Se reedita la polémica por la prescripción de los delitos
Medio centenar de militares están citados por el caso Julio Castro
Medio centenar de oficiales fueron citados por un juez penal en un nuevo expediente por el caso del maestro Julio Castro, pese a un fallo de la Suprema Corte de Justicia que avaló la prescripción de los delitos cometidos en dictadura.
Entre los militares que declararán a partir de la próxima semana en el juzgado de Fernández Lecchini hay oficiales retirados y algunos en actividad
Entre los militares que declararán a partir de la próxima semana en el juzgado de Fernández Lecchini hay oficiales retirados y algunos en actividad
Daniel Isgleas - El País uy
En todos los casos se trata de oficiales que durante los años 1972 y 1985 prestaron servicios en el Batallón de Infantería 14 de Toledo, Canelones, una unidad de elite del Ejército y que hoy está dedicada a operaciones especiales, dijeron a El País fuentes militares y judiciales.
El nuevo expediente es por el enterramiento de los restos de Castro, a partir de una denuncia de su hija Hebe, luego de que en 2012 el juez Juan Carlos Fernández Lecchini procesara con prisión a un policía retirado por el homicidio del maestro, cuyos restos fueron hallados en octubre de 2011 en el Batallón 14.
Este expediente se abrió a pedido de la exfiscal Mirtha Guianze. La actual fiscal del caso es María de los Ángeles Camiño.
Fuentes judiciales dijeron a El País que en caso de que Fernández Lecchini y Camiño decidan procesar a algunos de estos militares, el caso terminará en la Suprema Corte de Justicia.
En octubre de 2011 el Parlamento, con los votos del Frente Amplio que buscaba dejar sin efecto la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobó una ley que declaró de lesa humanidad los delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985). El apuro por votar esta ley era que el 1° de noviembre de 2011 prescribían todas los delitos del período.
En febrero de 2013 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley de octubre de 2011, y unas semanas después el juez Roberto Timbal decidió la clausura del primer caso (la muerte de un sindicalista detenido en Fusileros Navales en 1978) en aplicación del fallo del máximo órgano del Poder Judicial.
El tema genera un importante debate jurídico. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia sostiene que los crímenes de la dictadura son delitos comunes y por tanto prescribieron, y por otro están quienes sostienen que se debe aplicar la legislación internacional que señala que son casos de lesa humanidad, motivo por el cual siempre pueden ser juzgados.
El nuevo expediente en el caso Castro reinstala el debate. "El juez está abriendo una nueva instancia respecto al enterramiento clandestino del cuerpo de Castro. El homicidio ya lo investigó y procesó", dijo a El País la abogada Graciela Figueredo, asesora legal del Centro Militar.
"La prescripción corre para los delitos. Si el juez está buscando un delito, cualquiera que sea, prescribió. (...) El enterramiento clandestino también es un delito", agregó Figueredo.
El juez Fernández Lecchini ordenó en marzo de 2012 el primer procesamiento con prisión en el marco de la causa de Castro. A pedido de la fiscal Guianze, el magistrado imputó al comisario inspector retirado Ricardo Zabala como "cómplice de un delito de homicidio muy especialmente agravado".
En su resolución, el juez argumenta los motivos por los que entiende que el homicidio de Castro no prescribió, tal como lo plantearon la defensa de los militares indagados. "Existe una jurisprudencia que sostiene que los delitos de lesa humanidad son tipificables hoy a pesar de no estar escritos en la década de los setenta", dice el magistrado.
Además de citar jurisprudencia internacional, el juez señala que el caso debe juzgarse en virtud del decreto del Poder Ejecutivo de junio de 2011 que anuló los actos administrativos en los que se aplicó la ley de Caducidad y también la ley aprobada a fines de octubre de 2011 que declaró imprescriptibles los delitos de la dictadura, declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en febrero de 2013.
Citados.
Entre los militares que declararán a partir de la próxima semana en el juzgado de Fernández Lecchini hay oficiales retirados y algunos en actividad, dijeron a El País fuentes castrenses y judiciales.
Los militares están convocados a partir del lunes 16 y hasta el martes 24.
"Hay más de una causa abierta en el Juzgado Penal 1° Turno por ese tema", explicaron los informantes.
Varios de esos oficiales hoy retirados son patrocinados por la abogada Graciela Figueredo, asesora legal del Centro Militar. Uno de sus defendidos concurrirá al juzgado el jueves 19, adelantó Figueredo a El País.
La abogada consideró "exagerado" que se cite a oficiales que actuaron en el Batallón 14 por "un período tan largo, de 1972 a 1985", añadiendo que el de Castro "fue un episodio puntual, con fechas bien determinadas".
(Producción: Pablo Melgar, Eduardo Barreneche).
EL CASO JULIO CASTRO
Desaparición
Julio Castro fue un maestro de dilatada trayectoria, dedicado especialmente al desarrollo de las escuelas rurales. Fundador del semanario Marcha, desde el cual colaboró incesantemente por los derechos humanos y la equidad social. A causa de su labor, fue arrestado el 1° de agosto de 1977. Según consta en las investigaciones, murió un 3 de agosto del mismo año a causa de las heridas provocadas en interrogatorios.
