STELLA SEGADO, DIRECTORA DE DERECHOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA, ENCABEZARA EL ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS
“Son el marco político y burocrático de la muerte”
Explica que los archivos encontrados por la Fuerza Aérea dan cuenta de “la política pública del golpe” y que hasta el momento se conocían algunos papeles de este tipo, pero que “lo novedoso es la unidad de conjunto”.
Por Ailín Bullentini
Segado cuenta que hay “versiones taquigráficas de reuniones de la CAL con los directores de diferentes empresas”.Imagen: Guadalupe Lombardo
La directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Stella Segado, no sale de su asombro. Siente, sencillamente, que durante los próximos seis meses “la historia” estará pasando por sus manos. Es la titular del equipo que analizará, sistematizará y digitalizará para enviar a la Justicia los 1500 biblioratos, libros y registros con información relativa al funcionamiento burocrático de la última dictadura cívico-militar. “Por primera vez tenemos frente a nosotros el registro burocrático de aquello que le dio marco político a la muerte”, consideró en diálogo con Página/12, desde la línea de largada al camino del análisis exhaustivo.
Tal como informó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, el lunes, Segado tomó contacto por primera vez con la documentación hallada en un subsuelo del edificio Cóndor de la Fuerza Aérea y desde entonces no volvió a trabajar en otro tema. “Realizamos un relevamiento general del material, sin ponernos a revisar en profundidad nada. Nos teníamos prohibido a nosotros mismos detenernos a leer cada papel, porque si no no terminábamos más”, reveló. El equipo de investigación de la dependencia que dirige se dedicará en pleno a la sistematización y análisis de la documentación encontrada, junto con un grupo de archiveros y algunos expertos en conservación de papel. En total, son 30 personas. Tendrán seis meses para terminar el trabajo. La intención de Segado es que, luego, los documentos queden en el archivo de la Fuerza Aérea.
–¿Por qué dejarlos allí?
–Soy una defensora de mantener los archivos en la fuerza como propios. De no moverlos hacia otra dependencia, no desguazarlos. Así, junto con otros documentos encontrados en la Fuerza Aérea, hay muchísimo de Malvinas, por ejemplo, dentro de su misma estructura, se puede observar una real dimensión de lo que fue el circuito represivo: su burocracia, su doctrina, su política. Todo.
–¿De qué hablan los documentos hallados?
–Hasta el momento hicimos un trabajo general desde el que podemos decir que son registros que revelan el funcionamiento burocrático de la última dictadura. Es increíble y fundamental. Primero porque, como destacó Rossi, los papeles los entregó la misma fuerza. Ellos descubrieron todo este papelerío y así como lo descubrieron cerraron la puerta con candado y nos llamaron, con la sospecha de que era inédito. La totalidad que abarcan los papeles es la otra razón de importancia, la unidad documental que significan y que dan cuenta de la política pública del golpe, de una política de exterminio no sólo de vida, sino total y absoluta. En el Archivo General de la Nación hay algunos expedientes de la Comisión Asesora Legislativa (CAL), también algunas actas de la junta. En el Archivo de la Armada también hay algunas otras. Lo existente de esta información estaba suelto, disperso. Lo novedoso e inédito del hallazgo en la Fuerza Aérea es la unidad de conjunto.
–¿Se podrán resolver incógnitas que persisten desde aquellos años?
–Dudo de que se encuentren datos relativos al destino de los bebés apropiados o de los desaparecidos, pero nada indica que no pueda aparecer entre tanta orden alguna punta que pueda dar algún indicio. Es que en estos papeles, por lo que por ahora pudimos ver, siquiera se apropian de su política de muerte: cuando hablan de los desaparecidos lo hacen como si fuera mentira: cómo hacemos para que los desaparecidos no molesten desde la opinión pública, cómo se tenía que manejar en ese aspecto los dichos sobre los desaparecidos. En ningún lado de lo que leímos hasta ahora se hacen cargo de que son sus asesinatos.
–¿Por qué es tan importante este derrotero burocrático?
