APOYO DE FISCALES Y FUNCIONARIOS JUDICIALES A LA GESTION DE ALEJANDRA GILS CARBO
“Es una campaña de criminalización”
Más de 80 fiscales y funcionarios judiciales respaldaron las designaciones y contestaron a las críticas y denuncias que, señalaron, “revelan la indolencia de quienes optan por defender espacios de poder individual en lugar de brindar respuestas a la población”.
La procuradora General, Alejandra Gils Carbó, recibió el respaldo de más de 80 fiscales y funcionarios judiciales.Imagen: DyN
Tras una semana de críticas y estrategias judiciales en contra de las designaciones que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, anunció al filo del fin de 2014, un numeroso grupo de fiscales salió a defender la decisión, el Ministerio Público Fiscal y el sistema acusatorio plasmado en la reforma del Código Procesal Penal. En un comunicado que avalaron con su firma, más de 80 funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial consideraron que las críticas vertidas por entidades judiciales, como las asociaciones de fiscales y magistrados, “enuncian intereses particulares de algunos de sus miembros” que “se suman a la campaña de criminalización de la gestión del Ministerio Público mediante el impulso de denuncias penales” y “constituyen una resistencia de ciertos sectores de la administración de justicia a la adopción de un sistema acusatorio en el cual la transparencia, la oralidad, la celeridad, el compromiso, la creatividad, el liderazgo y la responsabilidad social son los valores directrices de una moderna forma de persecución penal”.
Tras una semana de críticas y estrategias judiciales en contra de las designaciones que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, anunció al filo del fin de 2014, un numeroso grupo de fiscales salió a defender la decisión, el Ministerio Público Fiscal y el sistema acusatorio plasmado en la reforma del Código Procesal Penal. En un comunicado que avalaron con su firma, más de 80 funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial consideraron que las críticas vertidas por entidades judiciales, como las asociaciones de fiscales y magistrados, “enuncian intereses particulares de algunos de sus miembros” que “se suman a la campaña de criminalización de la gestión del Ministerio Público mediante el impulso de denuncias penales” y “constituyen una resistencia de ciertos sectores de la administración de justicia a la adopción de un sistema acusatorio en el cual la transparencia, la oralidad, la celeridad, el compromiso, la creatividad, el liderazgo y la responsabilidad social son los valores directrices de una moderna forma de persecución penal”.
El comunicado, que se convertirá en solicitada mañana, es la expresión del rechazo generalizado al que llegó un amplio grupo de fiscales y funcionarios judiciales por la reacción que generó la decisión de Gils Carbó de cubrir desde febrero una serie de puestos creados a partir del nuevo Código Procesal Penal.
“El intento por descalificar a magistrados y magistradas que concursaron sus cargos y fueron nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado de la Nación, así como a los funcionarios y funcionarias que se desempeñan en las estructuras de apoyo a las investigaciones revela, una vez más, la indolencia de quienes optan por defender espacios de poder individual en lugar de brindar respuestas a la población”, señala el texto.
La reacción se fue generando a partir de que algunos colegas cruzaran comentarios sobre la denuncia que la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal hizo pública en La Nación hace una semana. Allí, la institución advertía sobre “los peligros” de las designaciones de Gils Carbó. Un día antes, la Asociación de Magistrados había hecho lo suyo. La situación encendió la alarma en propios y ajenos: muchos de quienes respaldan el texto en defensa del Ministerio Público y el accionar de la procuradora integran estas asociaciones.
Con el avance de las denuncias penales, medidas cautelares y la siempre acompañante difusión mediática, el consenso en torno de activar un gesto que despegara a quienes no opinaban igual fue creciendo.
“Nos proponemos responder a las expresiones que se han hecho públicas recientemente a través de distintos comunicados difundidos por grupos que se arrogan una representación plural, cuando solo enuncian intereses particulares de algunos miembros”, introduce la toma de postura colectiva en la que confluyeron los fiscales Daniel Adler, Dante Vega, Jorge Auat, Pablo Parenti, Abel Córdoba, Cristina Caamaño, Guillermina García Jardín y Adrián García Lois, entre más de 80 colegas. A nivel general, entienden que las reacciones que repelen en su texto constituyen una “resistencia” al sistema acusatorio, la columna vertebral del flamante Código Procesal Penal, vigente a partir del próximo agosto y que no a todos les agrada.