Hallazgo de restos
El 21 de octubre de 2011 a la hora 10.45 fueron hallados los restos de Julio Castro en un predio del Batallón 14. El cuerpo de Castro fue enterrado en la Zona III, Sector Sur, Trinchera 208 de esa unidad militar. Las excavaciones en el Batallón 14 se iniciaron por el caso María Claudia García de Gelman, ciudadana argentina desaparecida en la década de los años de 1970.
Investigación judicial
En diciembre de 2009 la familia de Castro solicitó que la investigación judicial fuera excluida de la Ley de Caducidad. En ese momento el juez competente solicitó al Poder Ejecutivo que se expidiera sobre el caso, que finalmente fue excluido de la ley el 17 de agosto de 2010, por resolución presidencial. Las investigaciones prosiguieron a cargo del juez Juan Carlos Fernández Lecchini.
Policía procesado
En marzo de 2012 el juez Juan Carlos Fernández Lecchini procesó con prisión al policía retirado Juan Ricardo Zabala, por complicidad en el homicidio muy especialmente agravado de Castro. Zabala fue el policía que detuvo a Castro en 1977. También se había pedido el procesamiento de José Gavazzo, pero el juez no hizo lugar a este pedido.
El nuevo expediente es por el enterramiento de los restos de Castro, a partir de una denuncia de su hija Hebe, luego de que en 2012 el juez Juan Carlos Fernández Lecchini procesara con prisión a un policía retirado por el homicidio del maestro, cuyos restos fueron hallados en octubre de 2011 en el Batallón 14.
Este expediente se abrió a pedido de la exfiscal Mirtha Guianze. La actual fiscal del caso es María de los Ángeles Camiño.
Fuentes judiciales dijeron a El País que en caso de que Fernández Lecchini y Camiño decidan procesar a algunos de estos militares, el caso terminará en la Suprema Corte de Justicia.
En octubre de 2011 el Parlamento, con los votos del Frente Amplio que buscaba dejar sin efecto la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobó una ley que declaró de lesa humanidad los delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985). El apuro por votar esta ley era que el 1° de noviembre de 2011 prescribían todas los delitos del período.
En febrero de 2013 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley de octubre de 2011, y unas semanas después el juez Roberto Timbal decidió la clausura del primer caso (la muerte de un sindicalista detenido en Fusileros Navales en 1978) en aplicación del fallo del máximo órgano del Poder Judicial.
El tema genera un importante debate jurídico. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia sostiene que los crímenes de la dictadura son delitos comunes y por tanto prescribieron, y por otro están quienes sostienen que se debe aplicar la legislación internacional que señala que son casos de lesa humanidad, motivo por el cual siempre pueden ser juzgados.
El nuevo expediente en el caso Castro reinstala el debate. "El juez está abriendo una nueva instancia respecto al enterramiento clandestino del cuerpo de Castro. El homicidio ya lo investigó y procesó", dijo a El País la abogada Graciela Figueredo, asesora legal del Centro Militar.
"La prescripción corre para los delitos. Si el juez está buscando un delito, cualquiera que sea, prescribió. (...) El enterramiento clandestino también es un delito", agregó Figueredo.
El juez Fernández Lecchini ordenó en marzo de 2012 el primer procesamiento con prisión en el marco de la causa de Castro. A pedido de la fiscal Guianze, el magistrado imputó al comisario inspector retirado Ricardo Zabala como "cómplice de un delito de homicidio muy especialmente agravado".
En su resolución, el juez argumenta los motivos por los que entiende que el homicidio de Castro no prescribió, tal como lo plantearon la defensa de los militares indagados. "Existe una jurisprudencia que sostiene que los delitos de lesa humanidad son tipificables hoy a pesar de no estar escritos en la década de los setenta", dice el magistrado.
Además de citar jurisprudencia internacional, el juez señala que el caso debe juzgarse en virtud del decreto del Poder Ejecutivo de junio de 2011 que anuló los actos administrativos en los que se aplicó la ley de Caducidad y también la ley aprobada a fines de octubre de 2011 que declaró imprescriptibles los delitos de la dictadura, declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en febrero de 2013.
Citados.
Entre los militares que declararán a partir de la próxima semana en el juzgado de Fernández Lecchini hay oficiales retirados y algunos en actividad, dijeron a El País fuentes castrenses y judiciales.
Los militares están convocados a partir del lunes 16 y hasta el martes 24.
"Hay más de una causa abierta en el Juzgado Penal 1° Turno por ese tema", explicaron los informantes.
Varios de esos oficiales hoy retirados son patrocinados por la abogada Graciela Figueredo, asesora legal del Centro Militar. Uno de sus defendidos concurrirá al juzgado el jueves 19, adelantó Figueredo a El País.
La abogada consideró "exagerado" que se cite a oficiales que actuaron en el Batallón 14 por "un período tan largo, de 1972 a 1985", añadiendo que el de Castro "fue un episodio puntual, con fechas bien determinadas".
(Producción: Pablo Melgar, Eduardo Barreneche).
