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Unos 1.500 suboficiales acompañados de sus familias e indígenas aymaras se manifestaron pacíficamente para reclamar a gritos que "¡muera la discriminación" en los cuarteles bolivianos.
En la segunda semana de crisis en el sector, la columna de manifestantes descendió desde la vecina El Alto hacia La Paz al ritmo de una banda militar y mientras coreaban "¡Patria o muerte! ... ¡venceremos!", un lema izquierdista que el presidente Evo Morales impuso desde el 2010 en unas Fuerzas Armadas que le guardan absoluta lealtad.
En la protesta de suboficiales, en su mayor parte de origen indígena, no hay críticas al mandatario, que consideran uno de los suyos. Los cuestionamientos se dirigen contra las cúpulas militares, los maltratos y prácticas discriminatorias de origen racial, afirman.
Con la llegada en enero del 2006 de Evo Morales al poder, los suboficiales han visto que el primer presidente indígena en el país presentaba un escenario propicio para hacer públicos sus históricos reclamos y lanzaron esta protesta sin precedentes en una nación azotada durante décadas por golpes militares.
"Nuestro pedido es por la descolonización de las Fuerzas Armadas, no queremos más discriminación", afirma en diálogo con periodistas Erick Magne, uno de los líderes de la protesta de sargentos y suboficiales.
La manifestación de este martes fue menos nutrida que las realizadas los últimos días -según periodistas de la AFP en el lugar- luego de que los jefes militares dispusieran la baja de más de 700 militares que participaban de los reclamos y que fueron acusados de sedición.
Muchos de "los camaradas han sido encuartelados y les han prohibido venir a la marcha, y por eso las esposas y padres de familia han venido en representación de ellos", dijo el vocero de la protesta, suboficial Lorgio Cartagena, a la radio 'Fides'.
La manifestación contó además con el apoyo de algunos movimientos sociales.
Los suboficiales, en su mayoría de origen aymara y quechua, marcharon en la última semana en varios puntos del país exigiendo reformas en las Fuerzas Armadas, al considerar que son discriminados profesionalmente por jefes y oficiales, mayoritariamente mestizos.
Denuncian que no tienen oportunidades de mejorar su formación, por ende tampoco sus ingresos, y que los relegan en muchos casos a tareas serviles para la alta oficialidad.
El alto mando militar respondió el jueves a las protestas con una baja masiva de sargentos y suboficiales de bajo rango, unos 10.000 efectivos de los 38.500 militares con que cuenta Bolivia.
Pero según fuentes militares el 80% de los más de 700 militares dados de baja la semana pasada "han retornado a sus puestos" como parte de negociaciones de los últimos días entre suboficiales y las cúpulas de las fuerzas.
El resto tienen 15 días para apelar las sanciones, excepto cuatro líderes del movimiento de protesta.
El comando en jefe de las FFAA inició la noche del lunes un diálogo con denominados 'suboficiales comando', que responden a la superioridad en línea vertical de mando, para discutir una agenda de 18 puntos, entre ellos los pedidos de los insubordinados.
Los suboficiales en rebeldía piden ser atendidos por el gobierno y destacan la importancia de que las negociaciones se desarrollen con intervención de entidades de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo
En la protesta de suboficiales, en su mayor parte de origen indígena, no hay críticas al mandatario, que consideran uno de los suyos. Los cuestionamientos se dirigen contra las cúpulas militares, los maltratos y prácticas discriminatorias de origen racial, afirman.
Con la llegada en enero del 2006 de Evo Morales al poder, los suboficiales han visto que el primer presidente indígena en el país presentaba un escenario propicio para hacer públicos sus históricos reclamos y lanzaron esta protesta sin precedentes en una nación azotada durante décadas por golpes militares.
"Nuestro pedido es por la descolonización de las Fuerzas Armadas, no queremos más discriminación", afirma en diálogo con periodistas Erick Magne, uno de los líderes de la protesta de sargentos y suboficiales.
La manifestación de este martes fue menos nutrida que las realizadas los últimos días -según periodistas de la AFP en el lugar- luego de que los jefes militares dispusieran la baja de más de 700 militares que participaban de los reclamos y que fueron acusados de sedición.
Muchos de "los camaradas han sido encuartelados y les han prohibido venir a la marcha, y por eso las esposas y padres de familia han venido en representación de ellos", dijo el vocero de la protesta, suboficial Lorgio Cartagena, a la radio 'Fides'.
La manifestación contó además con el apoyo de algunos movimientos sociales.
Los suboficiales, en su mayoría de origen aymara y quechua, marcharon en la última semana en varios puntos del país exigiendo reformas en las Fuerzas Armadas, al considerar que son discriminados profesionalmente por jefes y oficiales, mayoritariamente mestizos.
Denuncian que no tienen oportunidades de mejorar su formación, por ende tampoco sus ingresos, y que los relegan en muchos casos a tareas serviles para la alta oficialidad.
El alto mando militar respondió el jueves a las protestas con una baja masiva de sargentos y suboficiales de bajo rango, unos 10.000 efectivos de los 38.500 militares con que cuenta Bolivia.
Pero según fuentes militares el 80% de los más de 700 militares dados de baja la semana pasada "han retornado a sus puestos" como parte de negociaciones de los últimos días entre suboficiales y las cúpulas de las fuerzas.
El resto tienen 15 días para apelar las sanciones, excepto cuatro líderes del movimiento de protesta.
El comando en jefe de las FFAA inició la noche del lunes un diálogo con denominados 'suboficiales comando', que responden a la superioridad en línea vertical de mando, para discutir una agenda de 18 puntos, entre ellos los pedidos de los insubordinados.
