EL NUEVO SISTEMA PENAL DEBUTO CON CUATRO PRISIONES PREVENTIVAS POR 30 DIAS
Ocho detenidos para tres audiencias
El juez Javier Beltramone fue el primero en tomar una causa con la reforma penal, y determinó dejar detenidos un mes a los imputados de un robo calificado en una estación de servicios de Arroyo Seco. Hubo algunas dificultades informáticas.
Por Lorena Panzerini
Por Lorena Panzerini
La primera audiencia en el nuevo sistema penal se produjo a las 16.30, a cargo de Beltramone.Imagen: Alberto Gentilcore
En las primeras horas de ayer, cuando comenzó a regir el nuevo sistema procesal penal en la provincia, Rosario registró ocho detenciones que rápidamente movilizaron los mecanismos para realizar tres audiencias imputativas orales y públicas durante la tarde. Fueron tres hechos diferentes, por tentativas de robo y tenencia de armas, según confirmó a Rosario/12 el fiscal Patricio Serjal, de la Unidad Fiscal de Flagrancia y Turno. A primera hora de la mañana, la fiscalía comunicó sobre los apresados al Servicio Público de la Defensa y a la Oficina de Gestión Judicial, donde organizaron las audiencias imputativas y de libertad. La primera, se realizó a las 16.30 de ayer, con cuatro acusados de un robo calificado. El juez Javier Beltramone fue el primero en actuar en una causa dentro de la reforma penal que se estrenó ayer. Y dictaminó la prisión preventiva por 30 días a los cuatro imputados de robo agravado por el uso de armas a una estación de servicios de Arroyo Seco. Las otras dos audiencias fueron presididas por los jueces Gonzalo López Quintana y Gustavo Pérez de Urrechu. Además, para el mediodía de ayer, habían ingresado más de 30 denuncias al Ministerio Público de la Acusación. En el viejo sistema --llamado "de conclusión de causas"-- quedan unos 1800 presos en toda la provincia y sus expedientes deberán priorizarse.
En las primeras horas de ayer, cuando comenzó a regir el nuevo sistema procesal penal en la provincia, Rosario registró ocho detenciones que rápidamente movilizaron los mecanismos para realizar tres audiencias imputativas orales y públicas durante la tarde. Fueron tres hechos diferentes, por tentativas de robo y tenencia de armas, según confirmó a Rosario/12 el fiscal Patricio Serjal, de la Unidad Fiscal de Flagrancia y Turno. A primera hora de la mañana, la fiscalía comunicó sobre los apresados al Servicio Público de la Defensa y a la Oficina de Gestión Judicial, donde organizaron las audiencias imputativas y de libertad. La primera, se realizó a las 16.30 de ayer, con cuatro acusados de un robo calificado. El juez Javier Beltramone fue el primero en actuar en una causa dentro de la reforma penal que se estrenó ayer. Y dictaminó la prisión preventiva por 30 días a los cuatro imputados de robo agravado por el uso de armas a una estación de servicios de Arroyo Seco. Las otras dos audiencias fueron presididas por los jueces Gonzalo López Quintana y Gustavo Pérez de Urrechu. Además, para el mediodía de ayer, habían ingresado más de 30 denuncias al Ministerio Público de la Acusación. En el viejo sistema --llamado "de conclusión de causas"-- quedan unos 1800 presos en toda la provincia y sus expedientes deberán priorizarse.
La madrugada de ayer comenzó movida: alrededor de las 3 de la mañana, la policía detuvo a cuatro jóvenes por una tentativa de robo calificado en una estación de servicio con minimarket, de la localidad de Arroyo Seco. En ese operativo se secuestraron dos revólveres. Además del comercio, siete clientes fueron víctimas en el intento de atraco. En la audiencia de ayer por la tarde, a sala llena, los acusados estuvieron representados por el abogado particular Marcelo Argenti, y el defensor Público Oficial, Mariano Buffarini, mientras que el fiscal Serjal realizó la acusación y continuará con la investigación del hecho. Los cuatro imputados fueron Alberto G., Gino C., Brian Eduardo A. y Brian Oscar A..