EL CASO JULIO CASTRO
Desaparición
Julio Castro fue un maestro de dilatada trayectoria, dedicado especialmente al desarrollo de las escuelas rurales. Fundador del semanario Marcha, desde el cual colaboró incesantemente por los derechos humanos y la equidad social. A causa de su labor, fue arrestado el 1° de agosto de 1977. Según consta en las investigaciones, murió un 3 de agosto del mismo año a causa de las heridas provocadas en interrogatorios.
Hallazgo de restos
El 21 de octubre de 2011 a la hora 10.45 fueron hallados los restos de Julio Castro en un predio del Batallón 14. El cuerpo de Castro fue enterrado en la Zona III, Sector Sur, Trinchera 208 de esa unidad militar. Las excavaciones en el Batallón 14 se iniciaron por el caso María Claudia García de Gelman, ciudadana argentina desaparecida en la década de los años de 1970.
Investigación judicial
En diciembre de 2009 la familia de Castro solicitó que la investigación judicial fuera excluida de la Ley de Caducidad. En ese momento el juez competente solicitó al Poder Ejecutivo que se expidiera sobre el caso, que finalmente fue excluido de la ley el 17 de agosto de 2010, por resolución presidencial. Las investigaciones prosiguieron a cargo del juez Juan Carlos Fernández Lecchini.
Policía procesado
En marzo de 2012 el juez Juan Carlos Fernández Lecchini procesó con prisión al policía retirado Juan Ricardo Zabala, por complicidad en el homicidio muy especialmente agravado de Castro. Zabala fue el policía que detuvo a Castro en 1977. También se había pedido el procesamiento de José Gavazzo, pero el juez no hizo lugar a este pedido.
Ejército evalúa sumar aviones no tripulados
Los drones comienzan a despegar en Uruguay
Los drones comienzan a despegar en Uruguay
Toman impulso y empiezan a volar. Desde hace un año, los drones (aviones no tripulados) irrumpieron en el espacio aéreo uruguayo. El Ejército nacional evalúa incorporar alguno para misiones de paz.
Juan Pablo De Marco
"Se están haciendo estudios. Hay ofertas de todos lados", informó a El País el vocero de la fuerza, Mario Stevenazzi.
La posibilidad de involucrarlos es "fundamentalmente" para el batallón uruguayo en el Congo, aunque el jefe de Relaciones Públicas del Ejército aventuró que puedan utilizarse para el uso interno. "De la misma manera que saca fotografías en zonas de conflicto, saca de un incendio o de una inundación. O si quiere utilizarlo para la frontera lo puede utilizar", aseguró.
Hace cuatro años, el Ejército uruguayo trabajó en un prototipo llamado Charrúa pero, como no le fue redituable, lo desechó.
Otros drones.En Uruguay hay algunas empresas que ya trabajan con estos equipos. Una es Geofly, una compañía formada hace un año, que hace relevamientos agrícolas y de obras de construcción a partir de fotografías aéreas.
El último dron que importó, de unos US$ 100.000, realiza análisis pormenorizados de cómo está el campo: qué zonas están secas, dónde hay plagas y cuál es el estado de una planta.
Antes de lanzarlo, Geofly diagrama el vuelo. A diferencia del resto, este drone no se maneja con control remoto. Simplemente, a través de un programa informático, se estipula qué zona debe recorrer, a qué altura y a qué velocidad. "Vos le marcás dónde despega, dónde aterriza y después el giro es automático", contó a
El País Antonio Villaluenga, uno de los directores de la empresa.
Este vehículo no tripulado, de marca Trimble, alcanza una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora, pero puede llegar a 130. Tiene una autonomía de 45 minutos, pesa dos kilos y vuela a 100 metros de altura.
Otra de las empresas que trabaja con drones es Uruguay desde lo alto, que desde julio se dedica a las fotografías aéreas bajo esta modalidad. Este "mini helicóptero", como le gusta llamarlo a Daniel Stonek para que los clientes lo entiendan, viene con una cámara incorporada que, automáticamente, saca una foto cada dos segundos.
El viento es uno de los aspectos que más deben tener en cuenta los usuarios de esta tecnología. En Geofly saben que el vehículo tiene que volar de forma "perpendicular" a él, porque a favor o en contra le haría gastar más batería de la cuenta. "Soporta vientos de 65 kilometros por hora", apuntó Villaluenga. En tanto, el drone fotográfico, que tiene una autonomía de unos nueve minutos, tolera vientos de hasta 40 kilómetros por hora.
legislación.Amazon comunicó hace pocas semanas que utilizará aviones no tripulados para la entrega de sus pedidos a partir de 2018. Este anuncio generó un enorme debate en Estados Unidos sobre las leyes que pueden regular su uso.
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) indicó que en 2015 va a encarar esta temática haciendo reuniones con expertos. El objetivo es establecer reglamentaciones para este tipo de aeronaves.
"Después, cada región y cada país las va a ir adaptando a su uso propio, tal como sucede con la aviación civil", contó a El País Álvaro Loureiro, vocero de la Fuerza Aérea.
