5ta Marcha Nacional Defensa de la Tierra
COMUNICADO DE LA ASAMBLEA NACIONAL PERMANENTE EN DEFENSA DE LA TIERRA Y LOS BIENES NATURALES
5ª Marcha Nacional en Defensa de la Tierra, el Agua y los Bienes Naturales.La Asamblea Nacional Permanente convoca a la población a marchar este 18 de Octubre en Defensa de la Tierra, el Agua y los Bienes Naturales.
El martes 3 de setiembre la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Minería de gran porte. De este modo el Parlamento habilita al Poder Ejecutivo para negociar un “contrato de inversión” (confidencial, obviamente) con una empresa transnacional como es ARATIRÍ. En una palabra dio luz verde para la megaminería metalífera a cielo abierto. Esto implica la destrucción de miles de hectáreas productivas. Dónde hoy hay campos, cerros, arroyos y montes nativos se detonarán miles de toneladas de explosivos que dejarán cráteres enormes y la tierra, el agua y el aire contaminados. Centenares de productores pequeños y medianos serán expulsados de sus predios. El hierrobruto así extraído viajará a través de un mineroducto hasta un puerto de aguas profundas a construirse en el departamento de Rocha, asegurando la destrucción de una zona de impresionante riqueza natural así como importantes polos de desarrollo turístico.
Toda esta devastación a cuenta de un hierro que los uruguayos “miraremos pasar” y por un emprendimiento que a lo sumo durará 15 años (según estimaciones de la propia empresa), generando desiertos y zonas de muerte.
Por si fuera poco se proyecta la construcción de una gran planta REGASIFICADORA con un puerto en Puntas de Sayago (Montevideo oeste), que tendrá por uno de sus cometidos principales abastecer energéticamente a la minera ARATIRÍ.
Agreguemos que la transnacional Botnia/UPM ha solicitado autorización para producir más celulosa de lo convenido (1 millón de toneladas al año), significando niveles de contaminación muy superiores a los estipulados. El río Uruguay está herido de muerte.
Los distintos Mega-Proyectos en favor de los intereses de capitales multinacionales se imponen por la fuerza, en contra de la opinión de las comunidades afectadas por los mismos. Mega-minería, mega-puertos, forestación indiscriminada, monocultivos transgénicos, extranjerización, contaminación y depredación de los bienes naturales como el agua y la tierra, son las consecuencias de la entrega del patrimonio de los uruguayos. No debemos permitirlo, nuestra calidad de vida y la de las venideras generaciones está en juego.
Sólo dependemos de nosotros mismos!
"No venderemos el rico patrimonio de los orientales"...
Comunidad somos nosotros!
Concentramos 15.30 hs en el Obelisco, marchamos a partir de las 17hs por 18 dejulio y a las 19hs leeremos la proclama en Plaza Independencia.
Contactos:
asambleanacionalpermanente@gmail.comhttp://endefensadelatierraylosbienesnaturales.noblogs.org/
asambleanacionalpermanente@gmail.comhttp://endefensadelatierraylosbienesnaturales.noblogs.org/
. Diego Jaume (Colectivo Sauce) 22941254
. Alvaro Jaume (Colectivo Sauce) 22966688
. Silvia Martínez (Voces al Sur) 098 70 63 98 - 29 00 53 04
. Matias Sere (CPC) 094279855
. Héctor Fontana (Asamblea Participativa Costeña) 091218965 .. Matias Sere (CPC) 094279855
¿Qué es la ANP?
La ANP es la asociación de más de 40 organizaciones sociales de la más diversa índole y un sin número de ciudadanos independientes, unidos en defensa de la tierra y los bienes naturales.
Vincula a habitantes del llamado “interior profundo”, de la costa este y oeste, así como de centros urbanos de todo el país. Tiene integrantes de los departamentos de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Rivera, Rocha, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres.
Reconoce una continuidad con las Coordinaciones preparatorias de las multitudinarias marchas en “Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales” que se realizan desde el año 2011 en Montevideo. Nace por decisión colectiva, en la 2ª Asamblea Nacional en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales, reunida en La Paloma, en noviembre de 2012. Organizó las multitudinarias marchas del 11 de octubre de 2012 y 10 de mayo de 2013.
Es un espacio social que no adhiere a organizaciones político-partidarias ni tiene cabida para estas, es horizontal y diverso, colectivos e individuos de todo el territorio nacional nos juntamos con objetivos comunes como lo son: Defensa de la tierra, el agua y los bienes naturales. Oposición al saqueo, al extractivismo y a la depredación de nuestro patrimonio natural. Defendemos la soberanía alimetaria y nos oponemos firmemente a la amenaza de los megaproyectos que se intentan imponer, atentando nuestra vida misma.
Sus convocatorias son abiertas a todas las personas y colectivos que compartan estos acuerdos.
Algunos colectivos que integran la ANP
Asamblea del Callejón de la Universidad de la RO del Uruguay, Montevideo,
Alianza Pachamama, Asamblea Participativa Costeña, Ateneo Heber Nieto, Ateneo Carlos Molina
Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la vida, Colectivo Nueva Civilización Uruguay
Colectivo Sauceño de Lucha por la Tierra -Sauce, Canelones, Colectivo de Lucha por la Tierra-Montevideo, Colectivo Voces al Sur, Confederación de Pueblos Costeros (CPC) Integrado por: Vecinos Autoconvocados de La Paloma y La Pedrera, Vecinos y Amigos de Punta del Diablo, Vecinos Movilizados de Punta del Diablo, Vecinos de La Esmeralda, Coronilla, Cabo Polonio, Punta Rubia, Cabildo Abierto de Barra de Valizas, Vecinos de Aguas Dulces, Ciudad de Maldonado, Ciudad de la Costa, Oeste de Montevideo.