–Hasta ahora, siempre pasó que la perlita documental, aquel papel valioso era el que revelaba operativos, ofrecía nombres de personas o de estrategias de los que ya se tenía conocimiento. La prueba. Aquellos documentos que ofrecen un hecho delictivo, penal. Que se pensara sólo la importancia de los papeles que daban esos datos hacía que los abogados querellantes debieran quemarse las pestañas rearmando la estructura general del genocidio, aquello que le daba marco a la muerte. Por primera vez tenemos el registro burocrático de aquello que le dio marco político a la muerte. Frente a nosotros aparecen documentos en los que la junta designa quién sería el responsable de tal o cual tema, como el de seguir el “problema” de Papel Prensa, por ejemplo. Aparecen cargos, no aparecen los nombres, pero desde allí se puede empezar a rastrear. Habrá que hacerlo. También están las pruebas de todos los pedidos que llegaban a diario a la junta. Pedidos de organismos de derechos humanos, como el de Hebe o el de Abuelas, pedidos de personas individuales.
–¿En qué consistirá su trabajo?
–Trabajaremos en un catálogo muy preciso de lo hallado con una descripción minuciosa de cada cosa. A la vez lo iremos digitalizando y con eso armaremos unidades temáticas para mandar a la Justicia. No vamos a esperar a que la Justicia nos lo pida o lo vengan a buscar abogados. Lo vamos a entregar nosotros.
–¿Por dónde van a empezar?
–Por las actas, que están armadas casi cronológicamente, además de muy bien preservadas. Además están los escritos en los que los secretarios organizaban el temario, con anotaciones en lápiz, discusiones internas que son más pruebas de la lucha de poder hacia el interior del núcleo militar. Los informes de la Comisión Asesora Legislativa (CAL) nos van a llevar más tiempo porque estuvieron guardados en carpetas de cartulina, una por cada decreto del Poder Ejecutivo Nacional, están todos, y todos húmedos, ya que estuvieron expuestas en un lugar que se inundaba. Habrá que restaurarlas. Hay reglamentos, el libro de entrada y salida de expedientes. Encontramos el “Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo”, la carta de salida de los genocidas del gobierno con todos sus borradores, en los que debatieron por qué no poner la palabra de-saparecidos, por ejemplo. El manejo de las privatizaciones con los peros y posturas de cada una de las fuerzas; qué decía Economía, qué decía la CAL. Hay, por ejemplo, versiones taquigráficas de reuniones de la CAL con los directores de diferentes empresas y las discusiones que se armaban ahí.
–¿Volverán a revisar las dependencias a partir de este descubrimiento?
–Están casi todas las unidades del país revisadas por nosotros. Fuimos a Córdoba, a Mar del Plata, a Puerto Belgrano. Las fuerzas las registraron en su totalidad. Lo que pasa es que uno busca en los lugares que cree que pueden llegar a ser depósitos de documentación. En este caso, se encontraron los documentos en un sótano, como si fuera el garaje de una casa.
ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y FUNCIONARIOS DESTACAN EL HALLAZGO
El mandato de seguir buscando
Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini celebraron el encuentro de documentación y estimaron que debe haber más registros escritos del terrorismo de Estado. Rossi ponderó la colaboración de los militares.
El libro de entrada de los reclamos en la Casa Rosada en el que figura el pedido de Abuelas de Plaza de Mayo.Imagen: Guadalupe Lombardo
“Es una noticia bomba, buenísima. Las Abuelas, todos los organismos, insistimos siempre en que hay archivos, sólo que no sabemos dónde están”, dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en relación con el hallazgo de documentación vinculada con el terrorismo de Estado. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, destacó que el descubrimiento de los archivos en un subsuelo del edificio Cóndor fue “a partir de la decisión del jefe de la Fuerza Aérea y no de un pedido judicial”.
Rossi reveló el lunes en una conferencia de prensa que se encontraron una cantidad significativa de documentos de la última dictadura. Entre los papeles hallados están las actas de las reuniones de las juntas militares, de la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), listas negras de artistas –entre muchos otros se mencionaba a Víctor Heredia, Federico Luppi, Osvaldo Bayer, Mercedes Sosa, Eva Giberti y Roberto Cossa– y los libros de entrada de pedidos de la Casa Rosada. Allí, constan, entre otros, los reclamos que familiares de desaparecidos dejaban en el lugar. Por ejemplo, figura uno de Abuelas de Plaza de Mayo que, según se escribió, “solicitan la restitución de los niños desaparecidos a sus abuelas”. En el mismo libro está el pedido de la presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, sobre sus hijos desaparecidos. Bonafini dijo ayer que “si revisan todo, seguramente hay más. Así que pónganse a buscar”.
