ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS DENUNCIARON A UN FISCAL POR MAL DESEMPEñO
“Auténtica gravedad institucional”
Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, la APDH y otras entidades presentaron una denuncia contra Guillermo Marijuán y pidieron su remoción del Ministerio Público. Señalan que busca paralizar los juicios por delitos de lesa humanidad.
Por Irina Hauser
Por Irina Hauser
El fiscal federal Marijuán cuestionó judicialmente la designación de subrogantes.Imagen: Télam
Seis organismos de derechos humanos denunciaron por mal desempeño y pidieron la remoción del fiscal federal Guillermo Marijuán, a quien acusan de promover acciones penales que buscan “paralizar los innumerables procesos en los cuales se investigan y juzgan los crímenes de lesa humanidad”, lo que provoca, señalaron, “una situación de auténtica gravedad institucional” y compromete “seriamente el deber asumido por el Estado argentino” de llevar adelante las investigaciones y los juicios. La presentación se refiere, en esencia, al expediente en el que Marijuán acusó y pidió la citación a indagatoria de su jefa, la procuradora general Alejandra Gils Carbó, por haber decidido cubrir fiscalías vacantes con funcionarios del Ministerio Público subrogantes y coadyuvantes y por crear equipos especializados para ocuparse de asuntos complejos y sensibles, entre ellos no sólo los crímenes dictatoriales, sino la apropiación de hijos de desaparecidos, la violencia institucional, la narcocriminalidad y el lavado de dinero.
Seis organismos de derechos humanos denunciaron por mal desempeño y pidieron la remoción del fiscal federal Guillermo Marijuán, a quien acusan de promover acciones penales que buscan “paralizar los innumerables procesos en los cuales se investigan y juzgan los crímenes de lesa humanidad”, lo que provoca, señalaron, “una situación de auténtica gravedad institucional” y compromete “seriamente el deber asumido por el Estado argentino” de llevar adelante las investigaciones y los juicios. La presentación se refiere, en esencia, al expediente en el que Marijuán acusó y pidió la citación a indagatoria de su jefa, la procuradora general Alejandra Gils Carbó, por haber decidido cubrir fiscalías vacantes con funcionarios del Ministerio Público subrogantes y coadyuvantes y por crear equipos especializados para ocuparse de asuntos complejos y sensibles, entre ellos no sólo los crímenes dictatoriales, sino la apropiación de hijos de desaparecidos, la violencia institucional, la narcocriminalidad y el lavado de dinero.
En función de una denuncia del senador radical Mario Cimadevilla fue que Marijuán impulsó este año una causa penal en la que sostiene que Gils Carbó realizó una serie de nombramientos de fiscales interinos o ad hoc sin respetar los pasos legales correspondientes y cuestiona la validez de todo lo actuado. En un comienzo abarcaba a más de una veintena de fiscales. Luego se focalizó en el nombramiento particular de Carlos Gonella, titular de la Procuraduría antilavado (Procelac), que tuvo intervención en la causa que involucra al empresario Lázaro Báez en la etapa en que todavía estaba focalizada en las figuras de Federico Elaskar y Leonardo Fariña. Pese a tratarse de un tema diferente, los organismos plantearon que lo que está haciendo el fiscal es sembrar “la semilla para cuestionar la legitimidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad”. La presentación la firman Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Son organismos que se sienten agraviados en forma directa, piden que “la conducta del fiscal” sea “investigada y sancionada”. “Es que si prospera la conducta irresponsable de este fiscal, directamente se paralizaría la acción judicial mediante el apartamiento de todos los funcionarios que están ocupando lugares vacantes, en calidad de subrogantes, o que están colaborando en calidad ad hoc en causas y juicios trascendentes para el proceso de memoria, verdad y justicia en relación al terrorismo de Estado”, dice el texto de la denuncia.
En rigor, ya en una decena de causas los abogados de represores hicieron planteos invocando los argumentos plasmados por Marijuán y otros que proporcionó la Corte Suprema en una causa en la que apartó a una secretaria que actuaba como subrogante ante el propio tribunal, declaró ilegal su designación pero no anuló sus actos previos. Un tribunal de alzada, la Cámara Federal de Salta, decidió apartar al fiscal ad hoc Pablo Pelazzo de la causa en la que se investiga al empresario Carlos Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, por 29 secuestros en 1976. En relación con ese mismo expediente, hasta Marijuán promovió una denuncia penal contra Pelazzo a pedido del abogado de Blaquier. Le endilga ejercer el cargo en el que estaría ilegalmente designado, sin acuerdo del Senado, y que su actuación es inválida. Este fiscal no fue nombrado por Gils Carbó, sino por Luis González Warcalde, como otros subrogantes y coadyuvantes lo fueron por Esteban Righi.
