PARANÁ: Los represores deberán hacer su defensa en la causa Área Paraná.

Derechos humanos. La investigación entra en una cuenta regresiva
Los represores deberán hacer su defensa en la causa Área Paraná

La investigación por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura tomó nuevo impulso, a partir de una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de rechazar el planteo de Cosme Demonte que planteaba la nulidad de la acusación fiscal, según confirmaron fuentes judiciales a EL DIARIO.

Jueves 31 de Octubre de 2013 

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná dio un nuevo paso para reimpulsar la denominada megacausa Área Paraná, al confirmar la validez de la acusación formulada por los fiscales Mario Silva y José Ignacio Candioti en julio de 2011. A partir de esta resolución, los imputados deberán continuar con los descargos, tal como lo establece el antiguo código de procedimiento.

El represor Cosme Ignacio Marino Demonte, ex policía federal y agente del Batallón de Inteligencia 601, había planteado la nulidad de la acusación fiscal por considerar que no estaban bien descriptos los hechos, no detallaba la prueba de cargo y no contenía el pedido de pena. El reclamo había sido rechazado por el juez Leandro Ríos y entonces el imputado recurrió por su propia cuenta ante la Cámara Federal de Apelaciones, que la semana pasada tampoco le hizo lugar.

Además, en la misma resolución, el tribunal rechazó las recusaciones interpuestas por el mismo Demonte contra el juez ad-hoc Jorge Delorenzi y el secretario del Juzgado Federal de Paraná, Juan Rosas Paz, por “enemistad manifiesta”.

El tribunal integrado por Cintia Gómez, Mateo Busaniche y Daniel Alonso aseguró que en la pieza acusatoria “se ha indicado correctamente la calificación de los hechos”, para luego agregar que “la acusación determina en forma clara y precisa la persona que debe ser cometida a juicio y los hechos que se le endilgan, indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar e identificando la prueba”, según consta en la resolución fechada el 24 de octubre pasado, a la que accedió EL DIARIO.

En la audiencia celebrada días atrás, el querellante Álvaro Piérola también había rechazado los planteos de Demonte al indicar que “esta instancia procesal no reviste el carácter de alegato final”, que la pieza acusatoria es “precisa, clara y meticulosa”, pero que además “los imputados conocen perfectamente los hechos que se les endilgan”. Del mismo modo se había expresado el fiscal Ricardo Álvarez. Esta resolución de la Cámara Federal de Apelaciones habilita, ya sin más dilaciones, la continuidad del juicio escrito con los descargos de los cinco imputados que todavía no los han presentado, a raíz de las sucesivas chicanas dilatorias que plantearon los propios represores en los últimos dos años.

Un largo camino. En julio de 2011, los fiscales Silva y Candioti formularon la acusación contra 10 ex militares, policías, agentes penitenciarios y civiles que actuaron durante la última dictadura, por violaciones a los derechos humanos en perjuicio de 52 víctimas. El escrito no contiene el monto de pena para cada uno, como sí lo consignaron algunos de los querellantes, ya que consideraron que no era la etapa procesal para hacerlo, algo que ahora fue ratificado por la alzada. Luego fue el turno de los querellantes y a principios del año pasado los defensores comenzaron a presentar sus descargos. En concreto, lo hicieron el ex militar Alberto Rivas, el médico Hugo Mario Moyano y la agente penitenciaria Rosa Susana Bidinost. Pero desde entonces la causa volvió a empantanarse a raíz de una sucesión de chicanas que impusieron, principalmente, los defensores de Demonte y del ex militar y abogado Jorge Humberto Appiani, ambos detenidos en la cárcel de Paraná.

Los fiscales calificaron esta maniobra como una “fiesta de recusaciones”, con la cual los represores impugnaron sucesivamente a 10 jueces a los que les tocó intervenir a lo largo del proceso; mientras que Piérola habló de “reiteradas argucias que vienen realizando (los imputados) con una conducta tendiente a entorpecer la causa”.

En julio pasado la Cámara había tomado dos decisiones importantes: confirmó a Leandro Ríos como juez de sentencia y ordenó continuar con la ronda de contestaciones de las defensas de los represores a las acusaciones de los fiscales y querellantes, tal como establece el código escrito. La resolución de la semana pasada le pone un punto final a las nulidades planteadas por las defensas.

Ahora será el tiempo de que hagan sus descargos los otros imputados: Demonte, Appiani y sus compañeros de armas José Anselmo Appelhans, Carlos Horacio Zapata y Oscar Ramón Obaid. En tanto, fueron separados del proceso por cuestiones de salud el condenado represor Ramón Genaro Díaz Bessone y ex policía Luis Francisco Armocida, que también habían sido acusados por los fiscales, al igual que el fallecido Ramón Oscar Balcaza.

Si no surgen más contratiempos, se especula que a principios del año próximo se abrirá una instancia que el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal denomina “cuaderno de prueba”, donde las víctimas darán testimonio en audiencias públicas.

PARA DESTACAR
Prontuario. El ex oficial de la Policía Federal Demonte está acusado como coautor de privaciones ilegales de la libertad, severidades, vejaciones y apremios ilegales contra los desaparecidos Victorio Erbetta y Pedro Sobko, y por el homicidio de este último. Demonte, de 61 años, era agente civil de inteligencia del Batallón 601, donde reportaba bajo el nombre de Carlos Dellephiani, ante el Destacamento de Inteligencia 122, con asiento en Santa Fe e influencia en Paraná. En democracia se recicló como vigilador de una empresa de seguridad privada, como otros ex agentes de fuerzas de seguridad que intervinieron durante la dictadura. El 17 de abril de 2010 fue detenido y desde entonces permanece en la Unidad Penal Nº 1.

Fuente:ElDiario