por Entrevista a Vicent Mauri
Martes, 10 de Diciembre de 2013
Hablamos con Vicent Mauri, portavoz de la Intersindical Valenciana, sobre RTVV y la situación en el País Valencià. [TAMBÉ EN CATALÀ]
¿En qué punto se encuentra la situación del ERE en RTVV?
El día 21 de octubre empezó el juicio por el ERE. Desde el primer día CCOO, CGT, UGT y la Intersindical pidieron la nulidad porque estaba claro que era un ERE con intenciones políticas: hacer negocio a costa de una empresa pública, poner en manos privadas gran parte de la producción para que empresas afines al PP se encargaran. En este caso contrasta la prisa que tuvo el gobierno valenciano para aprobarlo con el lento goteo de despidos durante un año.
¿Podrías explicar cuál ha sido la posición de la Intersindical en el conflicto?
Ha sido una posición de firmeza ante un ERE injustificado desde un punto de vista legal, no hemos querido participar en la estrategia neoliberal del PP. Pero creemos que la sociedad valenciana en conjunto no ha apostado por un proyecto así y no ha habido movilizaciones masivas de defensa de una herramienta fundamental para la información, el entretenimiento y la normalización lingüística. El apoyo masivo se ha visto para educación y sanidad, pero no para RTVV.
¿En qué medida crees que las luchas han afectado al gobierno valenciano?
Al gobierno valenciano le están afectando todas las luchas. Eso demuestra que las luchas y las huelgas sirven. Es posible que los frutos no sean inmediatos, pero a medio y largo plazo aunque sean luchas de resistencia, afectarán al gobierno y conseguirán sus objetivos.
¿En qué otros conflictos laborales ha participado la Intersindical?
Participamos en las luchas de educación, que es uno de los conflictos periódicos en el País Valencià. Además, estamos implicados en el sector del transporte público con representación en la EMT (empresa de autobuses urbanos), Renfe-Adif y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Como sindicato queremos tener incidencia también en el mundo sociopolítico, no sólo laboral, por eso trabajamos con los movimientos sociales del territorio valenciano: la PAH, Ca Revolta o la Plataforma Totes Juntes.
¿Qué diferencia hay entre la estrategia de la Intersindical y la de otros sindicatos?
La primera es el funcionamiento: somos un sindicato participativo y asambleario. La segunda cuestión es que creemos que la época del diálogo social está superada, especialmente desde que Zapatero aprobó el primer paquete de ajustes en mayo de 2010. Lo que queda es la política de la confrontación, que no quiere decir que no se pueda llegar a acuerdos puntuales o sectoriales. La tercera es que apostamos por la confluencia del movimiento sindical con los movimientos sociales.
¿Qué te parece la posibilidad de un tripartito en el gobierno de la Generalitat?
Consideramos que es necesario echar al PP del gobierno valenciano. Dicho esto, no queremos otro gobierno que haga las mismas políticas neolibrales. Por eso, cambio de gobierno, sí; pero también cambio de políticas.
¿A qué crees que se debe este cambio histórico que podría acabar con más de 20 años de gobierno del PP?
En el País Valencià hay asco por lo que está pasando. La sociedad valenciana ha visto que lo que se vendía como una sociedad líder en Europa y el mundo era falso. Además está la corrupción. Todo ha hecho que incluso los empresarios y grupos de presión fieles al PP se cuestionen si su política les satisface. Seguimos al frente de todas las encuestas negativas del Estado y la gente se ha cansado.
Entrevista realizada por Adelina Cabrera (@oh_adelain) y publicada en el Periódico En lucha / Diari En lluita
Madrid: Nuevo 'Rodea el Congreso' este sábado contra la 'Ley Mordaza'
La Coordinadora 25-S asegura que "las leyes y la represión no frenaran el clamor popular en contra de la corrupción, los recortes y y la involución democrática"
Miles de personas rodean el Congreso en la última convocatoria.- EFE
LUIS GIMÉNEZ SAN MIGUEL -Madrid 12/12/2013
Galicia:
Éxito doble en la protesta por la sanidad gallega
La segunda jornada de huelga aumenta su incidencia, mientras que decenas miles de personas se manifiestan en las principales ciudades contra los recortes y privatizaciones
Manifestación a favor de la sanidad pública en Santiago de Compostela. EFE
VÍCTOR HONORATO -Vigo 10/12/2013
Gordillo declara ante el TSJA por los sucesos del Mercadona en agosto de 2012
por Kaos. Andalucía
Martes, 10 de Diciembre de 2013
En torno a las 10 de la mañana, Juán Manuel Sánchez Gordillo llegaba al TSJ acompañado de la Permanente Nacional del SAT, acudiendo a la citación del juzgado.
En esta ocasión, el histórico militante y dirigente del SAT estaba citado a declarar por su participación en la expropiación de alimentos llevada a cabo el pasado verano en el Mercadona de Écija, y por una supuesta desviación de fondos municipales del Ayuntamiento de Marinaleda para contratar autobuses destinados a apoyar las luchas del sindicato.
Gordillo ha negado su participación directa en lo primero, y se ha acogido a su derecho a no declarar en lo segundo. Cañameros y otros miembros del SAT le han mostrado su apoyo a las puertas del tribunal. Es la segunda vez en menos de un mes, y la cuarta en pocos meses, que Gordillo tiene que visitar Granada para declarar ante el TSJA, por las diversas causas abiertas contra él y otros militantes del sindicato.
Recientemente, Gordillo fue condenado, junto a Cañamero y dos personas más, a varios meses de cárcel por haber ejercido su legítimo derecho a la protesta social en el caso de la ocupación de "Las Turquilllas".
Por desgracia, no será la última vez que tenga que visitar Granada, aunque esperemos que esa sí fuese la última condena. Gordillo ya fue absuelto también, hace unos meses, de un delito contra los derechos de los trabajadores, por su participación en un piquete sindical durante una huelga.
La represión y persecución de los poderes establecidos contra el SAT sigue su curso, pero la lucha del sindicato, también.
La noticia en Agencias:
El parlamentario andaluz de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo ha declarado este martes ante el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que investiga su presunta participación en el asalto a un supermercado de Écija (Sevilla), el 7 agosto de 2012, que él no participó en estos hechos porque "no llegó a estar" en el interior del establecimiento pues "llegó tarde".
Sánchez Gordillo también ha sido citado a declarar este martes por los hechos que se investigan respecto a una supuesta desviación de fondos municipales del Ayuntamiento de Marinaleda (Sevilla), pueblo del que es alcalde, para pagar el transporte a unos particulares a fin de que participaran en actos del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), aunque en este caso se ha acogido a su derecho a no declarar.
Este último asunto fue denunciado por un concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Marinaleda ante la Fiscalía, que presentó a su vez una denuncia ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, donde ha sido citado a declarar Sánchez Gordillo por su condición de aforado. Posteriormente, se personó como acusación particular en la causa el sindicato Manos Limpias.
Por su parte, en la causa abierta sobre la sustracción de alimentos en el supermercado hay imputadas, además de Sánchez Gordillo, otras veinte personas más, de las cuales 19 ya han declarado ante el Juzgado de Écija que ha llevado la causa hasta el momento, mientras que otra persona está en busca y captura tras no prestar declaración, según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
A las puertas del TJSA, con sede en Granada, Sánchez Gordillo ha señalado a los periodistas que "ninguno de los dos casos tiene mucho sentido", puesto que, en lo referente al asalto del supermercado de Écija él no llegó a entrar y se quedó a unos metros de la puerta del establecimiento.
Respecto al segundo caso, el alcalde de Marinaleda ha defendido que este municipio "es conocido por su acción pública" y por tanto "ponemos todos los medios al servicio de los ciudadanos, pero desde luego no al servicio de ningún sindicato en particular", motivos todos ellos por los que se ha acogido a su derecho a no declarar.
"Nuestra firmeza se va a mantener ahí y nos vamos a mantener en la misma dirección que estamos, luchando desde la no violencia activa por conseguir que haya un poco de justicia y que se respeten los derechos humanos", ha subrayado Sánchez Gordillo, que ha estado acompañado a la puerta del Alto Tribunal Andaluz por el secretario general del SAT, Diego Cañamero.
A juicio de este último, estas causas lo que buscan es "la inhabilitación" de Sánchez Gordillo porque "no quieren que siga como alcalde ni como parlamentario" por ser "disidente", porque "protesta y no solamente utiliza las calles sino también las instituciones para llevar el mensaje del pueblo".
"Esperamos que los jueces y fiscales no atiendan tanto las llamadas políticas" para que "acusen a este sindicato" porque "no es normal que nos pidan 300 años de cárcel y tengamos 800 imputados", ha señalado Cañamero en relación a las distintas causas existentes, al tiempo que ha acusado al Gobierno de "intentar acallar las voces de los que estamos luchando contra la injusticia".