Los suboficiales en rebeldía piden ser atendidos por el gobierno y destacan la importancia de que las negociaciones se desarrollen con intervención de entidades de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo
LA PAZ, 29 Abr
"El Alto Mando Militar tiene la voluntad de apertura necesaria y correspondiente para atender algunos requerimientos y solicitudes que han presentado, ahora sí, por el conducto regular y la cadena de mando", ha comunicado el jefe de Estado Mayor, el general Fernando Aramayo, quien ha descartado, por otro lado, que los suboficiales y sargentos hayan incurrido en un delito de sedición.
El dirigente militar ha añadido que las negociaciones estarán enfocadas en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) y en los "retiros obligatorios", impuestos la pasada semana a 715 efectivos militares por los delitos de sedición y amotinamiento.
"Conversaremos con quienes están designados por jerarquía y conducto regular. Ahora, si quieren venir, los movilizados deberán hacerlo con disciplina y orden", ha precisado Aramayo, tal y como ha reflejado el diario boliviano 'La Razón'.
LAS MOVILIZACIONES CONTINUARÁN
Sin embargo, la propuesta del Alto Mando Militar puede haber caído en saco roto, pues como ha asegurado el suboficial Erick Magne, dicha invitación no ha llegado de manera oficial, por lo que descarta, de momento, su comparecencia en esos diálogos.
Magne ha confirmado que sigue en pie la nueva jornada de movilizaciones para este martes en La Paz y solo después de ella se barajará la posibilidad de sentarse a negociar con la cúpula militar.
Las manifestaciones han sido convocadas, no ya solo para exigir una mejora sustancial de su situación laboral, sino también como protesta por los centenares de ceses que sus compañeros han sufrido desde que se iniciaran las protestas, hace una semana. Tratar el tema directamente con el presidente de Bolivia, Evo Morales, es otra de las peticiones de los militares.
Las movilizaciones de este martes contarán de nuevo con la presencia en la vanguardia de al menos 100 ponchos rojos, reservistas campesinos de origen indígena que desde un principio se han solidarizado con la causa de sus compañeros militares, aunque en esta ocasión marcharán menos efectivos que en jornadas anteriores.
REACCIONES DEL GOBIERNO
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ha explicado que la decisión de los militares de reivindicar la mejora de sus derechos por la vía de la protesta es errónea, pues "no hay nada más equivocado para un grupo de Fuerzas Armadas que utilizar el camino de la sedición".
Por su parte, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, ha advertido de que, en caso de que continuasen las movilizaciones, los suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas podrían verse relacionados en procesos militares por sedición, aunque ha matizado que la principal vía de solución que busca el Gobierno está enfocada al diálogo.
"DESCOLONIZACIÓN" EN EL EJÉRCITO
Hace una semana, unos 1.000 efectivos militares de baja categoría salieron a las calles para exigir la "descolonización" del Ejército que las nuevas leyes del país recogen como medida para reconocer de forma real los derechos de los ciudadanos indígenas, quienes suponen, según cifras oficiales, casi un 70 por ciento del total de la población del país andino.
Los soldados desfilaron sin permiso por las calles de La Paz durante la semana pasada para reivindicar las mejoras laborales, profesionales y sociales a las que el resto de la institución sí puede tener acceso, como señala la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), vigente desde 2010 y en la que se aborda la problemática del racismo en las filas castrenses.
Sin embargo, han pasado casi cuatro años y la situación para los pelotones formados por soldados de menor rango militar, apenas ha cambiado, lo que ha provocado que cerca de un millar de los efectivos de esta categoría, de los más de 9.000 que existen actualmente, salgan a las calles a protestar.
"Hemos sido víctimas de toda forma de discriminación, perjuicios de superioridad, racismo y explotación por parte de oficiales de las Fuerzas Armadas, así como de desigualdad en el acceso a los servicios de salud y viviendas", denunciaron a través de un comunicado los militares en huelga.
LAS PROPUESTAS DE LAS FFAA, INSUFICIENTES
Hasta el momento las mejoras salariales y de funciones laborales propuestas por el Alto Mando de las Fuerzas Armadas para frenar las protestas han resultado infructuosas. Las reformas, presentadas por el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, han sido rechazadas, al igual que cualquier tipo de "trato" con el canciller boliviano.
"Los suboficiales y sargentos hasta ahora tienen la posibilidad de formarse como técnicos superiores en la Escuela Militar de Ingeniería, pero se tomó una determinación y a partir de 2015ellos también podrán habilitarse y optar por una carrera de licenciatura en la ingeniería que ellos elijan", confirmó Saavedra, quien también anunció mejoras en la "curva salarial" a favor de los huelguistas, así como en la situación de la mujer, siempre más vulnerable en este tipo de instituciones tradicionalmente machistas.
La disminución de los años de "servicio de guardia" de 25 a 20; la distribución equitativa de viviendas militares; la igualdad de derechos en la atención médica; el respeto y consideración por parte del superior al subalterno para que no hayan abusos; o la inclusión de sargentos y suboficiales abogados en tribunales militares, fueron otras medidas presentadas.
Los soldados movilizados han confirmado que buscan una reunión con Morales, quien, de momento, no se ha manifestado al respecto. Una situación que podría variar en las próximas fechas, teniendo en cuenta que dentro de seis meses se celebrarán elecciones presidenciales a las cuales el actual jefe del Estado se presentará, y más sabiendo de sus últimas y efectivas participaciones en situaciones complicadas, como la crisis minera o el incremento del salario mínimo.
Nueva protesta de militares en La Paz en reclamo de reforma
Militares bolivianos realizaban este martes una nueva marcha de protesta en La Paz por pedidos de reformas en las Fuerzas Armadas, en medio de intentos por instalar una negociación que ponga fin al conflicto en el sector castrense.
Militares bolivianos realizaban este martes una nueva marcha de protesta en La Paz por pedidos de reformas en las Fuerzas Armadas, en medio de intentos por instalar una negociación que ponga fin al conflicto en el sector castrense.