Y agregó que los actuales miembros de las Fuerzas Armadas “no son los mismos que antes”. “Nosotras queremos que se investiguen a fondo todas las complicidades, los bancos, los estancieros, la Iglesia, los dirigentes sindicales”, destacó. Carlotto estimó que “los archivos generales, centrales, todavía no se han encontrado, donde seguramente las Fuerzas Armadas y de seguridad han registrado paso a paso, prolijamente, todas sus actividades delictivas”.
El legislador Juan Cabandié consideró “fundamental” la decisión de intensificar la búsqueda de más documentación y destacó el hallazgo como “el resultado del fuerte trabajo que se ha dado a lo largo de estos diez años para construir una fuerza de seguridad integrada con la sociedad civil, creyendo en un estado de derecho y condenando los crímenes de lesa humanidad cometidos”.
Entre los archivos que dio a conocer el ministro de Defensa había actas relacionadas con la venta de Papel Prensa y los secuestros de la familia Graiver, dueña de esa empresa. El periodista Osvaldo Papaleo, hermano de Lidia, la viuda del banquero David Graiver, aseguró que el hallazgo de actas secretas les da “un entusiasmo y una esperanza muy grande” y que los papeles “se van a adjuntar al expediente que está en manos del juez federal Julián Ercolini (quien investiga la venta de la empresa Papel Prensa durante la última dictadura)”.
La abogada Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, aseguró sentirse “estremecida” por la tarea que realizó como parte del equipo que comenzó a clasificar los archivos y detalló la importancia de encontrarse con los debates sobre importantes empresas como Aluar, Austral, la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), que pueden revelar “cómo se llevaron adelante los delitos económicos” durante la dictadura.
“Encontrarse con los originales con la firma de ellos (los integrantes de las juntas) y cómo discutían sobre cómo hablar de los desa-parecidos, qué términos utilizar son cosas que conmueven y tienen una riqueza histórica y jurídica extraordinaria”, aseguró.
El regreso de CFK
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sostuvo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner podría retomar sus funciones “el día 9 o 10” de este mes, y aseguró que el regreso “va a ser un festejo”. “Lo que deseamos todos los argentinos de bien es que ella se recupere y vuelva al trabajo habitual, señal de que está bien, plena”, agregó. En declaraciones radiales, completó: “Cristina tendrá que cuidarse, como toda persona que ha tenido un accidente de este tipo, y nosotros ayudarla. Estamos esperando poder abrazarla y verla otra vez junto a nosotros. Esperemos que sea a corto plazo”.
Las voces de los artistas
- Héctor Alterio: “Yo no militaba en ningún partido político, pero tenía una posición ideológica definida y hablaba de eso en las entrevistas que me hacían. La aparición de los documentos me generó una reacción positiva”.
- Federico Luppi: “Queda demostrado en forma clara y transparente la famosa pata civil del golpe militar, con una enorme cantidad de empresarios que colaboraron. Es significativo el hecho de que un alto mando de las Fuerzas Armadas no haya ocultado el hecho y lo haya informado rápidamente al ministro de Defensa. Como se ha dado la orden de seguir buscando en cuanta oficina ignota haya, seguramente todo el material que se encuentre será francamente esclarecedor. Las listas negras no representan ninguna sorpresa. Cuando me echaron, yo le pregunté con sorna: ¿Cuánto peligro puedo representar yo para el país? Pero no supo qué contestarme.
- Osvaldo Bayer: “La verdad siempre triunfa finalmente. Se puede mentir y negar, pero finalmente aparece la verdad... Qué hermosa noticia. Me tuve que ir por el libro que luego fue película La Patagonia Rebelde, a pesar de que probé con documentación todo lo que escribí. Me equivoqué al volver en enero de 1976, meses antes del golpe, y me tuve que volver a ir sacado por la embajada alemana como refugiado político”.
Por Pedro Pesatti *
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, al hacer una relación de la información que se halló en esos archivos, mostró que había un plan que proyectaba el imperio del Proceso hasta el año 2000 en dos etapas: una fundacional, que llamativamente coincide con la irrupción del neoliberalismo y el desguace del Estado en los noventa, y otra denominada la nueva República.
Pero lo sustantivo de esta revelación es que junto con ella el ministro exhibió un documento de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), a través del cual la entidad expone aportes concretos para la ejecución de ese proyecto.