A su entender, el Gobierno está utilizando para este objetivo "todos los medios a su alcance", entre ellos, ha dicho, "el poder judicial pese a que tiene que ser independiente", y la Ley de Seguridad Ciudadana, que a su modo de ver está pensada para "reprimir" los movimientos sociales, sindicatos alternativos y el propio SAT.
Los trabajadores de alumbrado público de Madrid inician la huelga indefinida
En los próximos días se irán adhiriendo al paro los empleados de mantenimiento de fuentes ornamentales, semáforos y M-30 para exigir el mantenimiento de sus puestos de trabajo
Trabajadores del alumbrado público durante una concentración frente al Ayuntamiento de madrid para exigir que se mantengan sus puestos de trabajo con el nuevo contrato integral del servicio.-
JAIRO VARGAS -Madrid 12/12/2013
Así baja Rajoy el paro: 260.000 personas dejaron España en el primer semestre de 2013De los que se fueron, 40.000 son españoles. El saldo migratorio negativo (diferencia entre los que se van y los que llegan al país) es de 124.915 personas, un 50% más que el del semestre anterior. España sigue perdiendo población: en los seis primeros meses bajó en 118.238 personas.
PÚBLICO / AGENCIAS- Madrid 10/12/2013
por Nerja Limpia
Martes, 10 de Diciembre de 2013
El 1 de marzo de 1974, José Utrera Molina, siendo secretario general del Movimiento, firmó la sentencia a muerte de Salvador Puig Antich con garrote vil, Franco dio el "enterado" y todo el Consejo de Ministros lo aprobó.
En la lista de imputados de la “querella argentina” figuran Juan Antonio González Pacheco, de 67 años (alias Billy el Niño), José Ignacio Giralte González, de 71, Celso Galván Abascal, de 77 años, y Jesús Muñecas Aguilar, de 74, acusados todos de tortura, un delito tipificado en el Código Penal argentino, y que prevé penas de 8 a 25 años.
Los siguientes en la lista de imputación solicitada por los querellantes son el ex ministro de Interior Rodolfo Martín Villa; el exministro franquista José Utrera Molina; el exministro de Trabajo Fernando Suárez; y los exjueces Jesús Cejas Mohedano y Rafael Gómez Chaparro.
Es por ello que se solicitó que se “acuerde la competencia de este Juzgado y la continuación de la instrucción, cite a declarar a D. José Utrera Molina en su condición de presunto corresponsable de la ejecución a garrote vil de don Salvador Puig Antich, ciudadano español de convicciones republicanas, el día 2 de Marzo de 1974”.
Envío:Amarelle
¿Podrías explicar cuál ha sido la posición de la Intersindical en el conflicto?
Ha sido una posición de firmeza ante un ERE injustificado desde un punto de vista legal, no hemos querido participar en la estrategia neoliberal del PP. Pero creemos que la sociedad valenciana en conjunto no ha apostado por un proyecto así y no ha habido movilizaciones masivas de defensa de una herramienta fundamental para la información, el entretenimiento y la normalización lingüística. El apoyo masivo se ha visto para educación y sanidad, pero no para RTVV.
¿En qué medida crees que las luchas han afectado al gobierno valenciano?
Al gobierno valenciano le están afectando todas las luchas. Eso demuestra que las luchas y las huelgas sirven. Es posible que los frutos no sean inmediatos, pero a medio y largo plazo aunque sean luchas de resistencia, afectarán al gobierno y conseguirán sus objetivos.
¿En qué otros conflictos laborales ha participado la Intersindical?
Participamos en las luchas de educación, que es uno de los conflictos periódicos en el País Valencià. Además, estamos implicados en el sector del transporte público con representación en la EMT (empresa de autobuses urbanos), Renfe-Adif y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Como sindicato queremos tener incidencia también en el mundo sociopolítico, no sólo laboral, por eso trabajamos con los movimientos sociales del territorio valenciano: la PAH, Ca Revolta o la Plataforma Totes Juntes.
¿Qué diferencia hay entre la estrategia de la Intersindical y la de otros sindicatos?
La primera es el funcionamiento: somos un sindicato participativo y asambleario. La segunda cuestión es que creemos que la época del diálogo social está superada, especialmente desde que Zapatero aprobó el primer paquete de ajustes en mayo de 2010. Lo que queda es la política de la confrontación, que no quiere decir que no se pueda llegar a acuerdos puntuales o sectoriales. La tercera es que apostamos por la confluencia del movimiento sindical con los movimientos sociales.
¿Qué te parece la posibilidad de un tripartito en el gobierno de la Generalitat?
Consideramos que es necesario echar al PP del gobierno valenciano. Dicho esto, no queremos otro gobierno que haga las mismas políticas neolibrales. Por eso, cambio de gobierno, sí; pero también cambio de políticas.
¿A qué crees que se debe este cambio histórico que podría acabar con más de 20 años de gobierno del PP?
En el País Valencià hay asco por lo que está pasando. La sociedad valenciana ha visto que lo que se vendía como una sociedad líder en Europa y el mundo era falso. Además está la corrupción. Todo ha hecho que incluso los empresarios y grupos de presión fieles al PP se cuestionen si su política les satisface. Seguimos al frente de todas las encuestas negativas del Estado y la gente se ha cansado.
Entrevista realizada por Adelina Cabrera (@oh_adelain) y publicada en el Periódico En lucha / Diari En lluita
Madrid: Nuevo 'Rodea el Congreso' este sábado contra la 'Ley Mordaza'
La Coordinadora 25-S asegura que "las leyes y la represión no frenaran el clamor popular en contra de la corrupción, los recortes y y la involución democrática"
LUIS GIMÉNEZ SAN MIGUEL -Madrid 12/12/2013
Antes de que el Partido Popular apruebe en el Congreso de los Diputados su nueva Ley de Seguridad Ciudadana, la ya bautizada como ley Mordaza, y mientras los grupos parlamentarios presentan sus enmiendas, los movimientos sociales harán su propia enmienda a la totalidad protestando en los aledaños del hemiciclo. La Coordinadora 25-S ha convocado un nuevo "rodea el Congreso" para este sábado 14 de diciembre a las 19.00 horas en la ya emblemática Plaza de Neptuno. El lema de esta nueva movilización es "Contra la Ley de Represión Ciudadana, ¡no pasarán!".
Si se aprueba la ley tal y como está escrita en el anteproyecto presentado al Consejo de Ministros, el simple hecho de acudir pacíficamente a esta movilización podría ser multado con hasta 30.000 euros. Si hay desórdenes considerados "muy graves", la multa puede llegar a los 600.000, hasta 30.000 sin son "graves".
Si además hay "ultrajes a España" podrán caer otros 30.000 euros de multa, mientras que retirar las vallas que están en los alrededores del Congreso podrá sancionarse con hasta 1.000 euros. Además, siempre están los delitos de los que acusa la Policía a los detenidos y que van por el código penal, como atentado contra la autoridad. Sin embargo, muy raramente los jueces resuelven a favor de las acusaciones policiales en estos casos.
"Es necesaria una respuesta a esta ley desde la calle, que es de donde nos quieren echar" "Entendemos que es necesaria una respuesta a esta ley desde la calle, que es precisamente de donde nos quieren echar. Y el sitio que más les molesta, el sitio donde va a tramitarse la ley, es el Congreso. Allí vamos a romper la barrera del miedo que quieren imponernos". Así, contundentemente, lo asegura Elena Martínez, una de las portavoces de la Coordinadora. Pese a que la convocatoria es explícitamente "pacífica", según fuentes policiales, ese día habrá entre 1.400 y 1.500 agentes antidisturbios desplegados ante el Congreso, un despliegue similar al de anteriores citas en ese lugar.
Confían en que esta convocatoria sea mayor que la última que lanzó la Coordinadora 25-S, el Jaque al Rey. Sin embargo, "más allá de la gente que acuda ese día, esta reivindicación tiene un apoyo mucho más grade, muchos que no estarán allí apoyan que salgamos a la calle a combatir esta ley", añade Martínez en declaraciones a Público. Además, explica que desde su plataforma han enviado un carta a los distintos grupos parlamentarios para "pedirles que muestren su rechazo a esta involución fascista y hagan lo que tengan que hacer para evitar que se tramite la ley".
Esta movilización contra la Ley de Seguridad Ciudadana llega justo dos semanas después de unos sucesos que sacudieron a los movimientos sociales de Madrid: la detención de 30 personas vinculadas a movimientos y colectivos de izquierda, antifascistas y feministas. 19 de ellos fueron arrestados por la Brigada Provincial de Información de improvisto acusadas de haber participado en la macha antifascista del 20-N en la Universidad Complutense. Luego, a tres detenidas les informaron que los cargos eran por haber participado en la protesta feminista de la marcha antiabortista, en una estrategia policial de tratar de confundir y distorsionar la información. Además, los abogados ya tienen las pruebas de que varios detenidos no estaban en la Universidad el día en el que ocurrieron los hechos. Pocas horas después de que concluyeran estos arrestos, tres centenares de personas se concentraron frente a la comisaría de Moratalaz para pedir su libertad en una concentración que fue disuelta mediante cargas policiales que se cobraron otros 11 detenidos.
