Por Irina Hauser
EL TRIBUNAL AMPLIFICO UN RECLAMO DE JUECES DEL NORTE DEL PAIS QUE ADVIERTEN SOBRE EL AUMENTO DEL TRAFICO
La Corte se anotó en la polémica del narcotráfico
Los jueces dicen que carecen de fondos, infraestructura, cárceles y nombramientos. La Corte explicó que mandó oficios a fines de octubre pero, al no obtener respuesta, firmó la resolución. El secretario Berni destacó el trabajo en común y resaltó lo que se hizo.
Por Irina Hauser
El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, durante la reunión del 18 de septiembre con Berni y funcionarios judiciales de las provincias del Norte.Imagen: DyN
En su juego pendular, que ya es un clásico, después del fallo de la ley de medios la Corte Suprema decidió amplificar el reclamo de los jueces de Salta, Jujuy y Tucumán, que advierten que existe un fuerte aumento del delito en su territorio, en especial del narcotráfico, pero dicen que carecen de fondos, infraestructura, cárceles y nombramientos suficientes para enfrentarlo y que falta presencia de las fuerzas de seguridad. Una resolución firmada ayer por todos los jueces supremos dice que ya el 31 de octubre último el tribunal le mandó oficios al Consejo de la Magistratura, al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Seguridad para que tomen iniciativas “para combatir la grave problemática denunciada” por los jueces norteños, pero ante la falta de respuesta “y la extrema gravedad de las circunstancias” decidieron hacerlo directamente mediante una resolución que pide “medidas urgentes”. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, dijo que “la lucha contra el narcotráfico no se agota en una frontera o un radar”. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, anunció la instalación de escáneres en las zonas limítrofes .
Al juez de la Corte Carlos Fayt quizá se le pueda conceder haber puesto una piedra basal de este asunto en 2009 cuando en una de sus clásicas irrupciones catárticas ante los medios dijo que en Salta –su provincia de origen– “llueve cocaína”. El tema desembarcó ayer en una resolución del tribunal, después de haber sido instalado la semana pasada por la Iglesia (ver recuadro) con el discurso de que la Argentina corre riesgo de parecerse a México o Colombia y tras expandirse en algunos medios de comunicación. La Procuración General de la Nación ya había reparado en la cuestión el año pasado, en base a una auditoría que llevó a que desplegara las primeras estrategias la Procuraduría de Narcocriminalidad. Lo cierto es que en el Ministerio de Seguridad, donde coinciden en la gravedad del diagnóstico de los jueces norteños, dicen que fue Sergio Berni quien le acercó a Ricardo Lorenzetti su preocupación por la falta de recursos en los juzgados del Noroeste.
A partir de esa reunión, en septiembre último, la Corte pidió informes sobre la situación a los jueces de Salta, Jujuy y Tucumán. Los reportes fueron enviados y terminaron anexados ayer a la lista de reclamos que el alto tribunal dirigió a distintos organismos: a la cartera de Seguridad le atañe en particular la demanda de mayor presencia de fuerzas federales, así el reclamo de scaners y tecnología para las fronteras; al Ministerio de Justicia le compete, en parte, la demora en el nombramiento de jueces, pero en especial los reclamos de mayores instalaciones y plazas del Servicio Penitenciario Federal (SPF), y al Consejo de la Magistratura le atañen los concursos para jueces y camaristas demorados y la habilitación de instalaciones judiciales.
La resolución de la Corte, que se queja de la falta de respuesta del Gobierno y el Consejo, se inscribe también en la lógica que señaló días atrás el propio Lorenzetti cuando, tras el fallo en aval de la ley de medios, insistió en que al tribunal le interesan todos los temas y que las reuniones que había tenido con miembros del Ejecutivo habían sido, precisamente, por esta cuestión del narcotráfico. Este año, de hecho, fue alternando: volteó la reforma del Consejo de la Magistratura, cuestionó a los fiscales ad hoc, después convalidó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y ahora se mete con el problema de la droga.