En medio de esta maraña, recientemente la Cámara de Casación convalidó, aunque sin explayarse demasiado, la actuación de Gonella en la causa por el asesinato de los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longeville en La Rioja.
La denuncia de los organismos advierte sospechas de que Marijuán no actuaría sólo en función de “su parecer”, sino que bajo el “ropaje de la debida independencia” en realidad “responde al respaldo de nefastos intereses que hacen lo imposible para mantener el statu quo de una Justicia que de independiente no tiene nada y tratan de blindarla para que ésta se mantenga inalterable”.
DUDAS EN UN CASO POR SUPUESTAS AMENAZAS A MARIJUAN
El sospechoso informe de los peritosPor Irina Hauser
El fiscal Federico Delgado pidió que se cite a indagatoria a dos peritos que, a su entender, falsearon un informe en una causa en la que se investiga una supuesta amenaza telefónica al fiscal Guillermo Marijuán. La conducta habría obstaculizado el rastreo del autor de la llamada. Podría pensarse que esto atentaría contra el interés de Marijuán de esclarecer el hecho, pero otras hipótesis ponen en duda el origen o la existencia misma de la intimidación.
Marijuán es el fiscal de la causa sobre lavado de dinero en la que están implicados el empresario Lázaro Báez, el financista Federico Elaskar y el contador Leonardo Fariña. También es quien pidió la indagatoria de su jefa, la procuradora Alejandra Gils Carbó, a quien acusa de designar fiscales subrogantes y ad hoc de manera ilegal. Marijuán denunció una amenaza telefónica en mayo, un día después de que el juez Sebastián Casanello cerrara la causa contra Gils Carbó al concluir que no había delito. “Si apela, matamos a sus hijas”, dice la denuncia que le advirtió una voz anónima al empleado de la fiscalía que atendió el teléfono.
Días antes, un abogado cercano a Marijuán había denunciado públicamente un episodio intimidatorio, pero el supuesto destinatario no hizo la denuncia, el asunto dejó un aire enrarecido pero se diluyó.
La denuncia por la llamada telefónica le tocó también a Casanello. Al rastrear la comunicación, dio con una cabina en Chacabuco y San Juan. Justo en la cuadra hay una cámara del gobierno porteño, que captó que a la hora del llamado se detuvo un auto y alguien llamó desde la cabina. El juez encomendó a dos peritos de la UBA que analizaran las imágenes y detectaran la patente del auto. Fueron designados Jorge Gómez y Rodrigo Adrián Ruiz. En un informe inicial dijeron que era un Peugeot 307, de entre 2007 y 2012, color “blue de Chine” pero no establecían la patente. Luego el juzgado dio con otras filmaciones que seguían el recorrido del auto. Los peritos se retractaron y dijeron que en realidad era un Peugeot 308 azul modelo 2012/2013 cuya patente era imposible de descifrar. Entonces, Casanello pidió un nuevo informe a peritos de la Policía Federal que dijeron que sin dudas en ambas filmaciones había un 307. El juez hizo la denuncia y le tocó al fiscal Federico Delgado y al juzgado de Julián Ercolini.
“Es evidente que (los peritos) falsearon deliberadamente un informe técnico en el marco de un proceso judicial”, sostuvo Delgado. “Lo que aún resta dilucidar es por qué lo hicieron y quién o quiénes se lo ordenaron, porque, a no dudarlo, este acto infiel generó ganadores y perdedores”, agregó. Para develarlo pide que se establezca quiénes en la UBA los designaron como peritos para el caso; que se analicen sus llamadas en los días clave, se secuestren sus computadoras y se analicen sus e-mails. Y planteó que ya deberían ser indagados.
Fuente:Pagina12
Envío:Agnddhh
Lo denunciaron por querer "paralizar" juicios de lesa humanidad al cuestionar designaciones
Organismos de DD HH contra Marijuan
Organismos de Derechos Humanos denunciaron ayer al fiscal federal Guillermo Marijuan por mal desempeño de sus funciones por considerar que pone en riesgo los juicios por delitos de lesa humanidad al cuestionar designaciones de fiscales subrogantes y ad hoc.
Aunque descartaron que prospere la causa, "dado que los hechos enunciados no constituyen delito", señalaron que Marijuan "busca paralizar los innumerables procesos en los cuales se investigan y juzgan los crímenes de lesa humanidad ocurridos en nuestro país durante la dictadura". Criticaron su conducta porque "siembra la semilla para cuestionar la legitimidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad", y pidieron que se investigue al fiscal en lo Criminal y Correccional Federal 9 "para garantizar la continuidad de los históricos procesos que buscan Memoria, Verdad y Justicia".
Fuente:TiempoArgentino
Envío:Agnddhh
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