Columnas de suboficiales descendían desde El Alto, vecina a La Paz, hacia el centro de la ciudad en una manifestación menos nutrida que las realizadas los últimos días -según perioditas de la AFP en el lugar-, luego que los jefes militares dispusieron la baja de más de 700 militares que participaban del movimiento de protesta y que fueron acusados de sedición.
Muchos de "los camaradas han sido encuartelados y les han prohibido venir a la marcha, y por eso las esposas y padres de familia han venido en representación de ellos", dijo el vocero de la protesta, suboficial Lorgio Cartagena, a la radio Fides.
La manifestación cuenta además con el apoyo de algunos movimientos sociales.
Los suboficiales, una mayoría de ellos de origen aymara y quechua, salieron la última semana a marchar por calles del país exigiendo reformas en las fuerzas armadas al considerar que son discriminados racial y profesionalmente por jefes y oficiales, mayoritariamente mestizos.
El alto mando militar respondió el jueves a las protestas con una baja masiva de sargentos y suboficiales de banjo rango que son un total aproximado de 10.000 efectivos de los 38.500 militares que tiene Bolivia.
Según fuentes militares el 80% de los más de 700 militares dados de baja la semana pasada "han retornado a sus puestos" como parte de negociaciones de los últimos días entre suboficiales y las cúpulas de las fuerzas.
El resto tienen 15 días para apelar las sanciones, excepto cuatro líderes del movimiento de protesta.
El comando en jefe de las FFAA inició la noche del lunes un diálogo con denominados 'suboficiales comando', que responden a la superioridad en línea vertical de mando, para discutir una agenda de 18 puntos, entre ellos los pedidos de los insubordinados.
Cartagena mencionó la necesidad de incluir en las negociaciones a suboficiales en rebeldía y destacó la importancia de que se desarrollen con la presencia de "la Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos y abierto a la prensa para tener un diálogo justo".
| García Linera: ser de izquierda no sólo es denuncia de injusticias sino, horizonte de sociedad |
| La Paz y México, 29 abr (ABI).- El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró el martes, en el Encuentro Internacional de la Izquierda Democrática realizado en México, que ser de izquierda no sólo es una denuncia de injusticias sino un horizonte de sociedad que incorpora las reivindicaciones de todos los sectores. 'Ser de izquierda es luchar por un nuevo mundo a partir de las necesidades de los excluidos, pero en tanto son capaces de incorporar y producir las expectativas y las necesidades justas del resto de la sociedad, es decir ser de izquierda no sólo es una denuncia de las injusticias es también un horizonte posible de sociedad capaz de abarcar a los que no tenían parte y a los que eran parte', señaló en el marco de una conferencia magistral en el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Asimismo, sostuvo que ser de izquierda es una convocatoria a participar de las luchas para superar las injusticias y terminar las relaciones de dominación, con el objetivo de llevar adelante los cambios sociales. 'Viendo en perspectiva histórica las izquierdas han dejado un amplio espectro de herencias en los últimos 200 años, a veces incluso contradictorias correspondiéndole a cada nueva generación seleccionar lo que habrá de continuar cuando se habla del socialismo', dijo. Sostuvo que las izquierdas gradualmente se están gestando a partir de un conjunto de transformaciones y revoluciones que se están dando en el Continente Americano. 'Desde la revolución francesa fue una referencia a un posicionamiento social frente a las injusticias de una época, hace referencia a un perspectiva y un horizonte que nace de las necesidades y expectativas de una parte de la sociedad', dijo. Apuntó que las izquierdas hacen referencia a esa parte de la sociedad que no tiene el control de algún tipo de riqueza social y que según los momentos históricos han de ser considerados como 'los pobres los humildes, marginados, explotados y excluidos los dominados'. 'Esta tipología de las injusticias sociales con el tiempo ha tomado como referente de personificación de movilización de campesinos, artesanos, obreros, colonizados indígenas, mujeres, indocumentados, a jóvenes, a movimientos sociales, ser de izquierda es en primer lugar llevar adelante una georeferenciación espacial de la sociedad a partir de la clasificación y al visibilización de injusticias y de dominaciones que caracterizan el orden de cosas que existen en el mundo', argumentó. García Linera asistió a ese evento por una invitación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), considerada la segunda fuerza electoral de México. En la reunión también participaron el ex presidente español, Felipe González Márquez, el fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, entre otras personalidades reconocidas del ámbito político internacional. Uno de los principales objetivos del Encuentro Internacional de la Izquierda Democrática es analizar el estado actual de las políticas alternativas que construyen los gobiernos progresistas de Latinoamérica y el Caribe. clm/ma ABI |
Gobierno de Morales aboga por la solución al conflicto en FFAA
La Paz, 27 abr (ABI).- La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, expresó la preocupación y pesar del Gobierno a causa del conflicto provocado por suboficiales y sargentos en las Fuerzas Armadas, que ingresaba el domingo, sin visos de solución, a su segunda semana, al tiempo de plantear la disposición del presidente Evo Morales de abordar el asunto.
'El Presidente Morales siempre ha estado abierto a conversar con todos los sectores. De hecho lo hace, incluidos los domingos, los feriados, está siempre dispuesto a conversar con todos los sectores que no han podido solucionar problemas mediante los conductos regulares institucionales. A veces se suele recurrir al Presidente, y eso es cierto, y el Presidente con mucho cariño, afecto, siempre ha tenido las puertas abiertas para todos los sectores', afirmó en declaraciones radio Panamericana de La Paz.
La disposición del Presidente, aclaró luego, no implica que sargentos y suboficiales mantengan su postura de irrespeto a los mandos institucionales.
Al tiempo de abogar por el restablecimiento de la cadena de mando, vulnerada durante las protestas públicas de la semana pasada, que gatillaron el despido de 706 uniformados que faltaron a sus puestos de labor y control, incluso en las fronteras, Dávila pidió, en consecuencia, 'deponer las medidas (de fuerza) y reconducir las demandas mediante los canales oficiales que existen, eso quiere decir con su Alto Mando'.