Casi a la misma hora, en el barrio Santa Lucía, otras dos personas fueron arrestadas por una balacera. En el operativo se secuestraron una escopeta y un revólver; mientras que una persona terminó con heridas leves.
El tercer hecho por el que ayer se realizó una tercera audiencia fue otro intento de asalto en una heladería de San Martín al 4800. Dos personas fueron detenidas, ya que intentaban escapar cuando la policía llegó al lugar, luego de que se activara el sistema de monitoreo del comercio. Si bien tres personas protagonizaron el episodio, uno de ellos fue liberado por no contar con antecedentes penales; sin embargo, los otros dos cuentan con prontuario policial por hechos similares.
Consultado sobre estos primeros pasos en el trabajo de los fiscales como investigadores --tarea que antes correspondía al juez--, el fiscal Regional, Jorge Baclini, manifestó que hay "expectativas alentadoras" y destacó que no hubo inconvenientes para trabajar las causas, excepto por alguna cuestión en el sistema informático que pudo solucionarse.
Al mismo tiempo, Baclini señaló que para el mediodía de ayer, habían ingresado más de 30 denuncias a las oficinas de los fiscales en Montevideo al 1900, donde hay tres bocas de atención, una para denuncias en general, y otras dos para denuncias específicas a profesionales del derecho o a personal policial. Ayer, la mayoría de las presentaciones tenían que ver con cheques extraviados, amenazas y lesiones.
Desde la Oficina de Gestión Judicial, su titular, Juan Pablo Beltramone, explicó que habrá dos jueces de turno, todas las semanas: un juez de turno ordinario, que tendrá su agenda liberada esa semana para atender los casos y audiencias de cada día, y trabajará de lunes a viernes, de 7.15 a 18.30; mientras que otro turno será el del juez de urgencias, que trabajará sábados, domingos y feriados, y los días de semana desde las 18.30, para firmar eventuales órdenes urgentes. En el nuevo sistema, trabajan diez jueces, además de la jueza de Ejecución Penal.
Con respecto a las causas del sistema residual, la semana pasada el procurador Jorge Barraguirre se reunió con fiscales de Cámaras de toda la provincia, para delinear qué tipos de casos será prioritario resolver, ya que se estima que ambos sistemas convivirán unos tres años. Según pudo saber este diario, en las causas residuales que están dentro de juzgados de Instrucción, los fiscales deben optimizar aquellos hechos que tengan personas detenidas y las causas que --según el delito-- puedan llegar a juicio oral y público; también hechos que hayan sido mediáticos. En tanto, los fiscales que tienen causas en la Justicia Correccional deben priorizar aquellos hechos de homicidios culposos, con víctimas de lesiones graves culposas, tenencias de arma de uso civil y violencia intrafamiliar. Algunos de los casos más renombrados en Rosario son la causa de Juan Carlos Vienna que investiga a la banda de Los Monos, por el homicidio de Martín "Fantasma" Paz; la balacera en la casa del Gobernador, la explosión del edificio de calle Salta 2141, el crimen del empresario investigado por narco Luis Medina, la caída de una taza del juego de la Vuelta al Mundo del International Park, la muerte del líder de la banda Los Monos, Ariel "Pájaro" Cantero, el triple crimen de Villa Moreno y una importante causa por enriquecimiento ilícito que debía mover la jueza María Luisa Pérez Vara. En Santa Fe, se espera resolución de las inundaciones 2003, la violencia gremial de la Uocra y la rebelión policial de diciembre pasado, entre otras.
En tanto, para Rosario, el procurador encargó al fiscal Guillermo Camporini el impulso de casos de enriquecimiento ilícito de personal policial y los hechos delictivos en espectáculos deportivos; mientras que la fiscal María Eugenia Iribarren llevará los casos puntuales con implicancia de armas. Se trata de los tres lineamientos que dio el jefe de los fiscales en enero pasado.
