19-5-2015
Comunicado
Comunicado de la Facultad de Derecho
El juez Piombo ya no será docente de la Universidad de Mar del Plata
Comunicado
Comunicado de la Facultad de Derecho
El juez Piombo ya no será docente de la Universidad de Mar del Plata
"Las valoraciones contenidas y vertidas en dicha sentencia serían vejatorias y lesivas a derechos consagrados en convenciones internacionales de jerarquía constitucional, protectorios de los derechos del niño", dijo la decana de la Facultad de Derecho. Por eso la casa de altos estudios decidió hoy revocarle el contrato que tenía como docente.
Kitsch
"Las valoraciones contenidas y vertidas en dicha sentencia serían vejatorias y lesivas a derechos consagrados en convenciones internacionales de jerarquía constitucional, protectorios de los derechos del niño, así como también percibidas como ofensivas y repudiables por la comunidad en general, de la cual la universidad es parte", dijo en un comunicado María del Carmen Ortega, decana de la Facultad. Allí explicó que Piombo es docente jubilado y tiene un contrato de locación de servicio con la casa de estudios.
La decana aclaró que "en conjunto con todas las representaciones que integran el gobierno de esta unidad académica, manifiesto la decisión de no renovación y rescisión del contrato de locación de servicios" suscripto con Piombo. Ortega detalló que las actuaciones se enviaron al Departamento de Legal y Técnica de la Universidad, a efectos que "determine si están dadas las condiciones jurídicas objetivas para dicha terminación anticipada", concluyó el comunicado.
19-5-2015
Abuso sexual
También recurrieron a argumentos discriminatorios
Los otros fallos en los que Piombo y Sal Llargués beneficiaron a abusadores
Son los camaristas del Tribunal de Casación Penal bonaerense que le bajaron la pena a un hombre condenado por abusar de un nene de seis años. Ese fallo no fue el primero en el que recurren a fundamentos que atentan contra la integridad sexual de las víctimas. Cómo fueron los casos. La denuncia que los puede llevar a enfrentar el juicio político es de 2011, sobre un pastor acusado de abusar de dos chicas.
No es la primera vez que los jueces del Tribunal de Casación Penal bonaerense Benjamín Sal Llargués y Horacio Piombo, denunciados por bajarle la pena a un hombre condenado por abusar de un nene de seis años, recurren a argumentos sexistas en sus fallos. Por una sentencia de 2011, en la que le redujeron la pena a un pastor acusado de abusar de dos chicas de 14 y 16 años, dejándolas embarazadas, están en condiciones de enfrentar un juicio político. Por otros fallos, como uno de la década del 90 que lleva la firma de Piombo y su colega Raúl Delbés, el camarista solo recibió el repudio de las víctimas.
En la causa de 2011, Sal Llargués y Piombo -que por entonces compartían la Sala 1 de Casación- beneficiaron al pastor, bajándole la condena de 18 a 9 años y seis meses de prisión, porque las víctimas vivían en situación de pobreza y consideraron que “el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas”. Argumentaron además, que las adolescentes “poseían experiencia sexual –incluso en yacer con otros hombres-”.
“Ese fallo quedó firme y el pastor recobró al poco tiempo la libertad”, dijo a Infojus Noticias uno de los denunciantes, el abogado Julio Torrada. A esta presentación se sumó entonces el diputado Raúl Pérez que además presentó el caso ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), que ese mismo año consideró al fallo como “discriminatorio”.
“El 6 de abril de 2011 presentamos el pedido de enjuiciamiento a Piombo”, dijo Torrada. Y lamentó que recién cuatro años después se inicie el proceso para su juzgamiento. “Mientras tanto Piombo siguió cómodamente en su despacho, cobrando su sueldo y reduciendo las penas a violadores, pedófilos y asesinos", afirmó el abogado. Efectivamente la apertura del jury, está fechada el 7 de abril pasado cuando Daniel Soria ocupó la presidencia de la Corte bonaerense en reemplazo de Eduardo de Lázzari.
Ulises Giménez, secretario de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia, explicó que además de la denuncia abierta a esa sede llegaron otras dos presentaciones pero que tienen que ver con el fallo más reciente de estos jueces. Gimenez explicó que estas “seguramente se abran” también y se acumulen a la anterior por una “conexidad subjetiva”, esto es, porque "se tratan de denuncias contra las mismas personas". No hay otros antecedentes en la secretaria con otros pedidos de juicio más antiguos contra estos magistrados.
