14 de Septiembre de 2014
Entrevista a martín fresneda, secretario de derechos humanos
El conflicto de las 600 mil hectáreasSe trata de tierras que pertenecen a las comunidades wichís, que llevan 30 años de disputa y 17 en litigio internacional.
Definición - "Los criollos llegaron a comprender que las tierras son de los originarios y sólo piden que les respeten sus derechos.".
–¿Cuál es el conflicto y cuál es su estado hoy?
–El conflicto territorial tiene 30 años y 17 años de litigio. Se origina a partir de la disputa territorial entre comunidades originarias y comunidades criollas en un radio de 600 mil hectáreas, en el departamento de Rivadavia, municipio de Santa Victoria Este, entre otros. Son los llamados lotes 55 y 14. Las consecuencias del conflicto fueron rivalidades y episodios de violencia que tienen muchos años.
–¿A qué le llama criollos?
–A los campesinos. Son los gauchos.
–El conflicto, entonces, debe tener más de 30 años.
–Sí, en un marco general, porque se da a partir de principios del siglo XX, cuando se generan las políticas de Estado, en el centenario de la Patria, de recolonización de las tierras y de neutralización de quienes eran los verdaderos propietarios de la tierra, es decir de los pueblos originarios. En su momento hubo campañas del desierto y recolonización y se mandó a los criollos a combatir al indígena.
–¿Ante qué autoridades se dirime el conflicto?
–Hoy nos encontramos con un litigio internacional que tiene 17 años, y la exigencia de las comunidades originarias, muchas de ellas representadas por la Asociación Comunidades Aborígenes "LhakaHonhat", que demanda al Estado argentino para que se le reconozcan sus tierras originarias y que se resuelva el problema con los criollos. El problema hoy del Estado argentino es que tiene aproximadamente 600 mil hectáreas, 14 mil miembros de comunidades originarias y 4000 de comunidades criollas, en una circunstancia en la que los peticionarios, o sea los pueblos originarios, entienden que los criollos están en sus tierras. Plantean que el Estado les reconozca un título único y la propiedad indivisa de la tierra.
–¿Qué significa propiedad indivisa?
–Que no existan lunares criollos, es decir ninguna unidad productiva dentro de sus tierras. Quieren que saquemos a los criollos y los llevemos a otros lugares.
–¿Las tierras ocupadas por los criollos serían tierras fiscales?
–No. No son fiscales porque eso sería una falta de reconocimiento del Estado. Esas tierras son de los pueblos originarios, pero nunca se las había titulado.
–¿Cuál es el estado del conflicto hoy?
–Estamos llegando a un acuerdo. Ellos, los originarios, dicen: 600 mil hectáreas son las que reclamamos, pero nosotros nos conformamos con 400 mil pero sin lunares criollos. A las otras 200 mil tenemos que llevar los 4000 criollos, que son unas 280 familias. Ya comenzamos a relocalizarlos, pero el punto es que el Estado tiene que llevar a esas 200 mil, luz, agua, cerramientos, y hacer casas. Es una situación compleja, pero no lo más importante.
–¿Y en lo legal?
–Ellos reclaman que se materialice la decisión del gobierno de darles las tierras. Hasta ahora se sacó un primer decreto, en el gobierno de Salta, en el que se reconoce que 400 mil hectáreas de los lotes 55 y 14 pertenecen a los pueblos originarios. El problema es que nunca se especificó a quiénes iban. Este decreto otorga el derecho. Luego, en un segundo decreto, que es nuestra propuesta como secretaría, se otorga el título a 73 comunidades. Esto es el 50% de la demanda del litigio original. Ellos presentaron un mapa, nosotros estamos trabajando sobre él para determinar los límites periféricos de las 400 mil y así saber dónde se enclavan las 200 mil para iniciar las relocalizaciones.
–¿Qué faltaría entonces solucionar?
–Hoy, 73 comunidades son titulares de estas 400 mil hectáreas. Es decir, podrían hacer una denuncia y pedir el desalojo si quisieran, pero no está dentro de sus usos. La idea es llegar a una solución amistosa de este conflicto. Lo que falta lograr es determinar los perímetros de las 400 mil y de las 200 mil hectáreas y seguir con las relocalizaciones.
También, al mismo tiempo, piden una reparación histórica, que tendrá que ver con una cuestión de voluntad política y las costas que puedan llegar a plantear.
–¿Existe un conflicto parecido en algún otro lugar del país?
–No, es único por la dimensión de la tierra, por la cantidad de familias y por el nivel de convivencia que existe entre criollos y originarios. Una vez que se comenzó a relocalizar a las familias criollas y se otorgó la titulación, la convivencia comenzó a mejorar, y también la respuesta de las comunidades. Ya no hay más discusión sobre si tienen o no derecho a la tierra. Ahora el asunto es que reclaman un mecanismo de consulta previa. Es decir que los gobiernos, nacional o provincial, deben hacer una consulta previa antes de llevar a cabo cualquier obra pública. Ese mecanismo está en discusión con las comunidades. Nosotros lo que no estamos dispuestos a hacer es una relocalización coercitiva. Hay que tener en cuenta que si bien existe la preexistencia de los pueblos originarios en la Constitución Nacional, también existen derechos consagrados hacia las comunidades que tienen el uso de la tierra, como es la posesión veinteañar. Los criollos son centenarios, tienen hasta sus cementerios. No obstante, los criollos llegaron a comprender que las tierras son de los originarios y sólo piden que les respeten sus derechos. Además, existe la Ley 26.160, diseñada por Alicia Kirchner cuando era senadora, que impide el desalojo de los pueblos originarios, que exige un relevamiento técnico-jurídico y que le otorga la posesión de la tierra en propiedad comunitaria. En cuanto a los criollos, estudiamos una solución intermedia para relocalizar solamente las unidades productivas. Pero es difícil porque las distancias son enormes.
–¿Qué resta esperar ahora?
–Lo primero que hice con esta causa, al igual que con el problema de La Primavera y Félix Díaz, fue convocar a todas las áreas de los ministerios. Porque además de la demanda en sí, existen otros factores que son muy importantes, como por ejemplo la tala de los montes.
Otra cuestión que aparece es la construcción de un puente internacional con Paraguay, que se hizo sin consulta previa. Además hay que tener en cuenta que hay parte de estas tierras que son municipios, como Alto la Sierra y Santa Victoria Este. Pero ese no es un inconveniente. El gran conflicto acá es el agua, porque a cada uno de los criollos que relocalicemos le tenemos que hacer un pozo de agua para consumo y para riego. La política es fuerte y compleja. Hace poco hemos firmado un convenio entre Nación y Provincia en el que se plantean las salidas a los conflictos: un mecanismo de cuidado del bosque, el fortalecimiento de las unidades ejecutoras de la provincia que proporcionan recursos humanos, tecnológicos y logísticos, el mecanismo de consulta previa, la relocalización, entre otros. Pero todo esto tiene una adversidad: cuando llueve pasan muchos meses en los que no podemos entrar al territorio. Mi impresión es que estamos en el buen camino de la resolución del conflicto y en el de la ayuda a la gente. La población es muy vulnerable, pero ya la gran mayoría tiene el goce de derechos como la Asignación Universal por Hijo y embarazo. Esto no está dentro del objeto de la demanda, pero para nosotros es fundamental porque representa la presencia del Estado en la vida de pueblos tan vulnerables como los que habitan esas regiones.
Fuente:TiempoArgentino
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