4-12-2014
Lesa Humanidad
El empresario está acusado de ser cómplice de delitos de lesa humanidad
Casación analizará planteos que demoran el juicio oral a Blaquier
Lesa Humanidad
El empresario está acusado de ser cómplice de delitos de lesa humanidad
Casación analizará planteos que demoran el juicio oral a Blaquier
La Sala IV del máximo tribunal penal del país examinará hoy los dos planteos que tiene pendientes y que demoran la elevación a juicio oral de las dos causas judiciales donde están procesados Carlos Pedro Blaquier y Alberto Enrique Lemos, ex gerente de Ledesma.
Telam
La Sala IV, que tiene una integración especial donde Mariano Borinski fue suplantado por Eduardo Riggi, escuchará desde las 10 las exposiciones de los querellantes que reclaman que los procesamientos contra Blaquier y Lemos incluyan seis casos que fueron excluidos. Blaquier está procesado en una causa por el secuestro de tres dirigentes sindicales el 24 de marzo de 1976, que incluye al ex intendente de Libertador General San Martín Luis Ramón Arédez (causa Arédez), quien fue asesor del sindicato azucarero.
La segunda es la que se conoce como la “Noche del Apagón” (causa Burgos), cuando se realizaron una serie de secuestros en los tres pueblos que rodean al Ingenio Ledesma. En esas causas, el juez Fernando Poviña procesó a Blaquier y a Lemos, que para 1976 era el gerente administrativo de la empresa, por los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y tormentos de 29 personas.
La defensa de Blaquier –que basó su estrategia defensiva en recusar a todos los funcionarios judiciales que lo investigaron- insistirá con reclamar el apartamiento del fiscal ad hoc Pablo Pelazzo, algo que ya pidió el año pasado. Se trata de un planteo que va en contra de usos y costumbres en el sistema judicial: Luis Moreno Ocampo fue fiscal ad-hoc de Julio Strassera durante el Juicio a las Juntas Militares, que se hizo en 1985.
En junio pasado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un amicus curiae ante Casación. Allí sostuvo que la actuación de Pelazzo tiene “respaldo normativo” y los cuestionamientos de la defensa de Blaquier articulan una serie de “maniobras” para frenar las investigaciones. El planteo de la defensa de Blaquier llegó a Casación porque la Cámara Federal de Salta consideró inválida la designación de Pelazzo pero, al mismo tiempo, dio por válidas sus actuaciones previas. Esta decisión fue recurrida.
“De convalidarse la estrategia de apartamiento del fiscal para entorpecer y obstaculizar la investigación judicial de delitos de lesa humanidad, se comprometería seriamente el proceso de justicia para sancionar estos crímenes, compromiso asumido por nuestro país y cada una de sus instituciones”, sostuvo el CELS en su escrito.
El perfil de una juez
La Sala que escuchará las exposiciones estará integrada por Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Riggi (en reemplazó a Borinsky). Esa inclusión –la de Riggi- genera cierta preocupación entre los organismos de derechos humanos. Allí tienen en claro las posiciones de Riggi, quien está denunciado por cohecho y tráfico de influencias para beneficiar la situación procesal de José Pedraza, en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra.
“No tengo el honor de ser del Opus Dei, y mi único contacto con los militares es que tengo familiares en las Fuerzas Armadas”, dijo Riggi al desmentir la acusación que lo liga con ese grupo ultracatólico y con la última dictadura. Riggi llegó al Poder Judicial en 1971. Tenía un cargo en la Cámara Federal en lo Penal creada por la dictadura del general Alejandro Agustín Lanusse para “juzgar la actividad subversiva”. Ese fuero especial fue rebautizado como el “Camarón” por los militantes políticos y sus abogados.
Fue cesanteado en 1973, cuando Héctor Cámpora asumió la presidencia. Poco después retomó sus tareas y escaló posiciones, y en 1978 fue nombrado juez. Catorce años después, el entonces presidente Carlos Menem se encargó de impulsar su nombramiento en la Cámara de Casación.
Fuente:Infojus
SE REALIZA HOY UNA AUDIENCIA EN CASACION POR LA SITUACION DE CARLOS BLAQUIER
La hora de la definición
El tribunal penal debe analizar planteos de la parte en el expediente que involucra al dueño del Ingenio Ledesma y pronunciarse sobre la designación de un fiscal ad-hoc. Interviene el juez Eduardo Riggi, denunciado por el caso de Mariano Ferreyra.
