VIOLENCIA, RACISMO, SAQUEOS ORGANIZADOS Y DIVISIONES SOCIALES EN CORDOBA
La semana que vivimos en peligroPor Marta Platía
La capital provincial se llenó de patrullas cívicas, mientras camionetas de buena marca hacían punta en los saqueos. Los tiros, las teorías conspirativas y la entrega, llena de elogios, del gobernador De la Sota a los agentes que hicieron el paro.
Desde Córdoba
“¿Sabés lo que más me dolió de todo esto?”, se abalanza un vecino no bien pone un pie en la vereda. “Que los que saqueaban no eran solamente los negros de mierda, sino gente blanca ¡como nosotros!”
Blancos. Negros. Nosotros. Ellos... Y no, no es la Sudáfrica pre-Mandela, es Córdoba. La Córdoba de este diciembre achicharrante. El diciembre del descontento, diría un personaje shakespeariano si cobrara vida acá. Este diciembre en el que sólo en una noche apocalíptica, que algunos debieron prever y evitar, se abrió una herida gigantesca que quién sabe cuánto tardará en cicatrizar. Si es que cicatriza. Por ahora duele y hiede. Hiede y supura.
Una semana de pesadilla en la que surgió (¿se institucionalizó?) una nueva clase social, la de “los negros de mierda” para otra clase que se cree blanca, rubia y de ojos azules, y que con la tilinguería al palo y en pleno ejercicio de una suerte de apartheid vernáculo, se llena la boca hablando maravillas del líder africano Nelson Mandela...
Días extraños, sórdidos los que se viven. Basta caminar por la ciudad para notarlo: todos parecen desconfiar de todos. “Anoche vi unos pibitos en moto, eran unos cuantos. Tenían bolsos. No sé si ‘chumbos’ adentro, pero me dio miedo y me metí adentro”, cuenta Alejandro, de Los Robles, uno de los barrios más castigados por los tiroteos y los saqueos. “Yo no tengo armas, pero apenas pueda te juro que me compro una”, dice, y evita la mirada. Tiene los ojos llenos de ese “caño” que le permitirá, otra vez, “dormir tranquilo”. Tiene cinco hijos y vuelve a jurar que “el miedazo que pasé el otro día no me lo saca nadie y no lo paso más. Por mi vieja que se caiga muerta ahora”, y se besa el índice haciendo una cruz sobre los labios.
¿Y la policía? ¿La gendarmería? ¿No basta con eso? “¡Pero ni en pedo! ¡Si nos dejaron solos! Nos entregaron. La cana liberó las zonas. ¡Ellos avisaron para que salgan a chorear!”, replica rápido, indignado, seguro de su verdad y casi a los gritos.
Como muchos en su cuadra y en la ciudad, está convencido de que “el gobernador y la Presidenta se pelean entre ellos y dejaron que nos liquiden”. El (informal) mensaje de Twitter del gobernador José Manuel de la Sota pidiendo la Gendarmería ha calado hondo. Para muchos, eso era suficiente. ¿La ley? ¿El protocolo necesario para no invadir jurisdicciones para que Gendarmería una vez llegada tenga responsabilidades penales y civiles? Bien, gracias. Que se lo dejen a los expertos. El pavor de esa noche maldita es lo que cuenta para la mayoría. La melodía salvaje hecha de tiros, gritos, robos y muerte es lo que ha quedado ardiendo en la conciencia colectiva.
En guardia
El jueves y el viernes los vecinos de distintos barrios siguieron turnándose para dormir. Montando barricadas por las noches. En la Legislatura, el Frente Cívico de Luis Juez pidió la renuncia “por manifiesta incapacidad” de la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y del jefe de Gabinete, Oscar González, que fueron poco menos que “gatos de yeso” durante un conflicto en el que Córdoba se había convertido en un atroz infierno de todos contra todos.
Como en los años ’20 porteños, cuando los “pibes cajetillas” salían a patotear “cabecitas negras” por los suburbios, en la noche del 3 al 4 de diciembre y las que siguieron, en los barrios caros se armaron bandas que apalearon a cuanto pibe “portador de rostro o moto” pasaba por sus calles. Saqueara o no. A su vez, en los suburbios y en los barrios obreros, los desamparados de siempre quebraban códigos de solidaridad saqueando sin piedad a quien, tal vez, le había fiado durante años. Pero en los videos que se conocieron después hubo un elemento nuevo: costosas camionetas conducidas por “los blancos” de los que se lamentaba el vecino, que llegaban “haciendo la punta” y se llevaban lo que encontraran a su paso.
De allí que nada resulte claro. Para el fiscal Gustavo Hidalgo, “actuaron bandas organizadas. Todo fue demasiado coordinado para ser espontáneo”. Lo mismo opinó Benjamín Blanch, el dueño de la cadena de supermercados Buenos Días: “Fue muy raro... fueron como actos organizados y sincronizados”. Además de ellos, muchos cordobeses de a pie todavía se preguntan, pasado el virtual estado de guerra y con semejante tiroteo en toda la ciudad, ¿adónde fueron las miles de balas disparadas? Hubo un solo muerto... Raro. Muy raro.
Moneda de cambio
El miedo es la ganancia, la moneda de cambio que usará el gobernador De la Sota para sostenerse, pero a la vez su gran pérdida.
“El Estado provincial es el gran perdedor de esa noche y el único responsable”, coincidieron el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Francisco Tamarit, y el ex rector de la Universidad Católica, el jesuita Rafael Velazco, quienes ahondaron en la importancia de la educación para que el tejido social vuelva a reconstruirse.
Pero se sabe que una sociedad en pánico (y la cordobesa lo está) es más fácil de controlar si se le provee de suficiente policía y seguridad después del miedo sin fin de una noche de vale todo. Al mismo tiempo, De la Sota está irremediablemente atrapado ahora por el poder policial: el monstruo elefantiásico con el que ningún gobierno cordobés, desde iniciada la democracia, se quiso meter. De hecho, en 1994, el entonces ministro de Asuntos Institucionales, Oscar Aguad, nombró y defendió en su cargo a uno de los máximos torturadores de la dictadura, Carlos “El Tucán” Yanicelli, que desde 2010 está preso por delitos de lesa humanidad. Ex jefe de la D2, la Gestapo cordobesa, Yanicelli fue condenado a prisión perpetua junto con Videla y Menéndez. Nada menos.
La policía cordobesa tiene el insólito record de haber sido la única en la historia argentina en haber dado un golpe de Estado. Fue el 28 de febrero de 1974, cuando derrocaron al gobernador constitucional Ricardo Obregón Cano y a su vice Atilio López, luego asesinado por la Triple A. El golpe se conoció como el “Navarrazo” porque fue encabezado por el jefe policial de aquel entonces, el teniente coronel retirado Antonio Domingo Navarro. En ese golpe, de un tiempo a esta parte, se involucra a un joven militante de “las brigadas civiles de peronistas de derecha”, José Manuel de la Sota.
El abogado Claudio Orosz, especialista en derechos humanos, confirma la versión: “Sí, así es. Patricia Trigueros, que atestiguó en la causa por el asesinato de tres militantes de la Juventud Peronista a manos de policías del Comando Radioeléctrico, aseguró haberlo visto. Fue en la causa conocida como Pedro Nolasco Bustos y otros. Trigueros afirmó haberlo visto con el brazalete verde de los comandos civiles. Ella lo describió ante los jueces y aseguró que era De la Sota porque lo conocía”. No deja de ser una paradoja de la historia que este hombre cayera bajo el peso del mismo monstruo que él –ya en sus propias gestiones como mandatario– contribuyó a engordar y fortalecer. Y siguió apoyando aun cuando hace pocos meses su cúpula fue descabezada y dos de sus jefes fueron presos imputados por narcotráfico.
Cuando el miércoles por la mañana fue completamente derrotado por los acuartelados no sólo les concedió lo que pedían, sino que no impuso ni media sanción de las que él mismo había amenazado apenas un par de horas antes. Hasta les dio un respaldo casi sin límites: “Salgamos a atrapar a todos los delincuentes, que no quede ninguno en la calle”, arengó en plural, en medio de la ovación de su claque, alineándose con los rebeldes aun después de semejante extorsión.