Centro Barrial la Bombonera-Malvin Norte, Consejo de la Nación Charrúa, Coordinadora contra los Megaproyectos, Comisión Tacuarembó por la Vida y el Agua, Comunidad Bascuade Inchala, Mesa de Productores de Ruta 7, Marquemos un Norte, Florida Norte
Frente Patriótico Artiguista, Federación de funcionarios de Ose-FFOSE, Grupo Olimar Pirí
Grupo Chonik, Movimiento de La Salud Para Todos, Plenaria Memoria y Justicia, Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), Organización Sindical de Obreros Rurales (OSDOR)
Información de contacto: asambleanacionalpermanente@gmail.com http://endefensadelatierraylosbienesnaturales.noblogs.org/
Fotos cortesía de Federico Mazzarino
Composición gráfica: Blog El Muerto
Economía/Empresas - NEGOCIACIÓN COLECTIVA
PIT-CNT rechaza tope de 5% real en aumentos y apronta conflicto largoRechazan propuesta de supermercados y exigen suba salarial superior al lineamiento oficial
10.10.2013- Texto:El Observador
El dirigente del PIT-CNT recordó que existe un número importante de sindicatos que están dispuestos a “solidarizarse” con este conflicto en particular. “Desde el PIT-CNT estamos administrando las energías para saber cuándo hay que tomar las medidas”, señaló Pereira.
Precisamente, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) se plegó en solidaridad con los trabajadores de los supermercados que reclaman un salario mínimo de $ 15.000 y realizará acciones de carácter sorpresivo. Según indicó a El Observador el dirigente de AEBU, Fernando Gambera, una de las posibilidades que manejan es no efectuar las remesas de dinero de los supermercados, como un modo de afectar el funcionamiento de las empresas.
Pero no será la única medida. Pereira dijo que también hay otros gremios vinculados a las cadenas de supermercados, como la industria alimenticia, que pueden tomar parte en el conflicto. En igual sentido, la FOEB no entregó refrescos y cerveza a la cadena Disco, Devoto y Geánt el lunes y martes de esta semana.
“Hemos dado un tiempo prudencial para que se avance. Si hay que ir hacia una movilización generalizada se hará con miles de trabajadores . Eso nos habilitaría a ocupar todos los supermercados”, aseguró Pereira.
En tanto, consultado por la marcha de los Consejos de Salarios, el presidente, José Mujica, dijo ayer a la prensa tras la inauguración de la planta de cal de ANCAP en Treinta y Tres que es un tema complejo porque se discute “el precio de las manos de la gente”. Agregó que confía en que “se tironee un poco y se llegue a un acuerdo, porque todos quieren arreglar”.
Diferencias
Pereira reconoció que en la última propuesta que presentó la Asociación de Supermercados (ASU) al gremio de Fuecys significó un “avance” respecto a la mejora del laudo mínimo, pero explicó que aún la propuesta no colma las expectativas porque se ofrece una mejora del “salario base” muy baja por un sector de “alta rentabilidad”.
Fuecys pretende un salario mínimo de $ 15.000 retroactivo al 1º de julio. Hoy la remuneración mínima se ubica en $ 10.400. En cambio, ASU está dispuesto a convalidar ese ingreso base desde enero de 2014, pero mediante el aumento de la partida por presentismo de $ 800 a $ 2.000 mensuales.
Precisamente, el dirigente de Fuecys Washington Beduchand, explicó ayer a El Observador que la propuesta de ASU de otorgar un salario mínimo de $ 11.100 como la que presentó el pasado lunes en la mesa de negociación de los Consejos de Salarios “no satisface las” aspiraciones de los trabajadores.
“Resulta que ahora hay planta para triplicar el presentismo. ¿Por qué no volcamos parte de ese incremento a los salarios directamente?, sugirió el dirigente de Fuecys. En tanto, si bien desde el Poder Ejecutivo comparten que se debe mejorar el salario de la categoría inferior, no están de acuerdo en que se haga a través de la suba del mínimo del sector por encima del lineamiento oficial. “Ese incremento, claramente el Poder Ejecutivo no lo va a acompañar”, dijo a El Observador el subsecretario de Trabajo.
Fuecys continuará este fin de semana con sus movilizaciones y paros en las grandes superficies en todo el país. Hoy los coordinadora del gremio de los supermercados definirá el alcance de las medidas. El próximo lunes habrá una nueva instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo. De no surgir avances el PIT-CNT y Fuecys definirán qué medidas que comenzarán a instrumentar para que se atiendan sus reivindicaciones.