Fuente:Rosario12
Nueva justicia penal en Santa Fe
Del modelo “inquisitivo” a otro “acusatorio”
10/02/2014
Gobierno de Santa Fe
Para el gobierno de Antonio Bonfatti, este lunes “se recordará como un mojón histórico que marca un antes y un después”, ya que se pone en marcha la nueva justicia penal de Santa Fe. “El sistema inquisitivo, escrito, caracterizado por la centralidad del expediente, quedará archivado, definitivamente, en un pasado donde abundan imágenes de una justicia lejana e inaccesible. El nuevo modelo, en cambio, es oral y público en todas sus instancias (no sólo en el juicio). El proceso está a la vista de las partes y de la sociedad, lo que determina una justicia más ágil, transparente, cercana y, sobre todo, más comprensible y humana”, se lee en un comunicado del Ministerio de Justicia provincial.
Bonfatti, junto con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, se reunirán este lunes a las 11.30 con los miembros de la Corte y luego recorrerán las nuevas salas de Audiencias y Oficinas de Gestión Judicial de la ciudad de Santa Fe. También estarán presentes el vicegobernador Jorge Henn; y los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi; y de Seguridad, Raúl Lamberto.
“En el nuevo enjuiciamiento penal, la víctima de un delito o sus familiares, convidados de piedra en el sistema anterior pues no eran parte del proceso, pasan a ocupar el centro de la escena, porque pueden convertirse en querellantes y recibir respuestas más rápidas y acordes a sus necesidades. Otra novedad es que los fiscales se encargan de investigar y los jueces sólo tienen por obligación resolver, en función de las pruebas y elementos aportados por el Ministerio Público de la Acusación y la defensa”, indicaron desde la provincia.
“Este histórico cambio reconfigura por completo la justicia de Santa Fe, poniéndola en consonancia con los principios que contiene la Constitución nacional y los tratados internacionales”, resaltaron. A su turno, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, señaló: “De esta manera se salda una vieja deuda y se cumple con una asignatura pendiente que el Poder Ejecutivo asumió como política de Estado para articular con el resto de los poderes”.
Para el funcionario, “ahora todo el proceso se desarrolla públicamente, a la vista de las partes y de la ciudadanía en general. El secretismo del sistema escrito deja lugar a la transparencia y la lentitud del expediente es reemplazada por la agilidad de la oralidad y por nuevos procedimientos administrativos. Las personas pasan a ser protagonistas”.
“Esta transformación implica un profundo cambio cultural, un nuevo paradigma y una nueva distribución del poder”, señaló Lewis, al frente del Ministerio que ha sido órgano de implementación de la reforma. “Constituye una de las transformaciones institucionales más grandes en la provincia desde el retorno a la democracia”, subrayó el ministro.
“En el viejo sistema, denominado inquisitivo, el juez tenía un papel fundamental, excesivo, porque se encargaba de investigar, impulsar la causa y dictar sentencia. Ahora, sólo debe decidir en el marco de una audiencia oral. El fiscal, representante de los intereses sociales, establece en cada caso si lleva adelante la persecución penal o no, y si resuelve hacerlo, reúne la prueba, prepara su caso, presenta la acusación y la sostiene”, indicaron desde la cartera judicial de la provincia.
“El defensor, representante de los exclusivos intereses de su defendido, reacciona frente a la pretensión del fiscal. El tribunal se expide, luego de oír a las partes, y procurando que se respete la ley en todo momento del proceso. Para garantizar esta nueva dinámica, se dictaron leyes complementarias al nuevo Código de Procedimientos, entre ellas las que crean el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, los cuales nuclean a fiscales y defensores respectivamente”, continuó el comunicado.
Y siguió: “Además de estas instituciones, que pertenecen al ámbito judicial, se crearon otros organismos y reparticiones que suman funciones y desconcentran poder. Como los nuevos tribunales penales (ahora los jueces trabajan en colegios y no en juzgados, es decir que hay un pool de magistrados a quienes se les va asignando casos para que resuelvan) y la Oficina de Gestión Judicial, que organiza el sistema de audiencias y se encarga de todo lo administrativo. Por otra parte, el Ejecutivo creó cinco Centros de Asistencia Judicial (CAJ) a lo largo de la provincia para asistir a las víctimas en situación de vulnerabilidad. Los CAJ cuentan con oficinas de asistencia a la víctima y de mediación penal, un servicio público que surge como alternativa a la respuesta tradicional a los conflictos penales y permite alcanzar acuerdos reparatorios”.