Con la nueva ley acudir pacíficamente a esta movilización podría ser multado con hasta 30.000 euros.
Al día siguiente, la Coordinadora 25-S había convocado una protesta contra la Ley Mordaza frente a la sede del PP de la calle Génova, que se convirtió también en una repulsa por las detenciones, puesto que algunos de sus miembros habían sido detenidos en día anterior. Desde allí marcharon hasta los Juzgados de Plaza Castilla, donde justo a otros concentrados esperaron a la puesta en libertad de los detenidos.
Las detenciones y la tramitación de la ley han dado más motivos a los movimientos para salir este sábado y han cosechado amplios apoyos entre otros colectivos y organizaciones. Así, la Marea Ciudadana, algunos espacios de Izquierda Unida, como IU de Madrid Centro y el PCE, Izquierda Anticapitalista, la Oficina de Vivienda, Democracia Real Ya!, Izquierda Castellana y buen número de asambleas populares del 15-M, entre otros, se han sumado a la convocatoria.
En la mañana de este jueves varios portavoces de la coordinadora 25-S han hecho el llamamiento a la movilización en una rueda de prensa celebrada frente al mismo Congreso de los Diputados. Entre ellos estaba Antonio Torre, desde su silla de ruedas, que tiene una orden judicial de ingreso en prisión por las acciones contra los parquímetros que instaló en Madrid el entonces alcalde y hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
"El Gobierno endurece la ley para que no salgamos a la calle y la mayoría de los medios de comunicación criminalizan nuestra lucha", asegura Elena Martínez. Pero están resignados a seguir adelante. "Ninguna medida, por dura que sea, va a parar la respuesta social". Es verdad que las cargas, las detenciones y las multas causan miedo entre la mayoría de los ciudadanos, pero "hay que superarlo colectivamente, buscar formas imaginativas de desobediencia civil, apoyarnos frente a la represión". Y añade: "Esto es una guerra generalizada contra toda la población. Ésta es una ley anticiudadanía y antidemocracia y hay que romperla".
Si se aprueba la ley tal y como está escrita en el anteproyecto presentado al Consejo de Ministros, el simple hecho de acudir pacíficamente a esta movilización podría ser multado con hasta 30.000 euros. Si hay desórdenes considerados "muy graves", la multa puede llegar a los 600.000, hasta 30.000 sin son "graves".
Si además hay "ultrajes a España" podrán caer otros 30.000 euros de multa, mientras que retirar las vallas que están en los alrededores del Congreso podrá sancionarse con hasta 1.000 euros. Además, siempre están los delitos de los que acusa la Policía a los detenidos y que van por el código penal, como atentado contra la autoridad. Sin embargo, muy raramente los jueces resuelven a favor de las acusaciones policiales en estos casos.
"Es necesaria una respuesta a esta ley desde la calle, que es de donde nos quieren echar" "Entendemos que es necesaria una respuesta a esta ley desde la calle, que es precisamente de donde nos quieren echar. Y el sitio que más les molesta, el sitio donde va a tramitarse la ley, es el Congreso. Allí vamos a romper la barrera del miedo que quieren imponernos". Así, contundentemente, lo asegura Elena Martínez, una de las portavoces de la Coordinadora. Pese a que la convocatoria es explícitamente "pacífica", según fuentes policiales, ese día habrá entre 1.400 y 1.500 agentes antidisturbios desplegados ante el Congreso, un despliegue similar al de anteriores citas en ese lugar.
Confían en que esta convocatoria sea mayor que la última que lanzó la Coordinadora 25-S, el Jaque al Rey. Sin embargo, "más allá de la gente que acuda ese día, esta reivindicación tiene un apoyo mucho más grade, muchos que no estarán allí apoyan que salgamos a la calle a combatir esta ley", añade Martínez en declaraciones a Público. Además, explica que desde su plataforma han enviado un carta a los distintos grupos parlamentarios para "pedirles que muestren su rechazo a esta involución fascista y hagan lo que tengan que hacer para evitar que se tramite la ley".
Esta movilización contra la Ley de Seguridad Ciudadana llega justo dos semanas después de unos sucesos que sacudieron a los movimientos sociales de Madrid: la detención de 30 personas vinculadas a movimientos y colectivos de izquierda, antifascistas y feministas. 19 de ellos fueron arrestados por la Brigada Provincial de Información de improvisto acusadas de haber participado en la macha antifascista del 20-N en la Universidad Complutense. Luego, a tres detenidas les informaron que los cargos eran por haber participado en la protesta feminista de la marcha antiabortista, en una estrategia policial de tratar de confundir y distorsionar la información. Además, los abogados ya tienen las pruebas de que varios detenidos no estaban en la Universidad el día en el que ocurrieron los hechos. Pocas horas después de que concluyeran estos arrestos, tres centenares de personas se concentraron frente a la comisaría de Moratalaz para pedir su libertad en una concentración que fue disuelta mediante cargas policiales que se cobraron otros 11 detenidos.
Con la nueva ley acudir pacíficamente a esta movilización podría ser multado con hasta 30.000 euros.
Al día siguiente, la Coordinadora 25-S había convocado una protesta contra la Ley Mordaza frente a la sede del PP de la calle Génova, que se convirtió también en una repulsa por las detenciones, puesto que algunos de sus miembros habían sido detenidos en día anterior. Desde allí marcharon hasta los Juzgados de Plaza Castilla, donde justo a otros concentrados esperaron a la puesta en libertad de los detenidos.
Las detenciones y la tramitación de la ley han dado más motivos a los movimientos para salir este sábado y han cosechado amplios apoyos entre otros colectivos y organizaciones. Así, la Marea Ciudadana, algunos espacios de Izquierda Unida, como IU de Madrid Centro y el PCE, Izquierda Anticapitalista, la Oficina de Vivienda, Democracia Real Ya!, Izquierda Castellana y buen número de asambleas populares del 15-M, entre otros, se han sumado a la convocatoria.
En la mañana de este jueves varios portavoces de la coordinadora 25-S han hecho el llamamiento a la movilización en una rueda de prensa celebrada frente al mismo Congreso de los Diputados. Entre ellos estaba Antonio Torre, desde su silla de ruedas, que tiene una orden judicial de ingreso en prisión por las acciones contra los parquímetros que instaló en Madrid el entonces alcalde y hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
"El Gobierno endurece la ley para que no salgamos a la calle y la mayoría de los medios de comunicación criminalizan nuestra lucha", asegura Elena Martínez. Pero están resignados a seguir adelante. "Ninguna medida, por dura que sea, va a parar la respuesta social". Es verdad que las cargas, las detenciones y las multas causan miedo entre la mayoría de los ciudadanos, pero "hay que superarlo colectivamente, buscar formas imaginativas de desobediencia civil, apoyarnos frente a la represión". Y añade: "Esto es una guerra generalizada contra toda la población. Ésta es una ley anticiudadanía y antidemocracia y hay que romperla".
Galicia:
Éxito doble en la protesta por la sanidad gallega
La segunda jornada de huelga aumenta su incidencia, mientras que decenas miles de personas se manifiestan en las principales ciudades contra los recortes y privatizaciones
VÍCTOR HONORATO -Vigo 10/12/2013
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En la puerta del Hospital Xeral de Vigo empiezan a apiñarse los vecinos un cuarto de hora antes de las 20 horas. En una esquina de la puerta del servicio de Urgencias dos enfermeras fuman un cigarrillo mientras miran a los manifestantes que un rato después empezarán a marchar por las calles de la ciudad, igual que en otras 13 localidades gallegas -las siete ciudades y las villas con hospital.
Las mujeres, de bata blanca, están cubriendo los servicios mínimos, que en Urgencias rondan el 100%, y su turno no termina hasta las 22.00, así que no asistirán a la marcha. De poder, lo harían. "La gente está muy quemada", dice una, y espira el humo. Decenas de miles de manifestantes desfilaron por las ciudades gallegas mostrando que comparten el sentimiento, 40.000 solo en Vigo, según la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública
Las trabajadoras enumeran durante su pausa algunos de los recortes con los que se han venido enfrentando en los últimos tiempos, que dan la medida del enfado acumulado entre los profesionales públicos del sector.
"El material que tenemos no es malo, es peor, ni el de las curas vale", dice una. "Y el personal una mierda. El otro día estaba de Urgencias y tuve que subir a planta porque estaban dos enfermeras para 37 camas", añade la otra. La lista de agravios sigue con menciones al descenso en la calidad de los fármacos, incluso para los tratamientos de cáncer, y el detalle del día: los jefes mandan que se realicen traslados de enfermos a pesar de que se estén cubriendo solo servicios esenciales. "No sigo que me caliento", termina. El caso del hospital Xeral, integrado en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), es paradigmático. Tras 50 años de servicio, la construcción del centro que lo sustituiría se viene demorando por los problemas de financiación de la obra, que en un principio se iba a construir con capital público antes de que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo decidiese optar por dar entrada al sector privado.