El informe que entregaron los camaristas de Salta Roberto Louytaf Ranea y Jorge Villada, que abarca la jurisdicción de Jujuy, habla del “crecimiento preocupante del narcotráfico en nuestra frontera, la trata de personas, el incremento del contrabando y especialmente la instalación de grupos extranjeros de gran magnitud que están operando esa clase de ilicitudes y que sin exageración alguna se cuentan por miles en la frontera NOA y NEA”. En función de eso, reclaman “mayor presencia del Estado nacional en un área tan extensa, acompañada por una coordinación de políticas institucionales nacionales y provinciales”. “La frontera –alertan– es la gran puerta de entrada para la gran mayoría del tráfico ilegal de drogas y otros delitos conexos (como la trata de personas) que impactarán inevitablemente en el centro y sur de nuestro país.”
En declaraciones públicas, Berni hizo hincapié en que para desbaratar bandas de narcos es central la inteligencia criminal, meterse en las organizaciones, y no basta controlar las fronteras, poner radares y ejercer controles físicos. El secretario de Seguridad destacó que durante este año fueron detenidos 5700 narcotraficantes. En la cartera de Berni insisten con estos datos y conceptos: en la zona de frontera hay 6000 efectivos, que creen que es un número “considerable”, pero el problema es más complejo. Como ejemplo citan al narco colombiano Ignacio Alvarez Meyendorff, quien fue atrapado en la Argentina y extraditado, y que para transportar droga se valía de submarinos. “El tema está presente, está instalado, es importante y hay que prestar atención a nuestra cercanía con Paraguay, productor de marihuana, y Bolivia, de cocaína, pero nosotros no somos un país narco”, insisten.
El balance de los salteños dice que las causas penales aumentaron entre 2005 y 2012 un 52 por ciento, y que en particular las de estupefacientes se elevaron el 84,64 por ciento. Por eso hay un notable aumento de las personas privadas de su libertad que hizo “colapsar el sistema carcelario”: hay 850 plazas y más 1124 detenidos, más 34 con prisión domiciliaria. En función de ese diagnóstico piden:
- Duplicar las plazas en las cárceles del SPF de Cerillos y Güemes; ampliar la capacidad de la unidad de Chapapoyas; construir alcaidías federales en Orán (donde sólo el juzgado de allí duplica el número de detenidos de Salta y Jujuy); habilitar una cárcel en Yuto (Jujuy) y otra en el norte de Salta, además de centros de rehabilitación.
- Que se terminen los concursos para los juzgados federales de Salta y Jujuy, que están vacantes; para los tres cargos del tribunal oral federal de Jujuy, que se habilite una sala más en la Cámara Federal, creada hace 15 años; que se concurse el juzgado de San Martín, que se convoque para el de Tartagal y se cree otro juzgado federal en Salta y en Orán.
- Estos jueces reclaman scaners y que se complete el sistema de radares y control fronterizo anunciado en 2009. Echegaray ya anunció medidas. Para las fronteras piden específicamente más presencia de fuerzas federales.
Los jueces de Tucumán Fernando Poviña y Daniel Bejas también señalaron el aumento de causas por tráfico de estupefacientes y reclamaron que se concursen los juzgados federales. Pidieron personal específico y más “fuerzas de seguridad para tareas de prevención e investigación”.
En el Consejo de la Magistratura, los kirchneristas maldicen a la Corte por trasladarle “problemas”, pero asumen su situación de parálisis que afecta a todos los concursos, no sólo lo de las provincias en cuestión. Mario Fera, titular del Consejo, le dijo a Página/12 que ayer mismo le pidió a las comisiones de selección y administración que tomen medidas. Explicó que hay “problemas de gestión” y una discusión burocrática sobre a qué concursos se aplica lo poco que quedó en pie de la reforma del organismo, que afecta justamente a la integración de los jurados y las ternas. Admitió que está preocupado y que advirtió el problema del narcotráfico cuando viajó hace poco por la situación en Orán.
Desde el Ministerio de Justicia defienden la creación de la Unidad Penitenciaria Güemes y analizan el mapa carcelario. Igual que en Seguridad, cuestionan que la Corte le hace reclamos a varias reparticiones, pero no responde a los pedidos de refuerzos de personal y infraestructura que le atañen y que también le hicieron los jueces norteños.