El texto asegura que en ese sistema de administración de justicia “las fiscalías actúan de la mano de las víctimas y los testigos, con una participación y control ciudadanos que resultan incompatibles con la defensa de núcleos de poder funcionales a la cooptación y a los procesos oscuros y aletargados que terminan garantizando impunidad”.
Desde el sector que plantea la postura defensiva llegan más fundamentos. “Los magistrados pierden poder, los fiscales que critican pierden privilegios, porque los obliga a salir de la cueva. Nadie que crea que el sistema actual lo beneficia porque trabaja poco y gana mucho ve el nuevo Código con buenos ojos”.
Los firmantes, que provienen de jurisdicciones de casi todo el país, defienden y contextualizan dentro del sistema acusatorio que instalará el flamante Código Procesal Penal –vigente desde agosto próximo– las designaciones realizadas por Gils Carbó el 30 de diciembre de 2014 y que desde el viernes permanecen suspendidas luego de que el juez Enrique Lavié Pico otorgara la medida precautelar solicitada por el diputado massista Mauricio D’Alessandro.
La decisión de la procuradora “cumple la exigencia de cubrir vacantes para impulsar la acción pública ante la comisión de delitos, con el fin de acusar a los responsables en nombre de toda la sociedad”, explican en el texto, antes de sentenciar que a la ausencia de las designaciones “el resultado sería la impunidad, porque sólo los fiscales pueden instar los procesos penales”.
Fuente:Pagina12
Domingo 11 de Enero de 2015
Por Gabriel Morini
Quiénes lideran y cómo funciona la escalada política contra Gils Carbó
La mayoría apunta contra las designaciones en el área del Ministerio Público y avanza en los tribunales de Comodoro Py a ritmo sorprendente. Sin sutilezas, la "guerra" contra la funcionaria no perdona la feria ni las formas
El juez de feria Enrique Lavié Pico abrió la puerta para impedir que los fiscales asuman sus cargos el próximo 2 de febrero. Apenas supo que iba a ser recusado por la Procuración en la causa que inició la Asociación de Magistrados, dictó una "precautelar" en un expediente que le tocó durante la feria. La jueza titular que lo precedió analizó el mismo caso y consideró que la denuncia de un abogado massista no ameritaba su tratamiento durante el receso. Lavié Pico rechazará apartarse y apurará una cautelar que sus superiores deberán revisar de urgencia. El tema mantendrá a los tribunales tan calientes como el sol de enero.
Ya sea por nombrar subrogantes o por abrir los concursos, Gils Carbó es objetada. En varias de las compulsas se intentó judicializar sin éxito que la jefa de los fiscales integre el jurado.
El fiscal federal Guillermo Marijuan fue el primero en dar un paso contra su superior jerárquica, en octubre de 2013, cuando la imputó y dispuso su llamado a indagatoria por haber nombrado a Carlos Gonella al frente de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). La acusó de haber creado una estructura para designar allí a un secretario (por entonces no tenía aún acuerdo del Senado), con quien también se había enfrentado por el comienzo de la causa contra Lázaro Báez. Ese llamado se mantiene en suspenso desde entonces, pero Marijuan se ha convertido en protagonista de la avanzada contra Gils Carbó, a quien la semana pasada volvió a imputar en una causa iniciada por una denuncia del juez Claudio Bonadio, a raíz de no haber abierto la instancia de consulta antes de desestimar un pedido de juicio político que el juez exigió contra Gonella. Al fiscal antilavado lo tiene en la mira sólo por haber iniciado una causa contra una jueza por su supuesta participación en una maniobra de lavado de dinero fruto del narcotráfico. De todos los expedientes contra Gils Carbó subyace un inocultable pase de facturas políticas, que ha recrudecido ante la sanción en el Congreso del nuevo Código Procesal Penal, que en la práctica desplazará el poder real que hoy ostentan los jueces federales, a cargo de la instrucción de las causas más sensibles de tribunales.