De pies y manos
De la Sota ha quedado atado de pies y manos. Y por su inhabilidad, reflejos adormecidos, o vaya uno a saber por qué carambola política de la que se imaginó triunfante y le salió por la culata, entregó también a los gobiernos de otras provincias. Está a la vista, el efecto dominó del acuartelamiento se derramó instantáneo por Catamarca, La Rioja, Neuquén y Río Negro. Por ahora. Eso sin contar que los gremios fuertes como los empleados públicos, los docentes, los judiciales y siguen las firmas, ya están en la calle y de paro, reclamando un enganche a la mejora salarial que consiguieron los policías a puro acantonamiento, sangre y saqueos.
De la Sota ya había perdido el tren hacia sus sueños presidenciales en 2003 cuando su otrora amigo Eduardo Duhalde prefirió al casi desconocido Néstor Kirchner para sucederlo, no bien tuvo que irse por la matanza de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Nunca se lo perdonó.
Ahora, cuando su tercera gobernación no parecía ser para él más que el peldaño para hacerse (al fin) de la presidencia, la noche feroz de Córdoba tal vez sea su oxímoron, su ocaso definitivo. Y esa foto en el aeropuerto de Panamá en su propio “helicóptero”: mientras en Córdoba campeaba el terror, a él se lo ve sentado en la burbuja protectora de esa zona neutra de freeshops donde nada puede suceder, salvo el perfume francés y el café carísimo.
Porque si bien en el tiempo que le queda tal vez pueda brindar la “seguridad” que los cordobeses reclaman a gritos, a nivel nacional su nombre ha quedado pegado indefectiblemente a una de las jornadas más desesperantes y negras que se hayan vivido en provincia alguna desde el regreso de la democracia. Ya lo saben los catamarqueños, los riojanos y los neuquinos. Desde ahora en adelante, al menor conflicto con la policía, todos seremos rehenes.
El daño está hecho.
Fuente:Pagina12
08.12.2013
referentes en dd hh, ante la sublevación policial
"De la Sota generó un mal precedente"
Mariano Crisafulli y María del Carmen Verdú advierten sobre la "autonomización" y desestabilización del aparato represivo estatal.
Por: Gimena Fuertes
Mariano Crisafulli, abogado, miembro del observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba, señala, en diálogo con Tiempo Argentino, que el acuartelamiento en la capital cordobesa y los consecuentes saqueos son "parte de un desmanejo de la seguridad". "No es casual que las protestas policiales se hayan iniciado allí, ya que desde hace 14 años la gestión de la seguridad ha sido cedida a la policía, el proceso de autonomización se ha profundizado", dice.
Y denuncia que "la situación se agrava porque en Córdoba se ha duplicado la cantidad de efectivos, que pasó de 11500 a 23 mil de 2003 a 2013". Para Crisafulli, "la política de seguridad fue policializar la ciudad, y desde hace 14 años se tiende a realizar detenciones masivas que a la vez son selectivas por la implementación del Código de Faltas".
El Código de Faltas provincial permite a la policía hacer detenciones sin que medie la justicia ya que el que decide sobre el caso es el comisario. Una facultad que desató críticas desde los ámbitos de militancia por los Derechos Humanos hasta los especialistas en seguridad. En tierra delasotista está "prohibido el merodeo", figura legal que sirve para detener a jóvenes que circulan por el espacio público. "A partir de la implementación del Código, pasamos de de tener 8500 detenidos por año en 2004 a 72 mil en 2013. Es un aumento grosero. Los detenidos son jóvenes pobres que lo único que conocen del Estado es la represión.
La policía tiene el poder de monarca en Córdoba; decide a su antojo".
Según Crisafulli, el "desmanejo de la seguridad fue tal que cuando se desató el narcoescándalo el gobierno provincial tampoco supo resolverlo porque son cuestiones de seguridad complejas. Sólo saben poner cámaras y policializar la seguridad".
Por su parte, María del Carmen Verdú, abogada de la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), señala que las protestas aparecen cuando las fuerzas de seguridad son cuestionadas por ser parte del narcotráfico. "Ni lo de Córdoba ni los ramalazos posteriores en otras provincias se puede despegar de la exposición de la natural criminalidad de las fuerzas de seguridad que se ha manifestado con la remoción de la cúpula narcotráfico", enfatiza.
"Sostenemos que es posible probar que el crimen organizado en Argentina lo dirige el aparato represivo estatal. No se puede hablar de narcotráfico, trata de personas, piratas del asfalto o cualquiera de los grandes delitos sin que enseguida salte un 'botón' (NdR: policía)", sintetizó la abogada.
Para Verdú, "los sucesos de Córdoba tuvieron que ver con una decisión frente a una deslegitimación causada por la exposición de su propia criminalidad, que llevó (a la policía) a extorsionar al gobierno. Es una forma de decir 'mirá lo que pasa si no estamos'".
La abogada destaca que los protagonistas de los saqueos no fueron los mismos que participaron durante los estallidos sociales de 2001 y 1989". En este sentido, Crisafulli entiende que "no es casualidad que los saqueos se produzcan a dos cuadras de donde se habían acuartelado (policías), en el Comando de Acción Preventiva".
Gorra. El 20 de noviembre pasado, se hizo en Córdoba capital la 7º Marcha de la Gorra, una manifestación que tuvo como saldo político el llamado de la gobernación a la conformación de una "comisión de reforma" del Código de Faltas. Días después, se produjo la sublevación de los "gorras".
"Incluso, esa comisión no propone cambios estructurales, tales como la incorporación de abogados del Estado para la defensa de los detenidos, sino que la tarea de defensa queda en manos de los ayudantes fiscales que son funcionarios judiciales pero no jueces", advierte Crisafulli, quien agrega: "De hecho, muchos jueces de paz no son abogados, pero les dan la función de juzgar en materia de faltas siendo inconstitucional. Si se aprobaran estos cambios, por lo menos se correría al comisario de la función de juez y parte, pero se seguiría manteniendo la figura tan polémica del merodeo."
Con respecto a la réplica de las protestas policiales en otras provincias (ver página 4), Crisafulli y Verdú coinciden en que fue provocado por la resolución que tuvo el conflicto cordobés. "Después de un total caos, que duró unas 24 horas, el gobierno cordobés accedió a darle todo (a los uniformados). Genera un precedente para el resto de las provincias y para la propia policía de Córdoba ya que el método les resultó altamente efectivo. Parecería que para que el gobierno atienda los reclamos tienen que generar un caos. En Córdoba se puso en riesgo la institucionalidad", dice Crisafulli.
Lo mismo asegura Verdú: "La 'cana' aprieta y rápidamente les conceden todo el listado de sus peticiones, que no son sólo salariales. Es una forma de pedir: 'Si querés que reprima bien, pagame bien'". De hecho, el aumento del 220% desató una serie de protestas sindicales de los gremios estatales –médicos, judiciales y maestros, por caso–.
Crisafulli advierte: "Los nuevos golpes de Estado no son como eran los tradicionales; ahora participan las fuerzas de seguridad, corporaciones con mucho poder, capaces de sacar un gobernante para que se ponga a otro."
Fuente:TiempoArgentino
08.12.2013
habla el periodista que reveló el narcoescándalo que jaquea a de la sota
"La propia policía impulsó parte de los saqueos"
Méndez dice que la fuerza se quedó sin la "recaudación" de la droga. Y que impuso la suba al gobernador, "si no rompía el pacto de silencio".
Por: Franco Mizrahi
"La Policía tenía una recaudación en negro que duplicaba el sueldo que cobraba un agente, así un policía que trabajaba en Inteligencia y cobraba $ 7500, con el mundo delictivo podía recaudar
$ 7500 mensuales más. El resto iba para los jefes. Este modelo se extrapoló a todos los departamentos de la fuerza: comisarías, (las divisiones) Drogas Peligrosas, Sustracción Automotores, etcétera", señaló el periodista.
