PorKara Andrade * / Resumen Latinoamericano / Sin embargo/ agosto 20, 2015 –
Miguel Ángel Jiménez Blanco, activista político y líder comunitario de UPOEG, habla con los votantes en las ciudades pequeñas de San Marcos, Limón,Ayutla, Tecoanapa con el fin de recoger testimonios sobre la presunta compra de votos y la coerción en San Marcos, Guerrero en junio 2015.
Miguel Ángel Jiménez Blanco fue un líder comunitario y activista político en el Estado de Guerrero. Sus armas: Internet y su teléfono móvil. Muchos sabían que su desaparición era cuestión de tiempo. Cuando finalmente ocurrió, el 8 de agosto, pocos se sorprendieron.
La última vez que Miguel Ángel Jiménez se conectó a Whatsapp fue a la 1:31 del mediodía del mismo día de su desaparición. Varios participantes de Fuente Informativa, el grupo que Jiménez había establecido un año antes para compartir información de primera mano sobre Guerrero, comenzaron a preguntarse dónde estaría.
Jiménez estaba siempre conectado. Dormía poco. El silencio no presagiaba nada bueno sobre el paradero de una de las primeras personas que salió a buscar a los estudiantes desaparecidos y descubrió la extensión de las fosas clandestinas en Guerrero.
Jiménez fue uno de los participantes más activos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), una policía comunitaria, una autodefensa armada extendida por decenas en las localidades del estado de Guerrero. Después de la desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014, Jiménez fue de los primeros en salir a buscarlos en los alrededores de Iguala. Recibía información en su teléfono y a través de Internet, información que posteriormente salía a verificar en el terreno acompañado de voluntarios y familiares.
Alrededor de la medianoche del 8 de agosto un miembro del grupo de WhatsApp publicó esta historia de la prensa local. En ella decían que el cuerpo de Jiménez, baleado, se encontraba en la entrada de Xaltianguis, su ciudad natal.
Los participantes del grupo de WhatsApp, que Jiménez administraba, entraron en pánico y comenzaron a abandonar el grupo. Allí estaban los nombres y números de teléfono de todos. Quien fuera que le hubiera matado podría tener ahora su teléfono con los datos de 180 periodistas mexicanos y extranjeros. Nadie se sorprendió de su asesinato. Jiménez sabía, más que nadie, que cada día que pasaba era solo parte de la cuenta regresiva de su muerte, Jiménez, de 45 años, me dijo un día a finales de junio: “En mi ciudad, me persiguen. Han tratado de matarme varias veces”. Conducía un Tsuru blanco y machacado por los callejones de la lluviosa San Marcos. “Todos los luchadores sociales tienen un final similar, así que no hay manera de evitarlo: ir a la cárcel de por vida o morir. Dos destinos”.
Así se vive en el México, un país donde han desaparecido 26 mil personas desde que en 2007 comenzara la “guerra contra las drogas”. Un país donde según los cálculos hechos públicos por HRW en 2014 han muerto 70 mil personas debido a la violencia relacionada con las drogas entre 2006 y 2012, los años en que Felipe Calderón fue presidente.
La organización a la que pertenecía Jiménez Blanco decidió presentar candidatos en las elecciones municipales del 7 de junio de 2015. Tanto la campaña como el día de los comicios fueron de los más violentos que se recuerdan en el país. Murieron 21 funcionarios electorales, parientes, y gente pasaba por el sitio equivocado en el momento equivocado.
Fue en junio, exactamente una semana después de las elecciones, cuando Jiménez decidió viajar a San Marcos, Guerrero, para recoger testimonios sobre coerción a los votantes y compra de votos. Recorrió caminos llenos de agujeros y topes, entrando y saliendo de aldeas, parando de pueblo en pueblo, pegado a su teléfono, manejando con los codos y texteando a la vez. Tenía dos teléfonos móviles, una gran cuarteadura en el parabrisas, y un walkie talkie para poder hablar con la policía comunitaria local.
Jiménez era bajo y fornido, de pelo negro y ojos tan oscuros como inquietos. Vestía jeans, polos de manga corta y sandalias de cuero. Sus movimientos eran siempre rápidos y eficientes.
Podía mantener varias conversaciones a la vez y no dejar de balancearse sentado en una silla de plástico rota, rodeado de gallinas cacareando y al mismo tiempo decirle “gracias” a quien le ofrecía agua.
Tenía siete hijos de tres matrimonios, pasaba meses sin ver a su familia. Así pensaba que les protegía.
El día que desapareció, llovía. Jiménez y otro miembro de UPOEG, Mauro Rosario, grabaron en vídeo varias denuncias de habitantes de la costa, quienes decían que les habían ofrecido dinero a cambio de sus votos. Los activistas subían esas denuncias a otra grupo de WhatsApp como evidencia para pedir la anulación de las elecciones. Rosario había recogido denuncias de pagos entre 300 y 500 pesos por voto, dinero pagado por los partidos políticos en efectivo o en bolsas de comida. El partido que más dinero ofreció por los votos fue el Partido Verde Ecologista. Según Rosario, ellos ofrecieron hasta 1,000 pesos por voto. “Es una farsa. Toda esta elección es una farsa”, dijo Rosario… “Quién tiene mas dinero, es el que va a gobernar”.