FELIX CROUS, TITULAR DE LA PROCURACION DE NARCOCRIMINALIDAD
“No hay que ser alarmistas”
Crous sostiene que hace un año la Procunar advirtió que en el norte del país el sistema judicial enfrenta “una sobrecarga de trabajo”, en parte relacionada “con que hay más operativos, más secuestros de droga, más inteligencia criminal que antes”.
Por Raúl Kollmann
Imagen: Rafael Yohai
“Nosotros, desde la Procuración –sostiene el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Félix Crous–, tenemos una auditoría en la que ya hace un año dejamos en claro que en el Norte hay una sobrecarga de trabajo. Se trata de la frontera con países productores, de manera que es una frontera sensible. Ahora la Corte Suprema dice lo mismo. Desde ya que una parte de la sobrecarga tiene que ver con que hay más operativos, más secuestros de droga, más inteligencia criminal que antes. ¿Si también hay aumento del narcotráfico? Es difícil dar un diagnóstico sobre algo que está oculto: es posible que ambas cosas sean ciertas, aumento de los operativos y también aumento de tráfico. En el mundo no se piensa en un standard de eficiencia del ciento por ciento, es decir que se detecte todo lo que entra. El ejemplo más patente es el de Estados Unidos, donde entra la mayor cantidad de drogas del mundo.”
Desde la Procunar, puesta en marcha por la procuradora Alejandra Gils Carbó en febrero, Crous colabora con todos los fiscales que tienen causas vinculadas con el tráfico de drogas.
–La Corte Suprema pide edificios, cárceles y más infraestructura porque los jueces del Norte afirman que las causas por narcotráfico aumentaron en un 84 por ciento. –Sí, es cierto. Nosotros advertimos ya hace un año que hay una sobrecarga en el Norte. Y, por supuesto, que se trata de fronteras sensibles. El trabajo es mucho y pesa sobre los defensores oficiales, los fiscales y los jueces de la zona. Desde ya que no tenemos que tener una visión alarmista. Estamos ante un problema de esta y de las demás naciones. De eso no cabe la menor duda. Sería tapar el cielo con un dedo.
–¿Hay más causas porque hay más narcotráfico? –Lo que es seguro es que hay más causas porque hay más operativos, más secuestros de droga, más narcos detenidos y más trabajo conjunto de las fuerzas federales. Se está haciendo un trabajo fuerte sobre los precursores químicos, indispensables para procesar la cocaína, por ejemplo. Y diría que el nivel actual de investigación no lo teníamos antes. De todas maneras, es probable que las dos cosas sean ciertas: que hay más eficiencia en la lucha contra los narcos y también que hay más tráfico. Pero es difícil saberlo porque es una actividad oculta y en el mundo entero no existe el standard de eficiencia del ciento por ciento, es decir que se detecte todo lo que entra en un país. Estados Unidos recibe gran parte de la cocaína que se produce en el mundo. De todas maneras, ni los jueces ni los fiscales ni la propia Corte somos expertos en lo que es la seguridad preventiva, todo lo que tiene que ver con radares, scanners y controles de esa naturaleza. No-sotros afrontamos las causas judiciales. Y en esa materia ya lo dijimos nosotros, ahora lo dice la Corte: en el Norte la carga es muy grande.
–¿Cuáles son los problemas que se afrontan? –Sin dudas, uno de los temas es el papel de los agentes estatales. Se ve en Córdoba o Santa Fe con el Estado involucrado en la narcocriminalidad. Hagamos el siguiente ejercicio mental: ¿qué sucedería si todas las fuerzas involucradas en el negocio criminal, en general, y en el negocio de la narcocriminalidad en particular, hicieran su trabajo y no participaran del delito? Evidentemente estaríamos hablando de un fenómeno criminal marginal. No existe narcocriminalidad de esta envergadura si no fuera porque está regulado por las fuerzas, no ya tolerado por ineficiencia. Esta es una realidad que tienen que afrontar todas las provincias, porque el despliegue policial en la Argentina depende de cada una de las fuerzas de seguridad locales.