Méndez agregó que, "incluso los policías de calle que no formaban parte de ninguna estructura, cobraban $ 1000 en negro a cambio de firmar una planilla. Eso se cortó cuando se fue de la fuerza (el entonces jefe de la policía Ramón) Frías."
El periodista realizó una investigación sobre el accionar policial de los últimos días, que será emitida en el primer programa de ADN de 2014, en abril, si le renuevan contrato. "Todo lo que digo lo puedo probar: tenemos grabaciones. Todo lo que digo es así", sentenció.
"En el llamado de los policías acuartelados al resto de la fuerza para que se sumen a la protesta, lo primero que se dijo fue 'dejémonos de pertenecer a una mafia, basta de corrupción', y al final hablaron de aumento salarial. Ahora que no están más los jefes porque están presos o se tuvieron que ir del Ministerio de Seguridad, evidentemente la fuerza necesita completar lo que antes cobraba y no figuraba en su recibo de sueldo. Hubo un mensaje extorsivo hacia el gobernador (José Manuel de la Sota) porque no hubo un acuerdo. La Policía impuso un aumento salarial de 220% porque si no se rompía el silencio. Y si se rompía el silencio miles de policías tenían que ir presos y la estructura gubernamental también", indicó.
–¿Qué se silencia?
–La complicidad con el narcotráfico, los delitos que cometía el departamento Sustracción de Automotores y el de Robo y Hurto hasta cómo participaban en la recaudación los propios funcionarios. El silencio de todo lo que ha pasado en la estructura policial, que es una estructura mafiosa. Y este acuerdo no la va a cambiar en nada. Ahora, producto del aumento, el gobernador tiene que desembolsar $ 100 millones más por mes.
Esto dispara reclamos de otros empleados públicos.
–¿Cree que parte de los saqueos fue impulsado por la policía?
–No me queda la menor duda. Hubo bandas delictivas en distintos puntos de la ciudad de Córdoba pero no fue algo masivo y generalizado. Fueron afectados muchos puntos de la ciudad, es cierto, y barrios periféricos, pero la propia policía activó los desmanes. Los agentes trabajan con los delincuentes, lo que no está mal. La inteligencia policial debe trabajar con ellos. El tema es para qué. Puede hacerlo para desentrañar redes delictivas o para activarlas. Muchos de los policías acuartelados fueron los que fogonearon y liberaron zonas para que ocurriera lo que aconteció. La policía se maneja con códigos mafiosos. Y están todos sucios. Nosotros tenemos una historia terrible que vamos a difundir el año que viene: se trata del caso de un policía que entra en la fuerza y lo hacen matar a un tipo delante de todos para que empiece a ser parte del clan. 'Ahora sabemos lo que hiciste. Todo lo que vos sabés que nosotros hacemos te lo callás porque si no ventilamos las cagadas que te mandaste', lo amenazaron. Para eso se han prestado algunos fiscales provinciales que han dormido causas en las que hay policías involucrados. Es una mafia muy jodida.
Fuente:TiempoArgentino
Duro de domar
Año 6. Edición número 290. Domingo 8 de Diciembre de 2013
Por Eduardo Anguita
eanguita@miradasalsur.com
Año 6. Edición número 290. Domingo 8 de Diciembre de 2013
Por Eduardo Anguita
eanguita@miradasalsur.com
En primer lugar, al no tener representación sindical, desde el punto de vista reglamentario cualquier reclamo es una insubordinación. La falta de marco legal no debería restarle legitimidad, menos en una sociedad donde el hermano o la esposa de un policía o un gendarme tienen la posibilidad que ese hombre no tiene. Es decir, cualquier trabajador en la Argentina recurre a la protesta y, a su vez, la dirigencia sindical se ocupa –o intenta– canalizar esa protesta hasta llegar a una negociación en los ámbitos contemplados, ya sea los ministerios o secretarías de Trabajo, ya sea en los juzgados laborales. Sumando fuerzas de seguridad y penitenciarias, en el país hay varios cientos de miles de personas que no tienen esa instancia. Si eso no se modifica, es preciso tener en cuenta que cuando la protesta explota lo hace con la fuerza del que no tiene un canal abierto.
En segundo lugar, estas protestas policiales tuvieron como protagonistas a los agentes y suboficiales. Es decir, los de rangos bajos, los que están acostumbrados a recibir instrucciones y órdenes en una estructura piramidal. Si saltaron es porque sus reclamos eran ninguneados pese a que, como en Córdoba, ante la imposibilidad de dar la cara por falta de marco legal para el reclamo público, fueron las esposas de los policías las que asumían la vocería del conflicto. Inevitablemente, una esposa y madre tiene muchas más posibilidades de recibir apoyo que un agente policial con gestos duros y tradición de pertenecer a quienes reprimen las protestas sociales y no precisamente de tener derecho al pataleo. O sea, a través de las mujeres ganaron la legitimidad social que difícilmente hubieran logrado saliendo con uniformes, palos y armas.
En tercer lugar, y muy importante, la disparidad de sueldos que tienen las distintas agencias y fuerzas de seguridad. Por caso, un agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) gana casi el doble que uno de la provincia de Buenos Aires. En las cárceles del SPF hay, aproximadamente, 10.000 presos y 11.000 penitenciarios. En las cárceles bonaerenses hay 30.000 presos y 16.000 penitenciarios. O sea, cobran menos pero tienen más trabajo. Los agentes de la Policía Bonaerense cobran sensiblemente menos que sus pares de la Federal. A su vez, éstos cobran sensiblemente menos que los de la Metropolitana. La disparidad se replica en todas las provincias. En la mayoría, los gobernadores no quieren destinar más presupuesto. En la tradición oral, se da por sentado que los usos y costumbres indican que los jefes policiales tienen permisos para buscar, valga la metáfora, las cajas compensatorias. Ergo, al no haber sindicalización funciona el efecto contagio.
En cuarto lugar, los aumentos otorgados por sus respectivos gobernadores en Córdoba y en Catamarca, después de las protestas, calmaron a los policías de esas provincias y, al mismo tiempo, estimularon a sus pares de otros distritos. Además, con aumentos salariales que van entre el 50 y el 100%, superan cualquier banda de negociación de cara a las paritarias 2014. Si ya los docentes y los camioneros habían planteado el 30% y fue tomado como un pedido de máxima, ahora más de uno va a plantear el cielo por asalto. Lo curioso es que hayan sido los policías, y no los bancarios o los mecánicos o cualquier otro gremio, los que tomaron la punta.
Fuerzas de inseguridad y proyecto político. Nadie puede dejar de lado que, tras la retirada de la escena de las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos, son las fuerzas policiales las que están en la mira del Pentágono de Estados Unidos como un factor capaz de aliarse a una escalada desestabilizadora. El único intento serio de un diseño diferente del mando democrático por sobre los jefes policiales fue el de León Arslanián, en la provincia de Buenos Aires. Fue resistido por la alta oficialidad y también por sectores de la Justicia y del Ministerio Público provincial, así como por algunos intendentes acostumbrados a compartir espacios con las cajas policiales. El autogobierno de la jerarquía policial es un riesgo que una democracia popular no debería correr.
Se sabe que la mayoría de los integrantes de las fuerzas de seguridad forman parte de la ideología conservadora, de derecha, autoritaria y de un catolicismo rancio. Es cierto que se abrieron varios programas académicos en universidades públicas que oxigenan ese mundo cerrado y oscuro. Pero no alcanza a configurar un proyecto de cambio en las agencias de seguridad. Tal vez porque todavía hay espacios cerrados y oscuros en muchos sectores de las administraciones provinciales y municipales. Los policías y sus servicios de inteligencia suelen tomar nota de esas zonas oscuras de la política. Con lo cual, más de una vez neutralizan los intentos de cambio. Por otro lado, la sensación de inseguridad que vive la mayoría de la población juega a favor de la ampliación de los presupuestos públicos para estas áreas. Sólo una minoría, supuestamente ilustrada, tiene la convicción, y no siempre la información cierta, de que el mundo delictivo tiene una pata policial. Las investigaciones de fiscales sobre el accionar policial suelen ir a la velocidad de los tanques del general Ernesto Alais cuando Raúl Alfonsín le ordenó que avanzara sobre los carapintada, en abril de 1987.