Pero el capítulo más brutal de la historia de corrupción y represión en Guerrero sucedió en Septiembre de 2014 cuando policías locales detuvieron 5 autobuses en los que viajaban estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Los policías entregaron a 43 de los estudiantes a un grupo local del crimen organizado. No ha vuelto a saberse nada de ellos desde entonces. Cuando Jiménez salió a buscarlos, se topó con fosas comunes de “las otras víctimas” destapando una pesadilla que aún arroja cuerpos y nombres y se extiende por varios municipios del estado.
Jiménez explicaba que tener internet en sus teléfonos móviles lo cambió todo. Les hizo sentir parte de algo, de una red. “Los medios de comunicación son el poder. Pues bien, también estamos creando nuestros propios medios de comunicación y medios. Sin todo ese dinero, pero usando lo que tenemos a mano”.
Aprendió rápido. Otros activistas le enseñaron a utilizar la función de chat en grupos de WhatsApp. Así conectó con grupos similares en Cancún, en Veracruz, en Oaxaca. Aprendió de estos grupos en WhatsApp que una sola persona podía compartir información con otras muchas y así comenzó a compartir notas, fotos y vídeos con todos sus contactos, que luego podrían republicar estos relatos de primera mano como noticias en los medios en los que trabajan.
También ayudó a sus contactos, entre los que había decenas de reporteros nacionales e internacionales a encontrar fuentes con las que trabajar al llegar al país y a Guerrero.
Un votante cerca de San Marcos, Guerrero habla con Miguel Ángel Jiménez Blanco, líder comunitario de UPOEG y activista político, sobre como un partido político ofreció comprar su voto durante las elecciones en junio de 2015. Foto: Kara Andrade
A veces le preguntaban si se sentía vigilado. Jiménez se reía. Durante una entrevista telefónica que le hice en primavera me dijo “Todo de lo que estamos hablando se está grabando”. “El gobierno tiene mi número de teléfono y a los que estamos organizándonos se nos escucha día y noche”. Habían hackeado el código de acceso de su teléfono muchas veces. Dijo que había oído su propia voz siendo grabada durante las llamadas.
“Cuando nuestros teléfonos se calientan y no estamos haciendo nada, entonces sabemos que están tomando nuestra información. El teléfono estáDESCARGANDO más información de la que se supone”. Muchos de sus teléfonos han sido bloqueados; virus han borrado todos sus contactos y cierta información se ha quitado de su teléfono. “Alguien está haciendo eso. El hecho es que el gobierno nos está vigilando a todos”, dijo Jiménez.
Algunos policías que le conocieron – y lo llamaban Comandante, – reconocieron sin mayores problemas las escuchas telefónicas. Jiménez contaba una anécdota: “Uno de los policías me dijo ‘Hola Comandante, ¿puede por favor no mencionar a mi mamá o maldecirla cuando estás en el teléfono porque puedo escucharte?”.
Benjamin Cokelet, fundador de Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER) –una ONG con sede en Nueva York y México que trabaja a favor de los derechos humanos, la rendición de cuentas y transparencia corporativa– dijo que es habitual que se intercepten las comunicaciones de defensores de derechos humanos. Que se les siga, se les vigile. Que les pasan incluso cosas peores.
La red de vigilancia incluye información de ubicación, direcciones IP, el contenido de las plataformas de mensajería como WhatsApp, el chat de Facebook, iMessage, Yahoo Messenger y otros. Los datos generados a partir de los seguimientos dejan “rastros digitales” que permiten a las empresas de telecomunicaciones localizarlo geográficamente de una manera muy rápida. “No sólo es el gobierno quien hace esto. Se ha documentado que los cárteles de la droga en México utilizan estos mismos tipos de tecnologías”, dijo Cokelet.
Miguel Ángel Jiménez Blanco, líder comunitario de UPOEG y activista político, trabaja con la policía de la comunidad local para recoger documentos de la presunta compra de votos y la coerción por los partidos políticos en junio de 2015. Foto: Kara Andrade Ese domingo por la noche cuando estaba con él oscureció, pero Jiménez continuó tomando tantos testimonios como pudo, incluyendo relatos de abusos cometidos por miembros de la policía de la comunidad, un miembro de la familia que nunca regresó, una madre que buscaba a su hijo. Los escuchó a todos, grabó a algunos y a otros no. A veces inclinaba su cabeza para escuchar mejor.
En el camino de regreso a San Marcos, la luz roja para el indicador de gasolina estaba intermitente y su teléfono seguía vibrando. No había comido en todo el día y bebía sin cesar de una gran botella de plástico de bebida de naranja que le llamaba “Poder”, el nombre de una bebida deportiva mexicana.