–Básicamente el pedido de la Corte tiene que ver con lo presupuestario, con nuevos edificios, más plazas carcelarias, más personal. –El pedido de aumento de presupuesto de todas maneras tiene un interrogante previo: ¿quién investiga los casos de narcotráfico? Hoy el sistema es irracional. El juez decide si investiga él o si le delega la causa a un fiscal. Por lo tanto, antes de definir ese aumento de presupuesto hay que definir en quién va a recaer la investigación. En el Congreso ya hay dictamen de un proyecto para que el sistema de enjuiciamiento y la investigación tengan racionalidad: que los fiscales investiguen y acusen, que los jueces actúen de jueces. Por lo tanto resolver esta cuestión es paso previo a asignar el presupuesto, porque los fondos tienen que estar orientados principalmente hacia quien investiga.
–En la polémica sobre el narcotráfico se ha propuesto la llamada ley de derribo, es decir una autorización para que las fuerzas de seguridad derriben cualquier avión sin identificar si se sospecha que carga droga. –Por supuesto que en el debate internacional se ha planteado esa alternativa. Nosotros estamos totalmente en contra. Sería instituir una pena de muerte extrajudicial, porque quienes sean derribados es obvio que morirán. En la Argentina no hay pena de muerte ni la puede haber, dado que los pactos internacionales suscriptos por el país lo prohíben. Desde ya que uno puede y debe tener un sistema de radarización preventivo. No hay que discutir públicamente dónde se ubican, justamente para que la detección sea más eficiente. Y más todavía si está articulado con un sistema de defensa nacional, que debe ser un secreto de Estado. No hay que hablar en forma banal del tema. Hay una forma oblicua de meterse en el tema que es tratar el narcotráfico como un tema de defensa nacional en el marco de la doctrina de las nuevas amenazas.
La Argentina tiene totalmente divididos los roles entre la defensa nacional y la seguridad interior. La narcocriminalidad, en nuestro esquema, es una cuestión de seguridad, una cuestión que compromete nuestro esfuerzo de policía y no tiene nada que ver con el uso de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, en cuanto a lo judicial, que es lo nuestro, lo más urgente es que se defina quién investiga, que se cambie el sistema irracional de la actualidad. El Congreso no debe demorar esa reforma y luego habrá que ver cómo se asignan los recursos.
En octubre, la Procunar, junto con la Secretaría de Drogadependencia y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), realizó cursos con fiscales de Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca y Chaco sobre precursores químicos para el procesamiento ilegal de drogas. En ese marco se debatieron justamente las formas de abordar el narcotráfico en causas penales.
EL SECRETARIO DE SEGURIDAD, SERGIO BERNI, HABLO DEL COMBATE CONTRA EL NARCOTRAFICO
"La lucha tradicional ha fracasado”
El funcionario rescató la “lucha en el territorio” y la inteligencia criminal que aplican las fuerzas federales. Destacó que “en lo que va del año detuvieron a 5700 narcos”. Y propuso estudiar la decisión de Uruguay de despenalizar la marihuana.
Berni reveló que se reunió en varias oportunidades con Lorenzetti para hablar de lucha contra el narcotráfico.
Luego de que se conociera la resolución de la Corte Suprema, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, reveló que se reunió en varias oportunidades con el titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, para debatir sobre la lucha contra el narcotráfico. Además, llamó a evaluar la despenalización de la marihuana siguiendo los pasos de Uruguay. Luego informó que se detuvo a “5700 narcotraficantes en lo que va del año” y que el problema “no se agota en una frontera o un radar”.
“Trabajamos en conjunto con la Justicia en la lucha contra el narcotráfico. Me he reunido con Lorenzetti en varias oportunidades”, afirmó Berni, quien participó de un encuentro para controlar la situación delictiva en la zona norte del país. Según Berni, uno de esos encuentros se realizó el 18 de septiembre en el Palacio de Tribunales, con la asistencia de representantes de poderes judiciales federales.