La información, por sí misma, no suma nada nuevo que no hayamos conocido antes, sobre todo si consideramos que Adeba agrupa a los bancos privados y al sector financiero que fueron los grandes ganadores del modelo económico, político y social impuesto por la dictadura. Pero es una prueba que proviene del Estado durante el gobierno del Proceso y mediante documentos oficiales que registran esa relación de organizaciones civiles y empresariales con los genocidas. Ello agrega, y aquí reside el valor de la prueba, un valor inconmensurable a la búsqueda de verdad y justicia en un terreno donde nunca se focalizó con la suficiente fuerza para observar quiénes fueron los grupos civiles que actuaron en completa coordinación con el gobierno de la junta.
A partir del libro Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura, de Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky, nosotros observamos un corpus de antecedentes e información clave para fundar una línea de acción en nuestra provincia y que hemos materializado a través de un proyecto de ley para crear una comisión especial investigadora, en el marco de las facultades que el artículo 139 de la Constitución de Río Negro le confiere a la Legislatura para investigar sobre hechos determinados que revistan interés público.
La iniciativa, que cuenta con el acompañamiento de los legisladores del bloque del Frente para la Victoria que yo presido, destaca en sus fundamentos el coraje y el mérito que tuvo la Justicia argentina para investigar y condenar los delitos de lesa humanidad cometidos por personal militar en la última dictadura, aunque resume, a la par, una serie de hechos y circunstancias que demuestran que ello no es del todo suficiente para dilucidar otras responsabilidades provenientes de sectores civiles y empresas que, en muchos casos, hasta pueden ser equivalentes a las que les correspondieron pagar a los ex comandantes.
A los fines de cumplir con su cometido, el proyecto que estamos propiciando pone en cabeza de la comisión amplias facultades, tales como solicitar el acceso a la documentación y expedientes administrativos o judiciales que obren en todos los poderes públicos de la provincia relacionados con procederes del Estado y de empresas y organizaciones privadas; requerir informes a organismos públicos, entidades, empresas y asociaciones privadas; requerir la declaración de personas; designar investigadores y expertos para indagar en torno del objeto de la comisión y producir pruebas cuando existan presunciones de vínculos que hayan servido al plan genocida a cambio de favores económicos o de negocios con el Estado; requerir el auxilio de la fuerza pública cuando ello resulte necesario y toda otra función que se desprenda del objeto de creación de la comisión.
Los argentinos y los rionegrinos en particular tenemos el derecho de conocer toda la verdad y no sólo aquella parte que involucra a los uniformados que participaron de la última dictadura, pues el Nunca Más al que todos aspiramos sólo tendrá garantía plena cuando sepamos qué grupos civiles participaron durante el Proceso, para qué participaron, qué hicieron, qué beneficios obtuvieron y qué fue de ellos una vez que recuperamos el estado de derecho.
Sin sanción sólo quedará como saldo para esos grupos una etapa de muy buenos negocios, y esos buenos negocios son las cuentas pendientes que debemos sanear a través de una consigna que hoy ya tiene la jerarquía de un mandato organizador para una sociedad más humana y justa: memoria, verdad y justicia.
Si como sociedad no tomamos todos los recaudos para que ello suceda, nos exponemos a que alguna vez alguien pueda pretender recrear un contexto similar para hacer dinero con ríos de sangre.
* Presidente del bloque de legisladores del Frente para la Victoria de Río Negro.
Fuente:Pagina12
ECI, el "grupo de tareas" de la dictadura que hacía las listas negras
Personal de Inteligencia y de las tres Fuerzas "actualizaban" una vez por semana la nómina de periodistas y artistas "marxistas peligrosos".
Por: Felipe Yapur
Entre los documentos que contienen los 1500 biblioratos descubiertos en los sótanos del edificio sede de la Fuerza Aérea y dados a conocer el lunes por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, se encontraron listas de intelectuales, músicos, artistas y periodistas que estuvieron prohibidos y perseguidos durante los años de la última dictadura cívico-militar. Más allá de los nombres que allí figuran, que son muchos e importantes, lo que demuestran estos documentos es la estructura que organizaron los dictadores para garantizar una "limpieza ideológica" en los medios de comunicación, en los palcos y los cines de esos años, y así asegurarse la difusión de un mensaje único y acorde a los estatutos del proceso de reorganización nacional, como dieron en llamar a su genocidio.