Como casi todos los días, no tenía idea dónde iba a pasar la noche. No sabía si iba tener combustible para poner en su coche. Había días en que tenía que caminar a las diferentes comunidades. “¿No había otro tipo de trabajo para él?”, le pregunté desde el asiento trasero de su coche mientras pasábamos otro tope.
“Amo a mis hijos, óyelo bien y por amor estoy haciendo todo esto. ¿Pero si no tuviera ni un sentido de lo que yo quiero hacer entonces porque lucharía? Algo me sostiene para la lucha. Todos debemos tener un perro que nos persiga, para que tu lucha tenga propósito”.
En el lado de la carretera, cerca de San Marcos, Guerrero, Miguel Ángel Jiménez Blanco, activista político y líder comunitario de UPOEG, intercambia archivos de vídeo con los compañeros de trabajo. Los vídeos eran testimonios sobre la supuesta compra de votos y la coerción por los partidos políticos en junio de 2015. Foto: Kara Andrade
* Kara Andrade es una candidata para doctorado en la Escuela de Comunicación de la Universidad Americana en Washington, D.C. Sus intereses de investigación se encuentran principalmente en los medios digitales de comunicación, la tecnología, emprendimiento social, la narrativa digital y la estrategia para el cambio social en América Latina. Este proyecto fue apoyado por el Pulitzer Center.
Foto: Kara Andrade
http://www.sinembargo.mx/20-08-2015/1456994
2 AÑOS Y NESTORA SALGADO ESPERA JUSTICIA, ENFERMA Y EN PRISIÓN
Por Sergio Rincón
agosto 21, 2015
Nestora Salgado García, comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, Guerrero, fue detenida un 21 de agosto de 2013 acusada de ser la probable responsable del secuestro y homicidio de un empresario, además de delincuencia organizada.
Su captura se realizó en medio de un impresionante operativo integrado por la Marina, el Ejército, la Policía Federal y la Policía Municipal. A dos años de distancia, quienes la acusan no se han presentado ante las autoridades y Nestora sigue en prisión.
Ella afirma que su delito no fue el secuestro ni el homicidio sino el llevar ante representantes de los distintos niveles de Gobierno pruebas de violaciones a menores y de irregularidades en el centro de salud de su comunidad.
Su caso se ha convertido en emblemático, ya que a pesar de obtener un auto de libertad del Primer Tribunal Unitario del vigésimo primer circuito, Salgado García sigue en prisión. Organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se han pronunciado a favor de su liberación, sin embargo, dos años después de su aprehensión, la justicia no llega.
Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).– A dos años de la detención de Nestora Salgado García, comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, Guerrero, durante un operativo encabezado por elementos de la Marina, Ejército, Policía Federal y Policía Municipal, el juicio sigue sin avanzar debido a que quienes la acusan de secuestro y homicidio no se han presentado a un careo.
A Nestora, detenida la tarde del 21 de agosto de 2013 en una gasolinera a las afueras de Olinalá, se le acusa de ser la probable responsable de secuestro y homicidio de un empresario; sin embargo, ella, los otros detenidos, familiares y miembros de sus comunidad acusan que se trata de un alguna acción de parte de los tres ordenes de Gobierno para acabar con la policía comunitaria.
Junto con la líder comunitaria también fueron arrestados Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos, Samuel Ramírez Galvez integrantes también de la Policía Comunitaria de El Paraíso y este último integrante de la Policía Comunitaria de Zitlatepec.
“Se van a cumplir dos años de estas injustas detenciones. Lo único que hacían nuestros compañeros era su trabajo de policía comunitaria, porque nosotros no somos delincuentes, por eso siempre trabajamos con el rostro descubierto”, dijo Giovanni Torres Salgado, familiar de Nestora.
El también integrante de la CRAC informó que durante estos dos años el caso de Nestora Salgado ha estado lleno de irregularidades y de actos que le han impedido que defienda su inocencia.
“El juicio está en la fase de careos, a dos años es la primera vez que la comandanta tiene oportunidad de defenderse, y el pasado 10 de agosto los que la acusan no se presentaron. Era la tercera llamada que se les hizo a las supuestas víctimas y no se presentaron, solamente nos dijeron que no sabían si habían sido notificadas o no, lo cual nosotros preguntamos al juez de paz en Olinalá, y él nos dijo que sí fueron notificadas. De hecho, a la tercer llamada ya tenían que ser llevados por la fuerza pública. Esto es una estrategia del Estado y los que la acusan. Exigimos que realmente sean presentadas, porque se trata de la primera vez que la compañera Nestora tendrá oportunidad de defender su inocencia”, informó Torres Salgado.