El tribunal para el enjuiciamiento quedará integrado por el presidente de la Suprema Corte bonaerense, los legisladores provinciales Eduardo Buil, Roberto Costa, Guillermo Britos, Leonel Zacca, y Guido Lorenzino, y cinco abogados elegidos al efecto. Fuentes judiciales confirmaron además que los magistrados enfrentan “un sumario disciplinario en trámite en una causa similar”. En tanto el legislador bonaerense Guido Lorenzino dijo que los jueces además acumulan denuncias “administrativas” por la “morosidad en el tratamiento de las causas”.
La causa que involucró al sacerdote católico
En los 90, Piombo estampó su firma en la causa que terminó con la absolución del sacerdote Héctor Ricardo Giménez, denunciado por el abuso de cinco niños, cuando era párroco en la localidad bonaerense de Magdalena. En marzo de 1996, en esa parroquia, una mujer denunció al sacerdote en la comisaría. Lo acusó de tocarle los genitales a su hijo y de tratar de besarlo en la boca. A esa denuncia se sumaron las de los padres de otros cuatro niños.
Por disposición del juez Emir Caputo Tártara, el cura fue preventivamente detenido. Pero en enero de 1997, por insistencia de sus defensores y con la garantía –bajo caución juratoria – del arzobispado platense, en manos entonces de monseñor Carlos Galán, Giménez obtuvo la libertad. Asumió el compromiso de no obstruir la investigación, ni fugarse. El caso llegó a la Cámara de Apelaciones y los jueces Raúl Delbés y Horacio Piombo le concedieron la excarcelación.
Por las denuncias en Magdalena, el sacerdote fue condenado en una causa por abuso deshonesto agravado. Pero, finalmente en 2001, después de marchas y contramarchas, el sacerdote obtuvo la absolución por estos hechos. Este expediente forma parte de la investigación que el año pasado se abrió en la justicia platense por la denuncia que presentó Julieta Añazco. La mujer lo acusó por los abusos que recordó haber sufrido por parte del cura, entre los 8 y los 10 años en 1980, 1981 y 1982, cuando participó de los campamentos de veranos organizados por la iglesia.
Las otras causas
Benjamín Sal LLargués prestó juramento en el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires el 10 de febrero de 1998. Piombo es juez de ese tribunal desde 1997.
En 2012, el Tribunal Nº 3 de San Martín había condenado a Mario Tolosa a la pena de 6 años por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante. Pero el año pasado, en la sala 1 de Casación, Piombo y Sal Llargués le redujeron la condena. Consideraron que la "familiaridad que el niño ya demostraba en lo que a la disposición de su sexualidad", entre otros puntos, los hacían "dudar" de la gravedad del ataque sexual padecido. La medida les valió el repudio del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia por sus “argumentos discriminatorios y homofóbicos”.
Pero este fallo no es el primero en el que recurren a fundamentos que atentan contra la integridad sexual de las víctimas. En 2004, absolvieron a un hombre condenado por el Tribunal en lo Criminal Nº 4 de San Martín a tres años y seis meses de prisión por el “delito de abuso sexual cometido mediante acceso carnal con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima –una niña de 13 años- que lo consintió”.
En 2011, la misma sala 1 le redujo la condena de 24 a 16 años de cárcel a un hombre que había sido condenado por abuso sexual doblemente agravado por acceso carnal y por haber atacado a sus dos pequeñas hijas. En ese caso, Piombo y Sal Llargués eliminaron los agravantes, entre otras puntos, porque para eso deberían haber probado que “al momento de realizar tales accesos carnales (el acusado) tenía espermatozoides aptos para generar y que también sus hijas estaban en condiciones de concebir.”
Las posiciones de los jueces también fueron cuestionadas en otras causas. En 2009, absolvieron al policía de la Bonaerense José Peloso, conocido como “El mataguachos”, que en 2008 había sido condenado a 13 años de prisión por el asesinato del joven Matías Barzola, que cinco años antes había muerto con un balazo en la nuca mientras caminaba por las calles de su barrio en Fiorito. En ese caso, desestimaron las denuncias de los testigos del asesinato que en el juicio habían declarado que, durante años, fueron presionados para no que no dijeran la verdad.