La madera está lejos del acuerdo
Fernando Oyanarte, secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera y Anexos (Soima), dijo a El Observador que las negociaciones –que vienen “lentas”–, se encuentran en una “situación difícil” en la que los empresarios han ofrecido una propuesta “muy mezquina” que “conspira contra un acuerdo”. Los trabajadores del sector pretenden que los salarios aumenten en base al pronóstico de crecimiento de la economía de 4%, como prevé el gobierno. También quieren un salario mínimo de $ 18.000 –hoy está en $ 12.300– y que se considere la antigüedad, “un tema sensible para los trabajadores”. Oyanarte dijo que solo han logrado pequeños avances, como la licencia sindical. El sector ya realizó un paro de 24 horas el 3 de octubre.
TCP denuncia convenio colectivo
Tras medidas sindicales irregulares que afectan el convenio colectivo vigente desde 2010, la Terminal Cuenca del Plata (TCP) –empresa privada que opera en el puerto de Montevideo– decidió denunciar el convenio colectivo que mantiene con sus trabajadores ante el Ministerio de Trabajo. “Esta decisión se fundamenta en el incumplimiento por parte del sindicato de la cláusula octava de dicho convenio que refiere a la prevención y solución de conflictos y que impide que las partes tomen medidas durante el curso del procedimiento de negociación pactado”, explicó TCP en un comunicado. La empresa argumenta que incumplió al realizar dos paros parciales los días 27 de setiembre y 1° de octubre de 2013, en rechazo al despido de un trabajador que había sido sancionado en más de una vez, y mientras estaba en curso una negociación.
Gremio de UTE posterga ocupaciones
El congreso de delegado de la Agrupación de Empleados de UTE (AUTE), decidió ayer mantener las medidas de lucha que implican una merma en la calidad de los servicios de atención al público y la no realización de horas extras, pero aplazó la posible ocupación de locales hasta la próxima semana, en medio del conflicto por la implementación de una reestructura interna. El vicepresidente de AUTE, Gastón Giles, informó ayer a El Observador que el gremio optó por “no profundizar” las medidas de lucha a la espera de una reunión que habrá a principios de la próxima semana con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). El polémico plan de reestructura Bambú –que deberá implementar UTE antes del 27 de octubre– abarca varios frentes, como la reestructura de cargos jerárquicos, acotar las tercerizaciones, regímenes de trabajo y una nueva escala salarial. Precisamente, sobre este último punto AUTE está solicitando una partida anual de unos US$ 20 millones para mejorar el ingreso de su trabajadores.
El gremio se reunirá con la OPP porque depende de ese organismo la habilitación de las partidas presupuestales para el pago de salarios. “En función de la respuesta de la OPP vamos a definir si profundizamos las medidas”, explicó Giles.
“Terrorismo Casarvilliano”
El gremio de transmisión de AUTE se tomó en serio el conflicto por la reestructrua que lidera el presidente del ente, Gonzalo Casaravilla. En un boletín interno, el sindicato de trabajadores realizó duras acusaciones contra el máximo jerarca del ente. El gremio de transmisión denuncia una “grave amenaza por parte del Casaravillismo y el cuerpo gerencial y mandos medios de RRHH de denunciar la violación del convenio laboral y con ello el no pago de la cuota productividad”. Por ese motivo, “los trabajadores de transmisión le decimos: No al terrorismo del bolsillo. No al terrorismo Casaravilliano”, reza un fragmento del boletín al que accedió El Observador.
El plan de reestructura Bambú también es cuestionado por la Asociación de Profesionales y Mandos Medios de UTE (Aprom). Sostienen que esta reforma “carece de toda lógica” y es contraria a lo que marca la tendencia mundial
PIT-CNT presenta plataforma a todos los partidos políticos
El PIT-CNT estará presentando su plataforma reivindicativa a todos los partidos políticos, de cara a la próxima campaña electoral para las elecciones de octubre de 2014.
Basado en las resoluciones del último Congreso del PIT-CNT, la central obrera presentará sus propias reivindicaciones a las colectividades políticas, para que sean tenidas en cuenta en sus respectivos programas de gobierno.
Ayer, una delegación del PIT-CNT se reunió con la cúpula del Frente Amplio, para analizar temas de coyuntura
El encuentro se realizó en la sede del Frente Amplio, al cual asistieron Mónica Xavier, Juan Castillo, Gerardo Rey y Rafael Michelini por el partido de gobierno, mientras que por los trabajadores concurrieron Fernando Pereira, Ismael Fuentes, Oscar López y Fernando Gambera.
La reunión fue a “agenda abierta”. No obstante hubo coincidencia entre el partido político y la dirigencia sindical sobre los bajos salarios que se perciben en el sector agropecuario como de comercio, así como la resistencia de las patronales a otorgar los incrementos reclamados.
La presidenta del FA, Mónica Xavier, entregó el documento programático elaborado por la Comisión de Programa que se pondrá a consideración en el mes de noviembre, a fin de que los trabajadores sepan cuáles son las principales líneas a desarrollar en un tercer gobierno del FA.
El FA ya se había reunido con otras organizaciones sociales, como cooperativistas, y las cámaras de alimentación y transporte.
En tanto, el Secretariado del PIT-CNT le transmitió su preocupación por la lentitud que se viene dando en la aprobación del proyecto de ley de Responsabilidad Penal del Empleador y de Proyecto de Ley de Maternidad, Paternidad y Licencias Maternales. Desde el FA se dijo que para la aprobación de estos proyectos se deben articular consensos políticos.
Se advirtió que si el gobierno no votaba las pautas salariales, la conflictividad sindical podría incrementarse en los próximos tres años.