BONADIO. El polémico juez denunció a la procuradora por no haber convocado al Consejo de Fiscales para evaluar el desempeño de Gonella, cuando él solicitó que se dicte su desafuero para poder llevarlo por la fuerza a una indagatoria. En medio de la feria judicial, el fiscal Marijuan decidió impulsar la acción penal y recomendó un allanamiento en la Procuración en busca de documentación. El juez Marcelo Martínez de Giorgi –de turno durante el receso– ordenó el operativo con personal de la PSA. Fue el cuarto procedimiento en la sede de las oficinas del Ministerio Público, algo que no registra antecedentes cercanos. Martínez de Giorgi, a su vez, fue el magistrado que procesó a Gonella por la supuesta omisión intencional de Báez en el requerimiento de instrucción de los comienzos de la causa por lavado de activos. Pese a que cuatro testimonios de funcionarios clave de la fiscalía de Marijuan desmintieron que hubiera existido tal maniobra, el magistrado avanzó contra quien –desde un sector de Comodoro Py– consideran un "protegido" de Gils Carbó.
El artículo 23 del Reglamento Disciplinario para el Ministerio Público avala la desestimación de plano de una denuncia contra un fiscal. La procuradora puede archivar de manera directa los pedidos de desafuero si lo considera "manifiestamente inconducente". Sin embargo, la causa en la justicia federal avanza.
SUBROGANTES. Totalizan cinco las denuncias que recibió Gils Carbó por haber dispuesto la ocupación de 16 nuevos cargos creados a partir de la sanción del Código Procesal Penal, a la vez de abrir los concursos para seleccionar a los titulares. Dos tramitan en el fuero contencioso administrativo, interpuestas por un legislador de Sergio Massa, Mauricio D'Alessandro. Pero también por la tradicional Asociación de Magistrados que, tras febriles negociaciones, elaboró un documento crítico contra Gils Carbó y forzó a que la organización de los fiscales también se expidiera, dividiendo las aguas entre los propios funcionarios del Ministerio Público. Esa avanzada no será gratuita: hay fiscales que integran ambas entidades que se sintieron agraviados. Ayer mismo hicieron público su descontento y dejaron en evidencia el contenido político de las denuncias. El resto de las presentaciones fueron en el fuero federal penal, repartidas entre los jueces Bonadio, Norberto Oyarbide y Ariel Lijo. El primero en dar un paso fue Rodolfo Canicoba Corral, quien habilitó la feria en lugar de su par Oyarbide para dar trámite a una de las denuncias de la ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, que preside el abogado José Mangiocalda, un habitual denunciador de funcionarios. Quieren saber si la procuradora cometió además un delito. Desde Comodoro Py se quejan de que la decisión de incorporar a los subrogantes –todos con acuerdo del Senado– tendrá un verdadero impacto con la creación de las fiscalías de Cámara, lo que generará que Germán Moldes ya no sea el único fiscal que controle las apelaciones. El argumento formal es que Gils Carbó no puede hacer este tipo de nombramientos para fiscales que deberían estar al frente de otras fiscalías para las que concursaron. Pero esta facultad contemplada en la Ley de Ministerio Público no es un recurso novedoso que ha sido inaugurado en esta etapa, sino que es una práctica ya utilizada por los procuradores generales, que por primera vez encuentra resistencia.
CONCURSOS. Ya sea por nombrar subrogantes o por abrir los concursos, Gils Carbó es objetada. En varias de las compulsas se intentó judicializar sin éxito que la jefa de los fiscales integre el jurado. Incluso fue cuestionada por participantes que no se presentaron al examen escrito o que terminaron muy por debajo del promedio requerido para avanzar a la siguiente instancia. En particular, el concurso Nº 102 que busca cubrir dos vacantes clave en fiscalías federales de instrucción se encuentran bajo la mira del juez Luis Rodríguez, que ya dispuso dos operativos en la sede de la Procuración para recabar documentación referida a supuestas manipulaciones. El último de ellos –y segundo en el mismo mes– fue el 29 de diciembre a pedido del fiscal Carlos Stornelli, también enfrentado con la procuradora. A pesar de que el orden de mérito de los postulantes cambió desde que se formuló la denuncia que dio inicio a la causa, la pelea sigue teniendo un trasfondo político, por dos lugares sensibles en el quinto piso de Comodoro Py.
ESPIONAJE. En otra de las insólitas causas donde un acusado termina siendo denunciante, a fines de noviembre y nuevamente por un pedido del fiscal Marijuan, fue allanada la Procuración a raíz de que el fiscal de instrucción Augusto César Troncoso denunció haber sido espiado. Lo curioso es que Troncoso está bajo investigación interna por haber desestimado una causa en la que policías estaban acusados de trata y explotación sexual contra dos menores. Sin embargo, el cuestionado funcionario logró que la justicia federal considerara válida su presentación contra Gils Carbó y contra la funcionaria de la Procuración Romina Pzellinsky, del Programa Políticas de Género, que a través de Fiscalnet –un sistema de base de datos– accedieron a dictámenes del fiscal que fueron utilizados como prueba en su contra.