'En este caso no ha ocurrido eso, se ha tomado una decisión a la inversa, se ha salido a las calles para dar a conocer las demandas, lo que va en contra de la normativa en este momento vigente, pero sobre todo de algo que es muy importante que es la Constitución Política del Estado', añadió.
Una semana después que sargentos y suboficiales ganaran las calles de La Paz y Santa Cruz en demanda, a su Alto Mando, de atención a un pliego y hasta reformas al estatuto de las Fuerzas Armadas, la administración Morales pidió a los uniformados manifestantes restaurar la cadena de mando.
'Nosotros entendemos que algunas demandas de los suboficiales y sargentos que tienen que ver con la adecuación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas que data de la década del 90. Esta adecuación a la Constitución, por supuesto como ocurre con todos los sectores, seguramente se va a dar, pero éste es un proceso que no puede discutirse en las calles, menos con un sector cuya función y misión principal es precautelar el cumplimiento además de la seguridad del territorio patrio. Son ellos los que deben proteger la Patria, tienen que proteger el estado de derecho, y no puede ser que quienes están llamados a proteger esta situación puedan salir a las calles como un sindicato, una organización social y demandar en las calles el diálogo', arengó.
Empero, planteó la preocupación que el conflicto ha provocado en el Gobierno.
'Como Gobierno nosotros expresamos todo nuestro pesar por esta situación. Estamos preocupados. Nos duele muchísimo lo que está pasando. El presidente Evo Morales ha expresado también su preocupación y la congoja que hay en el Gobierno porque la situación haya llegado a este punto', dijo la Ministra.
Deploró, con la misma vehemencia, el retiro de 706 suboficiales y sargentos, resuelta por el alto mando castrense tras la verificación de las protestas callejeras, lo que supuso la ruptura de la cadena de mando en las Fuerzas Armadas bolivianas.
'Esta situación tiene que ser entendida en un contexto que se inició sin un diálogo oportuno, productivo, un diálogo respetuoso entre quienes tenían algunas preocupaciones y las autoridades correspondientes. Entonces no existe por ejemplo un registro de una petición de diálogo que hayan pedido estos sectores al presidente Evo Morales', afirmó Dávila.
'El Presidente está muy conmovido por esta situación, está muy afectado, le duele muchísimo por supuesto que se haya expresado una situación en el retiro de oficiales, son 706 familias que están afectadas en este momento y eso obviamente nos duele profundamente', dio fe.
La víspera, el vicepresidente Alvaro García Linera pidió respetar la cadena de mando en las Fuerzas Armadas de Bolivia en observancia a la Constitución boliviana.
'Fuera de la cadena de mando nada, hagan lo que hagan nada será oído porque oír a quienes rompen la cadena de mando está rompiendo la Constitución. Esa estructura armada no delibera, posee las armas, tiene el monopolio legal de las armas, pero no delibera', enfatizó al tiempo de llamar a los uniformados a que retomen su puestos.
Los uniformados que de manera inédita en la historia de Bolivia manifestaron en demanda de un proceso de 'descolonización' en las instituciones castrenses bolivianas, piden, en tácito desconocimiento del mando vertical en toda entidad legítimamente armada, reunirse con el presidente Morales.
Cc/ ABI
Dirigencia de llunk’us apoya al gobierno y a la jerarquía castrense sin consultar a sus bases
Crisis militar y colonialidad
por Raúl Prada Alcoreza
Las Fuerzas Armadas y la Policía siguen siendo las mismas instituciones, fiel derivación de las centralidades y burocracias del Estado-Nación. Ni siquiera se dieron transformaciones que tienen que ver con la defensa del “proceso de cambio”; el mismo cuoteo político, la misma obediencia y subordinación disciplinaria de los ejércitos del siglo XIX y XX. En el continente, particularmente en Bolivia, las mismas discriminaciones institucionalizadas. Lo grave es que nadie se sorprenda de estas conductas continuistas y perseverantes en los códigos coloniales de estas instituciones; desde el presidente hasta los oficiales de alto rango, pasando por el vicepresidente. Todos toman como algo natural la estructura colonial, discriminadora, burocrática, e ineficaz militarmente. Todos ocultan estas graves falencias con seminarios, talleres y foros sobre la descolonización. ¿Cómo se puede entender estas contradicciones evidentes?
Los oficiales de alto rango, los gobernantes, los funcionarios y políticos oficialistas, creen que es suficiente con estas ceremonias, estas reuniones, estos seminarios, sobre descolonización. Es como un culto; repetir de memoria frases y consignas que se pretenden descolonizadoras; incluso las mesas que pueden haber puesto en consideración requeridas transformaciones, por más mínimas que sean, son escamoteadas a la hora de las conclusiones o de las memorias. El discurso descolonizador en el gobierno es un canto a la bandera; en la práctica, perduran habitusdiscriminadores, raciales, patriarcales, acompañados por violencias conocidas, desatadas por los mandos sobre los soldados, suboficiales y hasta oficiales. Ahora también sobre la mujeres, las que no dejan de sufrir vejámenes de parte de sus camaradas.
Los medios de comunicación al comentar las marchas de los oficiales ponen adjetivos como insólito, increíble, desacostumbrado, para intentar describir y comprender lo que pasa. Para estos medios también es normal que en las instituciones de defensa y del orden se mantenga la disciplina heredada, acompañada por jerarquías y estratificaciones. Si bien no apoyan la demanda de los suboficiales, los medios hablan de violencias orgánicas. De todas maneras, sorprende que no se ponga en mesa la gran diferencia, la gran distancia, de estas arquitecturas armadas y de estos dispositivos de defensa y del orden, con las transformaciones estructurales e institucionales que establece la Constitución. Cuando los suboficiales dicen que no puede haber oficiales de primera y oficiales de segunda, ponen en el tapete no sólo el problema de las jerarquías heredadas, no sólo, algo que es importante, la estructura racial y las relaciones raciales inherentes a estas instituciones, sino también la misma organización de un ejército, una armada, una policía, que mantienen formas burocráticas, que en el mundo contemporáneo no son, de ninguna manera efectivas, ni en la movilización y desempeño militar, ni en el cuidado de las ciudades.