También se habló de las complejidades que existe en la relación con Argentina.
Se llegó a un acuerdo entre las partes a realizar encuentros más seguidos y se estará agendando un nuevo encuentro para noviembre.
El vicepresidente del FA, Juan Castillo, indicó que las partes coincidieron en que en un escenario de gobierno de izquierda “es más fácil aceptar los objetivos de las plataformas, y que será un problema de tiempo; pero que en otro contexto, esos objetivos serían más complejos”.
El secretario político del FA, Gerardo Rey, indicó que los trabajadores plantearon su preocupación por la concentración existente en determinados sectores así como la inflexibilidad de algunas patronales. A modo de ejemplo, mencionaron que grupos económicos concentran la propiedad de las farmacias, así como el supermercadismo.
Hay unos 12 mil trabajadores empleados en grandes superficies y a los sindicatos se les dificulta la negociación que lleve a un aumento de salarios de los trabajadores.
Esperan respuesta
Sindicato del comercio escenificará su conflicto mañana en Tres Cruces
jue oct 10 2013 - El País uy
Sindicato del comercio escenificará su conflicto mañana en Tres Cruces
jue oct 10 2013 - El País uy
La Federación de Empleados de Comercio y Servicios define hoy de tarde qué supermercados ocupará durante el fin de semana previo a la reunión tripartita que tienen el lunes 14 en la que esperan llegar a un acuerdo salarial que contemple sus requerimientos.
Esta tarde la Federación de Empleados de Comercio y Servicios definirá además los supermercados que ocupará durante el fin de semana en el marco del conflicto que mantiene con los empresarios del sector.
El próximo lunes 14 se realizará una reunión tripartita en la que se espera alcanzar un acuerdo. La Asociación de Supermercados considera que la propuesta planteada el lunes pasado contempla los intereses del sindicato y el gobierno.
El coordinador del PIT CNT Fernando Pereira dijo a Sarandí hoy que están dispuestos a “jugar todas las cartas” para llegar a los acuerdos y planteó que tienen la "esperanza" de que así ocurrirá el próximo lunes.
De no ser así, el dirigente dijo que actuarán en "solidaridad" con los trabajadores de supermercados con el paro previsto para el próximo 29 de octubre. De todas formas dijo que eso "queda condicionado a lo que ocurra la próxima semana".
A 37 AÑOS DEL SEGUNDO VUELO: NO SABE NO CONTESTA
El destino del "segundo vuelo" sigue enterrado en la impunidad
por Roger Rodríguez (La República 05.10.09)
El Ejército sigue sin reconocer qué ocurrió con 22 uruguayos secuestrados en Buenos Aires, torturados en Automotores Orletti, trasladados a Montevideo, presos en el "300 Carlos", ejecutados y enterrados en un cementerio clandestino. La ley de impunidad permitió condenar a los secuestradores, pero aún impide saber dónde están sus víctimas.
Treinta y tres años después de los hechos, a siete años de que el caso fuera denunciado por LA REPUBLICA y a cuatro años de que la Fuerza Aérea Uruguaya admitiera su existencia, el traslado ilegal de uruguayos secuestrados en Buenos Aires, conocido como el “segundo vuelo” de Orletti, sigue sin ser reconocido por el Ejército nacional.
El 5 de octubre de 1976 el Vuelo 511 del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU) viajó a Argentina para trasladar a Montevideo , de forma ilegal, a 22 uruguayos que habían sido secuestrados en Buenos Aires y torturados en el “pozo” de Automotores Orletti. Fueron entregados a oficiales del Ejército y hoy permanecen desaparecidos.
El C-47 de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), tripulado por el mayor Walter Pintos (piloto), el mayor José Pedro Malquín (copiloto) y el capitán Daniel Muñoz (tripulante), arribó a la plataforma de la Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento del Aeropuerto Internacional de Carrasco en la madrugada y era comandado por el mayor Walter Dopazzo.
Los 22 uruguayos eran militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) que, desde Argentina, resistían a la dictadura uruguaya. Fueron secuestrados en sus domicilios en setiembre y octubre por comandos de una coordinación represiva integrada por la Policía Federal, la banda de Aníbal Gordon y militares uruguayos. Los últimos estaban comandados por el mayor José Nino Gavazzo del Servicio de Información y Defensa (SID) y en la coordinación con Argentina operaron los oficiales Manuel Cordero, José Arab, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Luis Maurente y Ernesto Ramas; con los policías lo hicieron Ricardo Medina y José Sande, además de un grupo de soldados.
Los traslados
Los operativos contra uruguayos en Buenos Aires fueron parte del denominado “Plan Cóndor”, estructurado por los aparatos represivos de las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Ecuador y Uruguay, donde la tarea estaba en manos del SID y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).
El SID dependía de la Junta de Comandantes en Jefe y el OCOA de la División de Ejército I y de su comandante en jefe. El Vuelo 511 en 1976 fue coordinado por el coronel (av.) José Uruguay Araújo Umpiérrez, entonces en el SID. Los secuestrados sobrevivieron un mes en el centro de torturas “300 Carlos” del OCOA, antes de ser ejecutados.