¿Y mientras tanto? Loureiro informó que la persona que quiera hacer volar este artefacto debe solicitar permiso en la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), la que resolverá cada caso de manera "independiente".
Si bien falta legislación, es una tecnología revolucionaria. Un estudio hecho por la Asociación para el Sistema Internacional de Aparatos No Tripulados (Ausvi) destacó que la repercusión económica será de US$ 2.096 millones en 2015.
La posibilidad de involucrarlos es "fundamentalmente" para el batallón uruguayo en el Congo, aunque el jefe de Relaciones Públicas del Ejército aventuró que puedan utilizarse para el uso interno. "De la misma manera que saca fotografías en zonas de conflicto, saca de un incendio o de una inundación. O si quiere utilizarlo para la frontera lo puede utilizar", aseguró.
Hace cuatro años, el Ejército uruguayo trabajó en un prototipo llamado Charrúa pero, como no le fue redituable, lo desechó.
Otros drones.En Uruguay hay algunas empresas que ya trabajan con estos equipos. Una es Geofly, una compañía formada hace un año, que hace relevamientos agrícolas y de obras de construcción a partir de fotografías aéreas.
El último dron que importó, de unos US$ 100.000, realiza análisis pormenorizados de cómo está el campo: qué zonas están secas, dónde hay plagas y cuál es el estado de una planta.
Antes de lanzarlo, Geofly diagrama el vuelo. A diferencia del resto, este drone no se maneja con control remoto. Simplemente, a través de un programa informático, se estipula qué zona debe recorrer, a qué altura y a qué velocidad. "Vos le marcás dónde despega, dónde aterriza y después el giro es automático", contó a
El País Antonio Villaluenga, uno de los directores de la empresa.
Este vehículo no tripulado, de marca Trimble, alcanza una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora, pero puede llegar a 130. Tiene una autonomía de 45 minutos, pesa dos kilos y vuela a 100 metros de altura.
Otra de las empresas que trabaja con drones es Uruguay desde lo alto, que desde julio se dedica a las fotografías aéreas bajo esta modalidad. Este "mini helicóptero", como le gusta llamarlo a Daniel Stonek para que los clientes lo entiendan, viene con una cámara incorporada que, automáticamente, saca una foto cada dos segundos.
El viento es uno de los aspectos que más deben tener en cuenta los usuarios de esta tecnología. En Geofly saben que el vehículo tiene que volar de forma "perpendicular" a él, porque a favor o en contra le haría gastar más batería de la cuenta. "Soporta vientos de 65 kilometros por hora", apuntó Villaluenga. En tanto, el drone fotográfico, que tiene una autonomía de unos nueve minutos, tolera vientos de hasta 40 kilómetros por hora.
legislación.Amazon comunicó hace pocas semanas que utilizará aviones no tripulados para la entrega de sus pedidos a partir de 2018. Este anuncio generó un enorme debate en Estados Unidos sobre las leyes que pueden regular su uso.
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) indicó que en 2015 va a encarar esta temática haciendo reuniones con expertos. El objetivo es establecer reglamentaciones para este tipo de aeronaves.
"Después, cada región y cada país las va a ir adaptando a su uso propio, tal como sucede con la aviación civil", contó a El País Álvaro Loureiro, vocero de la Fuerza Aérea.
¿Y mientras tanto? Loureiro informó que la persona que quiera hacer volar este artefacto debe solicitar permiso en la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), la que resolverá cada caso de manera "independiente".
Si bien falta legislación, es una tecnología revolucionaria. Un estudio hecho por la Asociación para el Sistema Internacional de Aparatos No Tripulados (Ausvi) destacó que la repercusión económica será de US$ 2.096 millones en 2015.
Marcha en silencio: Justicia por Sergio Lemos
¡Nunca más presos del miedo! ¡Basta ya de impunidad!
De: La Voz de Afgap - 12 dic
Marcha convocada por:
Familiares y vecinos de Sergio Lemos.
PIT-CNT, FEUU, FUCVAM
Esta vez le tocó al barrio Casabó
(Jorge Zabalza)
CONFLICTIVIDAD SINDICAl
Ocuparon algunos salones del IAVA en protesta por elección de horas
Ocuparon algunos salones del IAVA en protesta por elección de horas
El liceo funciona normalmente. Los funcionarios consideran que se cometieron irregularidades en la designación de la elección de horas extras.
jue dic 12 2013 - El País uy
La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) ocupó hoy los salones del liceo IAVA donde se iba a realizar la elección de horas docentes.
La medida se tomó ante la "intransigencia del Consejo de Educación Secundaria ante la elección de horas" ya que consideran que se cometieron "irregularidades", dijeron a El País representantes de Fenapes.
Los docentes esperan una reunión con representantes del Ministerio de Trabajo que intervenga en la situación. Mientras el liceo funciona con normalidad.
La medida se tomó ante la "intransigencia del Consejo de Educación Secundaria ante la elección de horas" ya que consideran que se cometieron "irregularidades", dijeron a El País representantes de Fenapes.
Los docentes esperan una reunión con representantes del Ministerio de Trabajo que intervenga en la situación. Mientras el liceo funciona con normalidad.
