LOS DOCUMENTOS DE LA JUNTA MILITAR REFERIDOS A LA TRANSFERENCIA DE PAPEL PRENSA
“De las actas puede surgir la verdad”
Defensa le envió al juez Ercolini copias certificadas de las actas secretas relacionadas con el traspaso de la empresa a manos de Clarín, La Nación y La Razón y con las detenciones de la familia Graiver y su entorno. La expectativa de las querellas.
Por Irina Hauser
El Ministerio de Defensa le envió al juez Julián Ercolini copias certificadas de las trece actas secretas de la Junta Militar donde se habla de la transferencia de Papel Prensa a Clarín, La Nación y La Razón y se asocia esa operación con las detenciones de la familia Graiver y su entorno. Ese aspecto es el que hace que sea una prueba documental novedosa en el expediente, cuya incorporación genera expectativas en las querellas. “Les doy un valor muy importante a esas actas, porque de ellas puede surgir la verdad, que no es otra cosa que la connivencia que hubo entre los tres diarios y el gobierno de facto para quedarse con Papel Prensa”, le dijo a Página/12 el ex accionista Rafael Ianover, quien, además, espera que “esto acelere la investigación”.
La incorporación de las actas secretas no es la única razón por la que la causa judicial tiene alguna chance de salir de su letargo: el 21 de noviembre habrá finalmente una audiencia en la Sala I de la Cámara Federal, previa a que sus integrantes resuelvan si aceptan la unificación de las querellas que intenta el juez Ercolini. Es un tema conflictivo, porque los querellantes se oponen y el tribunal de alzada tendrá que saldar la discusión.
Su argumento es que cada uno persigue su propio reclamo, y que tanto Ianover como Lidia Papaleo (la viuda de David Graiver) podrían pretender iniciar acciones contra el Estado, lo que generaría una incompatibilidad si fueran querellantes con la Secretaría de Derechos Humanos, la que a su vez quedaría complicada si quisiera actuar en instancias internacionales.
La cuestión de las querellas es uno de los tantos escollos burocráticos que fueron apareciendo en esta causa, que en un comienzo se mudó de los tribunales platenses a los porteños, aunque la discusión sobre quién es el juez competente duró hasta septiembre último, cuando la Cámara de Casación dispuso que quede en manos de Ercolini. Este año dio su testimonio una vez más Lidia Papaleo, y después de su declaración el juez dispuso hacer una pericia contable para que se determine si, tal como han planteado ella y Ianover, accionista y testaferro, la empresa se vendió a un precio vil y bajo presión de los diarios y las Fuerzas Armadas.
Ambos relataron que el traspaso de acciones se hizo bajo intimidaciones, amenazas y métodos extorsivos, lo que llevó a que la venta se hiciera el 2 de noviembre de 1976 a un valor de 946.600 dólares. Después de aquel traspaso forzoso fueron secuestrados y torturados varios accionistas y personas vinculadas con el grupo Graiver, dueño original de buena parte de Papel Prensa. Jorge Rubinstein, quien fue mano derecha de Graiver, murió en la tortura.
“Hubo un plan proyectado por (José Alfredo) Martínez de Hoz y Héctor Magnetto, ejecutado en condiciones ventajosas para ellos. Pretendían que las acciones no entraran en la sucesión de Graiver, ya que el juez de Menores en defensa de la heredera no hubiera permitido la venta a precio vil”, dijo Ianover. “Como la firma para la venta se hizo bajo presión, nos detuvieron poco después para que no pudiéramos ejercer ninguna acción. A mí me hicieron un consejo de guerra, que me dio la libertad, pero seguí detenido un año más a disposición del PE nacional. Los Graiver y colaboradores estuvieron seis años presos”, relató.
De las actas secretas, hasta ahora se conocía sólo una (la 14), que es aquella en la que la Junta Militar acepta la transferencia a los tres diarios y se establece que el otro 49 por ciento sería para diarios del interior, algo que finalmente no se concretó, sino que fue para el Estado. Algunas de esas actas recientemente halladas unen esa transacción con las privaciones de la libertad del grupo Graiver, incluso hay constancias de reclamos de familiares, y podrían ser una prueba que abone la teoría de que en el caso se cometieron delitos de lesa humanidad.
La Secretaría de Derechos Humanos pidió varias veces la indagatoria de Magnetto; la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble; el ex secretario de redacción Reinaldo Bandini; Bartolomé Mitre, de La Nación; Sergio, Marcos y Hugo Peralta Ramos, por La Razón; el ex secretario de Desarrollo Industrial Raymundo Podestá; y los ya fallecidos en medio de este proceso Jorge Rafael Videla y José Martínez de Hoz.
Fuente:Pagina12
Envío:Agnddhh
12.11.2013
Una revelación importante es el seguimiento del caso Graiver / Papel Prensa
Archivos de la dictadura: El juez ya tiene en su poder copia certificada de todos los documentos
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, informó hoy que su cartera ya remitió al juez federal Julián Ercolini la documentación de la Junta militar hallada en el Edifico Cóndor y referida a la venta de las acciones de Papel Prensa en la última dictadura cívico militar. "Después del anuncio, el juez Ercolini nos pidió las actas y ya le hemos enviado la totalidad de las que estaban en nuestro poder", confirmó Rossi en declaraciones a radio América, y dijo que ahora deberá ser la Justicia quien haga una "valoración" de la documentación encontrada. El ministro dijo que se trata de una documentación de un "valor histórico inconmensurable" y que "según se puede leer, para la Junta Militar la detención de la familia Graiver estaba íntimamente relacionada con la venta de las acciones de Papel Prensa".