¿Por qué no hay protestas en las agencias federales? Gendarmería, Prefectura y Policía Federal tienen sueldos altos, al menos en comparación con el resto. Esto es decisivo. También es preciso reconocer que el modo de conducción del secretario Sergio Berni colabora mucho con la mentalidad de los agentes. Tiene grado militar, aunque en realidad por ser médico y no por formación de combate. Pero, además, tiene la impostura física: grandote, practica artes marciales, maneja motos y todas esas cosas que caen bien en la cultura de quienes, en definitiva, cada tanto tienen que usar armas. Berni asume como propia la mentalidad de los uniformados. Más allá de lo que íntimamente crea, asume un rol que es funcional a su cargo. Dicho en criollo: va al frente. Así podían verlo los colorados del Monte a Juan Manuel de Rosas o los soldados de Malvinas a Martín Balza o a Aldo Rico, y también los guerrilleros que pelearon al lado de Ernesto Guevara, Mario Santucho o Raúl Yager. El gran tema es que la conducción política y administrativa de las fuerzas de seguridad no puede descansar en el liderazgo personal, sino en protocolos y programas de formación que acompañen un proceso político que, además de democrático, pretende o presume pretender que sus ideales recogen las tradiciones de lucha por la igualdad, la justicia social y que está dispuesto a avanzar sobre los privilegios de las minorías.
Narco. Es indiscutible que muchos delitos están asociados al narco. Los delincuentes consumen drogas y eso hace más imprevisible el resultado de un robo. En las cárceles ingresan cantidades notables de drogas y, hay que decirlo, si muchos presos no consumen drogas se convierten en tipos peligrosos por el síndrome de abstinencia. Crece el comercio de cocaína y de drogas sintéticas, con lo cual hay grupos narcos con bastante poder económico. Muchos pibes pobres están bastante destruidos por el paco. Hay cocinas de drogas. Hay exportación de drogas.
Aunque todo lo anterior es cierto y muy preocupante, los especialistas aseguran que no hay grupos narcos con poder territorial como sí lo hay en otros países del continente. El caso histórico más fuerte es el de Colombia, donde Pablo Escobar pudo, a fines de los ochenta, comprar a un Congreso nacional entero para la famosa ley que evitara la extradición a Estados Unidos de los capos de los carteles de Medellín y de Cali.
Esos estaban en Colombia y vivían a sus anchas, ya sea en sus mansiones o en cárceles acondicionadas como hoteles. México, país fronterizo con el gran consumidor de cocaína, vive en su región norte una década de exterminio con más de 70.000 víctimas fatales. Brasil tiene, desde hace años, a los grupos narcos instalados en muchas favelas. La intervención planificada del Estado con planes sociales combinados con golpes policiales permitió que Lula y Dilma Rouseff avanzaran en el control del poder narco. El Mundial 2014 será una gran prueba de cuánto avanzaron. La Argentina no tiene ninguna ventaja natural o geográfica que la mantenga blindada de los intereses narcos si éstos son derrotados en otros países y deciden buscar nuevos horizontes.
Córdoba de la barbarie
Año 6. Edición número 290. Domingo 8 de Diciembre de 2013
Por Adolfo Ruiz. Desde Córdoba
politica@miradasalsur.com
Año 6. Edición número 290. Domingo 8 de Diciembre de 2013
Por Adolfo Ruiz. Desde Córdoba
politica@miradasalsur.com
Acuartelamiento policial, saqueos, miserias políticas y sociales, represión y muerte, en esta doble jornada trágica que se adueñó de una ciudad que se precia de ser “la Docta”. Qué sucedió para que en 24 horas Córdoba se convirtiera en un escenario de locura.
Dos semanas antes de que las calles cordobesas ardieran, ya eran numerosas las señales que hacían percibir un importante malestar en la fuerza policial.
Claras señales daban los grupos de mujeres de uniformados que se habían manifestado frente a la jefatura policial. No eran muchas, pero sí audaces. En una estructura tan verticalista, el solo hecho de dar la cara implica ponerse en escenario de riesgos.
Pero no las escucharon. Prefirieron la estrategia del “ninguneo”.
Esa estrategia fue la que condujo a que la segunda ciudad del país amaneciera el martes 3 de diciembre sin policías. Ni en las calles, ni en los bancos, ni en los comercios, ni en los edificios públicos. Estaban todos acuartelados en la sede policial de barrio Cerveceros, en la periferia cordobesa. Había llegado el Día D.
Cuestión de supervivencia. En la redacción de los diarios cordobeses las noticias se vivían con un clima de ansiedad. No estaba tan lejos el recuerdo del anterior acuartelamiento que atravesó Córdoba. Había sido en noviembre de 2005, cuando el cabo Claudio Cisneros se encadenó en plena Plaza San Martín para pedir aumento salarial para todos los uniformados. A las pocas horas comenzaron a acercarse sus compañeros, se congregaron varios destacamentos y se generó una parálisis total en las fuerzas de seguridad, que también dejaron las calles desnudas de control durante toda una noche y hasta el mediodía siguiente. Llamativamente no se produjo esa noche ningún hecho delictivo.
Similitudes: era el mismo partido gobernante, mismo gobernador De la Sota, mismo verticalismo policial, mismo sometimiento de los niveles más bajos de la fuerza.
Diferencias: el antecedente inmediato del escándalo de la narcopolicía, que había generado una fuerte crisis de legitimidad hacia dentro de la fuerza, y de repulsión hacia las jerarquías enriquecidas y sospechadas. Pero también jugarían otros condimentos claves que hicieron que la asonada terminara con consecuencias muy diferentes.
La noticia del primer saqueo se vivió cerca de las siete de la tarde. Reportaban las radios que habían sido atacados dos supermercados en una zona muy cercana al mismo lugar adonde estaban los policías en huelga.
Los saqueos llamaban la atención. Aunque no sobra demasiado, Córdoba no vive una situación de estallido social, ni se puede afirmar que sus barriadas pasan hambre. El saqueo estaba directamente conectado con la falta de policías en las calles. Nadie podía dudarlo.
Comenzaba entonces a virar el eje informativo, pasando de un reclamo salarial que a esas horas intentaba ser cuantificado, a la alerta por una sucesión de episodios de violencia que iban avanzando desde la periferia hacia el centro. Y con ella, las portadas de los diarios fueron mutando: se descartaban las maquetas elaboradas a media tarde, y ahora comenzaban a pensarse títulos más cercanos al clima de plena tensión con el que había caído la noche en la ciudad mediterránea.
“Estamos evaluando la situación para ver si es necesario convocarla.” Con un tono prudente que no encajaba con el drama que ya se estaba viviendo en la ciudad, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva negaba en ese momento que se hubiera convocado a la Gendarmería para venir en asistencia de un caos que se presumía inminente.
Pero a esa hora –cerca de las diez de la noche–, el termómetro más preciso lo ponían las redes sociales, que desde diversos puntos de la geografía urbana reportaban en palabras, en imágenes, en filmaciones, la destrucción, los disparos, las alarmas desatendidas, los golpes y el clima de tensión que se adueñaba de las calles, donde se comenzaba a discutir por la supervivencia.
Y eso lo corporizaron al extremo del absurdo diversos grupos de vecinos del barrio Nueva Córdoba, una zona a pocas cuadras del centro y habitada mayormente por estudiantes. A falta de policía, muchos decidieron convertirse en vengadores urbanos y salieron a las calles literalmente a la caza de presuntos saqueadores. O lo que se pareciera a uno de ellos.
En ese juego de indios y cowboys, hubo pibes que volviendo de trabajar en moto fueron linchados por hordas salvajes que creían ver en ellos la condensación del mal. Y para hacerlo más 2.0, tomaban fotos de sus presas sangrantes y tendidas boca abajo en el asfalto para subirlas a las redes sociales. La imagen recordaba a los elefantes muertos por el rey de España. Definitivamente, Córdoba estaba fuera de sus cabales.