La batalla que esconde una lucha desatada por el poder parece no haberse tomado vacaciones y ganó la agenda de la feria judicial, donde los tribunales suelen tener un parate absoluto. Son solamente los primeros capítulos de una guerra que promete extenderse y que hace rato abandonó el terreno de lo jurídico.
"Desprecia la soberanía"
El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, dijo que la precautelar que suspendió la designación de fiscales "desprecia la soberanía popular que representa el Congreso". "La ley número 27.063 Anexo I", explicó Domínguez, dice que "es deber y derecho de la Procuración General de la Nación" designar estos fiscales. "Se está cuestionando el nombramiento de fiscales subrogantes en fueros sobrepasados de trabajo", agregó el diputado.
"Una campaña inusitada"
"Una campaña mediática inusitada por parte de jueces, fiscales y políticos oportunistas confunde a la población con conjeturas absolutamente mentirosas y se pretende atacar a la doctora Gils Carbó pero, en realidad, es el Congreso el que está siendo avasallado por esa campaña y por el (Poder) Judicial", dijo la diputada Diana Conti, y recordó que "el Congreso ha creado por Ley 27.063 nuevos cargos dentro del Ministerio Público de la Nación".
Domingo 11 de Enero de 2015
Por Franco Mizrahi
"Hay una campaña de criminalización de la gestión de la procuradora"
Un grupo importante de fiscales salió a respaldar a Gils Carbó. A través de una solicitada que publicarán mañana, los funcionarios se despegaron del ataque de un sector de la justicia
Su colega Abel Córdoba, fiscal de juicio y titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), coincidió: "Las objeciones buscan impedir o retrasar el proceso de autonomía del Ministerio Público, que fortalecerá las investigaciones complejas.
Su colega Abel Córdoba, fiscal de juicio y titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), coincidió: "Las objeciones buscan impedir o retrasar el proceso de autonomía del Ministerio Público, que fortalecerá las investigaciones complejas. Eso toca a corporaciones y sectores de poder que reaccionan." Con la reforma del sistema acusatorio "estamos intentando superar un atraso de décadas".
Uno de los sectores que cuestionó en los últimos días a la procuradora general fue la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, que emitió un duro comunicado en el que señaló que Gils Carbó "presiona" a los funcionarios y "politiza" su función. La solicitada que se conocerá de forma completa el lunes responde, entre otros, a ese documento y lleva la firma de muchos integrantes de esa organización que cuestiona a la jefa de los fiscales: "No hemos sido consultados sobre el contenido de sus comunicados, de los cuales pretendemos diferenciarnos", se lee en el texto. Tal es el caso del fiscal general Guillermo Friele, socio de la Asociación de Fiscales y vocal suplente de su comisión directiva. "Estoy en total desacuerdo con la solicitada que sacó la Asociación de Fiscales. Ni siquiera tuvieron la amabilidad de llamarme", dijo a este diario.
Los suscribientes de la solicitada dedican un apartado al último ataque que sufrió la titular del MPF, el viernes pasado, cuando el juez federal Enrique Lavié Pico decidió obstaculizar mediante una medida "precautelar" las designaciones de 16 nuevos fiscales que había dispuesto la procuradora general, en diciembre. "Sin estas designaciones, el resultado sería la impunidad", expresan los fiscales. Azzolín consideró que la decisión del juez fue "un claro ataque a Gils Carbó. El Poder Judicial vive con jueces subrogantes que no tienen acuerdo del Senado y sin embargo nadie dice nada."
Ante este escenario, los suscribientes de la solicitada sostienen que las descalificaciones contra Gils Carbo revelan "la indolencia de quienes optan por defender espacios de poder individual en lugar de brindar respuestas a la población mediante la lucha contra la impunidad en el marco de un estado constitucional de derecho".
Entre los firmantes del documento se destacan los fiscales generales Alejandro Alagia, Jorge Auat, Miguel Ángel Osorio, Miguel Palazzani y Pablo Parenti, y los fiscales Félix Crous y Gabriel De Vedia, entre otros.