La estructura organizativa que se dieron los miembros de las juntas de comandantes fue la creación de lo que denominaron Equipo Compatibilizador Interfuerzas (ECI), que estaba integrado por un representante de la Secretaría de Información Pública (SIP), otro de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y un miembro de cada una de las Fuerzas Armadas.
Por lo menos una vez por semana se reunía el ECI y trabajaba sobre la base de las listas que tenían para actualizarlas, subir o bajar de nivel de peligrosidad de tal o cual artista o periodista. Estas decisiones se tomaban en base a la coyuntura política, local e internacional, de esos momentos.
Poco después del golpe de 1976, el ECI no tenía plazos para mantener dentro de las nóminas de los F4, los más peligrosos por contar con "antecedentes ideológicos marxistas". De hecho, algunos pasaron toda la dictadura como F4, como le ocurrió al grupo vocal rosarino Los Trovadores o al escritor Julio Cortázar, y no salieron de esa condición ni siquiera cuando la junta militar de finales de 1982 ya flexibilizaba su control fruto de"una transición hacia la vida institucional plena".
Las listas se fueron depurando regularmente. Sin embargo, algunos errores se les deslizaba. Por caso, en la lista negra de enero de 1980 que el ministro de defensa, Agustín Rossi, mostró el lunes cuando anunció el descubrimiento de la documentación original de la dictadura, continuaba figurando como F4 el poeta, periodista y militante montonero Francisco "Paco" Urondo, quien ya había sido asesinado por los militares en junio de 1976. Algo similar ocurrió con el periodista Jacobo Timerman, quien en 1979 integraba la nómina de los F4 mientras estaba secuestrado en las mazmorras de los genocidas.
Si bien la caracterización de esta condición habla, según los documentos encontrados, de "antecedentes ideológicos marxistas" muchos de los artistas, intelectuales y periodistas que fueron parte de las listas negras eran peronistas. Según las investigaciones preliminares que se están realizando en el ámbito del Ministerio de Defensa, la caracterización de marxista o comunista para todos por igual tenía que ver con un decreto ley de la dictadura de Juan Carlos Onganía que se conocía como "ley anticomunista" y que data de agosto de 1967. Esto, según en el Ministerio que conduce Rossi, habría fungido de "plafón jurídico" para el funcionamiento del ECI.
El funcionamiento de esta organización cambió luego de la Guerra de Malvinas. La dictadura, debilitada por esta aventura sangrienta en el Atlántico sur que avivó las internas entre las Fuerzas Armadas, llevó a los comandantes a mirar la salida democrática. Los medios de comunicación fueron una preocupación constante para los genocidas y en esos últimos años también. Por eso, en septiembre de 1982 emitieron una serie de recomendaciones sobre el "personal interdicto en los medios de comunicación".
La intensión fue anticiparse a las libertades que traería una inevitable democracia pero que sería recién en marzo de 1984. Por ese motivo se ordenó que se disuelvan las listas negras de acuerdo a pautas estrictas y por etapas. La primera concluía en diciembre de 1982, la segunda llegaba hasta junio de 1983 y la tercera hasta diciembre de ese año. El adelantamiento de las elecciones disolvió las etapas pero no evitó que se realizaran las evaluaciones y el manoseo de los que padecieron el haber estado en esas nóminas.
En tanto, los interventores de los canales de televisión recibieron la orden de tomar recaudos "sobre los contenidos temáticos en que se desempeñan las personas involucradas en las listas mencionadas". Por caso, aconsejaban tener cuidado con los autores de un guión televisivo que pueda contener "conflictos socio-económico-político" porque, sostiene el documento, "la sutileza de los mensajes que puede elaborar y emitir un Roberto Cossa u Osvaldo Dragún no es la misma que la de Lozano Dana o Cernadas Lamadrid".
En cuanto a los músicos la preocupación era similar. Los dictadores recomendaban en este documento que en caso de que Mercedes Sosa o César Isella fueran parte de algún espectáculo debían "instrumentarse los medios para que en cada presentación televisiva o radial se limiten exclusivamente a cantar". La hipocresía de esta documento se expresa cuando afirma que nada de lo que se recomienda significan "una forma estricta de censura" sino que son pautas para consolidar un criterio frente a la apertura democrática pero sin permitir "un desborde ideológico".
