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17 de octubre de 2013
CÓRDOBA-MEGACAUSA LA PERLA: Juan "El Negro" Villa denuncio la complicidad de la empresa Perkins con la dictadura. IKA-Renault cedió la listas con direcciones de su personal.
La presencia de los ex obreros de la fábrica Perkins, con las fotos de sus compañeros desaparecidos y asesinados por la dictadura en sus pechos, presagiaba que la jornada de ayer en el juicio La Perla – La Ribera iba a ser especialmente ilustrativa de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado.
Los nombres de Pedro Ventura Flores, Hugo Alberto García, Adolfo Ricardo Luján, José Antonio Apontes, Víctor Hugo González, Guillermo Abel Pucheta y César Jerónimo Córdoba fueron evocados por el testigo Juan Enrique Villa, quien fuera secretario general del Sindicato de Perkins al momento del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976. “Éramos un grupo de compañeros que asumimos un trabajo reivindicativo muy fuerte para recuperar el gremio, que (a principios de los ‘70) estaba en manos del sector burocrático, que eran súbditos de la empresa. En febrero de 1973 ganamos las elecciones con la Lista Marrón. La primera comisión directiva estuvo presidida por Miguel Ángel Agüera y luego me tocó presidirla a mí, en una gestión interrumpida por el golpe del 24 de marzo del ‘76”, narró Villa. Pero la persecución a sus dirigentes había empezado mucho antes, con el levantamiento policial de febrero de 1974 conocido como el Navarrazo. El gremio de Perkins militaba en la CGT de los Argentinos, que en Córdoba conducían Agustín Tosco y Atilio López. Al ser “normalizada” por la Intervención Federal, los sindicatos combativos conformaron la Mesa de Gremios en Lucha, para resistir a la represión paramilitar y luego a la dictadura. El testigo aportó al Tribunal un informe –parte del acervo documental del Archivo de la Memoria- de la Policía Federal, fechado el 15 de marzo del ‘76, que daba cuenta de la actividad de los sindicatos y en el que figuraban su nombre y el de numerosos integrantes de ese espacio que luego serían víctimas de la represión. Además, presentó otro documento de inteligencia posterior al secuestro de García y Apontes, el 18 de mayo del ‘76, que señalaba: “No se descarta la posibilidad de que Apontes y García, por haber sido integrantes de la Mesa de Gremios en Lucha que apoya a la izquierda, hayan sido integrantes de las organizaciones armadas”. Ante la desaparición de sus compañeros, y en el peor momento de la dictadura, los trabajadores de Perkins hicieron una huelga de dos días, recordó Villa. “Después la empresa hacía ir dos veces al día al Ejército a la fábrica. Hacían una lista, y sacaban a cuatro o cinco compañeros, los hacían dormir en (el campo de concentración de) La Ribera. No les pegaban y los soltaban a los dos días, pero eso los amedrentaba”, denunció. Además, un funcionario de la fábrica “hablaba por teléfono a las casas de los compañeros y decía: ‘Mire que el Tercer Cuerpo ha preguntado por su marido. Trate de decirle que no participe en reuniones’. Eso es absoluta complicidad de la empresa con la represión”, explicó. En un pasaje de su testimonio, Villa afirmó: “Nosotros éramos jóvenes impetuosos que queríamos un mundo más justo. Y nos dimos cuenta de que se ponía difícil la cosa. La patronal jugó un papel muy importante, porque a los domicilios los sacaban las fuerzas armadas de algún lado y ellos tenían vía directa con el Tercer Cuerpo de Ejército”. A instancias del fiscal Facundo Trotta, el presidente del Tribunal, Julián Falcucci, anunció que se correrá vista a la Fiscalía de Instrucción para que investigue lo denunciado por el testigo. No obstante, los abogados querellantes de H.I.J.O.S. y Familiares sumaron otra revelación sobre la participación empresaria en la represión, al informar que en el Colegio de Escribanos de Córdoba existen actas notariales en las que consta que la empresa IKA-Renault habría entregado listas con las direcciones de sus trabajadores a las autoridades militares. En respuesta a una nota del mismísimo Luciano Benjamín Menéndez a la empresa, exigiendo que “en el término de 72 horas” provea esa información por “requerimientos de seguridad”, la IKA-Renault proveyó la información, pero hizo certificar ante escribano que en algunos casos los obreros “no actualizaron” su domicilio o “no asistieron” ese día al trabajo. Así, la “prolijidad” burocrática de la multinacional automotriz generó esta valiosa evidencia. Según los querellantes, en esas listas figuran Hugo Osvaldo López, Carlos Alberto Velázquez, Jorge Oscar Rodríguez, René Rufino Salamanca y Maximino Sánchez, todos desaparecidos registrados como víctimas en las distintas causas que componen este juicio. Ante el planteo de que se solicite esta documentación para “investigar esta práctica sistemática” y la “línea directa” entre la empresa y los represores, el Tribunal se comprometió a “incorporar esta prueba” al debate. Fuente:InfoNewsCdba.
