A esta conclusión arriba el Dr. Juan Pablo Bohoslavsky, en su libro: “¿Ud. También, Doctor? Complicidad de jueces, fiscales y abogados durante la dictadura”, que se presentará esta tarde en la Facultad de Derecho.
Juan Pablo Bohoslavsky, abogado y especialista independiente en Deuda Externa y Derechos Humanos, presentará esta tarde, a las 19, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UNT) su libro “¿Ud. También, Doctor? Complicidad de jueces, fiscales y abogados durante la dictadura”, a partir del cual se abrirá el debate sobre el desempeño de los hombres de Justicia durante el terrorismo de Estado.
El título de la obra ya deja entrever la esencia de sus 448 páginas, a través de las cuales se expresa un detallado análisis realizado por alrededor de una decena de reconocidos especialistas en el campo de las ciencias sociales sobre el papel que desempeñaron los funcionarios judiciales, los abogados y sus asociaciones, y los juristas durante la dictadura, o bien qué podrían haber hecho en las circunstancias de ese entonces.
Teniendo en cuenta el título mismo del libro, ¿A qué conclusión arribaron?
En el libro concluimos que hubo una capitulación colosal de los funcionarios judiciales que lejos de haber estado del lado de las víctimas los dejaron desamparados ante el estado y garantizaron la impunidad también de sus actos criminales. En sus 23 capítulos, aportamos datos inéditos, argumentos sólidos y, principalmente, un intenso debate sobre la complicidad, que echan luz sobre los mecanismos que hacían posible el proceso dictatorial.
¿Mecanismos cómo cuales?
Como la denegación sistemática de hábeas corpus o la confirmación de la validez de las normas represivas, entre otras. Analizamos que decía la Corte Suprema en ese momento; en el fuero de Familia, mostramos como se falsificaban informes judiciales para dar en adopción a niños que habían sido apropiados ilegalmente por haber sido secuestrados sus padres; en la Morgue judicial, como se despachaba como muerte natural cadáveres que ingresaban con 20 orificios de bala, por ejemplo.
¿Todo esto quedó impune?
De alguna manera sí, pero gradualmente se va tomando mayor conciencia de que algo hay que hacer al respecto. Por lo menos que la sociedad sepa que no fue lo mismo la implicancia de la Corte Suprema que rápidamente convalidaron a la junta militar y rechazaban de a miles los hábeas corpus a la de un abogado que intentó investigar a fondo y terminó desaparecido. Que la sociedad conozca que pasaba con el poder judicial en esa época y que sepa que diferentes actitudes eran posibles, ya es un avance.
¿El poder judicial hizo mea culpa?
No. Ese es un tema que se aborda en un capítulo del libro y en las conclusiones finales se hace un pedido concreto a la Corte Suprema de la Nación para que reflexione, como cabeza del poder judicial, acerca de lo que se hizo durante el proceso y que eventualmente pida disculpas a la sociedad pero por sobre todo a las víctimas por haberlas dejado desamparadas. Esto, más allá de ser un reconocimiento simbólico para con la sociedad sería un mensaje muy fuerte para su interior de que los derechos humanos deben prevalecer siempre sin importar el contexto.
¿Hay algún caso ejemplar?
Hay varios casos ejemplares, aquí mismo está en tratamiento la causa del ex juez (Manlio) Martínez como en otras provincia hay letrados sentados en los banquillos. Pero pareciera que los fiscales se han fijado en los casos más extremos de complicidad. Hay muchos cómplices que fueron funcionales al proceso pero no por tener identificación ideológica con la Junta Militar sino por motivos banales, que se excusan bajo argumentos tales como “creí que había una justicia en pie en Argentina” o “si no rechazaba los hábeas corpus me iban a remover de mi cargo”. Todos estos motivos banales terminaban siendo funcionales a la dictadura.
Pero, en el contexto que sabemos que hubo ¿Cuáles eran las posibilidades que tenían los jueces?
Conocemos algunos casos de funcionarios judiciales que efectivamente llevaron las investigaciones hasta sus últimas consecuencias. También se dieron casos de algunos empleados en el fuero de Familia que ayudaban a las familias de víctimas a identificar a los nietos e hijos que estaban siendo dados ilegítimamente en adopción. En todos los casos está muy claro que el derecho internacional le exige a los funcionarios judiciales en contextos autoritarios que si no pueden ejercer su función de manera independiente deben renunciar porque si no se prestan a la pantomima de que existe una justicia en pie prestándole legitimidad al régimen. Esto no sucedió. El 25 de marzo de 1976 no hubo una renuncia masiva de jueces, la inmensa mayoría continuó como si nada hubiera pasado.
Fuente:PrimeraFuente
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