemí Ravasi, monotributista, que trabaja como psicóloga en el Hospital Militar. Los investigadores la señalan como una figura clave en la fuga de su marido. En su perfil de Facebook se puede constatar su amor por el puerto de Olivos y los veleros.
Olivera, en el año 2000, constituyó junto a Jorge Humberto Appiani la firma Prepaga SRL con el objeto de dedicarse al “asesoramiento legal en todas las materias y disciplinas de la ciencia jurídica”. Con el título bajo el brazo, Olivera trasladó al mundo del derecho su ideología fascista. Por caso, fue el letrado defensor del represor Guillermo Suárez Mason –vinculado a la logia P2, un dato que no es menor como se verá más adelante–.
Entre los delitos que se le imputaron a Olivera en San Juan se destaca el de la francoargentina Marie Anne Erize, secuestrada el 15 de octubre de 1976 en aquella provincia. El represor ya había sido procesado en la Argentina por esta causa en 1987 pero quedó en libertad por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. No obstante, estando en Roma, Italia, Olivera fue detenido en el año 2000. Fue justamente en Europa donde el letrado gestó su primera fuga en septiembre de aquel año. Trece años después volvió a evadir a la Justicia.
Según pudo averiguar Veintitrés, los investigadores barajan diversas hipótesis sobre el financiamiento de los prófugos. A raíz de documentación recabada por el Ministerio de Defensa, vinculada a la actividad económica de Olivera, la Unidad de Información Financiera (UIF) pudo constatar que el represor trabajó como abogado hasta el día de su detención: litigó contra el Estado nacional, particularmente en juicios por reclamos de haberes de las Fuerzas Armadas y defendiendo a militares procesados. Y los honorarios que de allí obtenía los utilizó para constituir dos fideicomisos, junto a su socio Jorge Humberto Appiani. El “Fideicomiso Financiero SJ2” y el “Fideicomiso de Garantía SJ2”. Se sospecha que estos dos instrumentos financieros pudieron ser utilizados para solventar los gastos de la fuga y la vida clandestina.
Por ello, la UIF aplicó a ambos represores la controvertida ley antiterrorista “y considerando que lo percibido o a percibir proveniente de los fideicomisos sin lugar a dudas resultaría fundamental para su financiamiento, con el objetivo de mantenerse prófugos, procedió en el día de ayer (30 de julio) al congelamiento administrativo de los bienes y dinero de los fideicomisos”.
La unidad conducida por José Sbatella también congeló los bienes de Marta Noemí Ravasi, la esposa de Olivera, “atento que el dinero y los bienes en cabeza de ella podrían ser utilizados para financiar la condición de prófugo de su cónyuge”, comunicó la UIF.
La UIF ya había aplicado la misma metodología con los restantes 51 represores prófugos de la Justicia además de la firma American Data y familiares del marino Jorge Vildoza.
Pero esta no es la única vía de financiamiento que analizan los investigadores. Otra hipótesis hace hincapié en un posible rol de la Logia P2. El nexo con esta organización se hunde en datos concretos.
Mientras Olivera estuvo detenido en Roma contó en un principio con el apoyo legal del estudio de abogados de Marcelo Melandri (quien también defendió al represor Guillermo Suárez Mason, vinculado a la logia Propaganda Due). Este bufete de abogados luego fue reemplazado por Augusto Sinagra y Bezicheri. Sinagra fue una figura de la ultraderecha italiana que se vincula a la lista de miembros de la P2 que se hizo pública. Su nombre aparecería bajo el título de profesional, que actuó en la ciudad de Roma y fue etiquetado bajo el “fasciolo 946”.
La fuga de De Marchi y Olivera evidenció también la complicidad del mundo judicial. Es que ambos lograron escaparse luego de un aceitado proceso jurídico: el titular del Juzgado Federal 2, Leopoldo Rago Gallo, encargó el traslado de ambos al Hospital Militar “Cosme Argerich” de la ciudad de Buenos Aires por una supuesta necesidad de recibir tratamiento médico. Como luego comenzó la feria judicial, el caso recayó en el juez Miguel Ángel Gálvez, quien firmó el traslado.
Pero los jueces omitieron un paso de suma importancia: al ordenar el traslado de Olivera y De Marchi, olvidaron consultar al tribunal oral que había condenado a los represores veinte días antes. Rago Gallo pudo otorgarles el beneficio del traslado a los genocidas porque los había imputado en otro expediente. “Ese hecho fue muy grosero. Lo realizó para esquivar el control del otro tribunal que, a partir de la condena, tenía sus tutelas”, explicó una fuente judicial que pidió reserva de su nombre.
De acuerdo con Jorge Auat, titular de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, “nosotros venimos reclamando desde siempre a las agencias que tomen mayores recaudos para evitar este tipo de situaciones. El traslado de De Marchi y Olivera desde el punto de vista técnico no estaba justificado. Me resulta difícil pensar que en San Juan no haya dermatólogos en el hospital público provincial. Las razones invocadas por los condenados tampoco ameritaban”.
Sobre Rago Gallo, Auat expresó: “Fue uno de los jueces que citamos desde la comisión interpoderes por las dilaciones que notábamos en las causas por crímenes de lesa humanidad que él llevaba en San Juan. Había datos objetivos que indicaban que los juicios no tenían la celeridad procesal que las circunstancias requerían”.