Tres represores imputados declararon ayer en el juicio oral y público por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito de centros de detención del Tercer Cuerpo de Ejército en Córdoba.
El primero en brindar su testimonio fue Héctor Pedro Vergez, oficial del Ejército especializado en Inteligencia, quien fue uno de los principales miembros del Comando Libertadores de América (CLA, versión cordobesa de la Triple A) y posteriormente se desempeñó como jefe de los centros clandestinos de detención La Ribera y La Perla. Durante su exposición, desestimó los testimonios que lo implicaron, al asegurar que “jamás” tuvo contacto con los sobrevivientes que declararon en el juicio y que desconoce el destino de las víctimas de la causa. “Tampoco creo que el resto de los imputados que están sentados aquí sepan nada”, opinó. Al referirse al asesinado dirigente de Montoneros Marcos Osatinsky, Vergez señaló que él tenía planes para “intercambiarlo por (Argentino del Valle) Larrabure”, el general secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1974. Según Vergez, él mismo le propuso al cardenal Raúl Francisco Primatesta -ya fallecido- que intermediara con la organización guerrillera, pero finalmente la operación no se pudo llevar a cabo porque su superior “el coronel (Oscar Inocencio) Bolacini no lo permitió”. Ante la sorpresa del Tribunal y las partes, el imputado admitió tener conocimiento de tres personas secuestradas en 1972 en Buenos Aires y trasladadas a Córdoba, donde “por orden de (Alejandro Agustín) Lanusse” fueron asesinadas y luego enterradas en las salinas riojanas. “No es fácil, pero tampoco es imposible hallarlos”, planteó. También declaró Ernesto Guillermo Barreiro, quien se desempeñó en el Batallón 141 de Inteligencia y fue el jefe de los “interrogadores” de La Perla, donde ejerció la jefatura luego del traslado de Vergez, a mediados del ‘76. En abril de 1987, cuando la Justicia Federal lo citó para indagarlo por los crímenes cometidos durante la dictadura, Barreiro fue uno de los iniciadores del alzamiento “carapintada” contra el gobierno de Raúl Alfonsín. En una exposición acompañada con ilustraciones proyectadas en una pantalla, se explayó sobre la “formación del militar argentino” en la década del ‘70, que “en su gran mayoría era copia de la doctrina norteamericana”. “El militar se prepara fundamentalmente para matar o morir, para la guerra. Y su ética está subordinada a ese imperativo profesional”, señaló Barreiro. La mentalidad militar “es realista y conservadora” y se basa en “la obediencia, la subordinación y la disciplina”. En ese sentido, Barreiro comparó a los represores argentinos con los pilotos norteamericanos que arrojaron las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, en 1945, quienes a su retorno “fueron recibidos como héroes y durmieron con la conciencia tranquila de haber cumplido con su deber”. “Es duro, y más como lo digo yo, pero es la forma de entender cómo se comportan los militares”, dijo. Luego de insistir en que la dictadura libró “una guerra interna contra la subversión”, el ex mayor del Ejército concluyó con una afirmación que sonó a advertencia: “Interpretar las leyes ideológicamente para judicializar un proceso político, 35 años después y fuera de nuestros jueces naturales, solo garantiza la continuidad del conflicto y su eventual escalada, atenta contra la paz interior y la necesaria concordia de los argentinos”. Por su parte, el acusado José Hugo Herrera, suboficial que formó parte del staff de represores de La Perla, dedicó su declaración a tratar de desvirtuar las exposiciones que los distintos testigos efectuaron ante el Tribunal. Luego de insistir en la descalificación de quienes lo acusaron de diversos delitos de lesa humanidad, el juez Julián Falcucci interrumpió la declaración de Herrera por “estar haciendo un alegato, lo que le corresponderá en su momento a su abogado”.