Lejano oeste. Lo que vino luego es materia conocida. A lo largo de esa caótica noche en la que se escucharon disparos en casi todos los barrios de la capital, más de mil comercios de tamaño diverso fueron atacados y saqueados. Desde cadenas de tiendas deportivas hasta supermercados. Desde almacenes de barrio hasta joyerías. Desde tiendas de electrodomésticos hasta maxikioscos. Algunos, resignados, bromearían con el saldo en la mano: “No saquearon ninguna librería”.
Milagrosamente, hay que decirlo, el “lejano oeste” cordobés se cobró tan sólo una vida. Un joven de 20 años abatido por la espalda cuando transitaba en una moto. Su familia dice que lo mató una bala policial.
La ciudad amaneció irreconocible, como nunca se la había visto. No sólo por los destrozos materiales, por la devastación, por la cólera. Sino porque realmente se convirtió en una ciudad fantasma. Avenidas que a media mañana son intransitables, amanecieron ese triste 4 de diciembre totalmente desiertas. Si hasta se podía escuchar el sonido del arroyo de La Cañada fluir por el mismo centro de esa capital irreconocible, por donde nadie se animaba a transitar.
Fue una mañana de capitulación. El mismo gobernador José Manuel de la Sota, que había tenido que emprender regreso desde Panamá para tomar las riendas de un conflicto, tuvo que cambiar de discurso y estrategia. Sus amenazas con sancionar a los efectivos plegados al acuartelamiento y su categórica negativa a acceder a las condiciones que pedían, formuladas ni bien se bajó del avión, mutaron horas más tarde a una amplia concesión sobre los reclamos.
Buscando esconder la impericia que a regañadientes reconocían sus ministros, el tres veces gobernador de Córdoba intentó arremeter contra el gobierno nacional. “Por la falta de respuesta de la Nación, es como si los cordobeses tuviéramos que quemar nuestro DNI, porque pareciera que algunos no nos consideran parte de la República Argentina”, dijo el gobernador.
El destinatario era el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, criticándole el no envío de las tropas de Gendarmería, ayuda que De la Sota insólitamente había pedido vía Twitter en la madrugada.
Trascartón anunció la firma del armisticio con los acuartelados, confirmando subas salariales que luego nadie de su propio gobierno lograría explicar con claridad y cuyo detalle y costo fiscal aún se desconocen.
Llamativo fue el carácter netamente político que tuvo el acto en el que De la Sota anunció el inicio de la normalización. Cuando toda la ciudad y municipios aledaños al Gran Córdoba vivían con pánico esas horas, el gobernador no se privó de rodearse de una tribuna de aplaudidores que ovacionaban cada intervención del mandamás. Demasiado contraste para la bronca instalada hacía varias horas en la población. No era momento de aplaudir. Nada más inoportuno.
Recuperar las calles. Tras el acuerdo, la ciudad comenzó a recuperar la calma. Aunque no de la mejor manera. Liquidado el pleito, el propio De la Sota se encargó de lanzar una especie de vendetta urbana. “Que se preparen los grupúsculos de delincuentes que todavía están en la calle. Ahí sale la policía”, disparó el hombre del que se esperaba mayor calma y menos agitación.
Los pronósticos se cumplieron. En medio de la euforia por el fin del acuartelamiento y el aumento de fin de año, las “fuerzas del orden” salieron a copar esos mismos barrios de siempre. Y no se podía esperar demasiado recato. La policía salió a hacer lo que sabe.
Era cuestión de poner en caja a los sectores de tradicional marginalidad. No era hora de ponerse a discutir métodos, ni mucho menos recordar lo que sólo una semana atrás se había instalado como “tema de discusión” en la agenda cordobesa, el polémico Código de Faltas. No era el momento para preocuparte por ese oscuro instrumento legal del que disponen los agentes policiales para detener a quien quieran y para avasallar las mínimas garantías constitucionales de los vecinos de sectores bajos.
“Temo que ahora la represión se vuelva feroz, y quienes pensaban a los policías reclamando como trabajadores con conciencia, se darán cuenta de que nuevamente se transforman en el aparato represivo del Estado”, escribía Lucas Crisafulli desde su Facebook ni bien veía salir las eufóricas patrullas a “recuperar las calles”.
Abogado criminólogo y miembro del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba, Crisafulli no se equivocaba: “Una vez más, salimos de la crisis por derecha”.
El primer acuartelamiento 2.0 de la historia
Cómo se hace para convencer al 80% de una tropa de 21 mil policías de que era el momento de acuartelarse? ¿Cómo vencer el natural miedo que los policías rasos tienen hacia sus superiores? ¿Cómo romper la rutina derrotista de este batallón de trabajadores sin derecho a planteos colectivos?
Marcelo Izquierdo es el hombre capaz de dar estas respuestas. Se trata de un agente que tres años atrás fue dado de baja de la Policía de Córdoba, luego de denunciar ante el programa de investigación ADN (el mismo que desató el narcoescándalo) un caso de corrupción en el que incurrían altos mandos de la fuerza. Terminó echado por “falta de decoro”.
Izquierdo fue pieza clave en la movilización de las mujeres de los policías, que durante varias semanas instalaron el reclamo de mejoras salariales con marchas frente a la Jefatura Policial. Y lo hizo valiéndose de las herramientas que dan las redes sociales. “Ahí fuimos incentivando, generando el clima, pidiéndoles a los policías que mandaran a sus esposas para reclamar”, cuenta el hombre que todavía se siente policía, y que se valió de herramientas como Facebook y la aplicación WhatsApp para el envío masivo de audios y videos.
Fue un trabajo fino de reclutamiento de gente y de arenga para que se sumaran a la pelea salarial. Hubo incluso algunas “picardías”, como lo fue grabar la voz de un imitador que simulaba ser un conocido comisario que se mofaba del reclamo salarial y prometía días de arresto.
La repercusión en las redes sociales fue inaudita, y se convirtió en un vehículo perfecto para generar el clima. Sólo sería necesario fijar el día y el acuartelamiento se convertiría en realidad, como finalmente sucedió. Pero esta vez fue todo a través de las redes.
Leviatán
Año 6. Edición número 290. Domingo 8 de Diciembre de 2013
Por Adolfo Ruiz. Desde Córdobapolitica@miradasalsur.com
Año 6. Edición número 290. Domingo 8 de Diciembre de 2013
Por Adolfo Ruiz. Desde Córdobapolitica@miradasalsur.com
Hace tres meses los cordobeses descubrimos que quienes nos debían defender de los narcotraficantes en realidad negociaban con ellos. Los que nos cuidaban eran los que nos agredían. Fue el tiempo del narcoescándalo.
Durante el martes y el miércoles últimos, otra vez los que habitamos esta provincia nos sentimos solos. Pero esta vez esa soledad mostró su más cruel faceta. El desamparo se convirtió en saqueos, el saqueo en barbarie, la barbarie en destrucción, la destrucción –otra vez– en soledad.
Una interminable noche digna del Far West, con comerciantes defendiéndose armas en mano, grupos de vecinos plantando barricadas para frenar los ataques, linchamientos públicos de culpables –y de sospechosos–. Y lo peor: con autoridades arrojándose culpas unas a otras, más atentas a la pelea chica y miserable que a la intención firme de traer las soluciones por las que el pueblo clamaba.
Al medio de todo ello, la decepción de resignarnos a saber que la policía es mucho más necesaria que lo que pensábamos. De ser –en ocasiones– la causante de episodios luctuosos, ahora su dramática ausencia dejaba el terreno liberado para la delincuencia de más baja estofa, aquella que se aprovecha del caos para sacar rédito.
Lo que no sabremos los cordobeses, al menos por un buen tiempo, es cómo se saldrá de esta incómoda realidad en la que el tejido social terminó espantado ante su propia imagen.
Cómo se leerán esos dolorosos saqueos, esas hordas de jóvenes a bordo de motocicletas, barriendo con todo lo que encontraban a su paso. Cómo se sanarán las heridas de tantos pequeños y medianos comerciantes que perdieron todo en una sola noche de soledad absoluta.