Integrantes del movimiento que pide la libertad de Nestora Salgado y de los otros comunitarios declararon que se sienten traicionados por el Gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, quien les prometió que durante su gestión se aceleraría el caso e incluso decretaría una Ley de Amnistía. Sin embargo, nada de lo que les prometió por escrito fue cumplido, y en unos meses el mandatario estatal dejará el cargo.
“Ortega se ha llenado la boca de promesas para soltar a los presos políticos y para atender las demandas sociales de Guerrero; sin embargo, no ha cumplido ninguno de estos compromisos que ha hecho con las policías comunitarias y al contrario, se nota un retroceso en los procesos legales de nuestros compañeros. Hay violaciones al debido proceso”, comentó uno de los inconformes.
Por su parte, Arturo Campos Herrera, policía comunitario indígena detenido en diciembre de 2013, aseveró que con las detenciones y la persecución de los comunitarios el Gobierno está provocado que el crimen avance en Olinalá.
“Desde 2013 para acá se ha incrementado el problema de inseguridad, así que a pesar que conocemos las consecuencias con los compañeros seguimos trabajando”, declaró Campos, quien fue recluido en el penal del Altiplano, Estado de México, y luego trasladado al penal de Ayutla de los Libres en Guerrero, tras ser detenido por participar en el movimiento que exige la liberación de sus compañeros de la CRAC.
Nestora Salgado García, líder de la policía comunitaria en Olinalá, Guerrero, fue detenida desde 2013 y su caso singue sin avanzar.
Foto: Free Nestora
Por medio de una grabación, Nestora Salgado García dijo que el Gobierno intenta reprimir a las policías comunitarias y por ello los ha estado encarcelando, además exigió la renuncia del Fiscal de Guerrero, Miguel Ángel Godínez.
“Son dos años que estoy pagando algo que no cometí. Dos años que estoy encerrada y perdiéndome de mi familia, De verdad, si yo lo hubiera hecho, por qué no se han presentado, por qué no me han dado la oportunidad de defenderme, por qué estoy encerrada sin saber por qué. No me han dado explicaciones. A dos años apenas estamos iniciando el proceso”, detalló Nestora Salgado.
Durante este tiempo Nestora y sus compañeros han emprendido diversas acciones por las irregularidades en su proceso y los tratos dentro de prisión. En mayo la comandanta inició una huelga de hambre en el penal de Nayarit. Luego de 31 días desistió pero tuvo que ser atendida y trasladada a la Ciudad de México. Actualmente se encuentra en el penal de Santa Martha Acatitla, donde todavía permanece en tratamiento médico por las secuelas del ayuno de comida y líquidos.
“La compañera sigue mal de la vista, dice que ve borroso, y del estómago”, comentó Giovanni Torres.
LAS ACUSACIONES
La comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá fue acusada de secuestro en agravio de por lo menos seis personas, entre ellos dos menores de edad, sin embargo, en abril del año pasado, un juez federal la exoneró de los cargos de secuestro agravado y delincuencia organizada por lo que el Primer Tribunal Unitario del vigésimo primer circuito dictó auto de libertad. Diversas organizaciones nacionales, incluso internacionales se han pronunciado a favor de su liberación y para proteger sus derechos.
El 23 de diciembre de 2014 los abogados de Nestora, Thomas Antkowiak y Alejandra Gonza solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que urgiera al gobierno mexicano la protección en prisión de la comandanta.
“La situación de Nestora Salgado reúne los elementos de ‘gravedad, urgencia y daño irreparable’ y requiere acción inmediata por parte de las autoridades mexicanas”, señaló la defensa.
En respuesta, la CIDH ordenó al Estado mexicano que “adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Salgado García, proporcionando el tratamiento adecuado que recomienden los especialistas”, y dio un plazo de 15 días a las autoridades mexicanas para que informen de la atención a sus recomendaciones.
También el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y los Relatores sobre la violencia contra la mujer, la Tortura, los Defensores de Derechos Humanos, la Independencia de los Jueces y Abogados, los Pueblos Indígenas y la Salud, han suscrito y dirigido una acción urgente al gobierno mexicano a favor de la libertad de Nestora Salgado García.
Cinco personas señalan a Nestora como culpable de secuestro. Las víctimas aseguran que fueron privadas de la libertad en Olinalá y a manos de elementos de la policía comunitaria. Sumado a ello, los activistas Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace se han opuesto a la libertad de Salgado García y han dado a conocer audios donde legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) negocian la libertad de la acusada. En respuesta, el Diputado perredista Roberto López Suárez comentó que el arresto de Nestora Salgado tiene un tinte político pues “ella tocó intereses del crimen organizado y por ello se le fabricaron crímenes”.
Sumado a ello pidió a Miranda de Wallace y a Martí revisar a profundidad el expediente. Giovanni Torres Salgado, familiar de Nestora, también pidió a los activistas de la organización Alto al Secuestro que conozcan a profundidad el caso para tomar una postura.
Por otra parte, el pasado 15 de abril, el Comité Nestora Libre documentó que en lo que va del actual gobierno suman 350 presos políticos, siendo los estados de Michoacán, Guerrero y Puebla donde se reportan el mayor número de detenciones.