En ese contexto, el funcionario llamó a “evaluar” medidas como la “que lleva a cabo Uruguay, por ejemplo”. “Es digna de ser estudiada, es un tema muy complejo que hay que trabajar con mucha humildad y responsabilidad, hay que saber escuchar, observar y tratar de buscar un nuevo modelo”, precisó sobre el proyecto que busca regular el cultivo y venta de cannabis.
Antes, Berni había participado del anuncio del desbaratamiento de una banda dedicada al robo de autos de alta gama, donde destacó la “gran actividad de lucha contra el narcotráfico que ha tenido resultados muy importantes, como la detención de 5700 narcotraficantes en lo que va del año”. “Nosotros los buscamos, los encontramos y los ponemos a disposición de la Justicia”, aseguró.
En este sentido, contó que tiene la orden directa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y aclaró que el problema de la droga es mundial. “No es que la Argentina sea un paraíso para el narcotráfico, hoy el mundo es un paraíso para el narcotráfico. Hay bancos que tienen condenas y condenas, pero siguen operando; hace falta un gran compromiso financiero contra el lavado de divisas”.
“La lucha tradicional contra el narcotráfico ha fracasado, por eso estamos imponiendo una nueva modalidad, que consiste en una lucha en profundidad en el territorio, donde es muy importante la inteligencia criminal que permite desbaratar las bandas”, agregó.
Por otro lado, el secretario de Seguridad también cuestionó la propuesta del Frente Renovador de Sergio Massa para derribar los aviones no identificados. “Yo escucho que mucha gente habla de fronteras y radares, pero el 80 por ciento de la droga que se produce se consume en los Estados Unidos. Tiene una población de más de 200 millones. ¿Ustedes hicieron la cuenta de cuánta droga entra por día? Y yo me pregunto: ¿Hay un suelo más custodiado que el de los Estados Unidos? ¿Hay una frontera más custodiada?
La lucha contra el narcotráfico no se agota en una frontera o en un radar.”
Berni también analizó la situación que atraviesa la ciudad de Rosario, donde en lo que va del año se han registrados 204 asesinatos relacionados con el tráfico de drogas. Según el funcionario, el problema responde a “la ausencia del Estado” y a que tanto Santa Fe como Córdoba son provincias con “policías altamente sospechadas de vinculación con el narcotráfico”.
“Nosotros, en Capital Federal, hemos creado un cuerpo de prevención barrial destinado únicamente para trabajar en las villas y en lugares donde hasta hace poco no entraba una ambulancia.”
Finalmente, fue consultado sobre las declaraciones del intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, quien dijo públicamente que las bandas del narcotráfico le disputan al Estado el territorio. “Esas declaraciones son irresponsables y tienen un tinte netamente político”, sentenció el secretario y dijo que el partido bonaerense donde mayores problemas hay con las bandas de narcos es San Martín. “Hemos hablado infinidad de veces con el intendente y no ha hecho más que agradecer el trabajo. El, en cambio, se ha comprometido a hacer un montón de cosas que no ha hecho”, concluyó el funcionario.
Reclamo de una jueza en un fallo
Una jueza federal procesó con prisión preventiva a Claudio Andrada y a cinco integrantes de su banda, considerada por las autoridades una de las más poderosas en el tráfico de drogas. La decisión fue de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien dictó los procesamientos por “tráfico de estupefacientes en su modalidad de transporte agravado por la intervención en el hecho de tres o más personas en forma organizada”.
La jueza denunció además que “la connivencia sea por acción u omisión de operadores de distintas estructuras estatales” para que la banda pudiera operar. “La verosimilitud de dicha convicción descansa en la impunidad con que la organización desarrolló el tráfico de estupefacientes a gran escala en forma sostenida en el tiempo, con una inusitada libertad de circulación a través de diversas jurisdicciones provinciales, de acceso a recursos, incluso legales, al servicio de la empresa criminal”, sostuvo.
El fallo exhortó a los ministerios de Defensa y de Seguridad de la Nación y a la Administración Nacional de Aviación Civil a que “arbitren los medios correspondientes para “garantizar de manera idónea un mayor control del espacio aéreo nacional, de modo de neutralizar las actividades ilícitas desarrolladas por las organizaciones criminales”. El procesamiento alcanzó al supuesto líder y a los presuntos integrantes de la banda a la que se le incautaron más de 580 kilogramos de esa sustancia.
