11/02/2015
Salta: Un testigo dijo haber negociado la libertad de su cuñada con el abogado Raymundo Sosa
Falco es hermano del médico Mario Falco, compañero de Barquet y que fuera detenido el 24 de marzo de 1976. Falco, el testigo, que declaró por video conferencia desde Santiago del Estero, recordó ayer que luego de la detención de su hermano vino a Salta para tratar de obtener su libertad.
Se quedaba en el departamento de su hermano, donde vivía Lucrecia junto a sus tres hijos pequeños. Una madrugada, cree que del 2 de abril, escucharon el andar pesado de “policías o gente del Ejército” en los pasillos del edificio, y luego golpearon a su puerta:
“Abran, abran, tenemos noticias del doctor Falco”, mentían.
Les abrieron y entraron dos hombres de civil seguidos por unos 8 policías de uniforme. Los de civil parecían los jefes, interrogaban y daban órdenes mientras revisaban, sobre todo los libros y documentos. Falco recordó que le dijeron que estuvo el jefe de Policía, Gentil, pero dijo que él no lo conocía. Luego, con la excusa de que iban a revisar también una mercería de Lucrecia, se la llevaron. “Me dejaron con los chiquitos”, contó Falco. Añadió que entonces comenzaron a hacer gestiones para lograr su libertad y “nos pusimos en contacto con el doctor Sosa”.
Falco no recordó el nombre del abogado pero dio otros datos: “Figura en el libro Nunca más, el “Negro” Sosa le decían”, insistió. Alberto Raymundo Sosa figura como “miembro civil”, con el número de legajo 92036 en el listado de represores de la CONADEP (Comisión Nacional de Desaparición de Personas), que publicó el libro Nunca más.
“Me dijo que él estaba vinculado (a las Fuerzas Armadas). Que le diéramos dinero, no recuerdo la cifra ahora, y un auto, no recuerdo el modelo pero debe haber sido 74”, abundó.
El testigo dijo que la reunión donde negoció la libertad de su cuñada se hizo en el mismo estudio del abogado, “que era cerca del Automóvil Club Argentino, cerca de una plaza grande (la de la Legislatura)” y que el estudio estaba bastante cercano a la esquina.
Sosa fue asesor legal de la Policía de Salta desde noviembre de 1974 hasta el 31 de marzo de 1976, cuando fue cesanteado, poco antes de extorsionar a Falco. (Como atenuente puede alegarse que en innúmeras oportunidades, extorsiones similares redundaron en una completa estafa, es decir, los familiares pagaron y el familiar secuestrado jamás apareció. N. del E.)
En el Juicio por la Verdad, Sosa fue acusado de obtener beneficios económicos al amparo del terrorismo de Estado.
Lucrecia Lambrisca, hija de Barquet, también dijo que pidió dinero y un automóvil para liberar a su madre; el ex preso político Elido Oroño lo ubicó en el lugar donde era torturado, y el testigo Mario Zenzano denunció haberle transferido un terreno para que mediara con la Policía.
Visitantes nocturnos
Ayer también declaró la ex presa política Pía Asunción Vilte, que fuera pareja del detenido desaparecido Raúl Benjamín Osores. Vilte afirmó que conoció a Barquet en el penal de Villa Las Rosas, dijo que estaba “muy enferma” y que la vio “muy flaquita, muy deteriorada”.
Vilte confirmó que por las noches solían recibir una “comitiva que estaba compuesta por militares” y otros represores, entre los que mencionó al entonces director del penal, Braulio Pérez, a su hijo, al ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray (condenado), al oficial Soberón.
“Abrían la puerta (de las celdas individuales en las que las mantenían), miraban, después salían y se iban”, parece que “éramos bichos raros que estábamos en exposición”, sostuvo.
También recordó que una vez fue el interventor de la provincia, Augusto Ulloa.
11/02/2015
Ragone II. Habilitan en juicio oral el segundo debate por el secuestro y homicidio del ex gobernador
Salta.- La segunda causa abierta por el secuestro, la desaparición y el asesinato del ex gobernador Miguel Ragone quedó habilitada hoy, en el curso de una nueva audiencia del juicio oral y público que por delitos de lesa humanidad se desarrolla en Salta desde el 2 de diciembre pasado, en perjuicio de 18 víctimas. La audiencia comenzó pasadas las 16, en los tribunales federales de esta ciudad, y finalmente se pudo leer la requisitoria fiscal de elevación a juicio de esta causa, que venía postergada desde el inicio del proceso, primero por razones formales y de plazos y luego por la falta de defensor oficial de uno de los acusados.
