07 de Septiembre de 2014
Se cierra el cerco judicial sobre el ex secretario del vicario castrense Adolfo Tórtolo
El cura Grasselli, complicado por un oficio que lo vincula a un centro clandestinoEl religioso es investigado por la justicia por su presunta participación en delitos de lesa humanidad. Las acusaciones en su contra. El expediente que instruye el juez Ercolini y las pruebas que lo comprometen en la causa ESMA.
Prueba - El registro de la propiedad lo señala como propietario de un inmueble que se usó como CCD de la Armada, en 1979.
El sacerdote Emilio Teodoro Grasselli, ex secretario de la Vicaría Castrense durante el terrorismo de Estado y símbolo del aceitado vínculo que mantenía la Iglesia con la represión, volvió a estar en el centro de la escena luego de que fuera denunciado por falso testimonio en el undécimo juicio de la megacausa Campo de Mayo, donde se investiga la desaparición de una treintena de obreros ceramistas y navales. El cura comenzó a ser investigado a finales de 2013 en la justicia federal por las diversas acusaciones por violaciones a los Derechos Humanos que pesan en su contra: se trata de un expediente que avanza lentamente en el juzgado a cargo de Julián Ercolini. Su situación judicial podría complicarse de avanzar una pesquisa paralela en la causa ESMA, donde descansa un oficio del registro de la propiedad bonaerense que comprueba que Grasselli era el propietario de un inmueble que fue utilizado como un centro clandestino de detención por la Armada en 1979. A pesar del tiempo transcurrido y las pruebas que lo comprometen, el ex asesor de monseñor Adolfo Tórtolo siempre fue citado como testigo por la justicia y jamás fue procesado.
UN EXPEDIENTE COMPROMETEDOR. La causa Nº 12073/13 caratulada "Emilio Graselli s/averiguación de delito", a cargo de Julián Ercolini, se abrió en diciembre de 2013 a partir de los testimonios de familiares de víctimas que apuntaron contra el sacerdote en el juicio Plan Sistemático de Robo de Bebés. El expediente se remonta a septiembre de 2012, cuando el Tribunal Oral Federal 6 ordenó que se investigue al cura porque "pudo haber tenido conocimiento de los crímenes ocurridos durante la última dictadura militar". El TOF se basó en las declaraciones de Elsa Pavón, María Isabel Chorobik de Mariani y Estela de la Cuadra, tía de Ana Libertad, la última nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo.
Tras el 24 de marzo de 1976, estas mujeres y sus parientes fueron algunas de los tantos familiares de desaparecidos que asistieron a la iglesia Stella Maris, junto al Comando en jefe de la Armada, en Retiro, para ver al cura, entonces secretario de la vicaría castrense. Grasselli, se sabía dentro del entorno de las agrupaciones de Derechos Humanos, tenía acceso a una privilegiada red de relaciones. Las respuestas que el cura les dio a Chicha, Elsa y a los padres de Estela De la Cuadra (y a otras decenas de familiares) así lo evidencian:
*Estela de la Cuadra narró que tras el secuestro de su hermana Elena, en febrero de 1977, sus padres Alicia y Roberto se entrevistaron con Grasselli en la parroquia Stella Maris. Según contó, este les pidió que volvieran en unos días. Cuando regresaron, el cura les dijo:
"Señora, usted no me dijo que Elenita estaba embarazada." Incluso agregó que un médico la había revisado y que estaba en los alrededores de La Plata.
*Elsa Pavón, por su parte, relató que Grasselli le dijo: "Mire, usted sabe cómo son las cosas, entre gallos y medianoche se los traen en un Hércules, a la nena se la voy a devolver, de los padres olvídese." La respuesta a Chicha Mariani fue que su nieta estaba con una familia poderosa.
Para el tribunal, Grasselli "habría intentado disuadir a las abuelas y familiares de la búsqueda de los desaparecidos", por lo que solicitó que se lo investigue. Con el lento avance de la investigación se sumaron las declaraciones de testigos y sobrevivientes que apuntaron contra el cura en el Juicio por la Verdad. En un dictamen del 20 de agosto pasado, el fiscal federal Federico Delgado sintetizó: "De lo que sabemos hasta el momento, podemos advertir: 1) que el rol de Graselli (sic) podría haber sido transversal, es decir, no se habría restringido a un solo centro clandestino de detención; 2) pese a existir denuncias no habría sido formalmente imputado en ninguna de las investigaciones en curso hasta el momento." De acuerdo al procurador, el sacerdote habría estado vinculado "a la ESMA, al (CCD) Pozo de Arana y al (CCD) Pozo de Banfield" (perteneciente al Circuito Camps).
Además, el procurador pidió seguir la pista de las casi 2500 fichas que confeccionó el ex secretario del vicario general, Adolfo Tórtolo. Su escrito aún no tuvo eco en el juzgado de Ercolini.