Tal como sucedió después del desastre de los incendios en Punilla –a finales de agosto–, no tardarán en aparecer verdaderas compulsas de anuncios de créditos, planes, programas y beneficios, en las que los gobiernos municipal, provincial y nacional sobreactuarán asistencia a los damnificados. Quienes sin dudas la necesitan de forma urgente, pero que en igual medida lo requieren de manera coordinada. Tal vez sea mucho pedir...
Donde con certeza no se podrán esperar soluciones mágicas será en la reconstrucción de la confianza colectiva, en la reedificación del contrato social (si tal cosa existiera), en la posibilidad de volver a confiar en el vecino al que vi saquear mi negocio. No está claro cómo haremos de ahora en más para volver a establecer un nuevo acuerdo sin necesidad de instalar el temerario Leviatán de Hobbes, en el cual el Estado es el único que puede evitar que el hombre se vuelva lobo del hombre.
Juegos peligrosos de fin de año
Año 6. Edición número 290. Domingo 8 de Diciembre de 2013
Por Daniel Miguez
politica@miradasalsur.com
Año 6. Edición número 290. Domingo 8 de Diciembre de 2013
Por Daniel Miguez
politica@miradasalsur.com
Perspectivas.
En Córdoba los policías llevaban diez días reclamando “por las buenas” un aumento salarial y el gobernador José Manuel de la Sota se fue al exterior sin haber resuelto la situación y sin la certeza de que pese a eso el conflicto no se saldría de cauce. Cuando le estalló el problema en las manos, los funcionarios cordobeses dijeron que no necesitaban el envío de gendarmes por parte del Gobierno Nacional. Luego, ante la multiplicidad de saqueos, cuyos impulsores aún no fueron detectados pero pueden sospecharse sin demasiado esfuerzo, De la Sota envió el pedido de ayuda por twitter, que no tiene ninguna validez formal ni institucional.
Para completarla, el Gobernador, con ayuda de los medios opositores al Gobierno, buscó victimizarse porque no le habían enviado a la Gendarmería. Es probable que si la hubieran enviado, la acusación de avasallar la autonomía provincial habría recaído sobre la Casa Rosada.
Al día siguiente, De la Sota regresó a su provincia y solucionó el conflicto otorgando el aumento. Pero diez días de negociaciones infructuosas con una policía acusada de vínculos con el narcotráfico –en un escándalo que motivó al gobernador a designar a Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad– configuraban un panorama como para que De la Sota estuviera en alerta máxima y permaneciera en su provincia. Además, como después se vio, otorgó el aumento reclamado bajo la presión del paro y los saqueos. Con un poco de tacto político lo hubiera resuelto antes, evitando las situaciones de violencia y miedo que sufrieron los cordobeses. Cuando llegó el pedido formal de envío de gendarmes, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, llegó con ellos a Córdoba y se reunió con De la Sota para enfriar las aguas. Pero ya era tarde para evitar lo que vendría.
Lo que ocurrió con la policía en Córdoba le dio aire a las policías de otras provincias para hacer lo mismo. Era cuestión de dejar a la población en la inseguridad y obtener el beneficio reclamado. En Catamarca se produjeron los hechos de mayor gravedad, ya que las imágenes de televisión mostraron a un policía disparando con su arma reglamentaria a agentes de prefectura que intentaban evitar la toma de la Casa de Gobierno provincial. En esta provincia, como en La Rioja, Neuquén y Río Negro, las autoridades, con el antecedente de Córdoba, actuaron con mayor rapidez pese a lo intempestivo de las protestas sin aviso previo.
Hay algunos países –muy pocos– en los que sus fuerzas policiales están sindicalizadas. En la mayoría, no se les permite esa posibilidad porque una estructura gremial podría provocar una alteración en la estricta jerarquía vertical imprescindible en organismos encargados de ejecutar el monopolio de la fuerza que es potestad del Estado. La democracia que debe regir un grupo sindicalizado no le es dada a una fuerza de seguridad. De allí el argumento de la incompatibilidad. Aunque pueda abrirse el debate de la agremiación policial, lo que les está vedado, con sindicato o sin sindicato, es dejar a la población sin ese servicio esencial.
El tema de los saqueos merece otra consideración. Ya en diciembre pasado hubo robos masivos de ese tipo, organizados perfectamente, sobre todo en Bariloche, Campana, San Fernando y Rosario, que costaron cuatro muertes. Hubo muchos detenidos y muchos testimonios, pero los jueces no pudieron identificar a los responsables. En Bariloche las sospechas recayeron sobre agrupaciones de izquierda; en Campana y San Fernando, sobre sindicalistas y un intendente opositor al kirchnerismo; y en Rosario, sobre narcotraficantes.
Ahora el Gobierno cree que la organización de los recientes saqueos estuvo dirigida sólo por grupos narcos.
Esa mirada está en consonancia con algunos datos de la realidad. Quienes militan en villas y en los barrios más pobres coinciden que la falta de comida, en general, ya no es el problema, como lo era entre 2001 y 2003. Por eso, los saqueos ya no son exclusivamente en comercios de comestibles, sino que avanzan sobre artículos más costosos. Hoy el gran drama de la pobreza lo provoca la droga, muy por encima de otros males que persisten, como el hacinamiento y la falta de urbanización.
En línea con esa realidad parecen ir los cambios que Cristina dispuso al designar a Cecilia Rodríguez como ministra de Seguridad y a Juan Carlos Molina al frente del Sedronar, y al pasar la Subsecretaría de Lucha Contra el Narcotráfico del Sedronar al Ministerio.
Dólar Tourist. Las noticias de policías amotinados y saqueos, no descentraron a sectores de la clase media de su enojo por la elevación del impuesto –del 20% al 35%– a las compras en el exterior. En realidad, se trata de una retención que cuyo monto es deducido del pago del Impuesto a la Ganancias. No sería un problema si los que viajan al exterior tienen sus cuentas en orden. Pero en el último período registrado, sólo el 20% de los viajeros pidió el “reintegro” en su declaración impositiva, lo que revela que hay una gran cantidad de contribuyentes flojos de papeles.
Como el rumor del futuro “aumento del dólar turista” ya estaba instalado, muchos habían comprado sus paquetes para viajar al exterior con anticipación. Aún así hubo muchos rezagados que abarrotaron esta semana las agencias de turismo para tratar de zafar del 15% extra porque técnicamente comenzará a regir mañana. No parece el efecto de una crisis económica, aunque sí es motivo de alarma la desmedida fijación de precios en nuestro país, si se tiene en cuenta que comer y comprar ropa de mejor calidad, en Estados Unidos y varios países de Europa, es más barato que en la Argentina.
Sobre eso comenzó a trabajar con fuerza desde su primer día de gestión el ministro de Economía, Axel Kicillof, ahora acompañado por el nuevo secretario de Comercio, Agustín Costa. La idea, como se explicó con abundancia, es cambiar el método que había aplicado Guillermo Moreno y actuar ahora sobre toda la cadena de conformación de precios. Nadie duda que achicando la inflación y generando la famosa confiablidad, sería más sencillo encauzar los problemas que originan la falta de dólares.
Capitanich en primer plano. Generar hechos políticos encabezados por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sigue siendo la estrategia de Cristina, para limitar su actividad a pensar y decidir más que a poner el cuerpo.
Desde que recibió el alta médica, sus dos apariciones en público fueron para poner en funciones a nuevos ministros. Lo demás quedó en manos de Capitanich. Ya fuese para hablar cada mañana ante los periodistas de la Casa Rosada, como para presidir los principales actos de Gobierno.
Esta semana se destacó por las reuniones con los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y de Santa Fe, Antonio Bonfatti, y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri.
Macri y Bonfatti se fueron muy conformes de esos encuentros y lo dijeron públicamente. Vieron a un Capitanich ejecutivo y dispuesto a resolver problemas de esas jurisdicciones. Scioli también fue elogioso, aunque a nadie le pasó desapercibido, que el que cita se pone un escalón por encima del citado. El gobernador tuvo que tragar saliva y acudir al encuentro con quien se presume será uno de sus principales adversarios en la carrera por la sucesión presidencial. De allí se llevó, como esperaba, y como anticipamos en Miradas al Sur el domingo pasado, la confirmación de que el Gobierno va a asistir financieramente a su provincia. Esto, en criollo, quiere decir que va tener el dinero para pagar el aumento a los docentes y el resto de los estatales cuando llegue el momento. Pero seguro que Scioli hubiera preferido que la buena noticia se la diera Cristina en lugar de Capitanich.
