Jornada entera de movilizaciones
Las calles rosarinas y un día de lucha desde la mañana hasta la noche. El pedido de Declaración de Emergencia en Niñez y Juventud y el reclamo por justicia para Franco Casco como banderas unificadas de un pueblo con demandas.
Foto: Fernando Der Meguerditchian para Coop. La Brújula
Por Martín Stoianovich
Cada 10 de diciembre se celebra a nivel mundial el Día Internacional de los Derechos Humanos, en homenaje a la Declaración Universal firmada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En Argentina, por coincidencias o no tanto, se liga a esta fecha con la vuelta a la democracia en 1983, cuando después de siete años de terrorismo de Estado bajo una dictadura cívico militar, el pueblo volvía a elegir a sus gobernantes. Se cumplen treinta y un años ininterrumpidos de una democracia que en sus bases está vigente pero que a cada año se lastima un poco más con distintos hechos que van teniendo lugar a lo largo y ancho del territorio nacional.
Rosario, como punto geográfico de una Argentina vulnerada en términos del respeto de aquellos derechos inalienables que van de la mano con la democracia, se movilizó a un día de semejante fecha simbólica como muestra de que todavía queda un largo camino por recorrer. El día 11 de diciembre, desde la mañana temprano y hasta largas horas de la noche, tuvieron lugar en distintos puntos de la ciudad dos movilizaciones que dan cuenta de las demandas de un pueblo que utiliza las calles como vidriera para sus reclamos. Vale la pena destacar otra actividad relacionada como lo fue la encabezada por una multisectorial integrada por diversas organizaciones sociales y sindicales que durante las primeras horas de la mañana se movilizó “contra el hambre en los barrios”.
Por un lado, en las puertas del Concejo Municipal, la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la juventud avanzó sobre su proyecto de Declaración de Emergencia presentado el 11 de junio de este año. Ante la falta de respuestas de los ediles en el tratamiento de la propuesta, la juventud de los barrios más vulnerados de la ciudad realizó una declaración simbólica en las puertas del Concejo. Decenas de pibes y pibas dieron sus razones para que se avance sobre esta iniciativa, que busca destinar mayor partida presupuestaria para las políticas de niñez y juventud en la ciudad, y que va contra la estigmatización y criminalización de los jóvenes considerados artífices de la compleja violencia social que azota a una ciudad gobernada hace más de 25 años por el socialismo. Mientras tanto, puertas adentro del Concejo, y salvando algunos pocos ediles que manifestaron compromiso con la causa, el proyecto continúa estancado como ha sucedido a lo largo de esta segunda mitad del 2014.
Por otro lado, en horas de la tarde y desde la histórica plaza 25 de Mayo, la familia de Franco Casco junto a organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos se movilizaron hacia la sede de Gobernación provincial frente a la plaza San Martín para reclamar justicia y celeridad en la causa. La policía de la Comisaría 7ma, el poder judicial y distintos funcionarios del gobierno santafesino, fueron señalados como responsables y cómplices de la desaparición y posterior muerte del joven de 20 años que sólo estuvo siete días con vida en la ciudad. Elsa Godoy, madre de Franco, aferrada a los brazos de las madres de la plaza de Rosario, personificaron el reclamo por un verdadero “Nunca más”.
Anocheciendo en el Concejo Municipal
El proyecto de Declaración de Emergencia, presentado por la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud en Rosario, se concretó luego de un exhaustivo estudio que determinó las precarias condiciones de las políticas estatales destinadas a niñez y juventud. Este aspecto principal -sumado a la creciente suma de muertes de jóvenes y su total exposición a las redes de negocios clandestinos como el narcotráfico, y a la criminalización de esta juventud por parte de las fuerzas de seguridad que ocupan los territorios barriales- impulsó la presentación de esta propuesta que fue entregada al Concejo en junio de este año.
El proyecto ingresó a cuatro comisiones: Salud y Acción Social, Derechos Humanos, Gobierno y Cultura, y Presupuesto y Hacienda. “Hace seis meses que entró y no se movió un centímetro, no hubo respuesta salvo por algunos concejales. Tenemos condiciones desfavorables porque lamentablemente los sectores populares no tienen representación acá adentro”, destacó Facundo Peralta como referente de la Asamblea.
