COLOMBIA.

COLOMBIA. 
Denuncian hostigamientos de paramilitares contra el movimiento social 
Resumen Latinoamericano/ 20 Agosto 2015 .- 

Juventud Rebelde de Colombia, Marcha Patriótica y la Juventud Comunista denunciaron que paramilitares hostigaron a asistentes de la Segunda Brigada Internacional Juvenil por la Paz de Colombia que se llevo a cabo los días 15, 16 y 17 de agosto de 2015 en el corregimiento El Mango en el municipio de Argelia, departamento del Cauca.

Según la denuncia, el pasado 18 de agosto a las 2:40 de la tarde, integrantes de las delegaciones de Córdoba, Guajira y Cartagena que se trasladaban por carretera en un bus de la empresa COOTRACOSTA, fueron detenidos por paramilitares en el trayecto que conecta el corregimiento de Llanos de Cuiva con la cabecera municipal de Taraza en el departamento de Antioquia, en el noroccidente colombiano.

En dicho lugar fueron interceptados por hombres armados que se identificaron como miembros de las autodefensas de la zona, los cuales tomaron fotos y cuestionaron al conductor y a los pasajeros, sobre el propósito del viaje y el trayecto del mismo. Según denuncias del movimiento Marcha Patriótica, al menos 10 hombres armados detuvieron al grupo de personas que se trasportaban en el bus que se dirigía hacia el departamento del Cauca, en el suroccidente colombiano.

Durante la detención, los paramilitares interrogaron a los ocupantes pertenecientes a diversas organizaciones sociales. Mientras las personas ocupantes fueron interrogadas, los paramilitares tomaron fotografías y grabaciones en video del bus y de las personas asistentes a la Segunda Brigada Internacional Juvenil por la Paz de Colombia.

La denuncia pública fue realizada por la secretaria de derechos humanos de Juventud Rebelde, la cual expresó: “una voz de alerta que busca la solidaridad de la comunidad nacional e internacional defensora de derechos humanos, contra las amenazas que se ciñen sobre el movimiento social y popular”.

Exigen además que sea garantizado un entorno propicio para quienes ejercen esta labor de construir escenarios de diálogos y reflexión, para lograr una salida dialogada a las problemáticas sociales y políticas en la que la parte más afectada es el campesinado y la población rural.

Dentro de las temáticas abordadas durante la realización de la Segunda Brigada Internacional Juvenil por la Paz de Colombia figuran las denuncias a las violaciones a los derechos humanos, la realidad social y política de los jóvenes del Cauca, la solución política dialogada al conflicto social y armado, el cese bilateral del fuego, el proceso constituyente y situación de la mujer y la niñez dentro del conflicto armado.

Se debe recordar que en el municipio de Turbo, en el departamento de Antioquia se reunieron el 15 de mayo de 1997 varios grupos paramilitares para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC- y planear la estrategia de expandirse por todo el país.
Fuente: Colombia Informa 


Propondrán mecanismo legislativo sobre diálogos colombianos 
Resumen Latinoamericano / Agencias / 19 de agosto de 2015 –

El instrumento comprenderá temas relacionados con la refrendación de los acuerdos, la justicia de transición, e, incluso, las facultades presidenciales si se consideraran necesarias.

El senador por el Partido de la U, Armando Banedetti, anunció que el Gobierno colombiano prepara la presentación de un mecanismo legislativo en este segundo semestre, que implementaría las herramientas para la aplicación de los acuerdos de paz que se logren en La Habana, Cuba, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Según el legislador, ese pasó se confirmó durante una reunión de más de tres horas entre el presidente Juan Manuel Santos; el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle; y los jefes y voceros los partidos de la Unidad Nacional.

Este instrumento, que deberá ser tramitado en el Congreso, además tendría otros temas muy puntuales y referenciales al proceso de paz, como el mecanismo para la refrendación de los acuerdos, o los temas de justicia de transición, e, incluso, las facultades presidenciales si se consideraran necesarias.