Pisa y paritarias docentes. Como cada tres años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ODEC) dio a conocer los resultados de las pruebas PISA que tomó en 2012 a los alumnos de 15 años –independientemente del año o grado que curse– de los 65 países que decidieron participar en estos exámenes. La gran mayoría de ellos son los países más ricos del mundo. De Latinoamérica sólo participan siete.
A la Argentina le fue más o menos igual que en las pruebas de 2009 (sacó el mismo resultado en matemáticas, perdió dos puntos en lengua y ganó cinco puntos en ciencia), con la ventaja de que en ese período incorporó a 195.000 chicos a la escuela secundaria, y, de ellos, a 45.000 de 15 años. La ecuación es bastante lineal: a mayor inclusión, menor resultado en las PISA. Quienes tienen adentro del sistema educativo a chicos con buen nivel económico (que en general se condice con hábitos familiares de valoración de la educación, de lectura, etc.) y dejan afuera del sistema a los más pobres, tienen mejores resultados.
Las PISA, producto de la globalización neoliberal de los ’90, pueden servir para tomar indicadores para políticas educativas específicas, pero en la mayoría de los países –y en la Argentina, con entusiasmo– se lo toma con la frivolidad de un campeonato de fútbol, donde sólo cuentan la tabla de posiciones final, en la que nuestro país bajó.
Se asocia los resultados de las PISA como único parámetro de la calidad educativa, cuando no es el único. De todas maneras, el Gobierno es consciente de que debe mejorar la calidad. Lo dijo más de una vez el ministro de Educación, Alberto Sileoni, aunque los medios opositores lo ocultaron y sólo destacaron los atenuantes –por demás lógicos– que expuso el funcionario.
Uno de los nudos centrales para mejorar la calidad es la capacitación de los maestros, por eso cobra especial importancia en este contexto la paritaria firmada entre el Gobierno y los sindicatos para la formación docente permanente. Otro eje principal es el compromiso con la educación, no sólo de los docentes sino de la sociedad en su conjunto –desde las familias hasta los medios de comunicación pasando por múltiples instituciones–, objetivo mucho más difícil de alcanzar.
En un plano mucho más coyuntural y de menor relevancia, aunque de mayor impacto mediático, se ubica otro aspecto de las paritarias docentes: el salarial. El Gobierno y los gremios están por comenzar a negociar y, como cada año, no será fácil el acuerdo. Para empezar a complicar las cosas los medios opositores al Gobierno insisten en señalar que los docentes pedirán el 28% de aumento, aunque los dirigentes sindicales desmintieron una y otra vez que vayan a exigir semejante porcentaje. Suena más razonable la versión de que pedirán un 24%. Habrá que ver cuál es el piso que pondrá el Gobierno para empezar a negociar y llegar a un número consensuado que permita iniciar las clases con normalidad.
Fuente:MiradasalSur
Saqueos y caos político en la Córdoba de De la Sota
Crisis anunciada
Por Adrián Murano y Tomás Eliaschev
05.12.2013
Crisis anunciada
Por Adrián Murano y Tomás Eliaschev
05.12.2013
La provincia vivió una jornada de furia con robos, tiros y muertos. Acorralado, el gobernador descargó culpas en la Nación, pero las sospechas apuntan a bandas narcos amparadas por la policía local. Victimización y responsabilidades ocultas.
La policía logró el aumento reclamado. El gobernador le dio plena confianza.
Fueron horas de incertidumbre y miedo. Muchas. Entre la tarde del martes 3 y la madrugada del miércoles 4 de diciembre, el acuartelamiento del personal policial detonó saqueos, robos y tiros que se extendieron por la provincia de Córdoba como un reguero de violencia tan previsible como letal. El saldo –provisorio– de esa noche de furia: dos muertos, un centenar de heridos, pérdidas económicas millonarias y una multitud de sospechas que apuntan a la convivencia de bandas narcos con las fuerzas de seguridad y el descontrol político de una provincia bajo el dominio de un dirigente con aspiración presidencial.
José Manuel de la Sota se anotició de la crisis cuando puso un pie en Panamá. Fue en la madrugada del martes, cuando el conflicto policial llevaba varias horas de cocción. Los uniformados se acuartelaron poco después de que el gobernador tomara su vuelo con destino final a Colombia, previa escala en el país que se hizo célebre por su canal. La coincidencia entre la asonada policial y el viaje del mandatario despertó las primeras suspicacias: ¿los policías esperaron la acefalía para endurecer sus reclamos frente a un gobierno institucionalmente debilitado o el gobernador huyó de una provincia que hacía varios días había comenzado a conflagrar con una sucesión de conflictos que involucró a trabajadores judiciales y de la salud, entre otros?
Como forma de espantar los reclamos de los empleados estatales, De la Sota había ensayado el viejo recurso de victimizarse frente al Estado nacional, al que acusa de deberle dinero por coparticipación y previsión social. La misma estrategia utilizó en la madrugada del miércoles, cuando el avión de COPA lo depositó de vuelta en su incendiada Córdoba natal. “Todo esto es culpa de la inflación”, atinó a decir el mandatario, como insólita explicación frente al miedo que había copado las calles de las principales ciudades de su provincia.
El epicentro del caos fue la capital, donde se vivieron escenas dantescas, con vecinos que robaban los comercios de los barrios, sobre todo electrodomésticos, ropa de marca, motocicletas y bebidas alcohólicas, mientras otros se armaban contra los ladrones. Hubo casos donde se produjeron linchamientos tanto contra quienes habían participado de los saqueos como contra simples transeúntes. Como consecuencia fatal, un joven de 20 años recibió un disparo mientras que un hombre de 85 años murió durante un asalto en su vivienda. Al cierre de esta edición se registraban al menos 60 heridos de bala, arma blanca y golpes. Como daño colateral, pero no menos grave, en las calles y en las redes sociales brotó el racismo y la discriminación. “Fueron los negros de mierda”, dijeron muchos –demasiados–, refiriéndose de ese modo a personas de condición humilde que habitan como pueden en la periferia de una ciudad próspera de soja y producción automotriz.
El martes se firmó un acuerdo salarial entre la policía y el gobernador provincial, que tuvo que suspender su viaje oficial a Colombia –previo paso por el free shop– para negociar con los policías acuartelados. El salario mínimo de los policías pasó de 6 mil a 8 mil pesos. Y se aumentarán los adicionales un 52 por ciento. Sus promesas de llevar a la Justicia a los policías rebeldes no se cumplieron. Salió fortalecida la misma institución que en los últimos tiempos quedó expuesta por los estrechos vínculos con el narcotráfico, entre otros delitos organizados, un dato que brilló por su ausencia en el discurso victimizado del gobernador.
Por su reconocido trabajo social y cultural, Susana Fiorito, de la Biblioteca Popular de Bella Vista, es una de las referentes más autorizadas para analizar la situación. “¿Quién más si no la policía tiene capacidad para organizar algo así?”, se preguntó en conversación con Veintitrés. “Acá hay un chantajeador, la policía, y uno que se daja chantajear, De la Sota”, señaló, para luego contextualizar su opinión. “Desde hace años que sabemos lo que últimamente está siendo más denunciado: la policía es la que regula el delito. Por nuestro trabajo con la biblioteca tenemos contacto con muchísimos casos de chicos de barrios populares que nos cuentan cómo la policía o bien les roba o los obliga a que roben para ellos”, denunció Fiorito, que apunta a lo planificado que fue el caos: “Hay relatos coincidentes de que los focos del saqueo comenzaron todos en el mismo horario y de la misma manera: llegaba un auto con personas que rompían los vidrios y por atrás decenas de motos cargaban en el baúl del vehículo los productos”.