Es que con el nuevo sistema, además de la tradicional sentencia “culpable o inocente”, es posible arribar a acuerdos y plantear salidas alternativas al juicio para una resolución del conflicto. “Este modelo es jurídicamente más acomodado, con mayor versatilidad para resolver más eficazmente el conflicto, y también aparece con herramientas nuevas”, indicó en este sentido Lewis.
Es que con el nuevo sistema, además de la tradicional sentencia “culpable o inocente”, es posible arribar a acuerdos y plantear salidas alternativas al juicio para una resolución real del conflicto. “Este modelo es jurídicamente más acomodado, con mayor versatilidad para resolver más eficazmente el conflicto, y también aparece con herramientas nuevas”, indicó en este sentido Lewis.
Fuente: prensa gobierno de Santa Fe.
Fuente:RedaccionRosario
El flamante Código Procesal Penal debutó sin sobresaltos
11 feb, 2014
En la tarde de ayer se realizaron tres audiencias orales en las que se expusieron hechos ocurridos en el día con 8 detenidos.
11 feb, 2014
Es probable que las personas detenidas durante la madrugada de ayer no supieran que, además de enfrentar una causa penal, pasarán a la historia como los primeros acusados bajo la nueva normativa procesal penal que rige desde ayer en toda la provincia de Santa Fe y que esperó casi 7 años para su entrada en funcionamiento. El primer día de la aplicación del nuevo Código arrancó sin mayores inconvenientes. En los pasillos de los Tribunales provinciales la reforma se vivió con optimismo y ansiedad por la espera de las primeras audiencias, que se desarrollaron durante la tarde.
La primera jornada de aplicación del nuevo sistema comenzó con ocho personas detenidas durante la madrugada en tres hechos delictivos diferentes, los cuales se convirtieron en los casos que inauguraron las audiencias orales y públicas que se realizaron durante la tarde de ayer.
El primero de los hechos tuvo lugar en barrio Santa Lucía, donde un confuso episodio terminó a los tiros. En esta oportunidad se produjo el arresto de dos personas que estaban armadas con una escopeta y un revólver. El caso dio lugar al estreno de las salas de audiencias del primer piso de los tribunales donde, a partir de las 16.30, se llevó adelante la imputación del hecho por parte de la Unidad Fiscal de Flagrancia y Turno.
En ese mismo horario, aunque en otra sala, cuatro personas escucharon la acusación que los fiscales efectuaron en su contra por la presunta comisión del delito de tentativa de robo calificado (ver página 16). El cuarteto fue apresado en una estación de servicios de Arroyo Seco a la que ingresaron armados para sustraer la recaudación y despojar a siete clientes de sus efectos personales.
La tercera audiencia fue pautada para las 17.30 por un hecho de tentativa de robo de una heladería ubicada en San Martín al 4800. Por el hecho dos personas quedaron a disposición de la Justicia Penal, una de las cuales contaba con un pedido de captura por una condena anterior por un hecho de robo.
Jueces
Acerca de la actuación jurisdiccional, son diez los magistrados que se desenvolverán en el nuevo sistema, tres de los cuales –Gonzalo López Quintana, Javier Beltramone y Gustavo Pérez de Urrechu– ya iniciaron su tarea en la tarde de ayer.
En principio, los jueces se harán cargo de las audiencias que les asigne la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) por sorteo, y el trabajo estará vinculado a la Investigación Penal Preparatoria (IPP). A medida que transcurra el tiempo, la rutina se modificará y habrá jueces de IPP y otros de juicio, como lo especifica la ley.
Juan Pablo Beltramone, director de la OGJ, explicó que existen dos jueces de turno que variarán semanalmente: uno ordinario, que va a tener su agenda liberada para atender exclusivamente las audiencias de los hechos que vayan ocurriendo y que actuará en horas y días hábiles (de lunes a viernes de 7.15 a 18.30); y otro extraordinario, que cumplirá funciones luego de ese horario y los días inhábiles para todas las medidas urgentes que se presenten durante una investigación, por ejemplo una orden de allanamiento, detalló.