En el mismo sentido, el ministro del Interior anunció que la Unidad Nacional está dispuesta a apoyar la iniciativa que se acoja para tal fin, al mismo tiempo mencionó que en el mes de septiembre se definirá si se presenta o no dicho proyecto de ley.

Asimismo, explicó, “trabajaremos de la mano Gobierno y Congreso de la República con la Unidad Nacional, para que después de esta discusión que se abrió hoy, que deberá continuar en los próximos días, lleguemos a una conclusión de cuál es el instrumento más adecuado”.

“El mecanismo que se busque deberá incluir la implementación de los acuerdos, garantizar el tema de participación en política, los temas de justicia transicional, el desarrollo del campo colombiano y otros que están incluidos dentro de los acuerdos de La Habana”, sostuvo.

Agregó que trabajarán en los en los próximos días “para ver si a comienzos de septiembre tenemos una decisión al respecto”.

Por su parte, el senador Banedetti recalcó que “dicho acto legislativo deberá aprobarse durante la actual legislatura y no será un ‘congresito’, sino una comisión legislativa especial transitoria, que reglamente los posibles acuerdos de paz con la guerrilla”.

El presidente Santos durante la reunión insistió en que no se esta hablando de suplantar al Congreso, ni mucho menos revocarlo, sino que una Comisión dentro del mismo legislativo se realice la normativa rápidamente, y su organización se evaluará en un trabajo conjunto en los próximos días.

Dicha reunión se llevó a cabo luego de la declaración que este martes entregó el jefe del equipo negociador del Gobierno, en la cual se explicó que el Ejecutivo colombiano valora diferentes vías para refrendar e implementar los acuerdos de paz que se concreten en la mesa de negociaciones.

En Contexto: Diferentes representantes del Ejecutivo colombiano mantienen diálogos con las FARC-EP en La Habana, Cuba, desde finales 2012, para tratar de conseguir una salida concretada a la confrontación que lleva más de medio siglo afectando a todos los habitantes de la nación suramericana.

El “congresito” de Santos 
Por Alberto Pinzon Sánchez / Anncol 
Justo cuando el debate en el país sobre la “caída” continuada de una serie de súper-aeronaves de guerra, muestra la tradicional mendacidad del régimen que compromete el prestigio del empresario-ministro de Defensa Villegas, y pone en evidencia las más graves fallas y la corrupción (¿colapso?) dizque del arma estratégica más importante, más cuidada y más favorecida por los “dólares” del Plan Colombia y que posee el Bloque de Poder Dominante para ganar la guerra Contra insurgente, es decir, la esencia misma de su existencia; aparece la fuga hacia adelante, un poco humeante, de la propuesta presidencial de convocar un “congresito” con participación de algunos miembros de las FARC (sic) para ratificar los eventuales acuerdos de la Habana y la finalización del llamado conflicto interno colombiano.

Es una carta que Santos tira sobre la mesa de juego, que deja ver lo avanzado que está dicho proceso de paz. Y lo hace presionado:

1-Por la terrible realidad económica, jurídica y política en que se ha convertido el pesadísimo bacalao, que el régimen contrainsurgente carga a sus espaldas (como el de la emulsión de Scott) de los 500.000 hombres/fusil, más los 110. 000 militares en retiro que dirige políticamente de manera tan eficiente el general Ruiz y los 13.500 pensionados por invalidez o lisiados de guerra, quienes no tienen quien los defienda y están a merced de los buitres de las pensiones, que revoletean en los techos del Palacio de gobierno.

2- Por los costos exorbitantes en dólares que demandan los 4.173 militares, o manzanas podridas que llaman, investigados por la fiscalía de Colombia solamente por los Falsos Positivos.

3- Por el tremendo desgaste político diario, gota a gota, que está representando ante la opinión pública nacional e internacional esta inocultable realidad. Ay de Vivanco.