EN URUGUAY
Niveles de pobreza se mantuvieron constantes, según Cepal
SANTIAGOAFP-jue dic 5 2013
Niveles de pobreza se mantuvieron constantes, según Cepal
Sin embargo, la indigencia en la región creció y suma a 68 millones de personas.
La pobreza en Uruguay, así como en América Latina, permaneció estable en 2013 respecto al año previo. En el continente, la indigencia subió levemente, por el aumento en el precio de los alimentos, indicó este jueves un informe de la Cepal.
Uruguay mantuvo sus niveles de pobreza con respecto a la estimación previa del organismo, al igual que en Costa Rica, El Salvador, la República Dominicana. México, en tanto, fue el único país con información disponible a 2012 por la Cepal donde los indicadores aumentaron: la pobreza pasó de 36,3% a 37,1% y la indigencia de 13,3% a 14,2%.
Con datos proyectados al 2013, "la pobreza estaría afectando a unos 164 millones de personas en la región, igual número que en 2012", equivalente a 27,9% de la población total, consignó el informe "Panorama Social 2013", presentado este jueves por la Comisión Económica para América Latina y el caribe (Cepal), en Santiago.
De ese total, 68 millones se encuentran en la extrema pobreza o indigencia, dos millones más de personas que el año pasado, equivalente a 11,5% de los habitantes del total del habitantes de la región, agregó el reporte.
"Estos resultados están estrechamente relacionados con el desempeño macroeconómico de la región", afectado por el deterioro de la economía mundial, explicó la Cepal, un organismo técnico de las Naciones Unidas, que tiene su sede en Santiago.
Específicamente, "el aumento en la indigencia ha sido causado por el incremento del costo de los alimentos por encima de la inflación general", agregó el organismo
Hasta 2012, América Latina había avanzado sostenidamente en la reducción de la pobreza, debido a la mejoría de sus indicadores económicos, con una caída desde 2002 de la pobreza en 15,7 puntos porcentuales y de la indigencia 8,0 puntos.
Sólo el año pasado, la pobreza registró en Latinoamérica una caída de 1,4 punto porcentual y la indigencia de 0,3 puntos con respecto a 2011. "Pero las cifras recientes muestran una desaceleración.
El único número aceptable de personas viviendo en la pobreza es cero, por lo que llamamos a los países a llevar cabo un cambio estructural en sus economías para crecer de forma sostenida con mayor igualdad", dijo la Secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, al presentar el reporte.
Seis de los 11 países con información disponible en 2012 registraron disminuciones en sus niveles de pobreza respecto a 2011, de acuerdo a Cepal.
Venezuela presentó la mayor reducción de la pobreza, con una disminución 5,6 puntos porcentuales en la pobreza extrema, que pasó de 29,5% a 23,9%, mientras que la indigencia cayó 2,0 puntos porcentuales, desde 11,7% a 9,7%.
En Ecuador, la pobreza bajó 3,1 puntos porcentuales (de 35,3% a 32,2%) y la indigencia 0,9 puntos porcentuales (de 13,8% a 12,9%).
En Brasil, la pobreza disminuyó 2,3 puntos (de 20,9% a 18,6%) y la pobreza extrema 0,7 puntos (de 6,1% a 5,4%), mientras que en Perú se registró una caída de la tasa de pobreza de 2 puntos y en Argentina y Colombia la reducción fue algo superior a 1 punto porcentual, sin cambios significativos en la pobreza extrema.
Uruguay mantuvo sus niveles de pobreza con respecto a la estimación previa del organismo, al igual que en Costa Rica, El Salvador, la República Dominicana. México, en tanto, fue el único país con información disponible a 2012 por la Cepal donde los indicadores aumentaron: la pobreza pasó de 36,3% a 37,1% y la indigencia de 13,3% a 14,2%.
Con datos proyectados al 2013, "la pobreza estaría afectando a unos 164 millones de personas en la región, igual número que en 2012", equivalente a 27,9% de la población total, consignó el informe "Panorama Social 2013", presentado este jueves por la Comisión Económica para América Latina y el caribe (Cepal), en Santiago.
De ese total, 68 millones se encuentran en la extrema pobreza o indigencia, dos millones más de personas que el año pasado, equivalente a 11,5% de los habitantes del total del habitantes de la región, agregó el reporte.
"Estos resultados están estrechamente relacionados con el desempeño macroeconómico de la región", afectado por el deterioro de la economía mundial, explicó la Cepal, un organismo técnico de las Naciones Unidas, que tiene su sede en Santiago.
Específicamente, "el aumento en la indigencia ha sido causado por el incremento del costo de los alimentos por encima de la inflación general", agregó el organismo
Hasta 2012, América Latina había avanzado sostenidamente en la reducción de la pobreza, debido a la mejoría de sus indicadores económicos, con una caída desde 2002 de la pobreza en 15,7 puntos porcentuales y de la indigencia 8,0 puntos.
Sólo el año pasado, la pobreza registró en Latinoamérica una caída de 1,4 punto porcentual y la indigencia de 0,3 puntos con respecto a 2011. "Pero las cifras recientes muestran una desaceleración.