Por Alejandra Dandan
Luego de nueve meses de parálisis, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal convocó a una audiencia para hoy por la causa en la que están involucrados Carlos Blaquier y Alberto Lemos, dueño y administrador del Ingenio Ledesma, por crímenes de lesa humanidad. Entre los principales asuntos se analiza la designación como fiscal ad-hoc de Pablo Pelazzo, antes abogado de los organismos de derechos humanos. Y los actos procesales que se derivaron de esa designación. Pese a que esto se esperaba, la convocatoria generó cierta sorpresa entre quienes siguen los vaivenes de esta causa. Dicen que los tiempos parecen acelerarse por motivos poco inocentes. El fiscal general Javier de Luca presentó un pedido de prórroga de la audiencia, muy común en estos casos, pero la Sala IV lo rechazó. Entre los jueces está Eduardo Rafael Riggi, denunciado por maniobras de sobornos en el homicidio de Mariano Ferreyra y que, según fuentes de la Casación, a fines de diciembre podría dejar ese puesto.
En lo formal, la Sala IV convocó a las partes por dos tipos de planteos. Uno, vinculado con la intervención de Pelazzo en el expediente, y otro por aspectos procesales. Sobre el tema Pelazzo, la defensa de Blaquier discute su designación luego de ser abogado querellante. Y también discute las medidas procesales en las que intervino. Este punto ya fue discutido varias veces. Pelazzo fue designado no por Alejandra Gils Carbó, sino por Santiago González Warcalde y en un contexto de emergencia jurídica en la provincia, llamado así por la propia Corte Suprema. De Luca dice que Pelazzo actuó como ad-hoc acompañado por un fiscal ordinario que fue quien firmó las medidas. Los otros puntos son mas técnicos.
En esta etapa, y a esta sala, ingresó sólo una de las dos causas de Blaquier: la causa Aredez, en la que hay cinco víctimas. La otra causa, conocida como La Noche del Apagón, tramita en otra sala. En la primera, la defensa de Blaquier dice que él está mal procesado. Las querellas, por su lado, discuten las faltas de mérito por violación de domicilio y tormentos. Blaquier y Lemos están procesados en esta causa por tres de las cinco víctimas hasta ahora; entre ellos por el primer secuestro del ex intendente Luis Aredez, médico además del sindicato de obreros de Ledesma. Esta es la primera vez y la primera causa que la Cámara de Casación analiza un expediente en el que se menciona la complicidad de los empresarios durante la dictadura. El CELS se presentó como amicus curiae. Durante los últimos años, la Sala IV fue de las salas mas productivas, con mayor sintonía con los reclamos de los organismos de derechos humanos. Hubo buen ritmo de trabajo, revirtió la parálisis y el cajoneo histórico de las causas y elaboró sentencias innovadoras en términos jurídicos como la violencia sexual. Esa sala estuvo marcada por la presencia de Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Geminiani, de trayectorias distintas, pero no sospechados de poseer filiación de izquierda. Pero la composición de la sala cambió. Borinsky, que asumió la presidencia de la Cámara, perdió la subrogancia de la Sala IV, un lugar que asumió momentáneamente Riggi.
En 2007, este diario publicó algunos de sus antecedentes: “Riggi fue nombrado juez en 1978, durante el gobierno de Jorge Rafael Videla. Había llegado a los tribunales siete años antes, con un cargo en el Camarón, la Cámara Federal en lo Penal creada por el gobierno del general Alejandro Agustín Lanusse para ‘juzgar la actividad subversiva’. En 1973, cuando Héctor Cámpora asumió la presidencia, fue cesanteado. Volvió al poco tiempo, tras ser rebajado al último puesto del escalafón, pero recuperó posiciones cuando se acercaba el golpe de Estado. Carlos Menem impulsó personalmente su nombramiento en Casación, junto con el de otros dos candidatos, Ana Capoluppo y Juan Martín Romero Victorica. Los antecedentes provocaron la renuncia del entonces ministro de Justicia León Arslanian”.
Mucho más cerca en el tiempo, Riggi fue denunciado por participar de maniobras de soborno en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra.
A mediados de julio de este año, su voto, junto al de Liliana Catucci suspendió la prisión efectiva de 15 represores condenados en diciembre de 2013 en Salta por crímenes imprescriptibles, 7 a perpetua. Gracias al fallo, después de dos años de juicio, ninguno quedó en la cárcel. La semana pasada, los organismos de derechos humanos en Tucumán se movilizaron para repudiar la excarcelación o domiciliarias de 34 de los 37 represores condenados en 2013. Otra vez, los jueces que votaron la medida fueron los dos: Eduardo Riggi y Liliana Catucci y la disidencia de Ana María Figueroa.
Fuente:Pagina12
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