19-5-2015
Opinión
A raíz de la polémica por el fallo en el que le bajaron la pena a un abusador
“Sentí tristeza cuando Piombo le negó justicia a un niño víctima de abuso”
Opinión
A raíz de la polémica por el fallo en el que le bajaron la pena a un abusador
“Sentí tristeza cuando Piombo le negó justicia a un niño víctima de abuso”
Julieta Añazco denunció que el cura Héctor Giménez abusó de ella entre los 8 y 10 años, en los campamentos que organizaba cerca de La Plata. Se presentó en la causa como querellante y pidió la imprescriptibilidad del delito. En esta nota de opinión, recuerda que el juez Horacio Piombo firmó en 1997 la excarcelación del sacerdote, que fue finalmente absuelto. “Intentar cambiar las cosas, en este caso, es cambiar a los jueces”, dice.
Gerardo Villacorta
Hace menos de dos años atrás conocí la historia de estos chicos y sus madres y la injusticia de la que se sienten víctimas. Fue justamente cuando recordé que desde los 8 y hasta los 10 años en 1980, 1981 y 1982 también había sido víctima del cura Giménez, en los campamentos de verano que organizaba desde la parroquia.
El año pasado, después de 34 años lo pude denunciar penalmente; pero el camino no es fácil. Por el tiempo transcurrido tengo que demostrar que se trata de una grave violación a los derechos humanos, y por lo tanto que la investigación de estos hechos –de lo que me pasó– es imprescriptible.
En esta búsqueda encontré la causa por los abusos en la parroquia de Magdalena, y la de otros chicos que ya en 1985 habían denunciado al sacerdote, y que tampoco encontraron Justicia. En la denuncia presentada el año pasado ante el fiscal platense Marcelo Romero pedí que tomaran estos casos como antecedentes, pero el fiscal no lo aceptó.
También pedí que el fiscal solicitara información al arzobispado platense. Y recién a fines de octubre monseñor Héctor Aguer contestó que en el caso de Magdalena el sacerdote fue absuelto. El de 1985 ni lo menciona y, sobre Giménez se limita a decir que le indicó que se mantuviera alejado de chicos menores de 18 años.
Por eso es aberrante lo que dijeron estos jueces, lo repudio en todas sus formas. Es muy triste que haya jueces con esa mentalidad. Cuando me pongo a pensar, me pregunto si no tendrán hijos, si no tendrán niños a quienes proteger en sus familias. Yo quiero creer en la Justicia, pero cuesta muchísimo.
Cuando escuché el nombre de Piombo, supe que ya le habían hecho escraches en La Plata y en Mar del Plata, donde da clases en la universidad. ¿Por qué buscar justicia me volví a preguntar? Y recordé que en este camino, uno empieza sin saber y que a medida que te vas enterando de las complicidades entendés que hay que tratar de cambiar las cosas.
Esto también hace que a uno le dé más fuerza para seguir luchando, para sumarse al pedido de impulsar el juicio político para estos jueces. Porque intentar cambiar las cosas en este caso, es cambiar a los jueces.
En mi caso, sigo luchando para intentar cambiar algo; cuando empecé varios abogados me dijeron que no se podía denunciar, que la causa por los abusos de los que había sido víctima ya estaba prescripta. Sentí que no podía quedarme con eso y finalmente estoy dando la discusión.
Con la ayuda de las abogadas Lucía de la Vega y Estefanía Gelso del Colectivo La Ciega y del abogado Carlos Lombardi pedí que se abriera la investigación. Justamente ahora porque ya soy adulta y puedo intentar exigir justicia, y en esto también aprendí que no estoy sola, las organizaciones de mujeres que en La Plata me apoyan. Me siento fuerte porque no estoy sola, por eso sigo luchando.
18-5-2015
Abuso
Resolución de Casación Penal bonaerense
Promueven juicio político a jueces que beneficiaron a un abusador de menores
El pedido lo encabezan organizaciones LGTB. El fallo pisotea “los más básicos criterios judiciales, promueve la impunidad y pone a la víctima en el lugar de sospechoso. El abuso sexual es uno de los delitos más aberrantes, su condena no puede generar ningún tipo de dudas, y debe ser penado con el mayor rigor de la ley", sostuvo el presidente de Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans, Esteban Paulón.
La Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans (FALGBT) y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) anunciaron que promoverán el juicio político a los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués, integrantes de la Cámara de Casación Penal bonaerense. Ambos emitieron un fallo en el que redujeron la pena a un dirigente de un club de fútbol infantil condenado por abuso sexual probado a un niño de 6 años, argumentando la supuesta orientación sexual del niño.