El único número aceptable de personas viviendo en la pobreza es cero, por lo que llamamos a los países a llevar cabo un cambio estructural en sus economías para crecer de forma sostenida con mayor igualdad", dijo la Secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, al presentar el reporte.
Seis de los 11 países con información disponible en 2012 registraron disminuciones en sus niveles de pobreza respecto a 2011, de acuerdo a Cepal.
Venezuela presentó la mayor reducción de la pobreza, con una disminución 5,6 puntos porcentuales en la pobreza extrema, que pasó de 29,5% a 23,9%, mientras que la indigencia cayó 2,0 puntos porcentuales, desde 11,7% a 9,7%.
En Ecuador, la pobreza bajó 3,1 puntos porcentuales (de 35,3% a 32,2%) y la indigencia 0,9 puntos porcentuales (de 13,8% a 12,9%).
En Brasil, la pobreza disminuyó 2,3 puntos (de 20,9% a 18,6%) y la pobreza extrema 0,7 puntos (de 6,1% a 5,4%), mientras que en Perú se registró una caída de la tasa de pobreza de 2 puntos y en Argentina y Colombia la reducción fue algo superior a 1 punto porcentual, sin cambios significativos en la pobreza extrema.
La degradación y la esperanza del FA
por Julio A. Louis
Publicado en "Voces" nr 1213
Muchos de los que hemos participado en varios Congresos del FA, coincidimos en que éste ha sido el peor. Si bien son erróneas las apreciaciones unilaterales (“todo es negro”, o “todo es blanco”) es evidente que en este Congreso ha predominado lo negativo, trasuntado en criterios antidemocráticos y pésima organización retroalimentados entre sí, y notorio retroceso ideológico. Lo positivo es que ante el acentuado proceso de derechización, de social-liberalización (más que de social-democratización), las grandes corrientes se han agrupado básicamente en tres: la defensora del sistema -molesta ante cualquier definición antiimperialista o contraria al gran capital- expresada en el Frente Líber Seregni y en la mayoría del Partido Socialista; las fuerzas centristas, encabezadas por el Partido Comunista y el MPP, empujando sin convicción a perfumar el documento central, pero a la vez promotoras del Dr. Vázquez, adalid del conservadurismo ideológico y de la alianza con el imperialismo norteamericano; y una renacida izquierda, plural, proveniente del “abajo que se mueve” en los Comités de Base, sindicatos, movimiento cooperativista, etc., en derredor de Constanza.
Los criterios antidemocráticos priman ya con anterioridad a las sesiones del Congreso. Se trabaja con dificultades en las Comisiones, soportando presiones, hasta que informan. Ahí comienzan a operar tres miembros designados centralmente, quienes se abrogan derechos para fijar qué cosas pueden “pasar” a las bases y qué cosas deben impedirse. Claro está que en nombre de “la unidad”, la que también reclama el Dr. Vázquez, el mismo que gobernó sin atender a su fuerza política, contraviniendo sus principios y programa y hasta vetando una ley emanada de ella.
Hubo pésima organización de las Comisiones del Congreso; en el caso de economía con aportes de “los 8”, abandonados después fruto de “negociaciones” y presiones varias, fundamentados en el “consenso” defendido por V. Turianski, mediando la convocatoria urgente de un Plenario Nacional paralelo al Congreso . Y peor, recuento de votos sin garantías. En una época en que con mínima estructura se puede votar y saber al instante exactamente cuántos son los votantes, el recuento por quienes muchas veces ni explicaron los criterios a los congresales (por ejemplo, que no contaban los votos de quienes estaban de pie) no ha ofrecido garantías. Si bien el Congreso adoptó el criterio de proclamar como pre-candidatos a Moreira y Vázquez, pasados a expedirse por uno u otro, quedó la duda de si Vázquez llegó a los dos tercios, esto es, el 66.66% por ciento con su 67%, dos tercios que en otras condiciones se erigía en el mínimo para ser proclamado candidato oficial.
Retroceso respecto a definiciones del Congreso del 2008, de un programa “pos-socialdemócrata” según Mujica. Otra vez, se ha “tirado la pelota para adelante” con ambigüedades que sirven a un roto como a un descosido. Así, ha predominado “la unidad” en base a dejar que el próximo Presidente interprete las resoluciones.
Lo positivo ha sido la amplitud de la rebelión de las bases. Pese a la disciplina exigida por las direcciones a sus afiliados –en especial del MPP y del PC- y al intento de despreciar el significado de la pre-candidatura de Constanza, el 43% de los congresales votaron en contra de tener que elegir entre uno y otro, y más de un 23% votaron por ella, con otro 10% de abstención.
La candidatura de Constanza es el nuevo “fitito” del que escribía despectivamente el Senador Michelini acerca de la pre-candidatura de Mujica en 2009. Con algunas diferencias: la solidez intelectual y la firmeza de la que hace gala Moreira, opuesta al bamboleo pequeño-burgués constante del hoy presidente y además, al hecho que su pre-candidatura atenta contra los aparatos partidarios, promovida desde las bases solo con el apoyo de algunos pequeños partidos.