Denuncias
Desde el flamante Ministerio de la Acusación –ubicado en Montevideo al 1900– sostuvieron que el primer día se desarrolló prácticamente sin sobresaltos aunque se presentaron algunos inconvenientes operativos que fueron resueltos poco después. A su vez detallaron que la comunicación online con la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), encargada de las tareas administrativas y organizativas, funcionó correctamente.
Respecto a la atención de las personas que se acercan al edificio de Montevideo 1968, la fiscalía dispuso la creación de tres oficinas: atención al público, atención a profesionales y atención a personal policial.
Hasta el mediodía de ayer se recibieron alrededor de 30 denuncias de diversa índole, en su mayoría relacionadas con cheques, amenazas y lesiones.
El fiscal regional, Jorge Baclini, detalló que por el momento, y atento al personal con el que cuentan, las denuncias se tomarán únicamente por la mañana.
Ayer, en el edificio de los Tribunales provinciales, había escasa presencia de público frente a la Unidad de Información y Atención a la Víctima, que hasta el domingo reunía la presentación de todas las denuncias penales. Esta dependencia seguirá funcionando para los hechos de violencia familiar y de género, y en el caso de que alguna persona se presente a radicar alguna denuncia de otra índole, se tomará la presentación y luego se girará al Ministerio de la Acusación para su trámite.
Recorrida protocolar ante la ausencia de acto oficial
En el marco de la puesta en funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal, el gobernador Antonio Bonfatti visitó ayer a la mañana los Tribunales de la ciudad de Santa Fe y recorrió las nuevas salas de audiencia y la Oficina de Gestión Judicial, ubicadas en el subsuelo del edificio.
“Fue un esfuerzo de los tres poderes del Estado y también de aquellos que durante tantos años soñaron con un cambio en el sistema procesal penal de la provincia”, dijo ayer Bonfatti durante un discurso pronunciado en el Salón de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia de los Tribunales santafesinos.
“Hay un cambio de sistema que, más allá de la oralidad, transparenta el accionar de los jueces. Todos los juicios van a ser públicos”, dijo, y consideró que la reforma sólo fue posible por “la confluencia del Poder Legislativo sancionando las normas y leyes necesarias; el Poder Ejecutivo con el presupuesto y la parte de la infraestructura y la tecnología; y obviamente el accionar del Poder Judicial”.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, destacó que “el nuevo proceso penal va a acortar los tiempos. Este es un paso adelante en calidad y también cuantitativo”.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Luis Rubeo, dijo que el nuevo sistema significa un cambio de mentalidad profundo. “Como todo sistema nuevo, seguramente será perfectible y creo que a lo largo del tiempo habrá que hacer las modificaciones necesarias para lograr la mayor efectividad y eficacia en su funcionamiento”, remarcó.
De la recorrida participaron además todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe; el procurador Jorge Barraguirre; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis; del titular de la cartera de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi; y el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto.
También estuvo presente el fiscal general de la provincia, Julio de Olazábal; el fiscal de Estado, Pablo Saccone; el secretario de Justicia, Mariano Candioti; y la secretaria de Transformación de los Sistemas Judiciales, María Cecilia Vranicich.
El sistema conclusional tiene 1.800 privados de libertad
En relación a la conclusión de causas encuadradas en el viejo sistema, fuentes judiciales detallaron que en la provincia existen alrededor de 1.800 personas detenidas, por lo que es una prioridad el trabajo sobre estos expedientes, como así también sobre aquellas causas que se tramiten en forma oral durante el plenario o las que tuvieron una gran repercusión pública.
Así, a la par del nuevo procedimiento penal, continúan tramitando las causas iniciadas hasta el 9 de febrero, que quedaron al amparo del viejo Código Procesal Penal. En estos casos, es el juez de Instrucción quien está a cargo de la investigación del caso. Si el magistrado resuelve procesar a los imputados, la causa pasa a manos de un juez de Sentencia, tal y como venía ocurriendo hasta ahora.