Este gobierno se ha pasado de lado sobre cuestiones estratégicas, de defensa, incluso de orden, orden dinámico, por cierto. Se trata de un gobierno apegado a la demagogia, creyendo que con esta locución se solucionan los problemas. La verdad es que estamos ante un gobierno que no cuenta con una estrategia de defensa del “proceso de cambio”, por lo tanto del país donde debería darse este “proceso”. Estamos ante instituciones armadas y del orden donde los oficiales se contentan con recibir su sueldo cada mes y contar con los beneficios que le otorga la institución. Son otros funcionarios más. La preparación militar queda en generalidades geográficas, en una distribución espacial de cuarteles, que deja vacíos, en las fronteras; más preocupados por controlar las ciudades, los centros del conflicto, incluso a los contrincantes policías. El servicio militar, fuera de seis meses de cierta preparación en armas, terminan el resto del tiempo en “chocolateadas”.
La formación de oficiales deja mucho que desear, en cuanto a la actualización de contenidos, tecnologías, información. Están muy lejos de haber estudiado seriamente las guerras, la experiencia en las guerras de los ejércitos, incluso las guerras que están cercanas, las que nos ha tocado sufrir. Si esta es la formación de los oficiales, qué se puede esperar de la formación de suboficiales. En el Colegio Militar se han introducido materias universitarias, como si esto mejorara la formación. La formación de un militar, mucho más si se trata de un militar de un Estado en transición, embarcado supuestamente en un “proceso de cambio”, no puede ser un colaje de materias. Es indispensable tener en cuenta los perfiles apropiados de un ejército que debería contar con la capacidad de la movilización general de un pueblo armado, para la defensa de un “proceso”. Estos temas pasan desapercibidos. No se van a resolver con cambios de símbolos, con nuevos saludos, con nuevos estribillos, con discursos superficiales sobre la descolonización. El servicio militar de la cual se sienten tan orgullosos los militantes de base del MAS no es más que un dispositivo colonial, un dispositivo de articulación estatal, de estatalización, es decir, de institución imaginaria de la nación, aunque el mismo servicio pueda servir para el juego de prestigio en las comunidades.
La descolonización es el desmontaje de los aparatos del Estado-nación, de su arquitectura institucional, de sus códigos coloniales, así como de sus códigos pretendidamente modernos. La descolonización implica la des-constitución de sujetos subalternos y la constitución de sujetos emancipados. La descolonización es liberar potencialidades, capacidades, creatividades, memorias sociales. Estas tareas no son atendibles demagógicamente, requieren subversiones de las praxis, desmontaje de habitus, de jerarquías instituidas; requieren destrabarse de las mallas institucionales que capturan y atrapan cuerpos. Los recorridos de la descolonización comienzan por tomar en serio la condición intercultural, retoman prácticas participativas, profundizan el ejercicio de la democracia en su sentido pluralista. En lo que compete a las transformaciones pluralistas, comunitarias, interculturales, que atañen a las necesarias mutaciones de las instituciones de defensa y del orden en cuestión, es indispensable su territorialización, las gestiones territoriales de defensa y de cuidado de la población.
La asonada de los suboficiales es una buena oportunidad para leer los signos de la crisis, no solamente del “proceso de cambio”, sino también del Estado. Es un buen momento para aprender, analizar sin tapujos, evaluar críticamente el “proceso” que naufraga. Así como es una gran oportunidad para efectuar cambios. Sin embargo, es de más probable que el gobierno actué como siempre, como lo ha hecho en distintas crisis, la de los cooperativistas y mineros, la relativa a las de la demanda de autonomías regionales, como las dadas en Potosí, como las del “gasolinazo” y el conflicto del TIPNIS. Es de esperar que el gobierno recurra a la justificación de lo que hay, volviendo a cubrirse con su ilusoria propaganda, cerrando los ojos y los oídos a lo que ocurre, optando por la represión. El gobierno habría perdido la oportunidad de reconducir, de retomar cursos abandonados, desde la primera gestión, encaminándose a un hundimiento, lento o más rápido, dependiendo de las circunstancias.
Estado-nación versus Estado plurinacional
¿Qué es lo que está en juego en la asonada de los suboficiales y en la respuesta represiva del gobierno? Como en otros casos, como en el conflicto del TPIPNIS, lo que se enfrentan es el Estado-nación y el Estado plurinacional; aunque el primero es la institucionalidad de la colonialidad que se niega a desaparecer, aferrándose con todo, para persistir y continuar; en tanto que el segundo, es apenas un germen, un proyecto, que anida en la Constitución y en los colectivos sociales que luchan por que se den las transformaciones estructurales e institucionales establecidas en la carta magna. En el TIPNIS el Estado-nación declaró la guerra al Estado plurinacional, al germen del Estado plurinacional, declarando también la guerra al proyecto constitucional. ¿A qué se opone el Estado-nación? A la descolonización.
El Estado-nación, dispositivo político de la colonialidad, se opone a la descolonización, pues esta deconstrucción implica la desaparición del Estado-nación. Las bases del Estado-nación radican precisamente en la homogeneización, en el equivalente general del ciudadano, individuo abstracto, que cuenta con derechos individuales, civiles y políticos; sin embargo, esta equivalencia general hace desaparecer a las naciones y pueblos indígenas, a las culturas resistentes, a la heterogeneidad lingüística y social. El equivalente general, el ciudadano, se estructura en la economía política colonial, economía política que diferencia hombre negro de hombre blanco, hombre indio de hombre blanco, hombre de color de hombre blanco, diferencia efectuada sobre la matriz de género, la diferenciación hombre de mujer. La dominación colonial es también, al mismo tiempo, dominación patriarcal. El equivalente general, el individuo abstracto, el ciudadano universal, es pues el hombre blanco. La modernización consiste en parecerse a este arquetipo colonial.