La dictadura uruguaya ya había realizado traslados de uruguayos en Argentina desde 1974. Aquel febrero trajeron al tupamaro Antonio Viana Acosta y en noviembre a sus compañeros Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Brum, María de los Ángeles Corbo y Graciela Stefanell, cuyos cuerpos aparecieron, habiendo sido fusilados, en Soca en diciembre de ese año.
El traslado más numeroso se había producido el 24 de julio de 1976, cuando otro avión de la Fuerza Aérea trajo un “primer vuelo” de Orletti con otros 23 militantes del PVP, secuestrados entre junio y julio, a quienes “blanquearon” en una falsa detención en el balneario Shangrilá a fines de octubre y fueron procesados por la justicia militar.
Hoy se sabe que la mayoría de los uruguayos secuestrados en el exterior terminaron siendo “repatriados” si no fallecieron cuando su detención o durante la tortura. Hubo traslados en 1975, en los que los detenidos fueron y vinieron a Argentina y también los habría en 1978, cuando se trajo a militantes del GAU, el PCR y otros grupos.
La denuncia
La existencia del “segundo vuelo” de Orletti fue denunciada el 17 de marzo de 2002 en LA REPUBLICA, tras una investigación periodística iniciada en la revista “Posdata”, de donde se obtuvieron los datos con los que el senador Rafael Michelini logró ubicar, en Argentina, a Simón, hijo de Sara Méndez, 26 años después de su desaparición.
Los datos habían sido proporcionados por un represor argentino, miembro de la banda de Aníbal Gordon, quien también informó que todos los uruguayos secuestrados en Buenos Aires y llevados a Automotores Orletti habían sido entregados a los militares uruguayos antes de que el centro clandestino de torturas cerrara en noviembre de 1976.
Con la credibilidad que le daba la aparición de Simón Riquelo, la fuente aportó nueva información, publicada en LA REPUBLICA el 9 de junio de 2002, con la que se denunció que el “segundo vuelo” se concretó el 5 de octubre de 1976, cuando un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya viajó al aeropuerto Jorge Newberry de Buenos Aires.
La ratificación del “informante” permitió concluir que el “segundo vuelo” era motivo del “pacto de silencio” de los militares uruguayos, quienes no querían admitir que las 22 personas traídas desaparecieron simultáneamente y no murieron “accidentalmente” en la tortura, sino que habían sido ejecutadas y enterradas en un cementerio clandestino.
La denuncia fue confirmada por una fuente militar uruguaya, presente el día del arribo del “segundo vuelo”. Aportó datos del vuelo 511 y los nombres de sus tripulantes, coordinador y receptor, según publicó LA REPUBLICA el 2 de setiembre de 2002, en una nota donde se explicaba que los detenidos fueron sacados en camiones del Ejército.
El silencio
La denuncia de LA REPUBLICA, pese a su trascendencia, no tuvo repercusión en los grandes medios de comunicación y tampoco fue considerada por la gubernamental Comisión para la Paz que no incluyó el tema ni siquiera como hipótesis en el informe final sobre los detenidos desaparecidos elaborado durante el gobierno de Jorge Batlle.
El entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea, José Pedro Malaquín, hizo silencio ante las acusaciones acerca de que había sido uno de los pilotos del avión quien trajo al grupo de desaparecidos. Tampoco el comandante del Ejército, general Carlos Daners, quiso hacer comentarios sobre los secuestrados entregados a su fuerza.
Sin embargo, el 8 de agosto de 2005, el informe oficial de la Fuerza Aérea Uruguaya sobre los desaparecidos, en respuesta a una orden del Presidente Tabaré Vázquez, terminó por admitir que el “segundo vuelo” del 5 de octubre había existido, aunque aceptó la participación de la aviación sólo en el traslado.
El informe redactado por el comandante Enrique Bonelli sostenía que la operación había sido ordenada por el comando de la FAU, a pedido del SID, que coordinó el vuelo en el que los pilotos militares sólo se limitaron a permanecer en la cabina de vuelo, sin saber cuántos ni quiénes eran los detenidos transportados desde Argentina.
Bonelli, quien, posteriormente, reconoció haber sido piloto del “primer vuelo” de Orletti, se negaría a informar a la justicia sobre los nombres de sus fuentes en la investigación interna. Ni la entrega de los pasajeros del “segundo vuelo” ni su destino fueron incluidos en el informe sobre desaparecidos del Ejército que aún no ha reconocido su entrega.
La justicia
En 2007, dos años después del informe de la FAU, el caso del “segundo vuelo” de Orletti fue denunciado judicialmente, junto a una serie de causas contra los mandos militares, por un grupo de abogados defensores de los derechos humanos. El tema recayó en el juez de 19º turno, Luis Charles, y la fiscal de 2º turno, Mirtha Guianze.
El caso se incorporó a otra denuncia conexa: Secuestro y desaparición del uruguayo Adalberto Soba, uno de los secuestrados en Orletti y posible pasajero del “segundo vuelo”, presentada en el juzgado por sus familiares. Ambos casos fueron excluidos de la Ley de Caducidad por el presidente Tabaré Vázquez.
La indagatoria judicial determinó la responsabilidad de seis militares (Gavazzo, Arab, Vázquez, Silveira, Ramas y Mauren) y dos policías (Medina y Sande) en la “privación de libertad” de Soba. Ese grupo de militares que ya estaba preso por un pedido de extradición de Argentina también fue procesado por el “segundo vuelo”.