Y decimos solamente por los Falsos Positivos, porque no se conoce la cifra total de militares de todas las graduaciones y charreteras “enchiquerados” por la justicia colombiana, por haber ejercido el “legítimo y legal” derecho del aparato “legal y legítimo” de la violencia de las instituciones, durante todas estas décadas de la “legitima, legal e institucional” guerra contrainsurgente en Colombia. Ay de los defensores liberales y conservadores de la “legitimidad y legalidad” de las FFMM y de la cadena de mando que los dirigió políticamente, no judicialmente, hacia tan terrible y bárbara atrocidad jamás conocida en el hemisferio occidental, que será siempre una cruz de ceniza en la frente de cualquier colombiano cuando presente su nuevo pasaporte globalizado schengen.

Santos sabe de sobra, como lo anota su amigo el jefe Liberal Horacio Serpa Uribe en su última entrevista, “si nos hemos de morir vámonos enfermando”, publicada en su portalhttp://www.olapolitica.com/content/%E2%80%9Csi-nos-hemos-de-morir-v%C3%A1monos-enfermando%E2%80%9D-horacio-serpa , sabe o está advertido, de la “imposibilidad legal ” de un “congresito” como el que propone y debe tener entre pecho y espalda la tradicional propuesta política de la Insurgencia de realizar una constituyente amplia, popular y democrática (es decir bien definida y no reaccionaria como la que propone AUV) para refrendar los acuerdos finales que se logren al final de cualquier proceso de paz entre el Estado y la Insurgencia; y que le fue presentada en su momento en Casa Verde a Belisario, a Gaviria y Serpa en Tlaxcala, a Pastrana en el Caguán y ahora se vuelve a presentar en la Habana; es decir que no es una idea improvisada o de última hora, y menos de ningún político tradicional en trance electoral, sino que obedece a una aspiración popular histórica para sellar políticamente un pacto vertical (es decir con los de abajo) diferente a los pactos horizontales y de silencio realizados entre fracciones de la oligarquía bipartidista a todo lo largo del siglo XIX y del siglo XX.

¿Desconfía Santos del congreso “democrático” actual? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el Presidente, a más de tirar el globito de humo que hemos descrito; dada su falta de liderazgo institucional y sus bandazos acostumbrados, pretende que la Insurgencia haga el “ultimo” de los acuerdos con la casta política y parapolítica que “legal y legítimamente” se desempeña en el actual congreso de la democracia colombiana y de paso, valide o “legitime a los pupitrazos”, lo que el pueblo de abajo no puede validar amplia y democráticamente en unas votaciones limpias y bien supervisadas por organismos internacionales competentes. ¿Por qué tanto miedo a la gente del común y a su expresión democrática directa?

En los acuerdos de la Habana que restan, no se debe discutir ya la necesidad de una constituyente que como dice Serpa Uribe es “impajaritable”, sino su temario preciso y su conformación amplia, popular y democrática

Creo que el dicho santandereano que más se ajusta no es el de la enfermedad y la muerte, sino aquel que dice que, “lo que se ha de empeñar… que se venda”.

Santos el Pueblo colombiano cuando sabe que el juego está terminando y ya entrado en gastos: ¡Paga por ver!



COLOMBIA
[Testimonios] Dos casos probados de ´Falsos Positivos Judiciales´
Resumen Latinoamericano / 13 Agosto 2015 .- 

Las persecuciones judiciales recrudecieron en los últimos meses, con los casos emblemáticos de las detenciones de integrantes del Congreso de los Pueblos, de Marcha Patriótica y del profesor Miguel Ángel Beltrán. Presentamos testimonios de una docente y un líder estudiantil que padecieron años de cárcel por imputaciones que se demostraron falsas. Son más de 13.000 las demandas al Estado por situaciones similares.