Hipocresía
Un documento hallado dice que sólo busca que no haya "un desborde ideológico" en el país.
La documentación "es clave para investigar a fondo todas las complicidades", y citó: "bancos, estancieros, sindicalistas e iglesia".
Hebe de Bonafini
Asoc. Madres de Plaza de Mayo
"Cuando me echaron, pregunté con sorna: '¿Qué peligro puedo representar para el país?' No supieron responderme."
Federico Luppi
Actor - Integró las listas negras.
"Es un hecho sustantivo. Las Fuerzas Armadas empezaron a comprender su rol dentro de la democracia."
Víctor Heredia
Cantor - Integró las listas negras.
"La verdad siempre triunfa. Se puede mentir y negar pero finalmente aparece la verdad... ¡Qué hermosa noticia!"
Osvaldo Bayer
Escritor - Integró las listas negras.
Fuente:TiempoArgentino
Envío:Agnddhh
- Víctor Heredia: “Sin ninguna duda estamos en el buen camino. El hecho de que haya sido el jefe de la Fuerza Aérea (Mario Miguel Callejo) quien entregó estas actas es un hecho muy sustantivo, porque muestra que las Fuerzas Armadas han empezado a comprender su rol dentro de la democracia. Yo dije que iba a haber un día en Argentina un ejército popular y hoy las Fuerzas Armadas muestran que han empezado a comprender su rol dentro de la democracia. Obviamente te conmociona el hecho de volver a comprobar la persecución y la planificación de esa persecución contra la cultura que hubo, esta vez reconfirmada en una lista donde hay una enorme cantidad de compañeros que tenían un pensamiento libertario y democrático. La documentación es una confirmación más del plan sistemático que existía en contra de quienes teníamos un pensamiento distinto”.
- Héctor Alterio: “Yo no militaba en ningún partido político, pero tenía una posición ideológica definida y hablaba de eso en las entrevistas que me hacían. La aparición de los documentos me generó una reacción positiva”.
- Federico Luppi: “Queda demostrado en forma clara y transparente la famosa pata civil del golpe militar, con una enorme cantidad de empresarios que colaboraron. Es significativo el hecho de que un alto mando de las Fuerzas Armadas no haya ocultado el hecho y lo haya informado rápidamente al ministro de Defensa. Como se ha dado la orden de seguir buscando en cuanta oficina ignota haya, seguramente todo el material que se encuentre será francamente esclarecedor. Las listas negras no representan ninguna sorpresa. Cuando me echaron, yo le pregunté con sorna: ¿Cuánto peligro puedo representar yo para el país? Pero no supo qué contestarme.
- Osvaldo Bayer: “La verdad siempre triunfa finalmente. Se puede mentir y negar, pero finalmente aparece la verdad... Qué hermosa noticia. Me tuve que ir por el libro que luego fue película La Patagonia Rebelde, a pesar de que probé con documentación todo lo que escribí. Me equivoqué al volver en enero de 1976, meses antes del golpe, y me tuve que volver a ir sacado por la embajada alemana como refugiado político”.
OPINION
Dictadura, complicidades y la verdad completaPor Pedro Pesatti *
El reciente hallazgo de 1500 biblioratos con información vinculada con la junta militar es una nueva confirmación sobre la estrecha relación de sectores civiles con las Fuerzas Armadas durante la dictadura en una vinculación en la que no siempre se presenta con claridad quién fue cómplice de quién, cuestión central para aclarar responsabilidades, ya que siempre se suele ubicar en el rango menor del cómplice a las empresas e instituciones que conforman el campo de lo civil, aunque a veces uno tenga la presunción y cierta certeza de que sucedió exactamente lo contrario.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, al hacer una relación de la información que se halló en esos archivos, mostró que había un plan que proyectaba el imperio del Proceso hasta el año 2000 en dos etapas: una fundacional, que llamativamente coincide con la irrupción del neoliberalismo y el desguace del Estado en los noventa, y otra denominada la nueva República.
Pero lo sustantivo de esta revelación es que junto con ella el ministro exhibió un documento de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), a través del cual la entidad expone aportes concretos para la ejecución de ese proyecto.