La organización acusó al Presidente de “estar llenando las cárceles de presos políticos”.
“Han sido encarcelados 328 autodefensas en Michoacán, 13 policías comunitarios presos en Guerrero y ahora están en prisión cuatro dirigentes populares que se oponen a la construcción de la presa La Parota. En Puebla están recluidos aquellos que no desean la edificación de una termoeléctrica contaminante. En el Distrito Federal hay personas detenidas por protestar y hay otros presos de este tipo en Quintana Roo y demás estados”, expuso el Comité.
LA DENUNCIA DE NESTORA
José Luis, esposo de Nestora dijo que los normalistas fueron los primeros jóvenes en exigir la liberación de su esposa.
Durante una entrevista con el diario El Sur, de Guerrero, Nestora Salgado informó que que presentó al almirante de la Marina, al general de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y al entonces Gobernador, Ángel Aguirre Rivero una serie de videos sobre violaciones de niños. Indicó que con el Gobernador se acordó llevar el caso a la Procuraduría General de la República (PGR), pero debió tocar fuertes intereses porque ella terminó en una prisión federal de máxima seguridad. De las violaciones nada se investigó ni se mencionó.
En cuanto al Síndico Procurador de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, que también fue sometido a un proceso de reeducación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), luego de que lo sorprendieron recuperando una vaca y una camioneta vinculados a un doble homicidio y robo de ganado, estimó que fue la gota que derramó el vaso.
Recordó que, entre otras, también señaló irregularidades en el centro de salud, “esas denuncias me tienen aquí, porque se afectó a mucha gente. Ingenuamente confié en el gobierno, pero lo que gané fue la cárcel”.
Aclaró que los videos de las violaciones los encontraron en teléfonos celulares de adolescentes que fueron sometidas al sistema de reeducación de la CRAC, por quienes después la acusaron de secuestro y la detuvieron el 21 de agosto de 2013.
Reveló que antes le ofrecieron dinero para dejar en libertad a varias personas retenidas bajo la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígenas, que reconoce a la CRAC como institución de seguridad, justicia y reeducación comunitaria.
Pero el dinero nunca fue su interés, de lo contrario no se habrían enviado a los infractores a la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres. Aseguró que en un careo, nadie le podría sostener las acusaciones en su contra.
Añadió que si el gobierno no supo medir las consecuencias de la Ley 701, que da amplios poderes a los pueblos, no es responsabilidad de la Policía Comunitaria.
La obligación del Estado es respetar la norma que se sustenta en la Constitución y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y dejar en libertad a los presos de la CRAC. Indicó que cuando se sumó al movimiento por la seguridad en Olinalá, no sabía la magnitud de los problemas en el municipio, luego escuchó en los pueblos:
“Señor, nos están matando a nuestros hijos, a una mujer que ya encontró a su hijo despedazado… como madre, nunca me gustaría que un niño mío pasara con un dolor de esto”, dijo conmovida.
Reveló que emigró desde los 18 años a Estados Unidos con una hija en brazos, y aprendió a educar a sus hijos en la cultura americana, donde los menores son el mayor bien del país, “si un niño se cae tienes la obligación de levantarlo”.
Consideró que en México, las violaciones a los niños y a la juventud serían igualmente condenados. No fue así. Pese de la separación de su familia y las vejaciones en prisión, aseguró que no se arrepiente, está orgullosa de haber participado en un movimiento ciudadano por la seguridad, que en 2012 logró la unidad de toda población.
De ese movimiento surgió la Policía Comunitaria de Olinalá que después se incorporó a la CRAC. Consideró que la unidad fue posible por el miedo y el hartazgo de la población, “pero más que nada por el miedo, y Olinalá fue un ejemplo para que otros pueblos siguieran el mismo camino”.
En 2013, en diferentes municipios surgieron en cascada los movimientos de autodefensa. “Parece que lo predije, cuando declaro que ya no le tenía miedo a los delincuentes, sino al gobierno que nos quiere desaparecer, hasta la delincuencia nos respetó, el que quiso destruirnos fue el gobierno”.
Consideró que en un sistema obsoleto, el gobierno tiene que usar la fuerza pública para tener un control que ya no tiene, y demuestra el poder que le resta con represión y persecución, “porque tiene miedo y no puede controlar ni a su gente, ni a los marinos, ni al Ejército, ni a los policías.
Usa la fuerza pública para matar, para fabricar delitos por el miedo, porque el sistema les ha fallado”.
Como ejemplo señaló el homicidio en Tlapa, durante las elecciones del 7 de junio, del activista Antonio Vivar, de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, asesinados el 26 de septiembre en Iguala y los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, hace casi un año, “asusta a la gente con muerte”.
Pero añadió que la gente sólo se calma siendo escuchada, resolviendo sus problemas con justicia.