Después de diez horas de espera fuera y dentro del Concejo, cuando finalizó la sesión que votó el Presupuesto Municipal 2015, la Ordenanza General Impositiva y la renovación de las autoridades, pasada las once de la noche tuvo lugar la presentación sobre tablas del proyecto. “Resulta imperioso que en la ciudad de Rosario se declare la emergencia en la situación de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes, para poder formular entre todos los niveles de gobierno una consigna, un presupuesto y decisiones que tengan la intención y el destino de promover los derechos y valores de nuestra juventud y no estigmatizarlos y volverlos a dejar al desamparo del Estado”, solicitó la edila Norma López cuando pudo acceder a presentar la propuesta.
El socialismo, por su parte, argumentó su negativa representado por el concejal Manuel Sciutto como presidente del bloque. “Compartimos la preocupación por las problemáticas de la juventud y la niñez, pero no compartimos para nada la metodología en los términos en que se está planteando. Creemos que tanto el municipio como la provincia están haciendo denodados esfuerzos por incrementar la participación e inclusión de los jóvenes. No creemos que sea positivo para la ciudad trabajar en la confrontación”, declaró el edil. Luego haría mención al Plan Abre como ejemplo de las supuestas políticas de inclusión. Dicho plan es el que, entre otras acciones, promovió la creación de la Policía Comunitaria en los barrios rosarinos. Justamente la postura de la Asamblea va en contra de todo tipo de intervención que no contemple la vida de los jóvenes como sujetos de derechos y por el contrario los criminalice por su condición social.
En relación a la postura de Sciutto, la concejala Fernanda Gigliani aclaró que no se trata de confrontación, y que además el socialismo debería tomar a la Declaración de Emergencia no como una crítica a la gestión, sino como una posibilidad de acompañar un proceso de transformación genuino y verdadero en las barriadas populares. Sin embargo, a momentos de votar la aprobación del proyecto sobre tablas la mayoría se opuso, por lo cual la iniciativa volverá a tratarse en las comisiones correspondientes.
Horas antes, cuando el sol todavía ardía sobre las calles rosarinas, los pibes y las pibas de los barrios que se habían llegado hasta el Concejo Municipal, acompañaron la jornada desde afuera. “Si adentro no se declara la Emergencia, lo vamos a hacer nosotros acá, que tenemos las prioridades un poco más claras”, decía Luz Olazagoitía, integrante de la Asamblea, desde el escenario montado sobre la ochava del Concejo. Minutos después, una comitiva de jóvenes concejales arribada desde distintos barrios de la ciudad se preparaba para comenzar la sesión simbólica a cargo de los Payasos Autoconvocados como máximas autoridades. “El proyecto se tiene que aprobar porque los pibes tienen mucho para expresar, como la cultura misma”, señalaba “El Colo” del barrio La Sexta, poeta y escritor. Lo acompañaban en su postura chicos y chicas de Villa Banana, Santa Lucía y Fuerte Apache. La aprobación simbólica fue unánime, y así fue que declarada la Emergencia social por quienes la padecen.
Justicia por Franco Casco
Norma Vermeullen y Chiche Masa, Madres de la plaza 25 de Mayo de Rosario, abrazan y consuelan a Elsa Godoy y su irremediable llanto. La toman de la mano y la invitan a dar una vuelta como lo hacen cada jueves en la histórica ronda de las Madres. Es toda una postal de herencia de fuerza y convicción, pero también de dolor y padecimientos de vejámenes que nada tienen que ver con los derechos humanos. Mientras tanto, la multitud contempla la escena preparándose para movilizarse hacia la sede de Gobernación. El recorrido, realizado por calle Santa Fe y ocupando casi dos cuadras de marcha, va dejando en el camino el rostro de Franco Casco que hasta hace poco más de un mes era un desaparecido en democracia. Ahora es uno más de los jóvenes asesinados en Rosario, sumado a la lista que ya supera las 130 personas a punto de cerrar el 2014.
Una vez arribada la movilización a Gobernación, sobre el escenario Elsa Godoy alcanzó a agradecer el acompañamiento de todas las organizaciones que desde un primer momento están a su lado. Luego se dio paso a la lectura del documento. “Franco Casco fue detenido el martes 7 de octubre de este año por policías de la comisaría 7° de la ciudad de Rosario, último lugar donde fue visto con vida. Luego de casi tres semanas de búsqueda, reclamos de sus familiares y de organizaciones, y tras no haber llegado a su casa de Florencio Varela el día acordado, la familia sólo recibe de parte de la policía santafesina y funcionarios del Gobierno Provincial silencios, ocultamientos y mentiras. Su cuerpo apareció flotando sin vida en el río Paraná el 30 de octubre, mientras se realizaba la primera marcha frente a la comisaria 7ma”, apuntaba en un principio dicho material.