El “segundo vuelo” de Orletti mantiene una serie de causas conexas abiertas, entre las que se destacan la
extradición del coronel Manuel Cordero, que había fugado a Brasil, y el caso de María Claudia García de Gelman, trasladada en el marco de ese operativo a Uruguay, donde, antes de desaparecer, tuvo a su hija , Macarena, actualmente recuperada.
También está pendiente el inicio de procesos contra el coronel (av.) Araújo Umpiérrez, quien estuvo preso por un pedido de extradición, no se otorgado, a Argentina y hoy se encuentra en libertad y el soldado Ernesto Soca (detenido para su extradición a Argentina), reconocido como uno de los subalternos que operó en Buenos Aires.
La impunidad
Aunque ocho militares y policías fueron condenados por el “segundo vuelo” de Orletti., el caso evidencia la impunidad que aún rige en Uruguay con la vigencia de la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado (Nº 15.848), cuya anulación depende de la reforma constitucional que se plebiscitará el próximo 25 de octubre.
Los militares y policías fueron procesados gracias a la interpretación del artículo 4º de la mencionada ley realizada por la actual administración de gobierno: Se entiende que no se incluyen los casos ocurridos en el exterior, como los que implicaron la desaparición de niños ni los que (como admite el artículo 3º de la norma) implicaron un provecho económico.
En la actualidad, permanece bajo el amparo de la impunidad la tortura, ejecución y enterramiento en Uruguay de los 22 compatriotas que fueron secuestrados en Buenos Aires, torturados en Orletti y trasladados ilegalmente a Uruguay, lo que determina que no se obtenga información sobre el paradero de sus restos óseos.
También permanece impune la “amnesia” de los aviadores Malaquín, Pintos y Muñoz, quienes no recuerdan nada acerca de los pasajeros del Vuelo 511, aunque la puerta del C-47 en que los trajeron se encuentra en el extremo trasero de la aeronave y alguien debió recorrer todo el pasillo para cerrarla al despegar y abrirla al aterrizar.
La impunidad aún cobija como institución al Ejército, cuya investigación sobre los desaparecidos no dio resultados positivos, mantiene escondidos los archivos y sus mandos hacen expresa su voluntad de no continuar indagando, aunque las víctimas estuvieron en su poder en el “300 Carlos” y fueron enterradas en una unidad militar.
COMCOSUR AL DÍA /VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2013
Dossier del Blog El Muerto
¿Otra purga judicial?
10.10.2013
“Yo no pacto la impunidad de delincuentes, yo me apego a la ley”, dijo Ferrero luego de que Gómez sugiriera que esa norma termina por ayudar a personas que deberían estar presas.
El intercambio ocurrió horas después de conocerse la decisión del fiscal de Corte, Jorge Díaz, de sacar de su cargo a Ferrero para, según dijo, renovar la lucha contra el crimen organizado.
Convocados Ferrero y Gómez al Parlamento por el diputado blanco Jorge Gandini para hablar sobre lavado de dinero, en cierto momento los jerarcas se refirieron a la figura del “colaborador” que permite a los fiscales acordar la reducción de la pena a personas que hayan incurrido en delitos a cambio de que revelen la indentidad de otros delincuentes o la ubicación de dinero o drogas.
“Yo utilizo mucho ese recurso. Por ejemplo, si me entero de que hay 200 kilos de droga en la calle voy a tratar de saber a dónde está. Para eso recurro a la persona más vulnerable que es el transportista. Yo le digo que si me informa dónde está la droga, en lugar de meterlo en la cárcel capáz que lo procesan sin prisión. Y ahí logró sacar la droga de la calle”, explicó Ferrero.
El artículo 6 de la ley 18.494 regula la figura y pone como condición necesaria que el colaborador abandone la actividad delictiva.
Gómez dijo que nunca aplicó esa figura. “Los respeto pero creo que no se puede pactar la impunidad de los delincuentes”, dijo.
“Yo no pacto la impunidad con nadie, yo me apego a la ley y todo esto lo hago con conocimiento del juez”, le respondió Ferrero.
Finalmente, Gómez le dijo que no era su intención cuestionar el trabajo de la colega.
Rotación
Acerca de la decisión de Díaz de relevarla de su cargo, Ferrero transmitió que precisa algunos meses más de permanencia en su cargo para terminar la investigación de varios casos que considera de suma importancia, según dijo la jerarca a algunos de sus allegados. Sin embargo, desde la fiscalía de Corte ratificaron que Ferrero será trasladada a otra materia en no mucho tiempo con el objetivo de “renovar” la gestión.
Ayer, el semanario Búsqueda informó que el fiscal Díaz le comunicó a Ferrero que la trasladará en las próximas semanas debido a que el cargo es “rotativo” y ella se desempeña en él desde hace casi cinco años. En el encuentro, en el que también estuvo presente Gómez, Díaz señaló que esta tarea implica mucho “desgaste” por la alta exposición pública y supone una concentración muy grande de información y de “poder”.
Ayer, en la Comisión Especial de Lavado de Activos del Parlamento, el diputado Gandini puso arriba de la mesa el tema de los cambios en la fiscalía. “Me preocupa mucho que la rotación de los fiscales del Crimen Organizado signifique la pérdida de la experiencia acumulada. Ustedes conocen a todos los personajes y tienen gente de confianza en la Policía”, dijo el parlamentario.