Domingo 11 de Enero de 2015
Por mariano beristain y genaro grasso
"Facciones poderosas atacan cada paso que da Gils Carbó"
Entrevista de Tiempo Argentino a Carlos Gonella, titular de la Procelac. Advirtió sobre las presiones de grupos económico-políticos y de un sector de la justicia por frenar los cambios estructurales.
–¿Considera que la denuncia que analiza el juez Rodolfo Canicoba Corral sobre la procuradora Alejandra Gils Carbó por el nombramiento de 16 fiscales sumado a la decisión del juez de feria Enrique Lavié Pico de hacer lugar a un pedido del diputado provincial massista Mauricio D'Alessandro, que frenó el nombramiento de los mencionados fiscales, tiene un correlato político?
–Sin ninguna duda. Todos los pasos institucionales de importancia que da la procuradora general son cuestionados por representantes de facciones político-económicas poderosas, con el acompañamiento de un sector judicial reaccionario y conservador que resiste los cambios culturales en el servicio público de administración de justicia. Por esta sencilla razón históricamente el sistema judicial se ha dedicado a criminalizar a sectores socio-económico vulnerables, que no generan costo social.
"La Procelac no tiene facultades para llevar adelante autónomamente los casos en el sistema judicial, porque su diseño institucional apunta a asesorar".
–El juez Claudio Bonadio lo citó a indagatoria por brindar información oficial de un caso de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
–Es un escándalo jurídico y también político institucional, capaz de generar responsabilidad internacional a nuestro país por violación del principio constitucional de publicidad de actos de gobierno y Derechos Humanos básicos contemplados en la CADH, como la libertad de expresión y el acceso a la información. Mientras los poderes del estado coordinan acciones para combatir estos fenómenos criminales, se criminaliza a los fiscales que perseguimos el lavado de dinero a escala global, como en este caso en que un empresario narco (Valentín Temes Coto) condenado a 20 años de prisión por tráfico de casi tres toneladas y media de cocaína a través de una compleja red de personas y estructuras empresariales que operan en Argentina hace más de cuatro años. Tras la condena empezamos a investigar patrimonialmente a esa red de acuerdo a los protocolos de actuación del GAFI certificados en Argentina. Entre las 30 personas del núcleo empresarial y familiar cercano al narco se encuentra la jueza en lo Criminal María Gabriela Lanz, quien me denunció y también al fiscal penal económico Emilio Guerberoff porque en el sitio del Ministerio Público se informó sobre el caso. Bonadio citó a indagatoria a Guerberoff por considerar mal promovida la acción penal contra la jueza y generar las condiciones para esa publicación, y a mí por twittear desde mi cuenta personal esa información pública. Como yo lo cuestioné por imparcial en base a varios fundamentos y esas cuestiones aún no se resolvieron por las instancias superiores, consideré que no se daban las garantías mínimas para presentarme a mi indagatoria, pese a lo cual me puse a disposición del tribunal. El juez me declaró rebelde, restringió ilegalmente mi libertad y pidió mi remoción. Como era tan absurdo e inconducente su planteo, la procuradora general en base al artículo 23 último párrafo del reglamento disciplinario para magistrados (que regula el supuesto de denuncias inconducentes) rechazo de plano esa petición. Como respuesta Bonadio denuncio penalmente a la procuradora. El desarrollo del caso hasta ahora muestra un nivel de irracionalidad preocupante. Quienes denunciamos los vínculos del narcolavado con el sistema, resultamos perseguidos por un juez del propio sistema, que ha tenido un desempeño judicial duramente cuestionado por inconductas graves como las documentadas en mi caso, ha llegado a acumular mas de 60 denuncias de todo tipo en su contra. Las consecuencias parecen imprevisibles frente a lo visto en este proceso. ¿Quién se va a hacer cargo de las consecuencias?
–¿Qué opina del procesamiento que el juez Martínez di Giorgi ha realizado sobre usted por su intervención en el caso del empresario Lázaro Báez? ¿Cree que se trata de una forma de presión por su investigación contra la criminalidad económica en el sistema financiero?
–El juez ha dictado un procesamiento arbitrario y fuera del sistema de derecho, basado argumentalmente, no en pruebas, sino en el relato mediático y en las denuncias de sectores que utilizaron políticamente el caso. Por eso lo hemos apelado. Hubo cuatro secretarios judiciales de la fiscalía de Marijuan que declararon la verdad sobre el asunto (que las únicas directivas fueron dadas por el fiscal Ramiro González, que nunca me exhibieron ni enviaron un requerimiento fiscal que comprendiera a Lázaro Báez y otras personas y, por ende, que nunca recibieron de mi parte la orden de excluir a nadie). Estos importantes relatos y otros elementos de prueba fueron ignorados por el juez, lo cual es grave porque un caso judicial no puede resolverse de cualquier modo. Eso genera violencia.