Fiorito recordó que la policía cordobesa “sufrió hace poco tiempo una dura acusación que puso al descubierto el entramado de corrupción y la relación de las fuerzas policiales con el crimen organizado, lo que repercutió negativamente en cuanto al prestigio y el apoyo social hacia la institución”. Según analizó la referente, hay que evaluar en qué medida el “desmadre” que se vivió no es “un aviso de lo que pasa cuando el poder político pretende socavar las fuentes de ingresos de su propio aparato represivo, en un contexto donde fue denunciada la relación entre el narcotráfico y la policía”.
El comisario retirado Julio Giménez es uno de los principales denunciantes contra la corrupción en la policía cordobesa. En diálogo con esta revista puntualizó que “detrás de los saqueos hay un mensaje mafioso. La relación entre jefes policiales con el crimen ha quedado largamente demostrada. Evidentemente esto podría haber estado promovido por Ramón Frías, Alejo Paredes y Rafael Sosa”, en referencia a los funcionarios acusados de complicidad narco. Como dato adicional, Giménez subrayó que “los saqueos comenzaron en la zona sur, donde históricamente Paredes fue quien manejo todo”.
A pesar de sus sospechas, el ex policía Giménez desligó a los acuartelados de los saqueos. Destacó que quienes protagonizaron la protesta son “los que están en la trinchera”, es decir, efectivos que no tienen cargo jerárquico. “Tienen que poner plata para que los coches sigan funcionando, pedir colaboración a los comercios. Son los que tienen que soportar lugares inhumanos para descansar, baños con aguas servidas, comidas con cucarachas. Y una carga horaria totalmente inhumana, además del servicio tienen que hacer adicionales para llegar a una suma de dinero que les alcance. El año pasado se suicidaron 30 policías, mientras que este año ya hubo 20 casos de policías que se quitaron la vida. Un jefe cobra más de 23 mil pesos, cuando el resto cobra 5 o 6 mil pesos de bolsillo; para hacer 2 o 3 mil pesos más, tiene que trabajar 8 horas más y se lo pagan con 45 días de demora. Encima, el 10 por ciento de los adicionales se lo queda la jefatura, son cifras millonarias. Lo policías de abajo ven cómo los jefes se enriquecen y son corruptos. Y esto no acabó con las renuncias de Frías y de Paredes. La ministra Alejandra Monteoliva y el jefe de la policía César Almada son lo mismo, gente del riñón de Paredes, que era el nexo entre narcotráfico, policía y poder político”.
En esa línea, el periodista José Hernández, integrante de Ecos Córdoba, de Indymedia y de la Red Nacional de Medios Alternativos, aportó algunas pistas sobre los hechos. “Muchos se preguntan cómo pudo ocurrir esto y quiénes están detrás de los saqueos. No es lineal, pero el contexto nos da pistas. Hace más de un mes están detenidos varios jefes policiales involucrados en el narcotráfico, lo que desencadenó una crisis de gobernabilidad que no tiene fondo aún”. Uno de los imputados es Rafael Sosa, ex jefe de Drogas Peligrosas y policía estrella de De la Sota. Esto desembocó en la renuncia del ministro de Seguridad Alejo Paredes y del jefe de la policía Ramón Frías, ambos acusados por organizaciones de derechos humanos locales de ser garantes de la continuidad de la policía de la dictadura.
Hernández remarcó que “no hay que olvidar el estilo de este gobierno de cerrar todas las puertas al diálogo e imponer todo, como ocurrió con el acampe contra la planta de semillas que pretende instalar la multinacional Monsanto en Malvinas, a las afueras de la ciudad de Córdoba, donde en casi tres meses de corte el gobierno solamente envió fuerzas represivas y las patotas de la UOCRA que golpearon a manifestantes mientras la policía los dejaba hacer. Esto se suma a las amenazas y agresiones contra Sofía Gatica, referente de la lucha contra la contaminación ambiental”. Según analizó Hernández, “el clima ya venía enrarecido”. A lo de la represión contra los manifestantes anti-Monsanto se le suman otros hechos: “En Capilla del Señor se produjo recientemente una pueblada por el asesinato del joven Jorge Reyna en una comisaría. Sus padres denuncian que la policía lo obligaba a robar. Y recientemente se produjo la Marcha de la Gorra, con más de 20 mil personas, la más masiva en estos siete años en que se vienen haciendo estas movilizaciones contra el Código de Faltas y la violencia policial”.
El corresponsal de Veintitrés en la ciudad de Córdoba, Lázaro Llorens, presenció como una camioneta 4x4 de alta gama iniciaba uno de los saqueos en el barrio Los Boulevares. Según apuntó, nada de esto hubiera sucedido si no se hubiesen sumado dos factores: “La precarización laboral absoluta con muy bajos sueldos en la que vienen trabajando los policías. De la Sota no quiso ni atender a las mujeres de los policías. Todo porque no quiere abrir paritarias con nadie. Esto se suma a las consecuencias del modelo de exclusión del delasotismo que deja afuera a tantos jóvenes. Procuran expulsar a los pobres de la ciudad. Ese es el caldo de cultivo en el que se produce todo esto”.
A las organizaciones sociales les preocupa, además de la situación social, cuál va a ser la salida de la crisis, donde la policía quedó con vía libre para profundizar la persecución contra jóvenes de condición humilde. El referente de la regional Córdoba del Frente Popular Darío Santillán, Pablo Núñez, advirtió que no son necesarias más “leyes duras contra los pibes ni llenar de policías las calles”. Según consideró el militante, es necesario “poner fin al proyecto represivo delasotista que, junto al Poder Judicial, protege a la policía del gatillo fácil, la que extorsiona a niños y adolescentes para que delincan, la que les cobra su parte en el negocio a tratantes y narcos, cuando no son estos ellos mismos. Hay que romper la relación íntima entre crimen organizado y policía. En todo el país, en cada provincia, y a nivel de fuerzas federales –Gendarmería, Prefectura, PFA–, la situación es la misma: la trata, los secuestros, el robo de automotores, el narcotráfico, no hay delito en el que no esté involucrada la policía. Córdoba es un perfecto ejemplo de cómo el poder político apuesta a reforzar la relación entre mafias y fuerzas de seguridad, que son las que generan inseguridad”.
Los testimonios coinciden en el diagnóstico: si los robos y saqueos fueron organizados, y no provinieron de la desesperación social, en Córdoba habitan organizaciones criminales interesadas en generar una situación de caos, lo que en la noche del martes se materializó. Pero el horror podría haber sido mucho peor si, como se reclamó tardíamente desde la provincia, la Gendarmería hubiese irrumpido a sangre y fuego para conjurar la situación.
La ausencia de fuerzas federales fue otro de los argumentos que De la Sota utilizó para exculparse frente a las esquirlas de una ciudad ardiente. En este caso, la tarea de victimización incluyó imágenes patéticas, como el tuit que el mandatario envió cerca de las tres de la mañana reclamando que los gendarmes repusieran el orden en su provincia. Por cierto, la ley de seguridad interior prevé condiciones y mecanismos formales para reclamar este tipo de asistencias –el Twitter no está contemplado como opción–, pero lo más llamativo fue la contradicción entre el gobernador y su ministra Monteoliva, quien cerca de las 10.30 de la noche del martes había descartado convocar a la Gendarmería para resolver la seguridad local.
Frente a las idas y vueltas del gobernador y sus subordinados, el gobierno nacional se mantuvo en silencio mientras los tiros resonaban en las calles de La Docta. Recién en la mañana del miércoles, el secretario de seguridad Sergio Berni ordenó el traslado de dos mil efectivos a la provincia, cuando lo peor ya había quedado atrás. El kirchnerismo podía argumentar, con razón, que la gestión De la Sota había actuado con payasesca impericia frente a la crisis al utilizar una red social para pedir lo que pocas horas antes había negado, pero eso no amortiguó el enojo de muchos vecinos que se sintieron abandonados por el Ejecutivo nacional frente a la incapacidad de la provincia para hacerse cargo de la situación. En la Argentina, un país federal con pensamiento unitario, la transferencia de culpas y responsabilidades al gobierno central es un deporte que muchos gobernadores practican con eficacia para descargar el costo político en la Nación. Y De la Sota, en ese deporte, es un crack.
Fuente:Veintitres
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