OPINIÓN.

26/3/2015 
Opinión 
ARGENTINA EJEMPLO DE JUZGAMIENTO EN DELITOS DE LESA HUMANIDAD 
24 de marzo: grandes avances y también el vaso medio vacío
La conmemoración crítica del 24 de marzo mostró los grandes avances en el juzgamiento de los crímenes de la dictadura. Secundariamente también se vieron límites en sentar en el banquillo a los empresarios y civiles cómplices. Mucha gente en la calle.
EMILIO MARIN 
Argentina será un país con muchos defectos, con algunos de sus habitantes que quedan como "agrandados" con otros países de la vecindad y varios otros problemas que no viene al caso analizar aquí.

De todos modos, nadie podría discutir que ha tomado la delantera en la región y el mundo en un asunto bien delicado e importante como es el procurar juicio y castigo a los genocidas del último golpe militar-cívico. Aunque resulte antipático y pueda dar letra a esas críticas de países hermanos, es imprescindible hacer comparaciones.

En Chile luego de finalizada su etapa como dictador, Augusto Pinochet ocupó una banca como senador y murió técnicamente "inocente" por falta de condenas. En Uruguay hubo una "ley de caducidad" que impidió hasta hace poco los juicios a quienes habían cometido crímenes.

En Brasil recién en 2012 se constituyó una Comisión de la Verdad, que presentó su informe el 10 de diciembre de 2014, sin que el gobierno del PT haya impulsado causas penales contra esas listas de represores.

Es imposible no ligar esa claudicación de la democracia paulista con la aparición de carteles que pedían "intervención militar Ya" en las recientes protestas contra Dilma Rousseff. Buena nota.

Con ese retraso, conciliación e impunidad, resalta lo actuado en Argentina a partir de 2003, tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Así se reanudaron los juicios por violaciones a los derechos humanos una vez que en 2005 la Corte Suprema ratificara aquella anulación.

En la primera quincena de este marzo la Procuraduría sobre Crímenes contra la Humanidad que dirige Jorge Auat y coordina Carolina Varsky, emitió un informe actualizando la estadística de los juicios.

Allí se lee que "entre 2006 y lo que va de 2015, 613 personas fueron sentenciadas en procesos por crímenes de lesa humanidad: 563 resultaron condenadas y 50 fueron absueltas.

Hay un total de 456 expedientes en trámite. Entre éstos, hay 16 juicios en curso y 120 causas próximas a debate.

Las víctimas judicializadas son más de diez mil. Y existe un total de 889 procesados que aún no fueron condenados y otros 247 que ya fueron juzgados en otras causas". Esa buena nota del gobierno nacional tiene límites, que la propia Procuraduría enumera en su documento.

Por ejemplo, sólo 31 de las sentencias están firmes. Hay demoras de tribunales y cámaras, y no se descarta complicidad con los represores condenados en primera instancia más que una sobreabundancia de trabajo.

Otro problema es el Cuerpo Médico de la Corte Suprema, que demora meses una certificación de salud para que un procesado pueda asistir a un juicio, demorando las audiencias, o bien firmando pericias para que los reos vayan a prisión domiciliaria en vez de cárceles comunes.

Aún con esas salvedades, 563 condenados es una gran marca, y como están en desarrollo otros 16 juicios, esa estadística será mayor. A diferencia de Pinochet, Jorge R. Videla murió en 2013 con dos perpetuas encima.

El récord de condenas lo tiene el ex general Luciano B. Menéndez, que ya carga con diez, ocho de ellas perpetuas, aunque lamentablemente, por lo arriba apuntado, está en su domicilio y no en Bouwer.

Pueblo y gobierno.
Aquellas sentencias también dejaron en libertad a 50 procesados, absueltos. No tan bien como éstos están los 45 prófugos, que están libres pero buscados.

Dos de ellos se fugaron cuando ya estaban detenidos: pidieron el traslado desde San Juan al Hospital Militar Central. Y se hicieron humo, con complicidad judicial, médica y uniformada.

Uno de los primeros debates gira sobre qué hizo posible los avances en Derechos Humanos. Los kirchneristas consideran que todo fue obra de Néstor Kirchner y focalizan simbólicamente en la orden de bajar los cuadros de Videla y Bignone.

Los críticos del gobierno niegan ese rol y engrandecen el juicio a las Juntas y el Nunca Más.

Este cronista es de la opinión que el factor decisivo fue la movilización de millones de argentinos, que al principio fueron apenas miles, demandando justicia. Entiende que las marchas del 24 de marzo de 1996, al cumplirse los veinte años del golpe, marcaron un punto de inflexión.

El fiscal español Carlos Castresana vio por televisión esas marchas y pidió investigar los crímenes de Argentina como caso de justicia universal.