El principal reclamo que se sostiene hoy en día está relacionado a los pocos avances que se pudieron apreciar en la causa judicial. Si bien el pasado 27 de noviembre la justicia santafesina dispuso su incompetencia y solicitó que se modificara la caratula de la causa a “desaparición forzada de persona”, como lo había solicitado la defensa de la familia Casco, todavía resta esperar la aprobación de la justicia federal para que se concrete el traslado de la causa y se retome la investigación. La familia Casco está atravesando el obstaculizado camino hacia la justicia que padecen los sectores de bajos recursos. Hoy, el nombre de este pibe se alista al de Luciano Arruga y todos aquellos que, más allá de las banderas políticas de los gobiernos provinciales, padecen la represión sistemática de las fuerzas de seguridad.
La ciudad de Rosario movilizada desde la mañana a la noche en un solo día, por causas íntimamente relacionadas como lo son el asesinato de un joven y el reclamo de Declaración de Emergencia para la niñez y la juventud, es la muestra cabal de una demanda a nivel social. Mientras los poderes legislativos discuten los presupuestos del año próximo y el ejecutivo continúa negando una realidad que se evidencia en cifras y estadísticas, son cada vez más las personas que unen el grito en un reclamo colectivo.
Los movimientos sociales declaramos la Emergencia en Niñez y Juventud en Rosario.
Cuando en septiembre de 2013 distintas organizaciones sociales, sindicales, territoriales y políticas de Rosario nos unimos para conformar la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, creíamos que era necesario comenzar a visibilizar la situación actual de nuestros pibes y pibas en la ciudad. De las 264 muertes registradas en ese año, más de la mitad correspondía a jóvenes pertenecientes a los barrios populares del departamento de Rosario. Creímos que era necesario construir un espacio del que también formaran parte trabajadoras y trabajadores de distintas áreas de niñez y juventud en la región, con el fin de dar a conocer las condiciones de trabajo de quienes ponen el cuerpo cotidianamente. Nos pronunciábamos en contra de los proyectos de baja de edad de imputabilidad como de cada una de las políticas de los gobiernos en sus tres niveles que a lo único que apuntan es a seguir fomentando la criminalización y exclusión de los y las jóvenes de los sectores populares.
Por entonces considerábamos, como hoy en día lo seguimos sosteniendo, que todas las problemáticas vinculadas al narcotráfico, a los grandes negocios empresarios, judiciales y políticos, como así también la corrupción policial y la violencia ejercida por estos como instituciones del Estado, tienen como principales víctimas a los niños, las niñas y los jóvenes. Desde el arrebato de derechos esenciales como la salud, la vivienda, la educación y la diversión, hasta atropellos cotidianos a la dignidad de cada joven víctima de la indiferencia y la discriminación profundizadas por el constante estigma social que recae sobre ellos y ellas.
Ante este escenario, continuamos repudiando el déficit de la presencia estatal manifestada en políticas públicas insuficientes, caracterizadas por la precarización laboral en los pocos dispositivos sostenidos por trabajadores y trabajadoras que intentan dar respuestas a las urgencias sociales. Seguimos insistiendo en remarcar que sólo el 1,4 por ciento del gasto público social está destinado a la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Cifra que nos parece preocupante. Denunciamos fervientemente al IRAR, una institución del Estado que debería procurar el acompañamiento de jóvenes en situaciones conflictivas y no es más que una cárcel de menores en la cual se sufren los mismos vejámenes que en cualquier penitenciaría del país. Tuvimos que lamentar muertes dentro de este lugar, hechos que no fueron esclarecidos y se mantuvieron en la impunidad. Un lugar en donde los pibes se encuentran en condiciones inhumanas, violándose todos los derechos establecidos por una larga lista de legislaciones provinciales, nacionales e internacionales.