La información, por sí misma, no suma nada nuevo que no hayamos conocido antes, sobre todo si consideramos que Adeba agrupa a los bancos privados y al sector financiero que fueron los grandes ganadores del modelo económico, político y social impuesto por la dictadura. Pero es una prueba que proviene del Estado durante el gobierno del Proceso y mediante documentos oficiales que registran esa relación de organizaciones civiles y empresariales con los genocidas. Ello agrega, y aquí reside el valor de la prueba, un valor inconmensurable a la búsqueda de verdad y justicia en un terreno donde nunca se focalizó con la suficiente fuerza para observar quiénes fueron los grupos civiles que actuaron en completa coordinación con el gobierno de la junta.
A partir del libro Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura, de Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky, nosotros observamos un corpus de antecedentes e información clave para fundar una línea de acción en nuestra provincia y que hemos materializado a través de un proyecto de ley para crear una comisión especial investigadora, en el marco de las facultades que el artículo 139 de la Constitución de Río Negro le confiere a la Legislatura para investigar sobre hechos determinados que revistan interés público.
La iniciativa, que cuenta con el acompañamiento de los legisladores del bloque del Frente para la Victoria que yo presido, destaca en sus fundamentos el coraje y el mérito que tuvo la Justicia argentina para investigar y condenar los delitos de lesa humanidad cometidos por personal militar en la última dictadura, aunque resume, a la par, una serie de hechos y circunstancias que demuestran que ello no es del todo suficiente para dilucidar otras responsabilidades provenientes de sectores civiles y empresas que, en muchos casos, hasta pueden ser equivalentes a las que les correspondieron pagar a los ex comandantes.
A los fines de cumplir con su cometido, el proyecto que estamos propiciando pone en cabeza de la comisión amplias facultades, tales como solicitar el acceso a la documentación y expedientes administrativos o judiciales que obren en todos los poderes públicos de la provincia relacionados con procederes del Estado y de empresas y organizaciones privadas; requerir informes a organismos públicos, entidades, empresas y asociaciones privadas; requerir la declaración de personas; designar investigadores y expertos para indagar en torno del objeto de la comisión y producir pruebas cuando existan presunciones de vínculos que hayan servido al plan genocida a cambio de favores económicos o de negocios con el Estado; requerir el auxilio de la fuerza pública cuando ello resulte necesario y toda otra función que se desprenda del objeto de creación de la comisión.
Los argentinos y los rionegrinos en particular tenemos el derecho de conocer toda la verdad y no sólo aquella parte que involucra a los uniformados que participaron de la última dictadura, pues el Nunca Más al que todos aspiramos sólo tendrá garantía plena cuando sepamos qué grupos civiles participaron durante el Proceso, para qué participaron, qué hicieron, qué beneficios obtuvieron y qué fue de ellos una vez que recuperamos el estado de derecho.
Sin sanción sólo quedará como saldo para esos grupos una etapa de muy buenos negocios, y esos buenos negocios son las cuentas pendientes que debemos sanear a través de una consigna que hoy ya tiene la jerarquía de un mandato organizador para una sociedad más humana y justa: memoria, verdad y justicia.
Si como sociedad no tomamos todos los recaudos para que ello suceda, nos exponemos a que alguna vez alguien pueda pretender recrear un contexto similar para hacer dinero con ríos de sangre.
* Presidente del bloque de legisladores del Frente para la Victoria de Río Negro.
Fuente:Pagina12
Personal de Inteligencia y de las tres Fuerzas "actualizaban" una vez por semana la nómina de periodistas y artistas "marxistas peligrosos".
Por: Felipe Yapur
La estructura organizativa que se dieron los miembros de las juntas de comandantes fue la creación de lo que denominaron Equipo Compatibilizador Interfuerzas (ECI), que estaba integrado por un representante de la Secretaría de Información Pública (SIP), otro de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y un miembro de cada una de las Fuerzas Armadas.
Por lo menos una vez por semana se reunía el ECI y trabajaba sobre la base de las listas que tenían para actualizarlas, subir o bajar de nivel de peligrosidad de tal o cual artista o periodista. Estas decisiones se tomaban en base a la coyuntura política, local e internacional, de esos momentos.
Poco después del golpe de 1976, el ECI no tenía plazos para mantener dentro de las nóminas de los F4, los más peligrosos por contar con "antecedentes ideológicos marxistas". De hecho, algunos pasaron toda la dictadura como F4, como le ocurrió al grupo vocal rosarino Los Trovadores o al escritor Julio Cortázar, y no salieron de esa condición ni siquiera cuando la junta militar de finales de 1982 ya flexibilizaba su control fruto de"una transición hacia la vida institucional plena".