Ferrero y Gómez confirmaron la reunión con Díaz. Ferrero dijo que no le había gustado que en la prensa se hablara de “remoción”. “Yo le pregunté al fiscal de Corte si había hecho algo malo o si tengo alguna denuncia. Me contestó que de ninguna manera. Acá no hay ninguna sanción, hay una rotación en el cargo”, señaló la fiscal.
Gandini insistió con el asunto y dijo que tenía la esperanza de que “no hubiera ningún apuro” en cambiar a los actuales fiscales. “No sería buena cosa que un nuevo fiscal empezara desde el principio a estudiar todos los asuntos pendientes”, agregó Gandini y le preguntó a Ferrero cuáles son las causas pendientes que tiene en sus manos.
Ferrero instruyó la megacausa de corrupción de la Armada que terminó con tres oficiales procesados y en la cual está pendiente que se pronuncie sobre otras responsabilidades de oficiales, investigó las irregularidades en el hospital Maciel que implicaron el procesamiento de la exadministradora del centro de salud y del titular de una empresa de limpieza Clanider por sobrefacturación, actuó en casos de trata de personas, prostitución vip y en decenas de casos de narcotráfico.Asimismo, pidió el archivo del caso que involucró al ex secretario de la Presidencia de Gonzalo Fernández por una presunta conjunción del interés personal y el público.
Actualmente tiene a estudio la sobrefacturación de la empresa Buena Estrella en el Maciel (ver página 4), indaga un caso de presunta corrupción en una licitación de UTE para el mantenimiento de centrales eléctricas, e investiga el asunto que involucra al ex tesorero del Partido Popular español, Luis Bárcenas, sospechado de lavar dinero en Uruguay y procesado en su país por el mismo delito.
10.10.2013
El fiscal de Corte de Jorge Díaz, se reunió con los dos fiscales de Crimen Organizado, Mónica Ferrero y Juan Gómez, y les comunicó, respaldado por el Poder Ejecutivo, que el cargo que están ejerciendo es “rotativo”. De ese modo, Díaz comenzará por remover a Ferrero en las próximas semanas, informó Búsqueda.
La fiscal, que tiene a estudio un caso de presunta corrupción al ex presidente de UTE, Pedro Aurrecoechea, ejerce funciones hace casi cinco años.
El jefe de los fiscales señaló que la Fiscalía de Crimen Organizado genera mucho “desgaste” por la alta exposición pública y se considera que el puesto tiene una concentración muy grande de “información” y de “poder”, por lo que cree necesario que los fiscales se alternen cada cierto tiempo, señala el semanario, según sus informantes.
Ferrero fue nombrada como fiscal en Crimen Organizado en mayo de 2009. En los últimos años tuvo una relevante actuación. Se destaca, entre otros casos, la causa de corrupción de la Armada que concluyó con tres oficiales procesados, las irregularidades en el Hospital Maciel que generó el procesamiento de la ex administradora y del titular de una empresa de limpieza, del centro de salud. Además de actuar en varios procesamientos de narcotraficantes, participó del proceso por trata de personas con fines de prostitución y de trabajo y el caso del ex secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández por una supuesta conjunción del interés personal y público.
11.10.2013
Los fiscales del Crimen Organizado Monica Ferrero y Juan Gómez exhibieron sus diferencias ayer en la Comisión Especial de Lavado de Activos del Parlamento acerca de la utilización de la figura del “colaborador” que fue creada por la ley antilavado de 2009.“Yo no pacto la impunidad de delincuentes, yo me apego a la ley”, dijo Ferrero luego de que Gómez sugiriera que esa norma termina por ayudar a personas que deberían estar presas.
El intercambio ocurrió horas después de conocerse la decisión del fiscal de Corte, Jorge Díaz, de sacar de su cargo a Ferrero para, según dijo, renovar la lucha contra el crimen organizado.
Convocados Ferrero y Gómez al Parlamento por el diputado blanco Jorge Gandini para hablar sobre lavado de dinero, en cierto momento los jerarcas se refirieron a la figura del “colaborador” que permite a los fiscales acordar la reducción de la pena a personas que hayan incurrido en delitos a cambio de que revelen la indentidad de otros delincuentes o la ubicación de dinero o drogas.
“Yo utilizo mucho ese recurso. Por ejemplo, si me entero de que hay 200 kilos de droga en la calle voy a tratar de saber a dónde está. Para eso recurro a la persona más vulnerable que es el transportista. Yo le digo que si me informa dónde está la droga, en lugar de meterlo en la cárcel capáz que lo procesan sin prisión. Y ahí logró sacar la droga de la calle”, explicó Ferrero.
El artículo 6 de la ley 18.494 regula la figura y pone como condición necesaria que el colaborador abandone la actividad delictiva.
Gómez dijo que nunca aplicó esa figura. “Los respeto pero creo que no se puede pactar la impunidad de los delincuentes”, dijo.
“Yo no pacto la impunidad con nadie, yo me apego a la ley y todo esto lo hago con conocimiento del juez”, le respondió Ferrero.
Finalmente, Gómez le dijo que no era su intención cuestionar el trabajo de la colega.
