12 de mayo de 2015

AVANZA LA CAUSA SOBRE LOMA NEGRA.

Avanza la causa sobre Loma Negra, caso emblemático de la complicidad empresarial con la dictadura
10 may
– Matías Moreno, querellante en la causa en la que se investiga la complicidad de la cementera Loma Negra con el andamiaje represivo de la última dictadura cívico militar, consideró que ese proceso constituye "un caso emblemático que muestra la ligazón que existía entre los grupos económicos y el terrorismo de Estado"


"Loma Negra llevó a cabo acciones que tendían a disciplinar a sus trabajadores con el propósito de aumentar su tasa de ganancia. Eso es la base de nuestra acusación", explicó en diálogo con Télam Matías, hijo de Carlos Moreno, abogado laboralista detenido desaparecido que litigaba contra la cementera al momento de su desaparición.

El pasado miércoles, el fiscal federal de Azul, Walter Romero, pidió la indagatoria de 18 personas sospechadas de haber participado en acciones de represión ilegal que estaban en connivencia con el directorio de esta importante cementera ubicada cerca de Olavarría.

Para Moreno, director del área de Formación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el avance de esta causa "es un paso más en la lucha por desentrañar la trama represiva que benefició a los sectores empresariales" de esta importante localidad del centro de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura.

"El avance de esta causa es un paso más en la lucha que los sectores populares de Olavarría libramos por Memoria, Verdad y Justicia. Luchamos durante 15 años para lograr esto y la verdad que nos sentimos muy contentos", apuntó Moreno, que tenía un año y medio cuando su padre desapareció.

En 2012 se llevó a cabo en Tandil un juicio por la desaparición de Carlos Moreno, defensor de trabajadores que habían contraído enfermedades respiratorias en la cementera que fundó Alfredo Fortabat en 1927 y que heredó su esposa, Amalia Lacroze, cuando el magnate del cemento y contratista del Estado murió en enero de 1976.

Moreno era un abogado que trabajaba para la Asociación Obrera Minera Argentina y llevó en 1976 un juicio contra Loma Negra en reclamo de una indemnización en favor de un trabajador llamado Florencio Paniagua, que había contraído silicosis, una afección derivada de aspirar el silicio que se desprende de las canteras.

El abogado ganó ese juicio y comenzó a representar a otro trabajador enfermo, Juan Ventura Zabala, pero a fines de abril de 1977, el letrado fue secuestrado en las calles de Olavarría.

Moreno fue trasladado a una chacra de Tandil, propiedad de los hermanos Emilio Felipe y Julio Méndez, empresarios rurales de la zona que resultaron condenados en 2012 por este hecho junto con los coroneles Julio Alberto Tommasi e Italo Pappalaro y el suboficial José Luis Ojeda, integrantes de la patota que raptó al laboralista.

Los hermanos Méndez fueron los primeros civiles en ser condenados por complicidad con la represión ilegal, y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, que dictó sentencia en el caso, ordenó profundizar la investigación sobre Loma Negra y sus vinculaciones con la dictadura.

Se abrió entonces un expediente en el cual Romero investiga además los secuestros sufridos por los obreros del cemento Andrés Staldeker, Eustorgio Rodolfo Arenzo, Walter Ignacio Peralta, Manuel Antunez, Antonio Álvarez y José Ricciardi, entre otros.

El ex general Ignacio Aníbal Verdura, a cargo de la represión en la zona de Olavarría tras el golpe del 24 de marzo de 1976, es el principal imputado en esta causa sobre Loma Negra que instruye el fiscal Romero.

Verdura recibió además una condena a prisión perpetua junto a otros tres represores por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención de Monte Peloni, donde permanecieron cautivos en 1977 varios integrantes de la Juventud Peronista de Olavarría.

"Primero salieron a cazar a los trabajadores y luego a la juventud de Olavarría. Todo era parte del mismo accionar que buscaba beneficiar a la empresa más importante de la zona", remarcó Matías Moreno.

Uno de los pilares de la acusación se basa en un informe contable elaborado por la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC), un organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal encabezado por Judith Konig.

En ese informe se consigna que Loma Negra se ahorró, tras la desaparición de Moreno, un 72 por ciento del monto que erogaba para cubrir indemnizaciones laborales.

Finalmente, Moreno puntualizó: "Es una lucha muy larga la que dimos por llegar a la verdad sobre la complicidad de Loma Negra con la represión ilegal. Estoy convencido de que si Amalia Lacroze de Fortabat viviera, estaría siendo investigada", publicó
Fuente:APDFDigital

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