–¿Cuál es el progreso en la justicia de las causas por las cuevas de dólares allanadas hasta ahora?
–Hemos avanzado sobre todo en términos cualitativos, esto es, hacia una lectura más profunda del fenómeno. Ello no permitió tener mayor claridad acerca de los mecanismos de fondeo de las cuevas. No todos los jueces comprenden la gravedad y complejidad del asunto y ello redunda en una limitación de nuestras estrategias, pero estamos avanzando en general. Quizá esto tenga que ver simplemente con las diferencias entre el rol del fiscal y juez. El nuevo Código Procesal Penal va a ayudar a superar estos escollos. Es un fenómeno criminal mucho más complejo que "simples operaciones marginales de cambio". Descubrimos maniobras criminales conexas más perniciosas, como lavado de dinero, evasión fiscal, contrabando de divisas o fondeo del narcotráfico. El despliegue de nuestra línea de trabajo a nivel nacional nos permitió ampliar el horizonte de comprensión de estas redes criminales. Es preciso señalar a Rosario como un centro de fuerte incidencia en el tema, sobre todo por la actividad en torno al puerto y el comercio de cereales.
–¿En qué estado se encuentra la apelación a la causa que implica al BBVA Banco Francés en la utilización del contado con liquidación como un caso de evasión del Mercado Único y Libre de Cambios?
–El caso está para resolución en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Tenemos expectativas de que el pronunciamiento sea favorable a la fiscalía, que en definitiva es similar al criterio del primer juez que intervino en el caso, el doctor Gustavo Meirovich, quien consideró delictiva la maniobra. En la apelación que firmamos en aval técnico de la fiscal Rogliano expusimos sólidos argumentos que el fiscal de cámara Rodríguez Bosch avaló y profundizó. Nosotros sostenemos que es una maniobra clara de violación al régimen penal cambiario a través de una mise-en-scène bursátil. En Europa se conoce este tipo de conducta como fraude o abuso a la ley, un fenómeno que consiste en eludir la aplicación de una norma actuando bajo otro "ropaje jurídico" a fin de evitar el castigo. Lo que sucedió en nuestro caso fue que bajo el "ropaje bursátil" se violaron las normas que regulan el mercado de cambios, permitiendo la fuga de cientos de millones de pesos en poco tiempo, por parte de las mismas personas, el mismo patrón conductual, etc. La homogeneidad de estos componentes nos permitió sostener la sospecha sobre la existencia de una maniobra criminal.
–Usted dijo que es necesario cambiar el régimen penal cambiario.
–En agosto del año pasado mantuvimos una reunión con colegas y jueces del fuero penal económico. Uno de los puntos sobre los que hubo consenso unánime fue la necesidad de reformar el régimen penal cambiario, porque la Ley 19.359 que tipifica infracciones penales y administrativas en materia cambiaria y los procedimientos a seguir, está desfasada históricamente y superada por la realidad de una actividad delictiva muy dinámica, asociada a los fenómenos criminales ya descriptos. Cuando se sancionó esta norma allá por comienzos de los '70 era inimaginable la complejidad que la criminalidad financiera tiene actualmente. Es imperioso avanzar en una ley pensada y diseñada para abordar eficazmente estos problemas porque los daños que se generan para el sistema económico y social son enormes. Lamentablemente esto tampoco tiene visibilidad y algunos medios naturalizan discursivamente este fenómeno criminal; jamás lo denotan como un delito y hasta lo muestran como consecuencia de la política económica del gobierno, lo cual es inaceptable, sencillamente porque nuestra experiencia nos ha mostrado que cuevas o comercios pantalla que operan delictivamente con divisas, a los que secuestramos un millón de pesos, a los dos o tres días siguen funcionando. Ello nos da una pauta muy precisa sobre los márgenes de rentabilidad de esta actividad criminal que tiene una sola cueva, y son varias. Lo peor que es parte de esa masa de dinero se utiliza para retroalimentar la actividad ilícita y parte se inyecta a la economía formal perfeccionándose así el delito de lavado de dinero a gran escala. Esto no se muestra en la prensa.