“En México, la situación de inseguridad es muy fuerte. Les duele que les haya dicho que el sistema está corrompido, que estando encerrada, mi voz se escuchó”.
-Con información de El Sur
http://www.sinembargo.mx/21-08-2015/1456735
EZLN: De arriba, nunca, jamás llegarán la verdad y la justicia. Tras liberación de 2 asesinos del maestro Galeano
Resumen Latinoamericano/Comunicado, 19 de agosto de 2015 –
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de México emitió el siguiente comunicado el 16 de agosto.
A la Sexta Nacional e Internacional:
Al Congreso Nacional Indígena:
A l@s de abajo en el mundo:
A quien corresponda:
Una vez más se remarca que, de arriba, no vendrán la verdad ni la justicia.
Nunca.
Jamás.
De arriba sólo hay que esperar simulación, engaño, impunidad, cinismo.
El criminal de arriba siempre tendrá absolución y recompensa. Porque quien lo juzga es el mismo que le paga. Son los mismos criminales y jueces. Son cabezas venenosas de la misma Hidra.
Y ahora tenemos un nuevo ejemplo:
Como zapatistas que somos, nos hemos dado cuenta de que, gordos y contentos, han regresado a sus casas en el poblado de La Realidad, dos de los autores intelectuales del asesinato del compañero maestro Galeano. Supuestamente estuvieron presos por el asesinato de nuestro maestro y compañero. Sabemos ya que han sido declarados inocentes del crimen por los mismos que los financiaron y apoyan: los gobiernos federal y estatal de Chiapas. El autodenominado “juez” Víctor Manuel Zepeda López, del ramo penal de Comitán de Domínguez, Chiapas, el día 12 de agosto de este año, sentenció que los señores Carmelino Rodríguez Jiménez y Javier López Rodríguez son inocentes, a pesar de que ellos y sus cómplices de la CIOAC-Histórica saben que son culpables de organizar el crimen. No los únicos, pero también lo son.
A escondidas los llevaron de vuelta a La Realidad. Les dijeron que no se mostraran mucho y fueran discretos, pero la soberbia de quien se sabe impune frente a la justicia de arriba, les suelta la lengua. Ahí declaran, a quien quiera escucharlos, que no estuvieron presos, sino guardados en una casa donde recibían todas las atenciones y la felicitaciones del gobierno estatal de Manuel Velasco y de los líderes de la CIOAC-Histórica por el asesinato del maestro Galeano, y que les dijeron que tenían que esperar un tiempo para volver a su pueblo “y seguir con lo que quedó pendiente”.
Ahora falta que salgan a declarar a su favor sus cómplices: Pablo Salazar Mendeguchía, Luis H. Álvarez, Jaime Martínez Veloz, Juan Sabines Guerrero, Manuel Velasco, Manuel Culebro Gordillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Rosario Robles. Estas personas son algunas de quienes domaron a la CIOAC-Histórica y la convirtieron en lo que es ahora: una banda paramilitar útil para el acarreo de votos y para el asesinato de luchadores sociales.
También falta que los periodistas progres los entrevisten y los presenten como víctimas del “feroz” Galeano (él solo contra más de dos decenas de criminales cioaquistas), reediten la mentira de un enfrentamiento, publiquen sus fotos amañadas, y cobren con la mano derecha el servicio prestado, vehículos con chofer incluidos, mientras en sus medios ensalzan el “gran” desarrollo del suroriental estado mexicano de Chiapas y, con la mano izquierda, celebran su “compromiso con las luchas sociales”.
Pero…
Como zapatistas que somos, miramos y escuchamos no sólo nuestra rabia, nuestro coraje, nuestro odio hacia quienes allá arriba se sienten dueños y señores de vidas y destinos, de tierras y subsuelos; y hacia quienes se venden, con sus movimientos y organizaciones, traicionando su historia y principios.
Como zapatistas que somos, también miramos y escuchamos otros dolores, otras rabias, otros odios.
Miramos y escuchamos el dolor y la rabia, hechos reclamo en los familiares de miles de desaparecid@s y asesinad@s nacionales y migrantes.
Miramos y escuchamos la tenaz búsqueda de justicia de los familiares de los niños y niñas asesinadas en la guardería ABC en Sonora.
Miramos y escuchamos la rabia que se hace digna y rebelde huelga de hambre de anarquistas pres@s en México y en otras partes de mundo.
Miramos y escuchamos la rabia en los pasos incansables de los familiares de los 47 ausentes de Ayotzinapa.
Miramos y escuchamos la rabia en el pueblo hermano Nahua de Ostula, agredido por el ejército.
Miramos y escuchamos la rabia en el pueblo hermano Ñahtó de San Francisco Xochicuautla por el despojo de sus bosques.
Miramos y escuchamos la rabia del pueblo hermano Yaqui por los presos injustamente y por el robo descarado de su territorio.