"La actitud de los pacientes ha sido ejemplar"
La segunda jornada de huelga volvió a ser un éxito, con porcentajes de seguimiento superiores al 80% entre los facultativos, llegándose al 90% en algunas áreas, según los datos del sindicato corporativo de los médicos Cesm-Galicia que ofrece su presidente, Cándido Andión. "Que sepamos no ha habido incidencias, y la actitud de los pacientes ha sido ejemplar", indica. La reacción de la Xunta ha sido la de restar relevancia a la convocatoria y rebajar las cifras de seguimiento, que fijó en el 22% para el turno de mañana y en el 23% para el de la tarde, en un cálculo que no descuenta al personal que está cubriendo servicios mínimos, que se fijaron en torno al 40% de media, para escándalo de los sindicatos. Aún con esta salvedad, el porcentaje de asistencia fue mayor que el ofrecido el lunes.
"Pueden decir que somos exagerados y que vemos peligro donde no lo hay, pero hay evidencias de que hay un proceso de privatización larvada", insiste Andión. "Es una situación inédita y ha quedado clara la voluntad de la gente de oponerse a este proceso", señala por su parte Manuel Martín, presidente de la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública. La concienciación entre los médicos, el sector tradicionalmente más reticente a la movilización, sorprende hasta a los propios. "No recuerdo una huelga a la que fuesen tantos", señala un facultativo con más de 20 años de trayectoria en un hospital público de Pontevedra.
En las calles de Vigo se repitió el griterío habitual de las manifestaciones contra los recortes, a pesar del frío y la noche. Se corearon consignas contra el PP como "Esto nos pasa por un Gobierno facha" o "¿La culpa de quién es? De los que votan al PP", aunque lo más repetido fue el "No, no no, a la privatización". Al frente, la cabecera portaba una pancarta con el lema "Por la sanidad pública. Que no hagan negocio con tu salud". El paseo continuó animado con comentarios ocasionales entre los participantes, alguno más exaltado que otros. "Lo que habría que hacer es como en Ucrania, coger todos y...", propuso un joven con gorro a sus compañeros, al tiempo que braceaba en el aire. Tras discurrir por la Gran Vía y la Calle Urzaiz, la manifestación desembocó en la Puerta del Sol viguesa.
"Esto no es una huelga política, es una huelga contra las políticas sectarias del PP", concluye Manuel Moreira, portavoz local del sindicato CIG-Saúde. Ahora toca esperar a la reacción de la Xunta, y ante la posibilidad de que el Gobierno gallego no atienda a las señales que llegan desde la calle, Andión avisa: "Allá ellos. Si creen que esto se va a quedar aquí, se van a llevar una sorpresa", adelanta.
Las mujeres, de bata blanca, están cubriendo los servicios mínimos, que en Urgencias rondan el 100%, y su turno no termina hasta las 22.00, así que no asistirán a la marcha. De poder, lo harían. "La gente está muy quemada", dice una, y espira el humo. Decenas de miles de manifestantes desfilaron por las ciudades gallegas mostrando que comparten el sentimiento, 40.000 solo en Vigo, según la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública
Las trabajadoras enumeran durante su pausa algunos de los recortes con los que se han venido enfrentando en los últimos tiempos, que dan la medida del enfado acumulado entre los profesionales públicos del sector.
"El material que tenemos no es malo, es peor, ni el de las curas vale", dice una. "Y el personal una mierda. El otro día estaba de Urgencias y tuve que subir a planta porque estaban dos enfermeras para 37 camas", añade la otra. La lista de agravios sigue con menciones al descenso en la calidad de los fármacos, incluso para los tratamientos de cáncer, y el detalle del día: los jefes mandan que se realicen traslados de enfermos a pesar de que se estén cubriendo solo servicios esenciales. "No sigo que me caliento", termina. El caso del hospital Xeral, integrado en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), es paradigmático. Tras 50 años de servicio, la construcción del centro que lo sustituiría se viene demorando por los problemas de financiación de la obra, que en un principio se iba a construir con capital público antes de que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo decidiese optar por dar entrada al sector privado.
"La actitud de los pacientes ha sido ejemplar"
La segunda jornada de huelga volvió a ser un éxito, con porcentajes de seguimiento superiores al 80% entre los facultativos, llegándose al 90% en algunas áreas, según los datos del sindicato corporativo de los médicos Cesm-Galicia que ofrece su presidente, Cándido Andión. "Que sepamos no ha habido incidencias, y la actitud de los pacientes ha sido ejemplar", indica. La reacción de la Xunta ha sido la de restar relevancia a la convocatoria y rebajar las cifras de seguimiento, que fijó en el 22% para el turno de mañana y en el 23% para el de la tarde, en un cálculo que no descuenta al personal que está cubriendo servicios mínimos, que se fijaron en torno al 40% de media, para escándalo de los sindicatos. Aún con esta salvedad, el porcentaje de asistencia fue mayor que el ofrecido el lunes.
"Pueden decir que somos exagerados y que vemos peligro donde no lo hay, pero hay evidencias de que hay un proceso de privatización larvada", insiste Andión. "Es una situación inédita y ha quedado clara la voluntad de la gente de oponerse a este proceso", señala por su parte Manuel Martín, presidente de la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública. La concienciación entre los médicos, el sector tradicionalmente más reticente a la movilización, sorprende hasta a los propios. "No recuerdo una huelga a la que fuesen tantos", señala un facultativo con más de 20 años de trayectoria en un hospital público de Pontevedra.
En las calles de Vigo se repitió el griterío habitual de las manifestaciones contra los recortes, a pesar del frío y la noche. Se corearon consignas contra el PP como "Esto nos pasa por un Gobierno facha" o "¿La culpa de quién es? De los que votan al PP", aunque lo más repetido fue el "No, no no, a la privatización". Al frente, la cabecera portaba una pancarta con el lema "Por la sanidad pública. Que no hagan negocio con tu salud". El paseo continuó animado con comentarios ocasionales entre los participantes, alguno más exaltado que otros. "Lo que habría que hacer es como en Ucrania, coger todos y...", propuso un joven con gorro a sus compañeros, al tiempo que braceaba en el aire. Tras discurrir por la Gran Vía y la Calle Urzaiz, la manifestación desembocó en la Puerta del Sol viguesa.
"Esto no es una huelga política, es una huelga contra las políticas sectarias del PP", concluye Manuel Moreira, portavoz local del sindicato CIG-Saúde. Ahora toca esperar a la reacción de la Xunta, y ante la posibilidad de que el Gobierno gallego no atienda a las señales que llegan desde la calle, Andión avisa: "Allá ellos. Si creen que esto se va a quedar aquí, se van a llevar una sorpresa", adelanta.
La Unión Local del SAT-Chiclana ocupó el domingo 8 de Diciembre la salina de Carboneros, un espacio público abandonado por la administración con una variedad y riqueza de recursos incalculable (salina, esteros para cría de pescado y marisco, cultivo de algas para cosmética y alimentación, restauración, turismo ecológico, etc.).El único mantenimiento que este espacio tiene es el trabajo de esos recursos. Con este acto reivindicativo, el SAT de Chiclana conmemoró el 4-D, Día Nacional de Andalucía, al tiempo que exigía la cesión de los recursos naturales para que el pueblo pueda trabajarlos en cooperativas. Con el objetivo de la soberanía que nuestro pueblo tiene que tener para gestionar sus propios recursos y decidir por sí mismo, esta unión local dió un salto cualitativo (es la primera vez que se ocupa) y a nivel nacional (se pasa del campo al litoral).
El acto fue apoyado por varios colectivos de la ciudad como CUT-BAI, Plataforma de Parados, Asociación Ecologista La Toniza, Jaleo, Andalucía Comunista, Asociación de Afectados por las Hipotecas, etc. Tras la lectura de breves comunicados por las diferentes organizaciones, el SAT de Chiclana expuso los objetivos que se marcaba con esta acción terminando con el himno de Andalucía y un VIVA ANDALUCIA LIBRE Y SOBERANA.
El acto fue apoyado por varios colectivos de la ciudad como CUT-BAI, Plataforma de Parados, Asociación Ecologista La Toniza, Jaleo, Andalucía Comunista, Asociación de Afectados por las Hipotecas, etc. Tras la lectura de breves comunicados por las diferentes organizaciones, el SAT de Chiclana expuso los objetivos que se marcaba con esta acción terminando con el himno de Andalucía y un VIVA ANDALUCIA LIBRE Y SOBERANA.
Gordillo declara ante el TSJA por los sucesos del Mercadona en agosto de 2012
Martes, 10 de Diciembre de 2013
Sánchez Gordillo también ha sido citado a declarar por los hechos que se investigan respecto a una supuesta desviación de fondos municipales del Ayuntamiento de Marinaleda (Sevilla), pueblo del que es alcalde, para pagar el transporte a unos particulares a fin de que participaran en actos del SAT.