Los derechos conquistados en la historia del Estado-nación, derechos sociales, derechos de trabajo, derechos democráticos, no terminan de efectuarse, pues se pronuncian en el espacio indeterminado del equivalente general, el individuo, el ciudadano; no se dan en los espesores abigarrados, plurales, heterogéneos, de las territorialidades sociales y formaciones sociales concretas. La herencia colonial se transfiere de las administraciones coloniales a los Estado-nación, después de las independencias. Hablamos de estados que se construyen sobre cementerios indígenas. Hablamos de estados que tienen como proyecto democrático la mestización; es decir, la desaparición de los pueblos indígenas, y aunque parezca paradójico, la desaparición de las mezclas dinámicas dadas, pues el mestizaje de los Estado-nación es un mestizaje abstracto, el perfil del individuo y ciudadano concebido como síntesis de las culturas, culturas también sometidas a la estatalización, sintetizadas en la cultura moderna.
La Constitución interpela la composición colonial del Estado-nación, cuestiona el mito de la modernidad, cuestiona el mito del mestizaje abstracto, develando la composición plural efectiva de las formaciones sociales, de la sociedad heterogénea. La Constitución deja en claro que la profundización democrática, la realización efectiva de los derechos democráticos, sólo pueden materializarse mediante la descolonización. Esta deconstrucción histórico-política emancipa la pluralidad frente a la representación homogénea, liberal la potencia social, la riqueza heterogénea de lo diverso. La descolonización restituyen los derechos conculcados de las naciones y pueblos colonizados, dando lugar a integraciones efectivas, opuestas a la institución imaginaria de la nación, haciendo evidente las naciones posibles. El Estado-plurinacional es la transición descolonizadora hacia sociedades autogestionarias y auto- determinantes; a sociedades compuestas e incrementadas, que se integran a través de complementariedades y solidaridades. En Bolivia el Estado plurinacional se constituye sobre las matrices culturales y civilizatorias de las naciones y pueblos componentes de la sociedad heterogénea, incluyendo los mestizajes concretos. Esto equivale a pasar de la institucionalidad homogénea, disciplinaria, disciplinaria, moderna, al pluralismo institucional, abierto a composiciones creativas; pasar al pluralismo jurídico, pluralismo administrativo, pluralismo de gestiones.
Uno de los lugares neurálgicos de la activación de la condición plurinacional del Estado en transición es la institución defensa del Estado-nación, las Fuerzas Armadas. Esta institución de emergencia del Estado es el crisol del diagrama disciplinario, de la inscripción en los cuerpos de la docilización de las conductas y comportamientos. En Bolivia, como en los países andinos y amazónicos, es el aparato disciplinario por excelencia de la colonización interna, modulando los cuerpos su incorporación al Estado en condiciones de ciudadanos de la nación mestiza. El cuartel modula los cuerpos haciéndolos aptos a los requerimientos del mercado, de la producción capitalista, a los fetiches de la modernidad universal, de-culturizando, decodificando, por lo tanto, borrando la memoria larga de los pueblos, sustituyéndola por la memoria corta de la institución imaginaria del Estado-nación.
Sin embargo, a pesar del proyecto disciplinario del cuartel, los espesores corporales no desaparecen, se ocultan, se los destierra a las sombras; mostrando, en contraste, los perfiles modulados, uniformados, pretendidamente modernos. El ejercicio de poder disciplinario se tropieza con la manifestación de los cuerpos; cuando esto ocurre, se opta por la ejecución de discriminaciones, por la estratificación racial institucionalizada, por jerarquizaciones patriarcales. La asonada de los suboficiales pone en evidencia estos procedimientos coloniales en el dispositivo por excelencia disciplinario, el cuartel. Acudiendo el pliego petitorio de los suboficiales, en realidad, el pedido explicito es modesto; que no haya oficiales de primera y de segunda, que se los considere oficiales técnicos, que puedan acceder a equivalentes beneficios y servicios. Sin embargo, incluso ante esta demanda modesta el gobierno y la jerarquía institucional de las Fuerzas Armadas han reaccionado represivamente, dando de baja a más de setecientos suboficiales.
De todas maneras, a pesar de la demanda modesta explícita, la misma pone en evidencia la crisis profunda de las Fuerzas Armadas y del Estado-nación, que se niega a desaparecer. Las fuerzas armadas son un dispositivo de la colonialidad reiterativa. Es un aparato de la colonización interna, que no solamente modula los cuerpos, sino también, marca, hendiendo en ellos la historia política colonial, inscribiendo en ellos discriminaciones, violencias minuciosas, detalladas, raciales. ¿Cómo se puede construir un Estado plurinacional a partir de la permanencia de la malla institucionalidad de la colonialidad?
Nuevamente estamos ante la manifestación elocuente de las contradicciones profundas del llamado “proceso de cambio”, ante los contrastes evidenciados entre el discurso gubernamental y las prácticas efectivas, ante grotescas simulaciones de un gobierno y los órganos de poder del Estado, que se nombran como plurinacionales, en tanto que en la práctica niegan la condición plurinacional de la formación social.
La respuesta oficial del gobierno es recurrir a la Ley de las Fuerzas Armadas cuestionada, puesta en duda, deslegitimada por la Constitución. La medida represiva gubernamental de las centenas de bajas de suboficiales se sostiene sobre la argumentación de la subordinación y la obediencia disciplinaria, cláusulas que corresponden a la institución armada del Estado-nación. Este discurso se invalida inmediatamente ante la estructura normativa y conceptual de la Constitución. En todo caso, los suboficiales hablan desde el proyecto de una nueva institucionalidad, aquella que establece la Constitución. Las bajas dadas por la jerarquía del ejército y por el gobierno no son legítimas desde la composición jurídico-política de la Constitución. La demanda de los suboficiales es legítima.