El 2014 nos recibió con la desgarradora cifra de 56 muertes en 50 días, que se recrudeció con el feroz asesinato del joven David Moreira de 18 años. Este hecho es producto de la estigmatización que no nos cansamos de repudiar, y de la impunidad que el Estado garantiza a quienes creen que la solución a los conflictos sociales está en el exterminio de un pibe que es una víctima más de este sistema desigual. Mientras tanto, el poder judicial continúa beneficiando a los asesinos de David: sólo dos personas están imputadas, de las más de cincuenta que participaron en la agresión, y hace pocos días se conoció la nefasta noticia de que se les redujo la carátula del delito, lo que podría garantizarles una condena leve sin perder la libertad.
Mientras tanto, durante los últimos años el gobierno municipal y el provincial, junto al gobierno nacional, se ocuparon de desligarse de las consecuencias de la problemática del narcotráfico y la situación de violencia general en la ciudad. Adjudicando las responsabilidades a sus oposiciones como si se tratase de una realidad que no compete a los gobiernos en sus tres niveles. Cuando finalmente pudieron ponerse de acuerdo para trabajar en conjunto, no fue para otra cosa que seguir apostando a medidas represivas que atentan contra las libertades de las personas. Así, fue que en abril de este año tuvimos que presenciar la llegada de miles de gendarmes y prefectos que invadieron el territorio diario de nuestros pibes y pibas y sus familias. Mientras los medios de comunicación reproducían el circo armado por Sergio Berni y los representantes políticos de la provincia de Santa Fe, no se daba lugar a la difusión de los abusos sistemáticos que estas fuerzas federales aplicaban en cada barrio militarizado. Nos pronunciamos en contra de todo tipo de política antidemocrática y violenta que sigue dejando en un segundo plano a la vida en dignidad de las juventudes.
Contemplando esta situación y advirtiendo que cada una de las irregularidades que venimos denunciando continúan vigentes, fue que en junio de este año presentamos el proyecto de Declaración de Emergencia en materia de niñez y juventud para la ciudad de Rosario. Decidimos copar el Concejo Municipal en una movilización extraordinaria y sin precedentes, que tuvo a pibes y pibas como protagonistas, quienes entregaron el proyecto en las propias manos de una concejala. Con esta propuesta buscamos comprometer a los poderes Legislativo y Ejecutivo a asignar un mayor presupuesto al área de Promoción y Protección de derechos de niños, niñas y jóvenes. Además pusimos sobre la mesa la situación de las distintas áreas del Estado que trabajan con niños y jóvenes, fuertemente marcadas por la precarización laboral de sus trabajadores y trabajadoras, por la carencia de lineamientos de trabajo y de recursos.
Lamentablemente, en estos 6 meses, nos encontramos con una falta rotunda de compromiso fundamentalmente por parte del falso socialismo que gobierna nuestra ciudad, como así también de todos los sectores aliados al oficialismo, como el PRO que en un comienzo manifestó su apoyo para luego ningunear el reclamo y complicar la viabilidad del proyecto. Fueron distintas las actividades que realizamos para dar cuenta de lo obvio: de la situación de vulneración de derechos que están viviendo nuestros pibes y pibas. El 13 de Agosto realizamos un Debate Público del que participaron concejales de distintos bloques, con la participación de los propios pibes que plantearon con sus propias palabras por qué debe declararse la emergencia. El 28 de Octubre llenamos de pueblo el recinto del Concejo Municipal, donde la voz de muchísimos referentes de la militancia social fue una demostración certera de que la Declaración de Emergencia para Rosario no se puede negar. En donde también la ausencia de las y los funcionarios municipales dejó en claro que en la “ciudad normal” los pibes y pibas no son prioridad.
Quienes tendrían que estar representando al pueblo y legislando por sus derechos deberían sentir vergüenza por no contar con ningún conocimiento respecto de la actualidad de la niñez y la juventud. Es así como hoy llegamos a la misma situación, las políticas para la vida de los pibes y las pibas siguen sin aparecer.
Párrafo aparte merece el Partido Socialista, actual gobierno de nuestra ciudad y nuestra provincia, que obscenamente se ha ausentado de todas las instancias a las que los convocamos, por ser responsables políticos de esta situación. Han ninguneado sistemáticamente a nuestros pibes y pibas, y a las distintas organizaciones que todos los días estamos poniendo el cuerpo para que esta situación se transforme. Así siguen priorizando sus quintitas de poder y el crecimiento de una Rosario para pocos. Mientras tanto, las mayorías rosarinas siguen sobreviviendo en una ciudad que los excluye cada vez más de sus derechos.