Queda planteada una lucha desigual. Entre el septuagenario ex presidente, y la primera aspirante mujer, adalid del cambio generacional; entre el conservadurismo ideológico (expresado en el veto al “aborto”) y el pensamiento de izquierda en proceso de reconstrucción y afirmación; entre el Presidente de la Fundación W. Wilson y aliado de Bush, y una consecuente antiimperialista; entre quien augura el renacimiento de viejos y nuevos problemas con los vecinos y el Mercosur y quien apuesta a la integración de Nuestra América. Y entre las tres corrientes en la interna.
El favoritismo de Vázquez para ganar las elecciones depende de los votos de Constanza. Pero para su proyecto “unitario” y sin “atajos”, requerirá apartarse de la izquierda y contar con nuevos aliados, entre los cuales ya se apuntan el Partido Independiente y el Intendente Omar Lafluf. El proyecto histórico del FA llegará a su fin, apostando en tiempos de crisis a las recetas que aplican los social-demócratas y social-liberales en Grecia, España o Francia. La clase trabajadora y el pueblo o reaccionan rápidamente, o deberán hacer el aprendizaje doloroso de la frustración de un proyecto que nació antiimperialista y opuesto al gran capital.-
Enviado por Walter Martínez (FA México) yReenviado por Jorge Zabalza y Nestor Durante
PVP y Pit-Cnt están alertas ante posibles cambios
Accidentes laborales: sacudón en el FA
Accidentes laborales: sacudón en el FA
La decisión de la bancada del Frente Amplio de revisar el contenido del proyecto de ley que establece la responsabilidad penal del empleador en el caso de accidentes laborales, no solamente sacudió la interna del oficialismo sino que molestó a la central de trabajadores Pit-Cnt, que ayer expresó su sorpresa por los cambios.
El País uy
Rubio declaró a El País que el proyecto, tal como está, "me genera muchísimas incertidumbres".
El Pit-Cnt dio a conocer ayer un comunicado en donde señala que "observando el desarrollo del debate ahora en la órbita del Senado, nos llama poderosamente la atención algunas opiniones formuladas por representantes de la bancada de gobierno, las cuales ponen en duda la promulgación de la ley".
Además, advirtió que el Pit-Cnt "está atento y expectante a la dilucidación del tema, en el entendido de que apoya en un todo a este proyecto de ley".
Otra reacción se produjo a nivel político en la interna del Frente Amplio, cuando el PVP exigió la aprobación de esta ley.
"Los senadores del Frente Amplio deberán aprobar ya el proyecto", dijo el PVP, para agregar que "los mensajes públicos en contrario solo pueden llevar a la confusión de la opinión pública afectando la credibilidad de todo el Frente Amplio".
Figurita repetida
Eduardo Lorier se perfila para ser reelecto en la secretaría general del PCU.
El Comité Central del Partido Comunista del Uruguay (PCU) definirá este domingo el nombre de su secretario general. El que tiene más chances de ocupar el cargo es el actual secretario, el senador Eduardo Lorier.
El dirigente Juan Canessa, director del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, se mostró confiado en que “se va a reelegir a Eduardo [Lorier]”. El dirigente Daniel Berrutti afirmó que no conoce la existencia de candidaturas alternativas a la de Lorier. El domingo pasado, en el Congreso del PCU, se votó un nuevo Comité Central y Lorier ocupó el vigésimo lugar. Berrutti desestimó que esto constituya una “señal”. Recordó que la ex secretaria general Marina Arismendi ocupó ese cargo en más de una ocasión, pese a haber entrado “por un voto” al Comité Central en una instancia y haber estado “a mitad de tabla” en la otra.
Hasta el momento no hay propuestas alternativas para ocupar la secretaría general. Se había manejado el nombre del secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), Óscar Andrade, pero éste ya manifestó a otros dirigentes que “ni loco” asume esa responsabilidad en este momento. También se manejó el nombre del actual vicepresidente del Frente Amplio (FA), Juan Castillo.
Pero el propio Castillo no considera conveniente pasar de la dirección de la coalición de izquierda a la dirección del PCU.
“Yo no tengo aspiración. Si di un paso al costado del movimiento sindical, si hace poco más de un año que estoy en la responsabilidad de la vicepresidencia del FA, parece medio contradictorio que asuma una responsabilidad como la secretaría general, para la cual tendría que renunciar a la vicepresidencia del FA”, declaró Castillo. Por otra parte, respecto de la posibilidad de que se proponga un dirigente sindical para ocupar la secretaría general, evaluó que “nunca ocurrió que saquemos un dirigente sindical para ponerlo en una responsabilidad orgánica del partido”.
La elección del nuevo Comité Central del PCU significó, entre otras cosas, un respaldo a dirigentes que provienen del sindicalismo. El más votado fue Andrade, seguido del coordinador del PIT-CNT Marcelo Abdala y de Castillo. Gabriel Molina, dirigente del sindicato de Antel, se ubicó en sexto lugar, y Faustino Rodríguez, presidente del SUNCA, en el noveno. Castillo evaluó que esto obedece al “ascenso de la política sindical y al destaque de dirigentes como Óscar Andrade”. Abdala interpretó lo sucedido como un “respaldo a la orientación de masas que definimos en la clase obrera” y evaluó que, sea quien sea el secretario general, deberá crearse un “equipo de trabajo” que haga una tarea “colectiva”. “Tenemos que armar una dirección colectiva a la altura de los desafíos del movimiento obrero y popular”, sostuvo.