42 meses encarcelado por su liderazgo estudiantil
Su nombre destila historia: Jorge Eliécer Gaitán Hernández. Fue detenido el 2 de octubre de 2011 junto a otras 9 personas, cuando cursaba el quinto semestre de su carrera de Derecho en la Universidad Surcolombiana de Neiva. Se le imputaron los delitos de “concierto para delinquir agravado por fines terroristas” y “rebelión”, pero lo único que pudieron mostrar como evidencia fueron actividades vinculadas a su liderazgo estudiantil y su participación en el movimiento Marcha Patriótica. Sólo pudo recuperar su libertad después de 42 meses de injustificado encierro. En diálogo con Colombia Informa, explica: 

“Fuimos detenidas 10 personas en una operación que se dirigió desde Bogotá hacia dos departamentos, Caquetá y Huila. Todos éramos miembros de organizaciones sociales y populares. Como siempre los medios registraron la noticia como un duro golpe a la insurgencia, producto de las declaraciones del presidente Santos y el entonces comandante de la Policía, Oscar Naranjo.

Durante tres días, tiempo que duraron las audiencias preliminares, los medios y la Fiscalía adujeron tener pruebas contundentes contra quienes estábamos siendo imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines terroristas, administración de recursos con fines terroristas y rebelión. Finalmente fuimos cobijados con medida de aseguramiento y enviados a la cárcel Modelo de Bogotá. Desde entonces estuvimos en cinco cárceles, nos hicieron alrededor de cuarenta audiencias y más de treinta traslados. 

Puestos en una cárcel se inició la segunda etapa, que es la de mantenernos el mayor tiempo posible detenidos, como medio de presión para que aceptemos cargos o lleguemos a algún tipo de negociación con la Fiscalía.

Finalmente, después de 42 meses, la Fiscalía no pudo demostrar sus acusaciones, se volvió insostenible mantenernos privados de la libertad y no les quedó otra opción que dejarnos en libertad. Creemos que este proceso precluye o prescribe. Para nosotros es muy importante cerrar este capítulo y de una vez por todas demostrar nuestra inocencia, como ya lo hemos hecho”.

Un año y medio presa por ejercer la docencia y ser parte de un movimiento social 
María Luisa Niño es docente de profesión e integrante del Congreso de los Pueblos. Cuando la detuvieron se llevaron trabajos de sus estudiantes, que televisaron como si fueran evidencias en su contra. Tras demostrarse su inocencia recuperó la libertad y hoy lleva adelante una demanda contra el Estado, que ya ofreció una indemnización. Explica a Colombia Informa:

“Transcurría el 22 de abril de 2005 y antes de las 5 de la mañana llega abruptamente a mi casa un gran número de agentes del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- y policías, con una orden de allanamiento y captura. Me encontraba durmiendo con mi hijo que para entonces tenía 10 años y mi hija que tenía 19. Se llevaron en cajas mis libros, casetes, disketes, la computadora, el teléfono celular, trabajos de mis estudiantes, y luego los pasaron todo eso por TV como si fueran evidencias.

A los tres días de encierro me entero que estoy acusada por terrorismo, concierto para delinquir y rebelión. Después de solicitar casa por cárcel en vano varias ocasiones, después de varias audiencias donde se evidencia que no tienen pruebas en contra mía, salgo en libertad en noviembre del 2006.

Luego de comprobar mi inocencia y de haber recobrado la libertad, interpuse una demanda que fue aceptada. El Estado ofreció una indemnización por debajo de lo que pedimos, por esta razón no aceptamos. Hoy día estamos a la espera de una respuesta, acorde a lo demandado y a los daños ocasionados”.

Los casos de Jorge Elécer y María Luisa son parte de las miles de detenciones ocurridas a la fecha por delitos de terrorismo y rebelión, tras imputar a personas, en su mayoría líderes, voceros o integrantes del movimiento social, por supuestos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- o el Ejército de Liberación Nacional -ELN-.Según estadísticas brindadas por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado -Movice-, más del 75% de estos casos terminan demostrándose como “Falsos Positivos Judiciales”, es decir, acusaciones falsas que derivan en la puesta en libertad de los acusados. “Hay más de 13 mil demandas al Estado por detenciones arbitrarias, que comprometen a 27 billones de pesos que el Estado deberá responder por hechos falsos”, explica Franklin Castañeda, presidente del Movimiento de Víctimas.
Envío:ResumenLatinoamericano