Rotación
Acerca de la decisión de Díaz de relevarla de su cargo, Ferrero transmitió que precisa algunos meses más de permanencia en su cargo para terminar la investigación de varios casos que considera de suma importancia, según dijo la jerarca a algunos de sus allegados. Sin embargo, desde la fiscalía de Corte ratificaron que Ferrero será trasladada a otra materia en no mucho tiempo con el objetivo de “renovar” la gestión.
Ayer, el semanario Búsqueda informó que el fiscal Díaz le comunicó a Ferrero que la trasladará en las próximas semanas debido a que el cargo es “rotativo” y ella se desempeña en él desde hace casi cinco años. En el encuentro, en el que también estuvo presente Gómez, Díaz señaló que esta tarea implica mucho “desgaste” por la alta exposición pública y supone una concentración muy grande de información y de “poder”.
Ayer, en la Comisión Especial de Lavado de Activos del Parlamento, el diputado Gandini puso arriba de la mesa el tema de los cambios en la fiscalía. “Me preocupa mucho que la rotación de los fiscales del Crimen Organizado signifique la pérdida de la experiencia acumulada. Ustedes conocen a todos los personajes y tienen gente de confianza en la Policía”, dijo el parlamentario.
Ferrero y Gómez confirmaron la reunión con Díaz. Ferrero dijo que no le había gustado que en la prensa se hablara de “remoción”. “Yo le pregunté al fiscal de Corte si había hecho algo malo o si tengo alguna denuncia. Me contestó que de ninguna manera. Acá no hay ninguna sanción, hay una rotación en el cargo”, señaló la fiscal.
Gandini insistió con el asunto y dijo que tenía la esperanza de que “no hubiera ningún apuro” en cambiar a los actuales fiscales. “No sería buena cosa que un nuevo fiscal empezara desde el principio a estudiar todos los asuntos pendientes”, agregó Gandini y le preguntó a Ferrero cuáles son las causas pendientes que tiene en sus manos.
Ferrero instruyó la megacausa de corrupción de la Armada que terminó con tres oficiales procesados y en la cual está pendiente que se pronuncie sobre otras responsabilidades de oficiales, investigó las irregularidades en el hospital Maciel que implicaron el procesamiento de la exadministradora del centro de salud y del titular de una empresa de limpieza Clanider por sobrefacturación, actuó en casos de trata de personas, prostitución vip y en decenas de casos de narcotráfico.Asimismo, pidió el archivo del caso que involucró al ex secretario de la Presidencia de Gonzalo Fernández por una presunta conjunción del interés personal y el público.
Actualmente tiene a estudio la sobrefacturación de la empresa Buena Estrella en el Maciel (ver página 4), indaga un caso de presunta corrupción en una licitación de UTE para el mantenimiento de centrales eléctricas, e investiga el asunto que involucra al ex tesorero del Partido Popular español, Luis Bárcenas, sospechado de lavar dinero en Uruguay y procesado en su país por el mismo delito.
Luego del raconto de sus casos que hizo la fiscal, Gandini expresara su “esperanza” de que el fiscal de Corte instaure una suerte de “transición” para capacitar al funcionario que asuma esos casos. Ferrero reiteró que tiene varias causas en las que todavía hay tela para cortar.
11.10.2013
Adujo que si los enviaba a penales comunes, su vida iba a estar en peligro
El ex presidente Frei trató de excusarse por la creación del penal de lujo para represores
"Con el cierre del Penal Cordillera se volvió a lo que yo hice en 1996", dijo Frei en relación al cierre ordenado por Piñera el 26 de septiembre pasado, luego de que los gendarmes a cargo de la custodia informaran que los reclusos tenían piscina, cancha de tenis y TV por cable, entre otras comodidades, "muy disímiles a la situación de los penales del país".
Punta Peuco fue creado por la preocupación de miembros del Ejercito por la seguridad y bienestar del ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), creada durante la dictadura, general en retiro Manuel Contreras, condenado a más de 300 años por violaciones a los derechos humanos.
Fuente:Telam
museodelamemoria
Intendencia de Montevideo
Departamento de Cultura
Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria
"Todos precisan un futuro para tener un pasado"
A doscientos años de las Instrucciones del año XIII
A cuarenta años del golpe de Estado y la huelga general de resistencia
invitamos a la inauguración de
“NIÑAS Y NIÑOS EN TIEMPOS DE DICTADURA”
Domingo 13 de octubre a las 17.00 hs.
¿Cómo fue la visión de niñas y niños sobre la dictadura? ¿Cómo fueron sus vivencias? ¿Cómo fue la comunicación entre niñas y niños y adultos? ¿Cómo fue su vida cotidiana, la escuela, el barrio, la familia?. ¿Cómo vivieron las niñas y niños familiares de presos políticos, exilados, luchadores de la resistencia, desaparecidos y asesinados?. ¿Cómo fue la vida en el exilio? ¿Cómo es la relación de las niñas y niños de hoy, con la dictadura pasada?. Esta exposición, inconclusa, nos habla de esto, y se presenta como una obra en construcción pues se propone seguir incorporando testimonios, objetos y reflexiones durante su transcurso.
La inauguración se realizará el domingo 13 de octubre a las 17.00 hs, con la participación especial de Bárbara Ferrario en danza.
"NIÑAS Y NIÑOS EN TIEMPOS DE DICTADURA" se podrá visitar hasta el sábado 22 de febrero de 2014.
Envío:Agnddhh
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