En torno a las 10 de la mañana, Juán Manuel Sánchez Gordillo llegaba al TSJ acompañado de la Permanente Nacional del SAT, acudiendo a la citación del juzgado.
En esta ocasión, el histórico militante y dirigente del SAT estaba citado a declarar por su participación en la expropiación de alimentos llevada a cabo el pasado verano en el Mercadona de Écija, y por una supuesta desviación de fondos municipales del Ayuntamiento de Marinaleda para contratar autobuses destinados a apoyar las luchas del sindicato.
Gordillo ha negado su participación directa en lo primero, y se ha acogido a su derecho a no declarar en lo segundo. Cañameros y otros miembros del SAT le han mostrado su apoyo a las puertas del tribunal. Es la segunda vez en menos de un mes, y la cuarta en pocos meses, que Gordillo tiene que visitar Granada para declarar ante el TSJA, por las diversas causas abiertas contra él y otros militantes del sindicato.
Recientemente, Gordillo fue condenado, junto a Cañamero y dos personas más, a varios meses de cárcel por haber ejercido su legítimo derecho a la protesta social en el caso de la ocupación de "Las Turquilllas".
Por desgracia, no será la última vez que tenga que visitar Granada, aunque esperemos que esa sí fuese la última condena. Gordillo ya fue absuelto también, hace unos meses, de un delito contra los derechos de los trabajadores, por su participación en un piquete sindical durante una huelga.
La represión y persecución de los poderes establecidos contra el SAT sigue su curso, pero la lucha del sindicato, también.
La noticia en Agencias:
El parlamentario andaluz de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo ha declarado este martes ante el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que investiga su presunta participación en el asalto a un supermercado de Écija (Sevilla), el 7 agosto de 2012, que él no participó en estos hechos porque "no llegó a estar" en el interior del establecimiento pues "llegó tarde".
Sánchez Gordillo también ha sido citado a declarar este martes por los hechos que se investigan respecto a una supuesta desviación de fondos municipales del Ayuntamiento de Marinaleda (Sevilla), pueblo del que es alcalde, para pagar el transporte a unos particulares a fin de que participaran en actos del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), aunque en este caso se ha acogido a su derecho a no declarar.
Este último asunto fue denunciado por un concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Marinaleda ante la Fiscalía, que presentó a su vez una denuncia ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, donde ha sido citado a declarar Sánchez Gordillo por su condición de aforado. Posteriormente, se personó como acusación particular en la causa el sindicato Manos Limpias.
Por su parte, en la causa abierta sobre la sustracción de alimentos en el supermercado hay imputadas, además de Sánchez Gordillo, otras veinte personas más, de las cuales 19 ya han declarado ante el Juzgado de Écija que ha llevado la causa hasta el momento, mientras que otra persona está en busca y captura tras no prestar declaración, según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
A las puertas del TJSA, con sede en Granada, Sánchez Gordillo ha señalado a los periodistas que "ninguno de los dos casos tiene mucho sentido", puesto que, en lo referente al asalto del supermercado de Écija él no llegó a entrar y se quedó a unos metros de la puerta del establecimiento.
Respecto al segundo caso, el alcalde de Marinaleda ha defendido que este municipio "es conocido por su acción pública" y por tanto "ponemos todos los medios al servicio de los ciudadanos, pero desde luego no al servicio de ningún sindicato en particular", motivos todos ellos por los que se ha acogido a su derecho a no declarar.
"Nuestra firmeza se va a mantener ahí y nos vamos a mantener en la misma dirección que estamos, luchando desde la no violencia activa por conseguir que haya un poco de justicia y que se respeten los derechos humanos", ha subrayado Sánchez Gordillo, que ha estado acompañado a la puerta del Alto Tribunal Andaluz por el secretario general del SAT, Diego Cañamero.
A juicio de este último, estas causas lo que buscan es "la inhabilitación" de Sánchez Gordillo porque "no quieren que siga como alcalde ni como parlamentario" por ser "disidente", porque "protesta y no solamente utiliza las calles sino también las instituciones para llevar el mensaje del pueblo".
"Esperamos que los jueces y fiscales no atiendan tanto las llamadas políticas" para que "acusen a este sindicato" porque "no es normal que nos pidan 300 años de cárcel y tengamos 800 imputados", ha señalado Cañamero en relación a las distintas causas existentes, al tiempo que ha acusado al Gobierno de "intentar acallar las voces de los que estamos luchando contra la injusticia".
A su entender, el Gobierno está utilizando para este objetivo "todos los medios a su alcance", entre ellos, ha dicho, "el poder judicial pese a que tiene que ser independiente", y la Ley de Seguridad Ciudadana, que a su modo de ver está pensada para "reprimir" los movimientos sociales, sindicatos alternativos y el propio SAT.
Los trabajadores de alumbrado público de Madrid inician la huelga indefinida
En los próximos días se irán adhiriendo al paro los empleados de mantenimiento de fuentes ornamentales, semáforos y M-30 para exigir el mantenimiento de sus puestos de trabajo
JAIRO VARGAS -Madrid 12/12/2013
Los trabajadores del alumbrado público de Madrid han comenzado la huelga indefinida que anunciaron para arrancar un compromiso a las empresas concesionarias que garantice el mantenimiento de sus puestos de trabajo y las condiciones laborales. Algo que corre peligro, según denuncian los sindicatos, con la entrada en vigor del nuevo contrato municipal a partir de 2014. Según informaron a Público fuentes de CCOO, esta noche comenzará la de los empleados de fuentes ornamentales y en los próximos días se unirán los de semáforos y M-30. En total, unos 720 trabajadores están llamados a secundar esta segunda huelga de empleados de los servicios públicos del Ayuntamiento de Madrid.
Pese a que la huelga fue aplazada en dos ocasiones y quedó en punto muerto tras conocerse las ofertas de las empresas que concurren a la subasta pública, el paro convocado por el comité de huelga de la UTE Luz Madrid, actual concesionaria hasta enero, arrancó la medianoche del jueves con un seguimiento del 100%, según confirmaron a Público fuentes sindicales. Desde CCOO informan de que la actual adjudicataria ha impuesto, tras no llegarse a acuerdo, unos servicios mínimos de cinco trabajadores por turno, algo que será denunciado por el Comité de Empresa. El paro afecta a cualquier avería que surja en el alumbrado de las calles y señales luminosas de Madrid.
Esta huelga llega, paradójicamente, después de que este jueves las empresas que componen Luz Madrid se reunieran con los sindicatos y firmaran un acuerdo por el que se mantendrían todos los actuales puestos de trabajo, aseguran fuentes sindicales. Algo que sólo sería posible si la UTE resulta adjudicataria de al menos dos de los tres lotes en los que se divide el contrato, apuntaron las mismas fuentes.
Esta concesión es aún una incógnita ya que el proceso aún no ha finalizado. Las ofertas que resultaron más ventajosas en esta primera fase de adjudicación fueron las de la UTE formada por Acisa y Aceinsa para los lotes 1 y 2 [centro y oeste de la ciudad incluyendo el nudo de la M-30] y la de la UTE formada por Ferrovial, FCC e Indra para el lote 3.
La rebaja que estas empresas hicieron rebajan el presupuesto unos 40 millones de euros- ya que para el Consistorio de Botella prima el aspecto económico. Esta partida ya había sido reducida una 10% por el Ayuntamiento y actualmente supera los 780 millones. Acisa y Aceinsa bajaron un 5,1% y un 8,1% los precios de los lotes 1 y 2 respectivamente, unos 34 millones según confirmó a Público Juan Sánchez, presidente de Aceinsa. La rebaja de la UTE de Ferrovial, FCC y Indra fue del 1,8%, casi cinco millones.
Fuentes sindicales han asegurado a Público que Luz Madrid va a impugnar las ofertas de los dos primeros lotes al entender que no reúnen los requisitos de los pliegos de condiciones del contrato. También aseguran que los trabajadores son partidarios de que el servicio sea gestionado por la actual UTE, con la que ya han conseguido el acuerdo que mantendría los empleos. Desde UGT han expresado sus dudas en cuanto a las garantías de Acisa para la prestación del servicio, ya que actualmente está inmersa en un ERE y tuvo problemas con los trabajadores en una concesión municipal del Ayuntamiento de Granada.
Por otra parte, los representantes de los trabajadores no han podido contactar con estas empresa pese a haberlo solicitado en varias ocasiones, algo que arroja más incertidumbre sobre las intenciones de mantener los puestos. "Ante esta situación nos hemos visto obligados a comenzar la huelga", declaró José Luis Nogués, portavoz de UGT en el sector.
Pese a que la huelga fue aplazada en dos ocasiones y quedó en punto muerto tras conocerse las ofertas de las empresas que concurren a la subasta pública, el paro convocado por el comité de huelga de la UTE Luz Madrid, actual concesionaria hasta enero, arrancó la medianoche del jueves con un seguimiento del 100%, según confirmaron a Público fuentes sindicales. Desde CCOO informan de que la actual adjudicataria ha impuesto, tras no llegarse a acuerdo, unos servicios mínimos de cinco trabajadores por turno, algo que será denunciado por el Comité de Empresa. El paro afecta a cualquier avería que surja en el alumbrado de las calles y señales luminosas de Madrid.