Fuentes judiciales que siguen los Juicios por la Verdad sindicaron a Mendoza y San Juan como las zonas más atrasadas en la materia.
No es casualidad que Rago Gallo se haya excusado de instruir una causa en la que estaba imputado el ex camarista Otilio Romano, acusado de complicidad con la última dictadura militar, por “amistad íntima” con el magistrado. “Es parte de la misma organización que Romano”, le dijo a esta revista una fuente del Consejo de la Magistratura.
Ante este escenario, Alan Iud, coordinador del equipo jurídico de Abuelas de Plaza Mayo, afirmó a Veintitrés: “El sistema judicial no toma ninguna precaución para que estas cosas no sucedan. No hay tampoco dispositivos de control que funcionen. Es un gran punto pendiente trabajar sobre estos aspectos: la cantidad de prófugos que hay es muy alta y refleja que no hay más prófugos porque muchos no tienen los medios para fugarse”.
Como se descarta que la fuga estuvo planeada, se da por hecho que los genocidas salieron del país. Así lo consideró Dante Vega, uno de los fiscales del juicio que se realizó en San Juan. En diálogo con esta revista, aseguró: “Yo viví esto como un ataque a la democracia, la fuga fue un plan urdido. No es una fuga aprovechando la ocasión. Hubo premeditación. Esperaron que el tribunal oral se fuera de San Juan porque no vivían allí y pidieron el traslado al juez federal que tiene causas en contra de ellos. Por el tiempo que han contado, lo más probable es que la segunda fase del plan haya sido irse del país. Pero para ello debieran contar con una logística. Como documentos falsos. Pueden tenerlos, son especialistas”. Olivera fue teniente de inteligencia en San Juan.
Un caso paradigmático que ilustra la vida de un represor prófugo es el del marino Jorge Vildoza. Su caso quedó registrado en una carta que escribió Javier Penino Viñas, hijo de desaparecidos apropiado por el número dos en la estructura del Grupo de Tareas 3.3 que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada en dictadura, y su mujer, Ana María Grimaldos. Con la misiva, el joven intentó favorecer a su apropiadora, quien está detenida desde el 3 de julio de 2012.
En uno de los pasajes de la epístola, Javier relató cómo fue su fuga que contó con estadías en Paraguay, Austria y Sudáfrica: “La Armada Argentina les facilitó a mis padres (y a mí) la salida del país en 1984”. El traslado “incluía partidas de nacimiento para los tres, partidas de casamiento, pasaportes que parecían ser completamente oficiales, DNI, cédulas de identidad, pasaportes falsos y hasta registro de conducir y calificaciones de ingeniero-técnico electrónico”. Todo falso, claro. Así fue como adoptaron “el apellido Sedano”.
Javier, hijo de Hugo Penino y Cecilia Viñas, desaparecidos en 1977, también contó cómo agentes de la Armada les facilitaron dinero y “un set de documentos”. También dijo que Vildoza padre murió en el 2005. Como el relato del joven apropiado –que actualmente residiría en Londres– querría favorecer a sus apropiadores, los investigadores toman algunas de sus afirmaciones con prudencia. Es que Javier afirmó que quienes lo robaron vivieron las más de dos décadas de clandestinidad con problemas financieros.
Por caso, diez días después de la detención de Grimaldos, la jueza federal María Servini de Cubría allanó las oficinas de la firma American Data S.A., una empresa dedicada a brindar servicios de juegos de azar y apuestas, creada en la década de los ’80, cuyos directivos son Jorge Ernesto Vildoza (hijo del marino y ex agente del Servicio de inteligencia Naval) y Rodolfo Giromini, yerno del prófugo y ex piloto del Ejército entre 1976 y 1983. En esta sintonía, el 31 de agosto del año pasado, la UIF aplicó de forma novedosa la controvertida ley antiterrorista y congeló los fondos de la empresa, así como los bienes y las cuentas bancarias de sus socios.
La última novedad a la que accedió esta revista fue que Grimaldos, la esposa de Jorge Vildoza padre, se fracturó la cadera, por lo que cumple prisión domiciliaria. Por tal motivo, el juez le habilitó el cobro de su pensión, únicamente. “Cualquier otro dinero que ingrese a la misma cuenta será automáticamente congelado. Se le habilitó la pensión para que pueda cubrir sus gastos de subsistencia”, explicaron desde la UIF.
Los prófugos que fueron detenidos desde agosto de 2012 –cuando se publicó en esta revista la nota “La Odessa de los genocidas argentinos”– a la fecha fueron: Alberto Julio Candioti, Raúl Carballo, Eduardo Daniel Cardozo, Héctor Gianola, Nicolás Sebastián Roberto, Fernando Alberto Otero, Francisco Scilabra, Juan José Vragnisan, Juan Miguel Wolk y Raúl Campilongo, informaron los investigadores a esta revista. Según se desprende del Fondo de Recompensas (ley 26.375) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hay 51 represores prófugos. Con De Marchi y Olivera el número asciende a 53.
Pasaron 30 años del final de la última dictadura militar y la forma en que medio centenar de genocidas financia su vida clandestina aún es un interrogante.
Fuente:Veintitres
Envío:
Asociacion Ex Presos Politicos Cordoba
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