Las listas se fueron depurando regularmente. Sin embargo, algunos errores se les deslizaba. Por caso, en la lista negra de enero de 1980 que el ministro de defensa, Agustín Rossi, mostró el lunes cuando anunció el descubrimiento de la documentación original de la dictadura, continuaba figurando como F4 el poeta, periodista y militante montonero Francisco "Paco" Urondo, quien ya había sido asesinado por los militares en junio de 1976. Algo similar ocurrió con el periodista Jacobo Timerman, quien en 1979 integraba la nómina de los F4 mientras estaba secuestrado en las mazmorras de los genocidas.
Si bien la caracterización de esta condición habla, según los documentos encontrados, de "antecedentes ideológicos marxistas" muchos de los artistas, intelectuales y periodistas que fueron parte de las listas negras eran peronistas. Según las investigaciones preliminares que se están realizando en el ámbito del Ministerio de Defensa, la caracterización de marxista o comunista para todos por igual tenía que ver con un decreto ley de la dictadura de Juan Carlos Onganía que se conocía como "ley anticomunista" y que data de agosto de 1967. Esto, según en el Ministerio que conduce Rossi, habría fungido de "plafón jurídico" para el funcionamiento del ECI.
El funcionamiento de esta organización cambió luego de la Guerra de Malvinas. La dictadura, debilitada por esta aventura sangrienta en el Atlántico sur que avivó las internas entre las Fuerzas Armadas, llevó a los comandantes a mirar la salida democrática. Los medios de comunicación fueron una preocupación constante para los genocidas y en esos últimos años también. Por eso, en septiembre de 1982 emitieron una serie de recomendaciones sobre el "personal interdicto en los medios de comunicación".
La intensión fue anticiparse a las libertades que traería una inevitable democracia pero que sería recién en marzo de 1984. Por ese motivo se ordenó que se disuelvan las listas negras de acuerdo a pautas estrictas y por etapas. La primera concluía en diciembre de 1982, la segunda llegaba hasta junio de 1983 y la tercera hasta diciembre de ese año. El adelantamiento de las elecciones disolvió las etapas pero no evitó que se realizaran las evaluaciones y el manoseo de los que padecieron el haber estado en esas nóminas.
En tanto, los interventores de los canales de televisión recibieron la orden de tomar recaudos "sobre los contenidos temáticos en que se desempeñan las personas involucradas en las listas mencionadas". Por caso, aconsejaban tener cuidado con los autores de un guión televisivo que pueda contener "conflictos socio-económico-político" porque, sostiene el documento, "la sutileza de los mensajes que puede elaborar y emitir un Roberto Cossa u Osvaldo Dragún no es la misma que la de Lozano Dana o Cernadas Lamadrid".
En cuanto a los músicos la preocupación era similar. Los dictadores recomendaban en este documento que en caso de que Mercedes Sosa o César Isella fueran parte de algún espectáculo debían "instrumentarse los medios para que en cada presentación televisiva o radial se limiten exclusivamente a cantar". La hipocresía de esta documento se expresa cuando afirma que nada de lo que se recomienda significan "una forma estricta de censura" sino que son pautas para consolidar un criterio frente a la apertura democrática pero sin permitir "un desborde ideológico".
Hipocresía
Un documento hallado dice que sólo busca que no haya "un desborde ideológico" en el país.
La documentación "es clave para investigar a fondo todas las complicidades", y citó: "bancos, estancieros, sindicalistas e iglesia".
Hebe de Bonafini
Asoc. Madres de Plaza de Mayo
"Cuando me echaron, pregunté con sorna: '¿Qué peligro puedo representar para el país?' No supieron responderme."
Federico Luppi
Actor - Integró las listas negras.
"Es un hecho sustantivo. Las Fuerzas Armadas empezaron a comprender su rol dentro de la democracia."
Víctor Heredia
Cantor - Integró las listas negras.
"La verdad siempre triunfa. Se puede mentir y negar pero finalmente aparece la verdad... ¡Qué hermosa noticia!"
Osvaldo Bayer
Escritor - Integró las listas negras.
Fuente:TiempoArgentino
Envío:Agnddhh
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