Castillo, en tanto, opinó en la misma línea; al no haber un cambio en la secretaría general, deberían producirse cambios tanto en la composición de las secretarías ejecutivas como en quienes encabecen las listas para la próxima elección. “No descarto que Lorier pueda mantenerse en la secretaría general, pero tal vez tengamos que pensar en una renovación del Comité Ejecutivo y en mostrar cambios en la elaboración de las listas para las elecciones de octubre”, señaló.
Estimó que “capaz” que sería deseable que Lorier no encabece la lista al Senado. “No necesariamente el secretario general tiene que ser senador o diputado”, indicó Castillo. Opinó que sería bueno, en cambio, que la encabece algún dirigente que se destacó en la votación del Comité Central, por ejemplo quienes hoy ocupan cargos de gobierno. Mencionó, entre otros, los nombres de la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, de la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, y del subsecretario de Educación, Óscar Gómez.
“Tienen experiencia en gestión de gobierno y han crecido mucho políticamente en esta última etapa”, valoró Castillo. Además, se mostró partidario de que Andrade encabece la lista de Diputados.
El dirigente Juan Canessa, director del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, se mostró confiado en que “se va a reelegir a Eduardo [Lorier]”. El dirigente Daniel Berrutti afirmó que no conoce la existencia de candidaturas alternativas a la de Lorier. El domingo pasado, en el Congreso del PCU, se votó un nuevo Comité Central y Lorier ocupó el vigésimo lugar. Berrutti desestimó que esto constituya una “señal”. Recordó que la ex secretaria general Marina Arismendi ocupó ese cargo en más de una ocasión, pese a haber entrado “por un voto” al Comité Central en una instancia y haber estado “a mitad de tabla” en la otra.
Hasta el momento no hay propuestas alternativas para ocupar la secretaría general. Se había manejado el nombre del secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), Óscar Andrade, pero éste ya manifestó a otros dirigentes que “ni loco” asume esa responsabilidad en este momento. También se manejó el nombre del actual vicepresidente del Frente Amplio (FA), Juan Castillo.
Pero el propio Castillo no considera conveniente pasar de la dirección de la coalición de izquierda a la dirección del PCU.
“Yo no tengo aspiración. Si di un paso al costado del movimiento sindical, si hace poco más de un año que estoy en la responsabilidad de la vicepresidencia del FA, parece medio contradictorio que asuma una responsabilidad como la secretaría general, para la cual tendría que renunciar a la vicepresidencia del FA”, declaró Castillo. Por otra parte, respecto de la posibilidad de que se proponga un dirigente sindical para ocupar la secretaría general, evaluó que “nunca ocurrió que saquemos un dirigente sindical para ponerlo en una responsabilidad orgánica del partido”.
La elección del nuevo Comité Central del PCU significó, entre otras cosas, un respaldo a dirigentes que provienen del sindicalismo. El más votado fue Andrade, seguido del coordinador del PIT-CNT Marcelo Abdala y de Castillo. Gabriel Molina, dirigente del sindicato de Antel, se ubicó en sexto lugar, y Faustino Rodríguez, presidente del SUNCA, en el noveno. Castillo evaluó que esto obedece al “ascenso de la política sindical y al destaque de dirigentes como Óscar Andrade”. Abdala interpretó lo sucedido como un “respaldo a la orientación de masas que definimos en la clase obrera” y evaluó que, sea quien sea el secretario general, deberá crearse un “equipo de trabajo” que haga una tarea “colectiva”. “Tenemos que armar una dirección colectiva a la altura de los desafíos del movimiento obrero y popular”, sostuvo.
Castillo, en tanto, opinó en la misma línea; al no haber un cambio en la secretaría general, deberían producirse cambios tanto en la composición de las secretarías ejecutivas como en quienes encabecen las listas para la próxima elección. “No descarto que Lorier pueda mantenerse en la secretaría general, pero tal vez tengamos que pensar en una renovación del Comité Ejecutivo y en mostrar cambios en la elaboración de las listas para las elecciones de octubre”, señaló.
Estimó que “capaz” que sería deseable que Lorier no encabece la lista al Senado. “No necesariamente el secretario general tiene que ser senador o diputado”, indicó Castillo. Opinó que sería bueno, en cambio, que la encabece algún dirigente que se destacó en la votación del Comité Central, por ejemplo quienes hoy ocupan cargos de gobierno. Mencionó, entre otros, los nombres de la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, de la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, y del subsecretario de Educación, Óscar Gómez.
“Tienen experiencia en gestión de gobierno y han crecido mucho políticamente en esta última etapa”, valoró Castillo. Además, se mostró partidario de que Andrade encabece la lista de Diputados.
Natalia Uval- La Diaria
Envío:Amarelle
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