Respecto a las causas Correccionales se focalizará sobre los casos por homicidios culposos y aquellas donde se investiguen lesiones graves o gravísimas, detalló un vocero.
Fuente:ElCiudadanoyLaGente
Se realizó la primera audiencia oral y pública del nuevo sistema penal
Cuatro jóvenes fueron imputados de robar una estación de servicios y les dieron 30 días de prisión preventiva. Debate, desprolijidades y una sala desbordada de funcionarios, abogados y periodistas.
Al frente de la audiencia y detrás del numeroso público presente estuvo el juez Javier Beltramone. (Foto: V. Benedetto)
Cuatro jóvenes fueron acusados de robo agravado en grado de tentativa y deberán pasar los próximos 30 días en prisión preventiva. Así lo dispuso ayer el juez Javier Beltramone al cerrar la primera audiencia imputativa, de carácter oral y público, que se realizó en los Tribunales de Rosario en el debut del nuevo sistema de enjuiciamiento penal que rige en la provincia. A esa resolución el magistrado llegó tras un debate de aproximadamente una hora y del cual participaron los fiscales Fernando Dalmau y Marisol Fabbro como acusadores; y el defensor oficial Mariano Buffarini y el abogado Marcelo Argenti en representación de los imputados.
Una pequeña sala del primer piso de Tribunales fue el escenario en el cual, a las 16.38, se dio inicio a una de las tres audiencias que marcaron el comienzo de una nueva etapa en la Justicia provincial . No alcanzó el espacio físico para dar cabida a ministros de la Corte, integrantes de los flamantes Ministerio Público de la Acusación (fiscales) y Servicio Público de la Defensa, abogados penalistas, estudiantes de derecho, periodistas y familiares de los acusados, por lo que todo transcurrió a puertas abiertas y con los pasillos colmados de gente que no se quiso perder la primera cita de lo que catalogan “un momento histórico” en la Justicia santafesina.
El hecho. Los cuatro imputados en la audiencia de ayer fueron apresados en una estación de servicios YPF de San Martín al 1100, en Arroyo Seco. Se trata de Gino Joel C., de 22 años; Brian Eduardo A., de la misma edad; Brian Oscar A., de 20; y Alberto Omar G., de 27. De acuerdo a lo relatado por la fiscal Marisel Fabbro, a las 3 de la mañana las cámaras de monitoreo del municipio captaron el accionar de cinco jóvenes, dos de ellos con armas de fuego, que amenazaron al playero y a otras personas obligándolos a ingresar al minimarket del comercio. Una vez allí esquilmaron a todas sus víctimas (11 personas entre empleados y clientes) robándoles dinero, celulares y otras pertenencias además de sacar el dinero de la caja del local.
Pero desde el centro de monitoreo arroyense se avisó al Comando Radioeléctrico Regional y un par de patrullas llegaron al lugar poniendo fin al atraco. En poder de los ladrones, dijeron los fiscales, “se hallaron dos armas de fuego (un revólver calibre 32 y otro 38) cuya capacidad para disparar deberá ser comprobada por las pericias”, además del dinero malhabido. Por eso, la fiscalía sostuvo la imputación hacia los cuatro muchachos por robo agravado por la portación de arma de fuego en grado de tentativa, y se reservó el derecho de ampliar la acusación hacia aquellos que hayan portado los revólveres una vez que vean las imágenes que permitieron abortar el asalto.
El debate. Tras el ingreso de los acusados a la sala, el juez les leyó sus derechos, les preguntó si habían tenido entrevistas previas con sus abogados y les pidió que se identifiquen. Después le dio la palabra al fiscal para que haga la imputación, pero el defensor oficial se adelantó planteando la primera discusión de la jornada. Es que Mariano Buffarini pidió la inmediata libertad de su pupilo, Alberto Omar G., al entender que su arresto había sido inconstitucional. Para el defensor, “el fiscal no es autoridad competente para ordenar la detención de nadie, sino que es el juez” quien debe emitir esa orden porque, dijo, “en caso contrario sería el mismo funcionario el que detiene y acusa”.