Miramos y escuchamos la rabia por la burla que es la investigación por el asesinato de Olivia Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, Nadia Dominicque Vera Pérez, Mile Virginia Martin Gordillo y Rubén Espinosa Becerril, en la Ciudad de México.
Miramos y escuchamos la rabia del magisterio democrático que resiste la guerra mediática, policíaca y militar que padecen por el delito de no rendirse.
Miramos y escuchamos la indignación de quienes, en el norte revuelto y brutal, son atacados por el color de su piel y por ese color son sentenciados y condenados.
Miramos y escuchamos la rabia y el dolor por las mujeres desaparecidas, asesinadas por el delito de ser mujeres; por l@s diferentes atacad@s porque el Poder no tolera lo que se sale de su estrecho pensamiento; por la niñez que es anulada sin que siquiera alcance una cifra en las estadísticas de la macroeconomía.
Miramos y escuchamos que sólo se reciben mentiras y burlas de quienes dicen administrar la justicia y en realidad sólo administran la impunidad y fomentan el crimen.
Miramos y escuchamos en todas partes las mismas promesas de verdad y justicia, y las mismas mentiras. Ni siquiera cambian las palabras, como que ya tienen un escrito que leen, y mal, todos los de arriba.
Ya es el tiempo en que, cuando el de abajo pregunta por qué se le ataca, la respuesta del de arriba es “por ser quien eres“.
Porque en este mundo que dolemos, el criminal está libre y el justo está preso. Quien asesina es premiado y quien muere es calumniado.
Pero también miramos y escuchamos que cada vez son más las voces que desconfían, que no se dejan, que se rebelan.
Nosotras, nosotros, como zapatistas que somos, ni confiamos antes, ni confiamos ahora, ni confiaremos después en los de arriba, cualquiera que sea el color de su bandera, cualquiera que sea el modo de su palabra, cualquiera que sea su raza. Si está arriba, lo está porque oprime a los de abajo.
No tiene palabra el de arriba, no tiene honor, no tiene vergüenza, no tiene dignidad.
De arriba, nunca, jamás llegarán la verdad y la justicia.
Tendremos que construirlas desde abajo. Entonces el criminal pagará hasta que quede cabal la cuenta.
Porque lo que arriba no saben es que cada crimen impune no hace sino enardecer el odio y la rabia.
Y cada injusticia cometida no hace sino abrir el camino para que esos odio y rabia se organicen.
Y en la balanza romana de nuestros dolores, pesaremos lo que nos deben.
Y pasaremos la cuenta… y la cobraremos.
Entonces tendremos, sí, la verdad y la justicia. No como una limosna de arriba, sino como una conquista de abajo.
La cárcel será entonces para los criminales y no para l@s just@s.
Y la vida, digna, justa y en paz, será para tod@s.
Eso, sólo eso.
Desde las montañas del Sureste Mexicano.
Subcomandante Insurgente Moisés.
Subcomandante Insurgente Galeano.
México, agosto del 2015.
MEXICO.
Oaxaca: militarización y provocación
Resumen Latinoamericano / La Jornada / 16 de agosto 2015.-
Se dio a conocer ayer un documento emitido por el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, en el que solicita a los poderes de la Unión la intervención de las fuerzas armadas en esa entidad para evitar cualquier respuesta agresiva que pudiera emprender la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), a raíz del decreto que eliminó de un plumazo el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Es de observar, en primer lugar, el carácter extemporáneo del escrito mencionado, lo que pone de manifiesto, cuando menos, una grave anomalía institucional. Debe recordarse que las calles de la capital oaxaqueña tienen presencia militar por lo menos desde el 7 de junio, como parte de un criticado operativo para resguardar la realización de los comicios federales, y que desde entonces los soldados, policías federales y efectivos de la Gendarmería permanecieron en la entidad.
Da la impresión de que lo que el gobierno de Cué quiso hacer es revestir de legalidad, a posteriori, una decisión eminentemente tomada desde la Federación, que vulneró el orden institucional oaxaqueño y soslayó en forma por demás indebida los poderes de esa entidad soberana, en clara vulneración del pacto federal.
En el mismo contexto de desarreglo institucional se inscribe la solicitud al Congreso estatal para que sus integrantes se sumen a la solicitud formulada por Cué. Debe recordarse que es a la Legislatura local, y no al Ejecutivo, a la que corresponde solicitar la presencia policiaca y militar en el estado; hasta ahora, sin embargo, no hay evidencia de que el Legislativo oaxaqueño haya requerido presencia federal en la entidad, por lo que ésta resulta ilegal.
La falta de respeto a las formas institucionales, a la ley y a la soberanía del estado debieran ser suficientes para rechazar la presencia militar en Oaxaca, pero a ello se suma la improcedencia y torpeza política de esa medida. En efecto, si algo ha destacado en las movilizaciones realizadas por la CNTE a raíz de la desaparición del Ieepo ha sido su carácter pacífico. No hay razón, por tanto, para dar a esa organización un trato equiparable al de amenaza a la seguridad nacional mediante el envío de fuerzas armadas. Dicha determinación, por lo contrario, constituye en el momento presente –repleto de focos de tensión y descontento social, inseguridad y violencia– una provocación y un mensaje ominoso: que la inconformidad social y política se persigue con una fuerza y una determinación que el Estado no dispensa, por ejemplo, para perseguir a la delincuencia.