Esta huelga llega, paradójicamente, después de que este jueves las empresas que componen Luz Madrid se reunieran con los sindicatos y firmaran un acuerdo por el que se mantendrían todos los actuales puestos de trabajo, aseguran fuentes sindicales. Algo que sólo sería posible si la UTE resulta adjudicataria de al menos dos de los tres lotes en los que se divide el contrato, apuntaron las mismas fuentes.
Esta concesión es aún una incógnita ya que el proceso aún no ha finalizado. Las ofertas que resultaron más ventajosas en esta primera fase de adjudicación fueron las de la UTE formada por Acisa y Aceinsa para los lotes 1 y 2 [centro y oeste de la ciudad incluyendo el nudo de la M-30] y la de la UTE formada por Ferrovial, FCC e Indra para el lote 3.
La rebaja que estas empresas hicieron rebajan el presupuesto unos 40 millones de euros- ya que para el Consistorio de Botella prima el aspecto económico. Esta partida ya había sido reducida una 10% por el Ayuntamiento y actualmente supera los 780 millones. Acisa y Aceinsa bajaron un 5,1% y un 8,1% los precios de los lotes 1 y 2 respectivamente, unos 34 millones según confirmó a Público Juan Sánchez, presidente de Aceinsa. La rebaja de la UTE de Ferrovial, FCC y Indra fue del 1,8%, casi cinco millones.
Fuentes sindicales han asegurado a Público que Luz Madrid va a impugnar las ofertas de los dos primeros lotes al entender que no reúnen los requisitos de los pliegos de condiciones del contrato. También aseguran que los trabajadores son partidarios de que el servicio sea gestionado por la actual UTE, con la que ya han conseguido el acuerdo que mantendría los empleos. Desde UGT han expresado sus dudas en cuanto a las garantías de Acisa para la prestación del servicio, ya que actualmente está inmersa en un ERE y tuvo problemas con los trabajadores en una concesión municipal del Ayuntamiento de Granada.
Por otra parte, los representantes de los trabajadores no han podido contactar con estas empresa pese a haberlo solicitado en varias ocasiones, algo que arroja más incertidumbre sobre las intenciones de mantener los puestos. "Ante esta situación nos hemos visto obligados a comenzar la huelga", declaró José Luis Nogués, portavoz de UGT en el sector.
PÚBLICO / AGENCIAS- Madrid 10/12/2013
España sigue perdiendo población: en concreto, se redujo en 118.238 personas en los seis primeros meses del año. Esta bajada tiene una causa clara: la crisis sigue expulsando a miles de personas del país, fundamentalmente extranjeros y españoles nacionalizados que han decidido regresar a su país.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un total de 259.227 personas optaron por abandonar España en el primer semestre de 2013 con destino a algún país extranjero. De esas personas que salieron de España, 39.690 eran españolas. Estas cifras no pudieron ser compensadas por los 134.312 ciudadanos procedentes del extranjero que optaron hacer el camino contrario y establecerse en España.
Muchas de estas 260.000 personas que partieron en los primeros seis meses de este año estaban apuntadas a la lista del paro. Los últimos datos de paro, los correspondientes a noviembre, cifraron la bajada del paro registrado en 2.475 personas. Sin embargo, los datos de afiliación a la Seguridad Social muestran que el número de afiliados bajó en casi 67.000. Esto demuestra que en España sigue sin crearse empleo; que lo que en realidad ocurre es que mucha gente desiste y decide buscarse la vida fuera de nuestras fronteras.
Esto hizo que en el primer semestre de 2013 se registrase un saldo migratorio (diferencia entre los que se van y los que regresan) negativo de 124.915 personas, un 50% mayor que el del semestre anterior, consecuencia de una caída de la inmigración del 11% y un aumento de la emigración del 10,7%.
En el caso de los españoles, el saldo migratorio fue negativo en 24.860 personas. 39.690 personas optaron por buscar un futuro mejor en algún país extranjero frente a las 14.831 que decidieron regresar, según los datos de la Estadística de Migraciones correspondiente al primer semestre de este año. Este saldo migratorio de los españoles con el exterior se ha incrementado un 71% respecto al semestre anterior.
El INE añade que la población residente en España se sitúa en los 46.609.652 habitantes a 1 de julio de 2013, lo que supone un 0,31% menos en comparación con la misma fecha del año anterior. Esta pérdida se va incrementando progresivamente: a 1 de enero de 2013 la caída en términos interanuales, era del 0,19%.
Si la vara de medir es el saldo migratorio, se puede observar que éste viene siendo negativo desde el primer semestre de 2011. En términos globales, cada vez emigra más gente de España: en 2011 se fueron del país 409.034 personas; en 2012 la cifra de emigrantes aumentó hasta los inmigrantes fueron 446.605. Y cada vez inmigra menos gente: en 2012 fueron 371.335 los que entraron en el país; en 2012 ya sólo 304.054 personas.
La encuesta también constata que la población de España disminuyó en 118.238 personas durante la primera mitad de 2013. En este primer semestre el número de nacimientos fue de 210.199 y el de defunciones se sitúa en los 203.522, lo que arroja un saldo vegetativo positivo de 6.678 personas.
La estadística también refleja que el número de extranjeros descendió un 4% hasta las 4.870.487 personas, debido sobre todo a la emigración y a la adquisición de nacionalidad española.
Alicante, tierra de miseria y hambre. 90.000 niños pobres
Niños comiendo en un comedor social. Noticia de INFORMACIÓN, 6-12-13
por Julián Jiménez
Crímenes del franquismo: Piden la detención de José Utrera Molina, suegro de Gallardón y vecino de Nerja, por la ejecución de Puig AntichSegún los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un total de 259.227 personas optaron por abandonar España en el primer semestre de 2013 con destino a algún país extranjero. De esas personas que salieron de España, 39.690 eran españolas. Estas cifras no pudieron ser compensadas por los 134.312 ciudadanos procedentes del extranjero que optaron hacer el camino contrario y establecerse en España.
Muchas de estas 260.000 personas que partieron en los primeros seis meses de este año estaban apuntadas a la lista del paro. Los últimos datos de paro, los correspondientes a noviembre, cifraron la bajada del paro registrado en 2.475 personas. Sin embargo, los datos de afiliación a la Seguridad Social muestran que el número de afiliados bajó en casi 67.000. Esto demuestra que en España sigue sin crearse empleo; que lo que en realidad ocurre es que mucha gente desiste y decide buscarse la vida fuera de nuestras fronteras.
Esto hizo que en el primer semestre de 2013 se registrase un saldo migratorio (diferencia entre los que se van y los que regresan) negativo de 124.915 personas, un 50% mayor que el del semestre anterior, consecuencia de una caída de la inmigración del 11% y un aumento de la emigración del 10,7%.
En el caso de los españoles, el saldo migratorio fue negativo en 24.860 personas. 39.690 personas optaron por buscar un futuro mejor en algún país extranjero frente a las 14.831 que decidieron regresar, según los datos de la Estadística de Migraciones correspondiente al primer semestre de este año. Este saldo migratorio de los españoles con el exterior se ha incrementado un 71% respecto al semestre anterior.
El INE añade que la población residente en España se sitúa en los 46.609.652 habitantes a 1 de julio de 2013, lo que supone un 0,31% menos en comparación con la misma fecha del año anterior. Esta pérdida se va incrementando progresivamente: a 1 de enero de 2013 la caída en términos interanuales, era del 0,19%.
Si la vara de medir es el saldo migratorio, se puede observar que éste viene siendo negativo desde el primer semestre de 2011. En términos globales, cada vez emigra más gente de España: en 2011 se fueron del país 409.034 personas; en 2012 la cifra de emigrantes aumentó hasta los inmigrantes fueron 446.605. Y cada vez inmigra menos gente: en 2012 fueron 371.335 los que entraron en el país; en 2012 ya sólo 304.054 personas.
La encuesta también constata que la población de España disminuyó en 118.238 personas durante la primera mitad de 2013. En este primer semestre el número de nacimientos fue de 210.199 y el de defunciones se sitúa en los 203.522, lo que arroja un saldo vegetativo positivo de 6.678 personas.
La estadística también refleja que el número de extranjeros descendió un 4% hasta las 4.870.487 personas, debido sobre todo a la emigración y a la adquisición de nacionalidad española.
por Julián Jiménez
Lunes, 09 de Diciembre de 2013
La solución es comprender, de una jodida vez, porque lo tenemos delante de nuestras narices, que esto que está pasando tiene un nombre: Lucha de clases.
Nota del autor del blog.