“Un sueldo para matar a sus hermanos” La testigo Elida Mercedes Pereyra declaró el martes sobre el asesinato de su hermano Santiago Alberto Pereyra, estudiante de Ciencias Económicas secuestrado el 19 de mayo de 1976 y fusilado con otros siete militantes en un enfrentamiento fraguado en Ascochinga, el 1 de junio. Junto con sus padres, Elida tuvo que reconocer en la morgue el cuerpo de su hermano, en el que advirtió señales de tortura. Respecto a sus victimarios, expresó: “Son asesinos, ladrones y cobardes también, porque si tuvieron tanta valentía como para hacer lo que hicieron, tendrían que haber defendido las Islas Malvinas y no hicieron nada. Encima el Estado les ha pagado sueldos para que maten a sus propios hermanos. Por eso quiero que les den cadena perpetua y en cárcel común, porque no es justo que estén en su domicilio, con todo el confort”. Prisionera en el Buen Pastor, con 13 años Cuando sus padres, Armando Arnulfo Camargo y Alicia Bértola –militantes de la Organización Comunista Poder Obrero- fueron desaparecidos, el 23 de julio de 1976, Alba Camargo tenía trece años. El 5 de agosto la fueron a buscar a la casa de sus abuelos y la recluyeron en la cárcel del Buen Pastor. “Me tenían encerrada en una habitación, donde las monjas me daban de comer. En una oportunidad, fueron unos señores que me hicieron un interrogatorio sobre mis padres. Me preguntaban si sabía direcciones o nombres de sus compañeros de mis padres. No sabía, porque con muy buen tino mis padres y todos sus compañeros no tenían el nombre original, tenían nombres políticos. Me decían que si yo les daba los nombres mis padres se iban a salvar”, relató la testigo, entre lágrimas. Recién en febrero del '77 fue devuelta a sus abuelos.
“El juez y el secretario fueron cómplices” El ex preso político Luis Miguel Baronetto declaró sobre las torturas a las que fue sometido en el Departamento de Informaciones (D2) de la Policía, luego de ser secuestrado el 15 de agosto de 1975 junto a su esposa Marta González, quien sería asesinada el 11 de octubre del 76 tras dar a luz en cautiverio. Baronetto identificó a Juan Carlos Cerruti, Ricardo Rocha y Carlos Yanicelli como los represores que firmaron el acta con la que se les inició una acusación penal. Al preguntarle sobre la “suerte de esa causa”, Baronetto manifestó: “A mi mujer la sobreseyeron porque la mataron, sin que el juez haya investigado absolutamente nada, estando bajo su responsabilidad. El juez era (Adolfo) Zamboni Ledesma y el secretario (Carlos) Otero Álvarez. Esos fueron los cómplices. No investigaron, como tampoco investigaron las torturas que denunciamos mi mujer y yo”. Fuente:InfoNewsCdba
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