–¿La importancia política y económica de las empresas concentradas es una limitación para investigar?
–Totalmente, porque a mayor incidencia política y económica, más capacidad de lobby y presión mediática habrá sobre el sistema. Tenés un ejemplo clarito con el reciente proyecto de Código Penal y el candidato a presidente que salió a bastardearlo con preanuncios (N.de la R: hace referencia a Sergio Massa) catastróficos, no menos desopilantes, de que se si se aprueba el código, miles de "delincuentes quedan en libertad", lo cual es algo insostenible por varias razones técnicas y económicas que no podemos analizar aquí. Pero tenemos ejemplos concretos en casos en trámite, en los que poderosos entramados económicos que están siendo investigados utilizan recursos para evitar el avance de los casos a través de todo tipo de martingalas.
–¿Es común el intento de coima a fiscales por parte del sector financiero?
–La capacidad corruptora, y por ende, de penetración en distintos niveles públicos (no sólo la justicia, sino las fuerzas de seguridad, los organismos de control, etc.) forma parte de uno de los rasgos distintivos de la criminalidad económico-financiera como especie del crimen organizado. Aunque genera incomodidad aceptarlo, hasta que no tomemos conciencia del problema, no se podrá avanzar estratégicamente. Hay que seleccionar las/los cuadros más confiables, capacitar y denunciar los intentos de coima, como en el caso de Biscay. Su denuncia fue muy importante porque ratificó lo que vengo diciendo sobre los aspectos conceptuales que perseguimos.
–¿En qué estado se encuentra la investigación de la Procelac sobre abusos de entidades que se dedican a otorgar préstamos al consumo?
–A esa investigación la encaramos no enfocados exclusivamente sobre la perspectiva punitiva, sino fundamentalmente como necesidad de trazar un diagnóstico sobre una asimetría detectada en la dinámica económica que produce mucho daño social en torno al fenómeno de los préstamos para el consumo. Nuestro objetivo fue poner sobre la mesa la problemática y abordarla convocando a distintos sectores, no sólo formales como los organismos públicos vinculados al sistema económico, sino también a los directamente perjudicados, para ver qué estrategias se podían barajar. Uno de los primeros resultados vino del BCRA que reguló las tasas de interés para estos préstamos. Otra línea de trabajo en plena ejecución son las charlas preventivas que estamos desarrollando en barriadas populares del sur de la Ciudad de Buenos Aires, en entidades gremiales, etc. Otro resultado concreto fue, en un caso extremo, la presentación de un caso penal por usura en el fuero criminal de la ciudad. La modalidad más frecuente es la usura, es decir, el préstamo de dinero a tasas exorbitantes, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de la víctima. Nuestra investigación abarcó un proceso muy amplio, hasta el análisis de los juicios ejecutivos que se tramitan en el fuero comercial contra las personas atrapadas por el sistema de préstamos. Curiosamente son los juicios que más rápido caminan porque en el 90% de los casos la parte demandada está en rebeldía, lo que ratifica cuán vulnerables son, ya que ni siquiera pudieron acceder a asistencia letrada para que los defienda. Estamos articulando con el programa ATAJOS del Ministerio Público una estrategia en este sentido.
–¿Existen motivos para que la Procelac avance como querellante en el caso de las 4040 cuentas en Suiza?
–El caso tiene un fiscal. Cuando fuimos notificados formalmente por la AFIP de la denuncia, nos pusimos a disposición del colega, quien aún no nos convocó. La Procelac no tiene facultades para llevar adelante autónomamente los casos en el sistema judicial, porque su diseño institucional apunta a asesorar. El del HSBC es un proceso muy importante de similares características al juicio contra el BNP Paribas en el que participamos y donde se investiga el mismo tipo de maniobras. Son casos paradigmáticos en los que se puede ver claramente el fenómeno de la fuga de divisas, que consiste en sacar plata del país violando las leyes fiscales, bancarias y antilavado. Actualmente se calcula que 85 mil personas físicas y jurídicas argentinas tienen entre 200 mil millones y 400 mil millones de dólares en estas condiciones en guaridas fiscales, sin contar con los activos físicos (empresas y bienes inmuebles) que suman otros 50 mil millones. Es uno de los fenómenos económicos más perniciosos que sufre nuestro país y fue posibilitado por una plataforma en la que participan bancos y profesionales del derecho y de las ciencias económicas.
Fuente:TiempoArgentino
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