El presidente de la FALGBT, Esteban Paulón, dijo que el fallo pisotea “los más básicos criterios judiciales, promueve la impunidad y pone a la víctima en el lugar de sospechoso. El abuso sexual es uno de los delitos más aberrantes, su condena no puede generar ningún tipo de dudas, y debe ser penado con el mayor rigor de la ley".
Paulón agregó que "pretender que la supuesta orientación sexual de la víctima de un abuso quite gravedad al hecho, o sea considerado un atenuante al momento de juzgar un caso de este tipo es discriminatorio, estigmatizante y violatorio de la Convención de los derechos del niño y la ley de Protección Integral a la infancia, al tiempo que cae en el lugar común de vincular la orientación sexual de una persona con un delito como es el abuso sexual, dos aspectos que no tienen ninguna relación."
En 2011 los camaristas ya habían fallado de similar manera en un caso por violación a dos niñas de 14 y 16 años, argumentando que “son de un nivel social que acepta relaciones a edades muy bajas”. En esa ocasión habían reducido la pena a un pastor y a un hombre condenado por el femicidio de su esposa.
El secretario de la CHA, Pedro Paradiso Sottile, anunció que la organización está trabajando “en el pedido de juicio político a los jueces Piombo y Sal Llargués y presentando las denuncias pertinentes ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”.
Paradiso Sottile dijo que “esta decisión judicial lesiona y vulnera absolutamente. No puede aceptarse jamás la vergonzosa complicidad ni justificación alguna de la justicia ante el delito de abuso sexual. Debemos, como sociedad, acompañar a las víctimas y exigir que los culpables y/o responsables sean condenados, por ello repudiamos enérgicamente el fallo de estos jueces y solicitamos su destitución”.
“No basta el repudio a estos jueces, sino el juicio político para que sean destituidos. No puede haber de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia ningún atenuante ante una violación de un niño o de una niña. Apelar a la orientación sexual de un menor de 6 años para reducir una pena no sólo es una discriminación sino atentar contra los derechos de todos/as los/as niños/as. Esperamos que a la condena social que se está expresando en estos momentos, se le sume la resolución del juicio político y la destitución de estos jueces que violan los derechos más elementales y más sensibles de la infancia”, dijo César Cigliutti, presidente de la CHA.
Fuente:Infojus
El presidente de la FALGBT, Esteban Paulón, dijo que el fallo pisotea “los más básicos criterios judiciales, promueve la impunidad y pone a la víctima en el lugar de sospechoso. El abuso sexual es uno de los delitos más aberrantes, su condena no puede generar ningún tipo de dudas, y debe ser penado con el mayor rigor de la ley".
Paulón agregó que "pretender que la supuesta orientación sexual de la víctima de un abuso quite gravedad al hecho, o sea considerado un atenuante al momento de juzgar un caso de este tipo es discriminatorio, estigmatizante y violatorio de la Convención de los derechos del niño y la ley de Protección Integral a la infancia, al tiempo que cae en el lugar común de vincular la orientación sexual de una persona con un delito como es el abuso sexual, dos aspectos que no tienen ninguna relación."
En 2011 los camaristas ya habían fallado de similar manera en un caso por violación a dos niñas de 14 y 16 años, argumentando que “son de un nivel social que acepta relaciones a edades muy bajas”. En esa ocasión habían reducido la pena a un pastor y a un hombre condenado por el femicidio de su esposa.
El secretario de la CHA, Pedro Paradiso Sottile, anunció que la organización está trabajando “en el pedido de juicio político a los jueces Piombo y Sal Llargués y presentando las denuncias pertinentes ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”.
Paradiso Sottile dijo que “esta decisión judicial lesiona y vulnera absolutamente. No puede aceptarse jamás la vergonzosa complicidad ni justificación alguna de la justicia ante el delito de abuso sexual. Debemos, como sociedad, acompañar a las víctimas y exigir que los culpables y/o responsables sean condenados, por ello repudiamos enérgicamente el fallo de estos jueces y solicitamos su destitución”.
“No basta el repudio a estos jueces, sino el juicio político para que sean destituidos. No puede haber de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia ningún atenuante ante una violación de un niño o de una niña. Apelar a la orientación sexual de un menor de 6 años para reducir una pena no sólo es una discriminación sino atentar contra los derechos de todos/as los/as niños/as. Esperamos que a la condena social que se está expresando en estos momentos, se le sume la resolución del juicio político y la destitución de estos jueces que violan los derechos más elementales y más sensibles de la infancia”, dijo César Cigliutti, presidente de la CHA.
Fuente:Infojus
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