Dirigencia de llunk’us
La dirigencia de lo que un día fue el Pacto de Unidad, es decir, las tres organizaciones campesinas y las dos organizaciones indígenas originarias, estas últimas divididas por la intervención gubernamental, se ha apresurado, sin consultar a sus bases, sin previas asambleas, simplemente por comedida, a apoyar al gobierno y a la jerarquía castrense en la crisis militar, puesta en evidencia por la asonada de los suboficiales. Los argumentos son de libreto: defensa del “proceso” contra el golpe militar en ciernes. Se nota en esta alocución no solamente una repetida mecánica discursiva, pronunciada con falta de ingenio, pues no se les ocurre otra cosa que acusar de sedición, sino también la asombrosa desconexión con lo que ocurre. Incluso si quisieran defender al gobierno en su diletantismo, en su regresivo comportamiento, se debe tener, de alguna manera, una conexión con lo que acaece. Empero, parece que la dirigencia cooptada, que ya no responde a las bases sino a las instrucciones del ejecutivo, levita en las nubes de la propaganda, cumpliendo un papel patético de subordinación y llunk’iriu.
Esta dirigencia cooptada habla de defender la Constitución. ¿Qué clase de defensa es esa? La constitución establece como sistema de gobierno la democracia participativa, el ejercicio plural de la democracia, directa, comunitaria y representativa. La constitución establece la construcción colectiva de la ley, de la decisión política y de la gestión pública. Lo que piden los suboficiales es que mínimamente, aunque sea por aproximación, se den pasos hacia este cumplimiento y mandato constitucional. La reacción del gobierno, de la jerarquía militar y del Estado-nación es represiva, se ha dado de baja a más de setecientos suboficiales. ¿Esta es una defensa de la Constitución? ¿La dirigencia sabe de lo que habla, ha leído la Constitución, la ha entendido?
El Estado plurinacional supone la muerte del Estado-nación, las transformaciones pluralistas, comunitarias, interculturales y participativas; implica el pluralismo institucional, administrativo, normativo y de gestiones. En lo que respecta a las Fuerzas Armadas, la transformación plurinacional, intercultural y comunitaria configura un ejército popular, cuya matriz es el pueblo armado. Ciertamente en este ejército popular desaparecen las jerarquías y estratificaciones raciales. No comprender esto es hablar de la Constitución sin ton ni son, en la práctica aniquilar el nacimiento de la mariposa, la construcción del Estado plurinacional. Esta dirigencia es la expresión más patética de la colonialidad cristalizada en los huesos. Su sumisión al poder, su apego y obediencia a la institucionalidad colonial vigente en el Estado-nación restaurado, su inclinación por el beneficio personal, su corrosión moral y prácticas prebendales, comprometida por corrupciones, desvío de fondos, hablan elocuentemente de la reiteración del comportamiento colonial del colonizado; el deseo del amo, de ocupar su lugar. Esta dirigencia es el brazo social de un gobierno entrabado en su crisis, un gobierno que recurre a la represión en su desesperación; que recurre a la demagogia buscando convencer, pero solo lo hace con los convencidos. Esta dirigencia, en plena crisis de representación, pues no responde a la representación orgánica, conformada por una democracia comunitaria, por la selección consensuada y en asambleas, sino al dedo digitado desde el gobierno, es la que se lanza contra la rebelión de los suboficiales. Es la misma dirigencia que se estrelló contra las comunidades indígenas del TIPNIS, es la misma dirigencia que avaló las leyes inconstitucionales promulgadas por el gobierno; seguramente también va avalar la Ley Minera, que ha sido declarada por el propio presidente como una traición a la patria, aunque después el mismo presidente reculó, dejando que sólo se discuta el artículo 151 y otros más, cuando toda la Ley vulnera la Constitución y atenta contra la propiedad de los recursos naturales de los y las bolivianas.
¿Qué valor tiene lo que dice esta dirigencia? Sólo el valor de toda amenaza, blandiendo el chicote contra toda crítica al gobierno y a los que han usurpado el “proceso de cambio”. El contenido de lo que expresan no puede ser más colonial. Su apego a la institucionalidad colonial es manifiesto. Tendrían que mover camiones de gente, pagados por el gobierno, de una manera no orgánica, pues saltarían toda la estructura orgánica de las organizaciones sociales; traerlos a la sede de gobierno y enfrentarlos a los hermanos suboficiales y sus esposas. ¿Qué sentido tiene esta amenaza? Es de todo reaccionaria; se coloca del lado de los que se oponen a la descolonización, a las transformaciones estructurales e institucionales. La dirigencia es parte del contra-proceso y de la vulneración sistemática a la Constitución.
Ante este panorama lamentable de las representaciones sociales, es indispensable exigir congresos orgánicos, abrir el debate y la evaluación del “proceso” en las comunidades, en las subcentrales, en las centrales, en las federaciones y en las confederaciones. Esta dirigencia es un peligro para la “defensa del proceso”; corroe la fuerza social, la cohesión de las organizaciones, evita la formación y el aprendizaje colectivo de la experiencia del periodo y de las coyunturas, desarma de la crítica a las comunidades y a los sindicatos. En el momento de exigencias, de peligro, las fuerzas sociales estarán tan carcomidas que no habrá oportunidad de defender lo que queda del “proceso”.
Los y las llun’kus se esfuerzan por mostrarse tan serviles y obedientes, creen que con esto, con decir que defienden el “proceso”, lo hacen, cuando ocasionan todo lo contrario. Son las termitas que se comen la madera con la que hay que construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico. Usando el viejo lenguaje de la política, que se define identificando al enemigo, podemos decir, como metáfora, que esta dirigencia, sumada al llunk’iriu de los funcionarios y militantes, de los asambleístas legislativos, es el enemigo dentro de casa. Son los sepultureros internos del “proceso de cambio”.