No soy bastante partidario de usar artículos publicados en medios como post de mi blog, puesto que rara vez reflejan lo que quiero decir y pensar. En este caso sucede igual pero pienso que la información que en el se detalla es tan sumamente grave e importante que es necesario que tenga la mayor difusión ante la gravedad de la situación. Y hablo de algo que conozco de forma fehaciente y clara. No solo es el pasear por las calles de Alicante y ver como la ciudad está atestada de personas que, presas de la vergüenza por asumir ese repugnante planteamiento liberal de "si te va mal es porque no has aprovechado las oportunidades de este sistema capitalista", ejercen la mendicidad. Es el haber visto, en primera persona, como docente de la Escuela Pública casos de chavales de Secundaria que tienen hambre, que vienen al centro con hambre o que no traen nada para pasar las 8 horas de estudio en el centro. Es el haber vivido como se te desmaya un chaval o chavala en clase y no tener necesidad de ser demasiado listo para comprender la razón. Es el que un alumno te pida, casi con vergüenza, un trozo de chocolatina porque "se le ha olvidado el almuerzo en casa".
El anuncio del que habla el artículo es la cruda realidad de la España de la UE, del Euro, de ZP o de Rajoy, de la Constitución insultante que habla de los derechos a una vivienda, al trabajo, de los derechos de los niños, sistemáticamente incumplidos mientras bancos y grandes empresas presumen de beneficios. Pero la solución no es "colaborar" con la ONG Educo. NO. La solución es comprender, de una jodida vez, porque lo tenemos delante de nuestras narices, que esto que está pasando tiene un nombre: Lucha de clases.
Una lucha de los ricos contra los pobres. Una lucha en la que los pobres no ofrecen resistencia ni atacan. Una lucha totalmente desigual en las que unos han pasado al ataque y otros se han quedado paralizados. Y, por desgracia, para disgusto de muchos concienciados que, como yo, apuesta por no dejarse pisar la cabeza, es una lucha que, como dijo el millonario Warren Buffet, VAN GANANDO ELLOS.
Va siendo hora de que empecemos a tomar conciencia de ello. Dado que, cuanto más tardemos, cuanto más tiempo pase, más grandes serán las cadenas del hambre, la miseria, el paro, la pobreza. Y mayor será el esfuerzo que tendremos que hacer para liberarnos de esas cadenas.
"¿Hasta cuándo el furor de los déspotas será llamado justicia, y a la justicia del pueblo se le llamará barbarie o rebelión?" Un revolucionario francés se hacía esa pregunta hace 222 años. Yo, a día de hoy, me la sigo haciendo también.
Julián Jiménez.
Noticia en el DIARIO INFORMACIÓN, domingo 6 de diciembre de 2013.
El anuncio del que habla el artículo es la cruda realidad de la España de la UE, del Euro, de ZP o de Rajoy, de la Constitución insultante que habla de los derechos a una vivienda, al trabajo, de los derechos de los niños, sistemáticamente incumplidos mientras bancos y grandes empresas presumen de beneficios. Pero la solución no es "colaborar" con la ONG Educo. NO. La solución es comprender, de una jodida vez, porque lo tenemos delante de nuestras narices, que esto que está pasando tiene un nombre: Lucha de clases.
Una lucha de los ricos contra los pobres. Una lucha en la que los pobres no ofrecen resistencia ni atacan. Una lucha totalmente desigual en las que unos han pasado al ataque y otros se han quedado paralizados. Y, por desgracia, para disgusto de muchos concienciados que, como yo, apuesta por no dejarse pisar la cabeza, es una lucha que, como dijo el millonario Warren Buffet, VAN GANANDO ELLOS.
Va siendo hora de que empecemos a tomar conciencia de ello. Dado que, cuanto más tardemos, cuanto más tiempo pase, más grandes serán las cadenas del hambre, la miseria, el paro, la pobreza. Y mayor será el esfuerzo que tendremos que hacer para liberarnos de esas cadenas.
"¿Hasta cuándo el furor de los déspotas será llamado justicia, y a la justicia del pueblo se le llamará barbarie o rebelión?" Un revolucionario francés se hacía esa pregunta hace 222 años. Yo, a día de hoy, me la sigo haciendo también.
Julián Jiménez.
Noticia en el DIARIO INFORMACIÓN, domingo 6 de diciembre de 2013.
Isabel Vicente, periodista de EPI - Información.
El bocadillo mágico: «Pan con pan, y yo me imagino lo que lleva dentro». El anuncio de la ONG Educo que pasan por televisión con una niña sin nada para cenar más que un trozo de pan refleja la realidad de miles de niños españoles, algo impensable hace unos años. La misma ONG afirma que, cada 3 minutos, un niño cae en riego de pobreza en España y que 1.800.000 están malnutridos. Terrorífico. La provincia de Alicante no se escapa a esta lacra cada día mayor. Sólo hay que tener en cuenta los casos atendidos por Cruz Roja. Hace dos años la entidad ayudó a 2.108 menores que vivían en familias sin recursos o con menos de 500 euros al mes. El año pasado, ya eran 4.854 los niños a los que Cruz Roja facilitaba alimentos, ropa o material escolar. Pero es que esta cifra se ha elevado a los 7.500 y no parece que vaya a quedarse así dado que los informes sobre la situación de la infancia, tanto de entidades solidarias como de los organismos oficiales, apuntan a que en la provincia hay 89.800 menores viviendo en el umbral de la pobreza, 16.000 de ellos en la ciudad de Alicante, nada menos que el 27,7% de los niños según los datos del Instituto Nacional de Estadística.
Los datos fríos no ayudan a imaginarse el drama que afecta a los niños que viven en familias que no llegan a fin de mes, que no tienen para comer o que han de recurrir a la caridad para conseguir unas zapatillas de deporte nuevas para el chaval. La situación empieza a ser tan grave que enfermeros de hospitales de la provincia han detectado casos de niños con desnutrición. Francisco Cazorla, secretario provincial de Satse, indicaba recientemente a este diario que «hay niños que se llevan a casa las galletas que les dan para merendar en el colegio para tener algo que cenar en casa.
El bocadillo mágico: «Pan con pan, y yo me imagino lo que lleva dentro». El anuncio de la ONG Educo que pasan por televisión con una niña sin nada para cenar más que un trozo de pan refleja la realidad de miles de niños españoles, algo impensable hace unos años. La misma ONG afirma que, cada 3 minutos, un niño cae en riego de pobreza en España y que 1.800.000 están malnutridos. Terrorífico. La provincia de Alicante no se escapa a esta lacra cada día mayor. Sólo hay que tener en cuenta los casos atendidos por Cruz Roja. Hace dos años la entidad ayudó a 2.108 menores que vivían en familias sin recursos o con menos de 500 euros al mes. El año pasado, ya eran 4.854 los niños a los que Cruz Roja facilitaba alimentos, ropa o material escolar. Pero es que esta cifra se ha elevado a los 7.500 y no parece que vaya a quedarse así dado que los informes sobre la situación de la infancia, tanto de entidades solidarias como de los organismos oficiales, apuntan a que en la provincia hay 89.800 menores viviendo en el umbral de la pobreza, 16.000 de ellos en la ciudad de Alicante, nada menos que el 27,7% de los niños según los datos del Instituto Nacional de Estadística.
Los datos fríos no ayudan a imaginarse el drama que afecta a los niños que viven en familias que no llegan a fin de mes, que no tienen para comer o que han de recurrir a la caridad para conseguir unas zapatillas de deporte nuevas para el chaval. La situación empieza a ser tan grave que enfermeros de hospitales de la provincia han detectado casos de niños con desnutrición. Francisco Cazorla, secretario provincial de Satse, indicaba recientemente a este diario que «hay niños que se llevan a casa las galletas que les dan para merendar en el colegio para tener algo que cenar en casa.
El aumento de la pobreza en la infancia se percibe especialmente en los centros escolares, sobre todo los de los barrios más vulnerables. Jaime Quiñonez director de un colegio de la zona Norte de Alicante considera que «el problema es endémico en algunas área de la ciudad, pero no es exclusivo de ellas». Los profesores de colegios e institutos se encuentran con que «cada vez hay más niños que empiezan el curso sin libros y los van comprando poco a poco». También aumentan las familias con problemas para completar la aportación de las becas del comedor escolar y, en muchos centros, se recoge ropa y se reparte entre los críos más necesitados. Pero lo más sangrante es la falta de comida. «Hay familias que nos dicen que no tienen para dar de cenar a sus hijos que sólo toman la comida completa del mediodía en el colegio». La imposibilidad de muchas familias de alimentar correctamente a sus hijos se resalta igualmente desde Cáritas. «Hay muchos casos de niños que van al colegio sin desayunar o sin nada para el almuerzo. También detectamos necesidad de zapatos y ropa por parte de muchos niños, y nos encontramos con casos de niños que a diciembre aún no tienen los libros de texto porque sus padres no pueden pagarlos», señala Maite Sánchez de la entidad solidaria .