Los imputados en esta causa, identificada con el expediente 4129/14, son los comisarios retirados Antonio Saravia, Abel Guaymás y Néstor Liendro, a quienes se los acusa de haber cooperado para liberar la zona en la que el ex gobernador salteño fue herido y secuestrado, y de evitar las acciones investigativas correspondientes.
De esta manera, los ex comisarios garantizaron la impunidad y el ocultamiento de los autores del secuestro, la desaparición y el homicidio de Ragone, ocurrido el 11 de marzo de 1976, en la zona del monumento al general Martín Miguel de Güemes, cerca del domicilio del ex mandatario en la ciudad de Salta.
Esta causa se trata en el marco de un juicio que desde diciembre pasado analiza un total de diez expedientes, con 18 víctimas y seis acusados, a cargo del Tribunal Oral Federal de Salta (TOF), integrado por Federico Díaz, Mario Juárez Almaraz y Marta Snopek, junto a quien oficia de cuarta jueza, Alejandra Cataldi.
Hoy, la defensora pública oficial María Ximena Colombres asumió finalmente la defensa de Saravia, luego de la decisión del TOF de no hacer lugar a un pedido de inhibición, por entender que no existen intereses contrapuestos ni incompatibilidades para el ejercicio de esta representación.
En la lectura de la requisitoria se estableció que Saravia, que era el jefe del Departamento de Informaciones Policiales, el llamado D2 de la Policía de Salta, fue acusado de haber sido "cómplice primario" de los delitos de "homicidio doblemente agravado por alevosía, con el propósito de ocultar la comisión de otro delito, asegurar sus resultados y lograr impunidad, con el concurso premeditado de dos o más personas".
Esto en el caso de Ragone y del almacenero Santiago Arredes -que murió baleado por ser testigo del secuestro del ex mandatario-, y los mismos delitos pero en grado de tentativa en el caso de Margarita Martínez de Leal, que resultó herida de bala durante el hecho.
En tanto, a Liendro y Guaymás, que se desempeñaban como subjefe de la Comisaría Primera y jefe de la Unidad Regional 1 de Salta, respectivamente, se los acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
Tras la habilitación del debate, el TOF pasó a un cuarto intermedio para luego continuar con la etapa de testimoniales que se venía desarrollando en el juicio, en el que también están imputados el ex encargado del área de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil; y los militares retirados Miguel Gentil y Virtom Modesto Mendíaz,
Este juicio oral y público examinará finalmente nueve expedientes de los 11 inicialmente previstos, debido a que uno de los represores acusados, el ex jefe del Ejército en Salta durante la última dictadura, Carlos Mulhall, falleció el 24 de noviembre pasado, a los 84 años.
A estos nueve expedientes se le suma la causa Ragone II, que será la última que se debatirá durante el proceso oral y público.
Gentil y Mendíaz siguen el debate por videoconferencia desde tribunales federales de Buenos Aires y Rosario de Santa Fe, mientras que Guil, Saravia, Guaymás y Liendro siguen las audiencias desde la sala del TOF.
Además de Ragone, Arredes y Margarita Martínez de Leal, son víctimas de las causas comprendidas en este juicio Rubén Yañez Velarde, Ramón Díaz Romero, René Locascio Terán, Alfinio Elido Oroño, Mario Amelunge Vargas, Pablo Salomón Ríos, Nital Díaz, Ricardo Munir Falú y Lucrecia Barquet.
También Hugo Maza, Lidia Gómez de Colqui, Rolando Gómez, Alfredo Colqui, y Luis Obrero Destello Iñiguez Vázquez.
Los fiscales que actúan en este debate son Francisco Snopek y el ad hoc Juan Manuel Sivila, mientras que Gastón Casabella, junto a Martín Avila, está a cargo de la querella conjunta de las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y la provincia, y Matías Duarte representa a la querella de la familia Ragone.
De las 18 víctimas, cinco fueron asesinadas y cuatro siguen desaparecidas, como consecuencia de crímenes represivos cometidos entre abril de 1975 y septiembre de 1976.
Fuente:Telam
Declaró una víctima de la represión ilegal
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