Morales triplica intención de voto de opositores a 7 meses de comicios bolivianos
La Paz, 27 abr (ABI).- El presidente Evo Morales triplicaba y más la intención de voto de sus escoltas en los sondeos a 7 meses de las elecciones bolivianas, el empresario Samuel Doria Medina y el gobernador del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, según una encuesta formulada por la privada Captura Consulting, citada en el último número del magazine independiente de alcance nacional Poder y Placer.
Morales, que ejerce su segundo mandato consecutivo desde 2006 y que en octubre o noviembre pugnará por reelegirse en apego a la Constitución de 2009, acapara 43,2% de los votos, a varios cuerpos de Doria Medina (11,8%) y Costas (11,4%), según la encuesta formulada a mediados de abril y que se verificó en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y El Alto.
Doria Medina y Costas lideran las principales formaciones de oposición al gobernante progresista cuya gestión aprueban, de acuerdo con la misma encuesta, 6 de cada 10 bolivianos.
El mandatario indígena de izquierdas aventaja también a su ex aliado y ex alcalde de La Paz devenido férreo opositor, Juan del Granado (4,8%), la diputada Adriana Gil (2%) y a los ex presidentes Jorge Quiroga Ramírez (1,7%) y Jaime Paz (0,6%) que aparecen en la encuesta no obstante no haber afirmado su intención de terciar en las elecciones cuya fecha de verificación podría, el Tribunal Electoral Plurinacional, señalar para octubre o noviembre que vienen.
En arreglo a la carta política boliviana, las elecciones venideras incorporan, por primera vez, bajo diversas precisiones, la segunda vuelta si el primero no alcanza la mayoría con más del 50% más 1 de los votos o el ganador aventaja con más de 10 puntos porcentuales a su inmediato perseguidor.
Las elecciones bolivianas de fines de 2014 incorpora asimismo el voto de los bolivianos en el extranjero.
En el pico más alto de su popularidad, 4 meses después de lanzar el primer satélite boliviano a la órbita y a dos semanas de entregar la memoria del reclamo marítimo boliviano a Chile en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, Holanda, Morales recibió el aliento de 60,6% de los encuestados y, por contrapartida, la desaprobación de 30,9% de los entrevistados, según la revista que revela un flotante 8,6% de quienes dijeron no saber si apoyaban alguna de las ambas opciones.
'Aquellas personas encuestadas por Captura Consulting que le dan el pulgar arriba a la gestión de Evo Morales como presidente de Bolivia, hoy son más de lo que han sido desde mayo de 2010, hasta donde se hace el análisis comparativo histórico en esta medición. Morales nunca estuvo tan alto en la aprobación popular en las cuatro ciudades más grandes del país', ilustra Poder y Placer la infografía del resultado de la encuesta.
Morales había transitado el piso de su popularidad en enero de 2011, cuando sólo le aprobaban 32 de cada 100. Seis meses después recuperó terreno hasta situarse en 52% y desde ese momento ha conseguido rendimientos crecientes.
En setiembre último, la popularidad del mandatario habíase consolidado en 55,7%.
En febrero pasado la aprobación ciudadana a Morales se consolidó en 60,1%.
Morales, que ejerce su segundo mandato consecutivo desde 2006 y que en octubre o noviembre pugnará por reelegirse en apego a la Constitución de 2009, acapara 43,2% de los votos, a varios cuerpos de Doria Medina (11,8%) y Costas (11,4%), según la encuesta formulada a mediados de abril y que se verificó en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y El Alto.
Doria Medina y Costas lideran las principales formaciones de oposición al gobernante progresista cuya gestión aprueban, de acuerdo con la misma encuesta, 6 de cada 10 bolivianos.
El mandatario indígena de izquierdas aventaja también a su ex aliado y ex alcalde de La Paz devenido férreo opositor, Juan del Granado (4,8%), la diputada Adriana Gil (2%) y a los ex presidentes Jorge Quiroga Ramírez (1,7%) y Jaime Paz (0,6%) que aparecen en la encuesta no obstante no haber afirmado su intención de terciar en las elecciones cuya fecha de verificación podría, el Tribunal Electoral Plurinacional, señalar para octubre o noviembre que vienen.
En arreglo a la carta política boliviana, las elecciones venideras incorporan, por primera vez, bajo diversas precisiones, la segunda vuelta si el primero no alcanza la mayoría con más del 50% más 1 de los votos o el ganador aventaja con más de 10 puntos porcentuales a su inmediato perseguidor.
Las elecciones bolivianas de fines de 2014 incorpora asimismo el voto de los bolivianos en el extranjero.
En el pico más alto de su popularidad, 4 meses después de lanzar el primer satélite boliviano a la órbita y a dos semanas de entregar la memoria del reclamo marítimo boliviano a Chile en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, Holanda, Morales recibió el aliento de 60,6% de los encuestados y, por contrapartida, la desaprobación de 30,9% de los entrevistados, según la revista que revela un flotante 8,6% de quienes dijeron no saber si apoyaban alguna de las ambas opciones.
'Aquellas personas encuestadas por Captura Consulting que le dan el pulgar arriba a la gestión de Evo Morales como presidente de Bolivia, hoy son más de lo que han sido desde mayo de 2010, hasta donde se hace el análisis comparativo histórico en esta medición. Morales nunca estuvo tan alto en la aprobación popular en las cuatro ciudades más grandes del país', ilustra Poder y Placer la infografía del resultado de la encuesta.
Morales había transitado el piso de su popularidad en enero de 2011, cuando sólo le aprobaban 32 de cada 100. Seis meses después recuperó terreno hasta situarse en 52% y desde ese momento ha conseguido rendimientos crecientes.
En setiembre último, la popularidad del mandatario habíase consolidado en 55,7%.
En febrero pasado la aprobación ciudadana a Morales se consolidó en 60,1%.
Envío:DiariosdeUrgencia
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