Si la falta de dinero para la comida y ropa de los niños es grave, aún lo es más la imposibilidad de muchas familias de tener a sus hijos con ellos. Desde la Plataforma del sector de Menores de la Provincia de Alicante se ha denunciado el aumento de los casos de peticiones de ingresos en los centros de menores debido a la crisis. «Hay padres que optan por entregar a sus hijos temporalmente por falta de recursos, pero en ocasiones no pueden sacarlos de allí». Indicaba el trabajador de uno de los centros de menores de Alicante. Hay casos sangrantes, «como el de una familia que no puede sacar ni siquiera a sus hijos del centro los fines de semana porque ellos están viviendo en la calle y no tienen donde llevarlos». Además desde estos centros, que acogen en la actualidad a unos 700 menores en la provincia, se ha señalado que «la crisis está provocando un aumento de los actos delictivos de los padres que pierden así la tutela de los niños.
Pero, ¿cómo asumen los niños la situación de pobreza de sus familias? Según el informe de Unicef «La Infancia en España 2012-2013», algunos de los impactos más graves en los menores son cambios de domicilio forzados por la situación económica, con desahucios de la vivienda, no poder pagar el comedor escolar, no poder tener ropa nueva ni acceder a juguetes y tecnología que otros niños sí disfrutan. Desde Unicef se considera que «la reducción en gastos educativos, en deporte, ocio y tiempo libre, actividades que pueden resultar prescindibles para muchos adultos, tienen sin embargo un importancia mucho mayor para los niños», niños que, en muchos casos, provienen de familias de «clase media» que se han visto golpeadas por la crisis y que han tenido que modificar radicalmente su estilo de vida. En los centros educativos privados de la provincia, por ejemplo, se está detectando la salida de alumnos porque sus padres, al perder el empleo, ya no pueden seguir pagando las mensualidades, y lo mismo ocurre con muchas actividades extraescolares.
Unicef en su informe alude también a la percepción de los niños que ven aumentar el estrés en sus padres y en muchos casos «se sienten culpables de la situación que les genera miedo e inseguridad». Además, la crisis «modifica las expectativas de los propios niños y de los padres sobre su futuro» al considerar que hay menos oportunidades para los jóvenes lo que afecta a los resultados académicos, «ya que los resultados educativos están muy ligados a las expectativas de los alumnos y sus familiares.
Y luego está la falta de equidad. Uno de los efectos de más calado de la crisis es la distancia cada día mayor entre los ricos y los pobres. A muchos niños les cuesta entender por qué ellos no pueden acceder a la última videoconsola ni ir de vacaciones a Euro Disney como su compañero de pupitre. Además, esta conciencia de la situación que atraviesa la familia les lleva en ocasiones a avergonzarse. «Nosotros hemos dejado de organizar muchas excursiones y salidas del centro porque hay niños que no pueden pagarlas», indicaba en este sentido Jaime Quiñonez, quien, con todo, considera que «no todos los niños tienen una percepción clara de lo que ocurre porque la mayoría de familias tratan de dejar a los niños al margen para que no sufran, algo detectado igualmente por Maite Sánchez desde Cáritas: «En las acogidas intentamos que nunca entren los niños, saben que las cosas no van bien, pero los padres evitan que les oigan lamentarse».
jsmutxamel.blogspot.com.es/2013/12/alicante-tierra-de-miseria-y-hambre.htmlPero, ¿cómo asumen los niños la situación de pobreza de sus familias? Según el informe de Unicef «La Infancia en España 2012-2013», algunos de los impactos más graves en los menores son cambios de domicilio forzados por la situación económica, con desahucios de la vivienda, no poder pagar el comedor escolar, no poder tener ropa nueva ni acceder a juguetes y tecnología que otros niños sí disfrutan. Desde Unicef se considera que «la reducción en gastos educativos, en deporte, ocio y tiempo libre, actividades que pueden resultar prescindibles para muchos adultos, tienen sin embargo un importancia mucho mayor para los niños», niños que, en muchos casos, provienen de familias de «clase media» que se han visto golpeadas por la crisis y que han tenido que modificar radicalmente su estilo de vida. En los centros educativos privados de la provincia, por ejemplo, se está detectando la salida de alumnos porque sus padres, al perder el empleo, ya no pueden seguir pagando las mensualidades, y lo mismo ocurre con muchas actividades extraescolares.
Unicef en su informe alude también a la percepción de los niños que ven aumentar el estrés en sus padres y en muchos casos «se sienten culpables de la situación que les genera miedo e inseguridad». Además, la crisis «modifica las expectativas de los propios niños y de los padres sobre su futuro» al considerar que hay menos oportunidades para los jóvenes lo que afecta a los resultados académicos, «ya que los resultados educativos están muy ligados a las expectativas de los alumnos y sus familiares.
Y luego está la falta de equidad. Uno de los efectos de más calado de la crisis es la distancia cada día mayor entre los ricos y los pobres. A muchos niños les cuesta entender por qué ellos no pueden acceder a la última videoconsola ni ir de vacaciones a Euro Disney como su compañero de pupitre. Además, esta conciencia de la situación que atraviesa la familia les lleva en ocasiones a avergonzarse. «Nosotros hemos dejado de organizar muchas excursiones y salidas del centro porque hay niños que no pueden pagarlas», indicaba en este sentido Jaime Quiñonez, quien, con todo, considera que «no todos los niños tienen una percepción clara de lo que ocurre porque la mayoría de familias tratan de dejar a los niños al margen para que no sufran, algo detectado igualmente por Maite Sánchez desde Cáritas: «En las acogidas intentamos que nunca entren los niños, saben que las cosas no van bien, pero los padres evitan que les oigan lamentarse».
Martes, 10 de Diciembre de 2013
El 1 de marzo de 1974, José Utrera Molina, siendo secretario general del Movimiento, firmó la sentencia a muerte de Salvador Puig Antich con garrote vil, Franco dio el "enterado" y todo el Consejo de Ministros lo aprobó.
El falangista y anticomunista
José Utrera Molina, nacido en 1926 desempeñó desde muy joven la subjefatura provincial del Movimiento en Málaga. En 1973 fue nombrado primero ministro de Vivienda y después ministro de Trabajo. Tras el asesinato de Carrero Blanco, en 1974 ostentó el cargo de ministro secretario general del Movimiento, hasta su cese en marzo de 1975.
José Utrera Molina firmó junto al resto de miembros del Consejo de Ministros de 1974, el decreto o “enterado” para la ejecución de la sentencia del joven anarquista Puig Antich, condenado a muerte por un tribunal militar y ejecutado por el régimen franquista tras ser acusado por el asesinato en Barcelona del subinspector de la Brigada Político Social, Francisco Anguas Barragán, muerto en el tiroteo que se desencadenó durante la captura de Puig Antich.
En el reciente proceso abierto tras la querella presentada en Buenos Aires por los crímenes del franquismo, algunas víctimas y familiares han relatado los crímenes y persecuciones a la juez argentina María Servini. La hermana de Salvador Puig Antic, Mercedes Puig, ha sido la encargada de prestar declaración y presentar los cargos contra Utrera Molina.
En la lista de imputados de la “querella argentina” figuran Juan Antonio González Pacheco, de 67 años (alias Billy el Niño), José Ignacio Giralte González, de 71, Celso Galván Abascal, de 77 años, y Jesús Muñecas Aguilar, de 74, acusados todos de tortura, un delito tipificado en el Código Penal argentino, y que prevé penas de 8 a 25 años.
Los siguientes en la lista de imputación solicitada por los querellantes son el ex ministro de Interior Rodolfo Martín Villa; el exministro franquista José Utrera Molina; el exministro de Trabajo Fernando Suárez; y los exjueces Jesús Cejas Mohedano y Rafael Gómez Chaparro.
El recurso presentado en Argentina se fundamenta en que “el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la doctrina del TEDH es vinculante para este Juzgado en virtud de lo dispuesto en los arts. 10.2, 9.3 y 96 de la Constitución española. Prevalecen sobre cualquier doctrina en sentido diferente de un tribunal interno de España.
La Corte Internacional de Justicia tiene declarado que los crímenes internacionales comprometen tanto la responsabilidad penal individual como la responsabilidad del Estado".
La Corte Internacional de Justicia tiene declarado que los crímenes internacionales comprometen tanto la responsabilidad penal individual como la responsabilidad del Estado".
Es por ello que se solicitó que se “acuerde la competencia de este Juzgado y la continuación de la instrucción, cite a declarar a D. José Utrera Molina en su condición de presunto corresponsable de la ejecución a garrote vil de don Salvador Puig Antich, ciudadano español de convicciones republicanas, el día 2 de Marzo de 1974”.
Desde Nerja Limpia apoyamos la querella argentina en la búsqueda de responsabilidades y reparación de las víctimas del franquismo, es por ello que pedimos al Pleno de la corporación municipal que declare a José Utrera Molina persona “non grata” por su complicidad en los crímenes del franquismo.
La información de este artículo está extraída de los diarios: El País, El Plural, El mundo y Tercera Información
http://nerjalimpia.blogspot.com.ar/2013/12/piden-la-detencion-de-jose-utrera.html?spref=fbEnvío:Amarelle
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