Sobre el final de este 2014, tuvimos que lamentar otro hecho que viene a delatar las vigentes redes de complicidad entre las instituciones policiales, los gobiernos y la justicia. Franco Casco, un pibe pobre de la ciudad de Buenos Aires que estaba de visita en Rosario, fue desaparecido después de haber estado detenido en la Comisaría 7ma. La aparición sin vida de su cuerpo flotando en el río 20 días después, y la inacción total de la justicia provincial en el asunto, se plantó en la retina de las y los rosarinos como un hecho antidemocrático y represivo digno de las épocas del Terrorismo de Estado. La muerte de Franco Casco se sumó a la de Jonathan Retamozo, Fabián Lucero, Brian Saucedo, Jeremías Trasante, Mono Suárez, Patóm Rodriguez , Jairo Trasante, Gabriel Aguirrez, David Moreira, Emanuel Cichero, Ariel Ávila y tantos otros jóvenes a quienes se les arranca la vida.
Sin dudas celebramos la lucha de las organizaciones sociales que tuvo su fruto en la reciente condena a los autores del Triple Crimen de Villa Moreno, en recuerdo de los compañeros Jere, Mono y Patóm. Pero necesitamos seguir exigiendo transparencia y compromiso del poder judicial en todas las causas. No puede existir una sociedad inclusiva mientras la justicia siga siendo una justicia clasista que actúa a favor de los intereses de los sectores sociales más poderosos, empeñados en excluir a nuestros pibes y pibas.
Hoy nos encontramos nuevamente en este Concejo Municipal, palacio de la comodidad de quienes dicen ser nuestros representantes. Hoy planteamos esta realidad, que es la realidad que a nosotros nos toca ver aunque quieran ocultarla. Este 11 de diciembre es una jornada de lucha heroica, que refleja la situación de emergencia que venimos exigiendo que se reconozca urgentemente y sobre la cual se comience a trabajar sin esperar una víctima más de cualquier flagelo social. Cerramos el año con más de doscientas muertes, y con cada una de las problemáticas denunciadas en un constante ascenso. La Emergencia en niñez y juventud en Rosario es un hecho. Que el poder legislativo y ejecutivo de la ciudad no lo reconozca, sólo habla de una realidad: en esta Rosario, los pibes y las pibas no son prioridad.
Sin embargo sí lo son para cada una de las organizaciones que componen y acompañan esta asamblea, cada trabajadora y trabajador que día a día y de las maneras más artesanales se sobreponen a la falta de políticas y lucha pibe por pibe, a los sindicatos que los acompañan y a cada compañera y compañero que siente esta lucha como propia, tanto en la ciudad como en todo el país.
A pesar de la indiferencia estatal nosotros seguimos en el camino de la unidad del campo popular y por ello estos días martes y miércoles desarrollamos en la ciudad de Buenos aires un acampe para denunciar la grave situación que atraviesa la niñez y la juventud. Además, exigimos la nacionalización de la emergencia, porque esta situación trasciende a la ciudad, la provincia y se vive, duele y lucha en todo el territorio nacional.
POR TODO ESTO EXIGIMOS:
- Declaración de Emergencia YA en Niñez y Juventud
- Justicia por Franco Casco – Desaparecido en democracia, asesinado por la policía encubierta por el Poder Judicial.
- Justicia por David Moreira – Víctima de la estigmatización y mano dura de los ciudadanos autoproclamados “de buena fe”.
- Justicia por Jonathan Retamozo y Fabián Lucero – Víctimas del IRAR.
- Justicia por Brian Saucedo y Emanuel Cichero – Víctimas de la policía asesina de la Seccional 12 de Barrio Ludueña.
- Justicia por Jairo Trasante y Gabriel Aguirrez.
- Justicia por Luciano Arruga.
- Basta de matar a nuestros pibes y pibas.
- No queremos más políticas represivas, queremos políticas para la vida.
- Trabajo, salud, educación y diversión para nuestros pibes y pibas, basta de mano dura.