Delgado estaba haciendo alusión a las anotaciones que Grasselli realizaba en una ficha cuando recibía a los familiares (ver facsímiles). Allí escribía los datos del desaparecido y del entrevistado. El propio sacerdote estimó sus fichas en 2500. Se trata de una prueba documental que está en poder de la justicia hace 15 años: fue secuestrada por orden de la Cámara Federal de La Plata en un allanamiento en el colegio Nuestra Señora de la Misericordia, ubicado en el barrio porteño de Belgrano, donde el cura se desempeñaba como decano. La decisión judicial se tomó luego de que el cura declarase como testigo en el juicio por la Verdad, en 1999.
Las mentadas fichas fueron digitalizadas y se sumaron como prueba al expediente que instruye Ercolini. Aún no fueron revisadas por el juez. Ocurre que el expediente avanza a paso muy lento: en nueve meses de investigación aún no se recopilaron las desgrabaciones de los testimonios que comprometieron a Grasselli en los juicios que abrieron esta pesquisa.
UNA ANTIGUA DENUNCIA, NUEVOS ELEMENTOS: CAUSA ESMA. La isla de Tigre "El Silencio" funcionó durante varios meses de 1979 como centro clandestino de detención paralelo a la ESMA. Allí el Grupo de Tareas 3.3.2 escondió a una veintena de secuestrados en poder de la Marina para evitar la inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Como relata Horacio Verbistsky en su libro El Silencio, la isla había pertenecido al Arzobispado de Buenos Aires y fue vendida estratégicamente a la patota de la Armada meses antes de la instalación del CCD.
En la megacausa ESMA, que lleva adelante el juez federal Sergio Torres, consta desde hace unos meses un documento que comprueba el rol que cumplió Grasselli en esa transacción. En un informe de la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad figura su nombre (junto a otros tres) como propietario de la isla entre 1975 y 1979.
El sacerdote vendió luego el predio a los marinos, quienes confeccionaron una escritura falsa a nombre de uno de los detenidos desaparecidos que mantenían cautivos en la ESMA. En la operación habría participado Jorge Radice, quien utilizaba el nombre falso de Héctor Juan Ríos, y era el responsable de los negocios inmobiliarios que se realizaban en la ESMA con bienes de desaparecidos.
En 1980, cuando la CIDH ya había recorrido los pasillos vacíos del Casino de Oficiales, la patota trasladó a los detenidos nuevamente al edificio de Avenida del Libertador al 8000 y se desprendió de la isla. La nueva compra está registrada a nombre de Lande SA.
El documento al que pudo acceder Tiempo Argentino une directamente el nombre del cura con un centro clandestino. Forma parte de una investigación que fue retomada el año pasado por el Juzgado Federal Nº 12 a partir de una inspección ocular que se hizo en la isla.
El cura es un personaje clave para desentrañar la relación entre la Iglesia Católica y las fuerzas represivas: fue mencionado en decenas de testimonios desde que la causa se reabrió en 2005, tras la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. No obstante, el religioso nunca fue imputado en el marco de la megacausa ESMA. Incluso, en la justicia hasta hace pocos años atrás se lo presumió muerto.
Los vínculos de Grasselli con la patota de la ESMA no fueron sólo a través de la isla El Silencio. Hay sobrevivientes que lo sindican como el "asesor espiritual" de los grupos de tareas, y como gestor de visas que le permitieron a nueve secuestrados exiliarse en Venezuela.
A pesar de la negligencia del tercer poder del Estado, los engranajes de la burocracia judicial comenzaron a girar. El sacerdote, aún en actividad, es uno de los pocos referentes de la estructura de vicarios castrenses que queda vivo. Como tal, guarda muchos secretos.
Otra pesquisa, otra mentira
La mendaz declaración testimonial de Grasselli en el undécimo juicio de la megacausa Campo de Mayo volvió a ubicar al cura en el centro de la escena en los juicios de lesa humanidad. El ex secretario de la vicaría castrense fue citado a declarar como testigo el 28 de agosto pasado para explicar cómo confeccionaba sus famosas fichas, ya que al menos una de las víctimas (el desaparecido militante de la JTP Salvador Miguel Scarpato) figuraba en los documentos que confeccionó de puño y letra.
Grasselli, que fue citado por tercera vez en tres décadas como testigo en un juicio de lesa humanidad, abundó en mentiras y evasivas: negó haberle dicho a algún familiar que deje de buscar a su ser querido porque había fallecido y deslindó responsabilidades en el difunto Tórtolo. El miércoles pasado fue denunciado por falso testimonio por los abogados Pablo Llonto y Ernesto Lombardi, representantes de los familiares de los obreros ceramistas navales cuyas desapariciones se investigan en este juicio.
Fuente:TiempoArgentino
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