ANUNCIOS DE ECHEGARAY
Escaners en la frontera
Imagen: Télam
El administrador federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, afirmó que la incorporación de equipos para el escaneo de contenedores permitirá llegar, en el corto plazo, a controlar el ciento por ciento de la frontera norte y se extenderá a otras zonas fronterizas una vez que lleguen los 15 equipos presupuestados para el año que viene.
“El ciento por ciento de nuestra frontera norte contará con equipos de escaneo de contenedores en los flujos donde controla la Aduana”, señaló Echegaray en la apertura del Foro de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) sobre Tecnología e Innovación que se lleva a cabo en el Hotel Intercontinental (foto).
El funcionario destacó la importancia de avanzar hacia un intercambio comercial fluido y transparente, con la aplicación de nuevas tecnologías. “La OMA viene haciendo una gran contribución en el camino que seguirán las aduanas y así, el sector privado puede ir visualizando el futuro en cuanto a inversiones e innovaciones”, indicó el titular de la AFIP.
En tal sentido, añadió que durante el desarrollo del Foro, que concluirá mañana, “todas las empresas del sector privado pueden acercarnos proyectos e ideas porque decidimos abrir la agenda para articular acciones entre los sectores público y privado”.
En cuanto a las acciones del organismo recaudador, señaló que “en el 2014 se estará cumpliendo con el plan estratégico de gobierno electrónico, para informatizar todas las declaraciones a través de un sitio web de calidad y buen diseño”. Respecto de la gestión de riesgo, recordó que “antes de fin de año estaremos recibiendo tres equipos para el escaneo de contenedores y así sumaremos un total de 24 en todo el país”.
“Les pedimos a los privados que también inviertan en tecnología, así como lo hacemos nosotros con la compra de estos equipos cuya finalidad es resguardar prioritariamente las fronteras del país”, indicó.
Echegaray adelantó que la AFIP prevé hacer “un salto importante con el sistema de alertas y trabajaremos fuertemente en el intercambio de información, que nos ha permitido contar con elementos trascendentes para la gestión de riesgo.”
El documento de los obispos
Anticipándose un poco a la resolución de la Corte Suprema, el viernes pasado, la Conferencia Episcopal Argentina presentó un documento titulado “El drama de la droga y el narcotráfico”, en el que advirtió sobre el avance del narcotráfico en el país y aseguró que la Argentina corría el riesgo de encontrarse en una situación similar a la de México y Colombia. El texto fue leído y comentado por el titular de la Conferencia Episcopal, José María Arancedo, y el presidente de la Pastoral Social, Jorge Lozano, quienes consideraron al narcotráfico como “una mancha que avanza”, por lo que reclamaron que el problema fuera asumido por el Estado como una cuestión prioritaria. “Si la dirigencia política y social no toma medidas urgentes, costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas mafias que han ido ganando cada vez más espacio”, sostuvo Lozano. También apuntaron a las “complicidades” de las fuerzas de seguridad, de la Justicia y políticos.
Una protesta en Córdoba
Una de las provincias más afectadas en los últimos tiempos por los hechos de narcotráfico y los vínculos con las fuerzas policiales fue Córdoba. Ayer, un grupo de vecinos autoconvocados protestó contra la “corrupción policial” en la provincia y demandó al gobierno de José Manuel de la Sota la remoción de altos jefes de la fuerza, así como de la cúpula de los ministerios de Justicia y de Seguridad. El grupo se concentró en la Plaza San Martín y desde allí se desplazaron al Ministerio de Justicia, en pleno centro, con pancartas que decían “basta de corrupción” o “basta de gatillo fácil y de abuso de autoridad”. En tanto, el fiscal federal de Córdoba, Enrique Senestrari, se manifestó en contra de una eventual excarcelación de los policías sospechados de tener vínculos con el narcotráfico, al sostener que podrían “entorpecer” la investigación judicial por la “influencia” que tienen en la institución policial.
Fuente:Pagina12
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