Y su colega, el juez Baltasar Garzón se declaró competente y comenzó a citar a testigos argentinos, a reclamar la extradición de represores desde Buenos Aires. Allí se abrió la primera brecha importante en el blindaje de las leyes del perdón y los indultos menemistas.

Tanto empeño de los organismos de DDHH y de partidos populares y de izquierda reclamando memoria, justicia y verdad, la recuperación de los nietos robados y el castigo a los genocidas no habría alcanzado los logros de no mediar la impensada irrupción de Kirchner en 2003.

A partir de allí los DDHH se consideraron una política de Estado. Y el empinamiento del número de juicios y de condenados, desde 2006 a 2015, así lo demuestra.

El empuje del pueblo por abajo y el acompañamiento del gobierno por arriba fueron los dos factores que, mancomunados, pusieron a Argentina en el puesto de vanguardia en la materia.

La calle.
Los actos del martes 24 fueron muy masivos en Buenos Aires, Córdoba y muchas ciudades, en algunos casos a pesar del mal tiempo y la lluvia.

Dicho sea de paso, quedó recontra-cerrada la polémica sobre el feriado. Los críticos del gobierno, juntándose en esto los bien derechosos con una declamada "izquierda", se opusieron en su momento al feriado.

Decían que le daría un carácter dominguero y eso conspiraría contra la asistencia del público. Error. Fue un acierto que el Estado lo pusiera como feriado para marcar la importancia de conmemorarlo críticamente.

Además, lejos de restar, permitió sumar más gente a los actos, festivales y marchas. El documento consensuado por los organismos y partidos adherentes, que se leyó en Plaza de Mayo este 24 hizo hincapié en la defensa de la democracia y el compromiso por profundizarla, cargando contra la oposición política, mediática y judicial, en particular sobre esta última por su actuación durante la dictadura y actualmente lanzada, al menos un sector importante, en el operativo desestabilización de la causa Nisman y sucedáneos.

No es fácil mantener en 39 años una capacidad de movilización por un tema, como se demuestra cada 24 de marzo. Los familiares y amigos de los 30.000 desaparecidos alimentan ese fuego que no se apaga.

La recuperación de 116 nietos y nietas, fortalecieron ese ánimo de seguir caminando y se socializan como un logro colectivo, como ocurrió con el nieto recuperado de Estela de Carlotto. A su turno, los jueces que intervinieron en esos juicios y dictaron las condenas, pueden apreciar que sus decisiones cuentan con respaldo social.

Que los riesgos valieron la pena.
Para los represores que están en juicios y mucho más para los que ya han sido condenados, esa fecha que para ellos tuvo sabor a gloria y poder, los 24 de marzo desde 1976 a 1983, ahora los golpea jurídica pero sobre todo anímica y políticamente.

Quedan desnudos en su soledad absoluta, o casi absoluta porque siempre habrá alguna Cecilia Pando o algún editorial de "La Nueva Provincia" o "La Nación" que diga que los demonios fueron dos y no sólo uno.

La perspectiva de morir de viejos, sentados en el inodoro de una cárcel, por limpia y sana que sea, como le ocurrió a Videla, no los deja dormir tranquilos. "Vaso medio vacío".

 Estuvo bien el documento leído en Plaza de Mayo en su referencia crítica al general César Milani. Se lo nombró críticamente y se dijo que sólo podría seguir en su cargo si la justicia no lo encuentra culpable de delitos de lesa humanidad.

En rigor en ese caso el militar debería ir preso a Ezeiza o Marcos Paz. Lo que se discutió cuando la presidenta lo designó contra viento y marea era la cualidad política y moral para ser el jefe del Ejército, aún cuando aquellos cargos no hubieran sido probados.

Como se aprecia en la permanencia de Milani, no todo es color de rosa. La espina más filosa que está clavada es la casi completa impunidad que gozan los grandes empresarios y otros civiles que fueron parte de la dictadura, socios y cómplices.

En las últimas semanas el juez en Bahía Blanca, Claudio Pontet, dictó falta de mérito para Vicente Massot, investigado por los asesinatos de dos obreros gráficos. La sala IV de Casación Penal favoreció del mismo modo a Carlos P. Blaquier, dueño del ingenio Ledesma que en 1976 colaboró con la represión en la "noche del Apagón".

Y el juez Julián Ercolini desechó tomar indagatoria a dos dueños de Clarín y otro de "La Nación" en la causa por la apropiación de Papel Prensa. Preocupado por estos contrastes, el jefe de la Procuraduría, Auat, en una reunión con fiscales y luego en una Mesa de Diálogo con organismos de DDHH, dijo que aquellos fenómenos obligaban a mirar "el vaso medio vacío".

Una valiente observación poco usual en esos niveles judiciales y políticos. Claro, Auat, lo decía con toda la intención de adoptar correctivos y llenar ese vaso.
Fuente:LaArena