También explicó que “fue imposible para la defensa acceder a las pruebas utilizadas por la fiscalía para acusar” por lo que no se podía establecer “una igualdad de condiciones a la hora de diagramar una estrategia defensiva”. En ese sentido solicitó un cuarto intermedio que fue concedido por el juez.
De vuelta en audiencia, Beltramone desestimó el pedido de inconstitucionalidad planteado por el defensor oficial al entender que las detenciones fueron hechas “en flagrancia” (mientras se concretaba el hecho) y “por una autoridad competente” (la policía). Tras ello, a las 17.22, se dispuso a escuchar la acusación. La fiscal Fabbro detalló los hechos atribuidos y pidió varias medidas para ampliar la imputación: testimoniales, pericias a las armas, observación de los videos, rueda de reconocimiento, entre otras.
Asimismo, la fiscal solicitó se impongan 60 días de prisión preventiva a los acusados debido a que dos de ellos tienen antecedentes, e incluso uno de ellos tenía pedido de captura por burlar una salida transitoria; porque la pena que les puede corresponder es mayor a 3 años y 4 meses de prisión; y porque algunos de ellos no tienen residencia fija ni trabajo y por lo tanto podrían burlar la acción de la Justicia y fugarse.
La resolución. Sin embargo, las defensas refutaron esas afirmaciones y por lo tanto el pedido de prisión. Buffarini dijo que su defendido tiene domicilio fijo y “no había vuelto a prisión porque es padre único de dos criaturas” por lo que solicitó se morigere la prisión preventiva con un arresto domiciliario bajo caución y la tutela del padre; mientras que Argenti pidió lo mismo para sus tres clientes, dos de los cuales “no cuentan con antecedentes penales y no tendrían motivo para fugarse”.
Además, el profesional dijo que “el espíritu de este nuevo procedimiento penal no es atiborrar las comisarías con acusados en prisión preventiva sino que la regla debe ser la libertad mientras dure el proceso”. No obstante, el juez Beltramone entendió que había “evidencia suficientemente clara para esta instancia del juicio” y aceptó el pedido de la fiscalía imputadno a los acusados de robo agravado por el uso de armas en grado de tentativa y les dio 30 días de prisión preventiva.
En ese tiempo la fiscalía deberá instrumentar todos los mecanismos habilitados por el nuevo sistema para conseguir las pruebas que fundamenten su acusación y así pedir la pena que corresponda. Mientras tanto, en los pasillos y en cada rincón de Tribunales seguirá el debate sobre las bondades y falencias de un nuevo sistema que ya está en marcha y que requiere un tiempo de adaptación.
Fuente:LaCapital
Una pequeña sala del primer piso de Tribunales fue el escenario en el cual, a las 16.38, se dio inicio a una de las tres audiencias que marcaron el comienzo de una nueva etapa en la Justicia provincial . No alcanzó el espacio físico para dar cabida a ministros de la Corte, integrantes de los flamantes Ministerio Público de la Acusación (fiscales) y Servicio Público de la Defensa, abogados penalistas, estudiantes de derecho, periodistas y familiares de los acusados, por lo que todo transcurrió a puertas abiertas y con los pasillos colmados de gente que no se quiso perder la primera cita de lo que catalogan “un momento histórico” en la Justicia santafesina.
El hecho. Los cuatro imputados en la audiencia de ayer fueron apresados en una estación de servicios YPF de San Martín al 1100, en Arroyo Seco. Se trata de Gino Joel C., de 22 años; Brian Eduardo A., de la misma edad; Brian Oscar A., de 20; y Alberto Omar G., de 27. De acuerdo a lo relatado por la fiscal Marisel Fabbro, a las 3 de la mañana las cámaras de monitoreo del municipio captaron el accionar de cinco jóvenes, dos de ellos con armas de fuego, que amenazaron al playero y a otras personas obligándolos a ingresar al minimarket del comercio. Una vez allí esquilmaron a todas sus víctimas (11 personas entre empleados y clientes) robándoles dinero, celulares y otras pertenencias además de sacar el dinero de la caja del local.