Franco Casco fue detenido el martes 7 de octubre de este año por policías de la comisaría 7° de la ciudad de Rosario, último lugar donde fue visto con vida. Luego de casi tres semanas de búsqueda, reclamos de sus familiares y de organizaciones, y tras no haber llegado a su casa de Florencio Varela el día acordado, la familia solo recibe de parte de la policía santafesina y funcionarios del Gobierno Provincial silencios, ocultamientos y mentiras. Su cuerpo apareció flotando sin vida en el río Paraná el 30 de octubre, mientras se realizaba la primera marcha frente a la comisaria 7ma.
Desde su desaparición el gobierno provincial decidió no buscar a Franco, al tiempo que mantuvo un silencio cómplice con la policía que recién se rompió con las vergonzosas declaraciones de Ignacio Del Vecchio, Secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad, en las que afirmaba que se lo había visto en una parroquia pidiendo alimentos y vestimenta, haciendo propias las pistas falsas sembradas por la propia policía, en un claro intento de desviar información.
Se suman las descalificadoras acusaciones del gobernador Bonfatti contra los militantes el día después que realizamos la segunda marcha desde los Tribunales hasta la Sede de la Gobernación.
Volvemos a denunciar y a repudiar también la lamentable actuación de la Fiscalía a cargo por parte del Dr. Apanowich, que actuó pasivamente, sin contemplar los reclamos de la familia y demorando negligentemente el pedido de medidas elementales como la captura de las filmaciones surgidas de las cámaras de seguridad cercanas a la comisaría 7a, el no haber tomado declaraciones en ningún momento a la familia, ni haberse contactado con ellos, respondiendo en ciertos medios de comunicación que no había irregularidades por parte de la policía, entre otras inadmisibles irregularidades, las cuales fueron visiblemente apreciables en las declaraciones realizadas durante las audiencias públicas convocadas después de la presentación de un recurso de habeas corpus. Nos referimos a los dichos del personal policial de la comisaría 7ma y de la médica que supuestamente intervino en la comisaria durante la detención de Franco.
Después de una importante movilización social y política, el pasado jueves 27 de noviembre la justicia de Santa Fe declaró su incompetencia, solicitó que se recaratule la causa como “desaparición forzada” de persona y reenvió las actuaciones a la justicia federal, quien ahora debe aceptar -o rechazar- el caso nuevamente, aunque en una primera instancia el Dr. Marcelo Bailaque rechazó el pedido de la defensoría provincial interviniente.
Nos movilizamos para exigir que la carátula definitiva en el caso de Franco sea la “desaparición forzada” solicitando a la justicia federal se expida y que se haga pronta justicia con los responsables policiales y políticos de este gravísimo delito con jurisdicción Federal.
Exigimos: que la carátula del caso como “Desaparición Forzada de Personas”, sea tomada definitivamente por la justicia federal
Denunciamos y repudiamos los asesinatos y la represión sistemática a pibes pobres de los barrios populares por parte de las fuerzas de seguridad, tal como fue el caso de Emanuel “Joroba” Cichero, y de tantas otras vidas jóvenes que nacen y mueren en las mismas condiciones de falta de dignidad.
Afirmamos!!:
- Como ocurrió con Luciano Arruga a Franco Casco lo mató la policía.
- Ni un pibe, ni una piba menos
- Justicia y Castigo a los culpables.
-Basta de pibes de nuestros barrios desaparecidos y asesinados.
Adhieren al documento:
- Flia de Franco Casco
- Bodegón Cultural Casa de Pocho
- Comisión Barrio Ludueña
-Farolitos
- Patria Grande.
- Movimiento Evita y JP Evita.
- La casita de Sagrada Familia (Ludueña)
- Foro Rosario para Todos
- PTS – Juventud de PTS – CEPRODH
- Nuevo Encuentro
- Corriente Clasista Combativa
- Pueblos originarios en Lucha
- Campaña Nacional contra la Violencia Institucional.
- Club Federal y El Luchador – Barrio la Republica
- Colectivo Bella Vista
- Asamblea por los Derechos de la niñez y la Juventud
- Causa
- ATE Rosario
- Juventud de CTA
- MST
- Arte por Libertad
- La Cámpora.
- Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
- Coordinadora de Juventudes Políticas y sociales.
- Movimiento de Colectivos Kosteki
- Instituto de Investigación y Experimentación Política
- Red de Experimentación Política
- Club de Investigaciones Urbanas
Fuente:enREDando.org.ar
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