"Qué valor probatorio tendrá esa documentación, será ahora determinación de la Justicia", insistió Rossi. El funcionario reiteró que las actas relacionadas con Papel Prensa son "un total de 15, que van de septiembre de 1976 a noviembre de 1977, período en el cual era un tema muy presente en las reuniones de la Junta Militar, casi el 40 por ciento de las reuniones trataba ese tema". "Está totalmente demostrado que para la Junta Militar la detención de familiares de Graiver o personas relacionadas a él, y la venta de las acciones era una misma unidad temática. Sin duda, las dos cosas tenían que ver una con la otra", indicó.
En el marco de la investigación judicial, la Cámara Federal porteña convocó ayer a una audiencia previa a resolver si confirma o revoca la decisión de unificar las querellas en la causa que investiga la venta a precio vil de las acciones de Papel Prensa, en la que están imputados la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble; su CEO, Héctor Magnetto, y Bartolomé Mitre, del diario La Nación.
La sala I del tribunal de apelaciones fijó como fecha de audiencia el 21 de noviembre, luego de algunas postergaciones, informaron fuentes judiciales.
Reunión con Lidia Papaleo de Graiver
El Ministro de Defensa se reunió hoy con Lidia Papaleo de Graiver, para dialogar sobre los documentos hallados en el Edificio Cóndor, en los que hay constancia de la relación entre la venta de Papel Prensa y la desaparición de su propietario, David Graiver. "Está claramente demostrado que la venta de Papel Prensa y la detención de los familiares de Graiver era para la Junta Militar una única unidad temática", aseguró Rossi.
Según se indicó en un comunicado del ministerio de Defensa, la viuda de Graiver concurrió acompañada por su hermano, Osvaldo Papaleo, y agradeció el encuentro con el ministro. "Hemos dado un paso muy importante, y sin duda no podía ser de otra manera en este gobierno. Este hallazgo comprueba que no fue en vano todo lo que luchamos", expresó al término de la reunión. Por su parte, Rossi también aseguró que "está claramente demostrado que la venta de Papel Prensa y la detención de los familiares de Graiver, era para la Junta Militar una única unidad temática".
A su vez, el titular de la cartera de Defensa señaló que en la documentación descubierta en el subsuelo del edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea, "se encontraron 15 originales donde se realiza un seguimiento del tema entre el 15 de septiembre del `76 y el 1° de diciembre del `77".
Lidia Papaleo de Graiver, por su parte, manifestó que el material es muy importante para el juez federal Julián Ercolini porque "demuestra que el caso Graiver fue creado y existió por una decisión de la Junta Militar", al hacer referencia a la aparición de las copias certificadas de las actas secretas en las cuales la última dictadura cívico-militar aludió a las operaciones para que la empresa "Papel Prensa" quedase en manos de los diarios Clarín, La Nación y La Razón y al secuestro de sus anteriores dueños, la familia Graiver y allegados. Por último, señaló que "como ha dicho la Presidenta, es muy importante que sepamos quiénes fueron los civiles que colaboraron".
Pedido de la querella en la causa Angelelli
La querella en el juicio por el asesinato del obispo de La Rioja Enrique Angelelli, perpetrado durante la dictadura cívico militar, pidió que se incorporen nuevas pruebas vinculadas a las listas negras que divulgó Ministerio de Defensa la semana pasada. Se trata de tres actas, de los años 1979, 1980 y 1982, en las que aparecen personas catalogadas como parte del "peligro marxista" y calificadas en una escala de uno a cuatro según sus antecedentes ideológicos. Allí aparecen artistas, periodistas e intelectuales de todo el país, entre ellos de La Rioja, informó Infojusnoticias, en su portal.
En tanto, Angel Morales, abogado representante de la sobrina de Angelelli, Elena Coseano, de Tiempo Latinoamericano y de Arturo Pinto, el sacerdote que iba sentado en la camioneta al lado de Angelelli al momento del atentado, pidió que se incorpore como prueba la nota de Página 12 "Conflicto ideológico y territorial", donde aparece el obispo en el diario personal del provicario castrense Victorio Bonamín. El artículo denuncia la complicidad pasiva y activa de la jerarquía eclesiástica, realizada por los autores de la investigación sobre los diarios personales de Bonamín (1975-1976), Ariel Lede y Lucas Bilbao. La querella pidió además que se cite a los periodistas que realizaron la investigación.
El artículo, entre otras cosas, señala que Bonamín estaba en Europa el día del asesinato, pero que el 2 de septiembre, a pocos días de su regreso al país, anotó en su diario: "Mons. Angelelli: ¿un tiro en la cabeza?". El interrogante de Bonamín es contundente al confirmar que Angelelli era uno de los "asesinables" y fortalece la hipótesis del homicidio.
En este juicio, cuya segunda audiencia se realizó ayer, están acusados de asociación ilícita agravada y por el homicidio del sacerdote en agosto de 1976, el represor multicondenado Luciano Benjamín Menéndez y el comodoro (RE)Luis Fernando Estrella.
Fuente:Telam
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