Pero desde el centro de monitoreo arroyense se avisó al Comando Radioeléctrico Regional y un par de patrullas llegaron al lugar poniendo fin al atraco. En poder de los ladrones, dijeron los fiscales, “se hallaron dos armas de fuego (un revólver calibre 32 y otro 38) cuya capacidad para disparar deberá ser comprobada por las pericias”, además del dinero malhabido. Por eso, la fiscalía sostuvo la imputación hacia los cuatro muchachos por robo agravado por la portación de arma de fuego en grado de tentativa, y se reservó el derecho de ampliar la acusación hacia aquellos que hayan portado los revólveres una vez que vean las imágenes que permitieron abortar el asalto.
El debate. Tras el ingreso de los acusados a la sala, el juez les leyó sus derechos, les preguntó si habían tenido entrevistas previas con sus abogados y les pidió que se identifiquen. Después le dio la palabra al fiscal para que haga la imputación, pero el defensor oficial se adelantó planteando la primera discusión de la jornada. Es que Mariano Buffarini pidió la inmediata libertad de su pupilo, Alberto Omar G., al entender que su arresto había sido inconstitucional. Para el defensor, “el fiscal no es autoridad competente para ordenar la detención de nadie, sino que es el juez” quien debe emitir esa orden porque, dijo, “en caso contrario sería el mismo funcionario el que detiene y acusa”.
También explicó que “fue imposible para la defensa acceder a las pruebas utilizadas por la fiscalía para acusar” por lo que no se podía establecer “una igualdad de condiciones a la hora de diagramar una estrategia defensiva”. En ese sentido solicitó un cuarto intermedio que fue concedido por el juez.
De vuelta en audiencia, Beltramone desestimó el pedido de inconstitucionalidad planteado por el defensor oficial al entender que las detenciones fueron hechas “en flagrancia” (mientras se concretaba el hecho) y “por una autoridad competente” (la policía). Tras ello, a las 17.22, se dispuso a escuchar la acusación. La fiscal Fabbro detalló los hechos atribuidos y pidió varias medidas para ampliar la imputación: testimoniales, pericias a las armas, observación de los videos, rueda de reconocimiento, entre otras.
Asimismo, la fiscal solicitó se impongan 60 días de prisión preventiva a los acusados debido a que dos de ellos tienen antecedentes, e incluso uno de ellos tenía pedido de captura por burlar una salida transitoria; porque la pena que les puede corresponder es mayor a 3 años y 4 meses de prisión; y porque algunos de ellos no tienen residencia fija ni trabajo y por lo tanto podrían burlar la acción de la Justicia y fugarse.
La resolución. Sin embargo, las defensas refutaron esas afirmaciones y por lo tanto el pedido de prisión. Buffarini dijo que su defendido tiene domicilio fijo y “no había vuelto a prisión porque es padre único de dos criaturas” por lo que solicitó se morigere la prisión preventiva con un arresto domiciliario bajo caución y la tutela del padre; mientras que Argenti pidió lo mismo para sus tres clientes, dos de los cuales “no cuentan con antecedentes penales y no tendrían motivo para fugarse”.
Además, el profesional dijo que “el espíritu de este nuevo procedimiento penal no es atiborrar las comisarías con acusados en prisión preventiva sino que la regla debe ser la libertad mientras dure el proceso”. No obstante, el juez Beltramone entendió que había “evidencia suficientemente clara para esta instancia del juicio” y aceptó el pedido de la fiscalía imputadno a los acusados de robo agravado por el uso de armas en grado de tentativa y les dio 30 días de prisión preventiva.
En ese tiempo la fiscalía deberá instrumentar todos los mecanismos habilitados por el nuevo sistema para conseguir las pruebas que fundamenten su acusación y así pedir la pena que corresponda. Mientras tanto, en los pasillos y en cada rincón de Tribunales seguirá el debate sobre las bondades y falencias de un nuevo sistema que ya está en marcha y que requiere un tiempo de adaptación.
Fuente:LaCapital
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