Es necesario que las autoridades federales recapaciten y que enmienden los yerros cometidos en Oaxaca, empezando por su decisión de militarizar la capital de esa entidad. El gobierno estatal, por su parte, debiera enfocar sus esfuerzos, no en simulaciones extemporáneas para dar revestimiento legal a situaciones a todas luces anómalas, sino en buscar una salida negociada y pacífica al conflicto que se vive en la entidad. Bien haría el Ejecutivo estatal en recordar que la hegemonía priísta en Oaxaca pudo romperse en 2010 como resultado de una convergencia entre la izquierda electoral y un crisol de movimientos sociales como los que ahora son hostilizados por policías y soldados.
Lo que faltaba, ahora México comprara petroleo a EU
Resumen Latinoamericano / 17 de Agosto 2015 .-
Por la aprobación del gobierno de Peña Nieto, y la aprobación del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ahora EU exportara petroleo a México, en un principio se anuncio un acuerdo donde EU daría de su petroleo a cambio de petroleo Mexicano, y ya despues se aprobó otro acuerdo que no era el inicial, sera una especie de vender petroleo barato e importar petroleo caro de Estados Unidos, por el simple hecho que mencionan los asesores de EPN de hacer una mezcla de mayor calidad, en contrario a analistas e ingenieros que mencionan que dicho acuerdo es un fraude y un robo a la nación.
Los mayores beneficiados son algunos de los patrocinadores de la campaña política de Peña Nieto a la presidencia, y entre la firmas que participaran en dicha negociación esta OHL, y TOTAL de Televisa, entre Exxon, dichos acuerdos estaban antes prohibidos hasta que el Gobierno de Peña Nieto envío una petición, que solo beneficiaria al vecino del norte y a unas cuantas empresas, pero que sera una gran estafa a los Mexicanos.
Las primeras licencias se entregaran a finales de Agosto, mientras que el gobierno Mexicano no a dado ningún detalle de los volúmenes, ni precios de compra, y otros que se muestran felices es el partido republicano de EU porque dicen esto abrirá aun mas el comercio y dará mas negocio a las empresas con refinerías de EU. http://blogrevolucion.com/lo-que-faltaba-ahora-mexico-comprara-petroleo-a-eu/
Fotógrafos argentinos exigen justicia por el asesinato en México de Rubén Espinosa
Resumen Latinoamericano/ 18 de Agosto 2015 .-
Integrantes de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (AGRA), que lucha por libertad de prensa y el derecho a la información, se congregaron el día de hoy en las instalaciones del Palais de Glace, en Argentina, parar exigir justicia por los fotoperiodistas asesinados, el mexicano Rubén Espinosa y su connacional José Luis Cabezas.
En medio de la clausura de la muestra anual de dicha asociación, y por iniciativa de los reporteros gráficos Kala Moreno y Res, diversos fotógrafos se congregaron en la sala y en el exterior del edificio de la exposición para para exigir justicia por los fotoreporteros brutalmente asesinados.
Bajo la consigna “No se olviden de Cabezas, no se olviden de Rubén”, integrantes de AGRA, piden que se esclarezca el caso entorno al Rubén Espinosa, asesinado el 31 de julio en la colonia Narvarte junto con la activista Nadia Vera y otras tres mujeres.
El caso de José Luis Cabezas, que trabajaba en la revista argentina Noticias, ocurrió en enero de 1997, cuando fue hallado calcinado y con impactos de bala en Buenos Aires, después de que se publicó una de sus imágenes donde se veía al empresario Alfredo Yabrán, caminando en un playa vestido en bermudas junto su esposa.
Yabrán fue investigado, sin embargo, nunca se enfrentó ante un juez y se suicidó en mayo de 1998. Ambos casos que presenta algunas similitudes ahora se han convertido en el orto desesperado contra la censura a la libertad de expresión, sostuvieron los manfiestantes. Fotoperiodistas argentinos piden justicia en el caso de Rubén Espinosa.
Foto: Damian Dopacio/ARGRA http://www.sinembargo.mx/17-08-2015/1453135
MÉXICO.
El jefe de la plaza
** Por Alejandro Páez Varela / Resumen Latinoamericano / agosto 17, 2015 –
Fue el 15 de octubre de 2014, hace diez meses. El Gobernador Javier Duarte de Ochoa fue alcanzado por reporteros en un evento en Boca del Río. Le hicieron preguntas sobre la inseguridad en Veracruz, algo que haría cualquier periodista en los días que vivimos. En uno de sus arranques de menosprecio, respondió: “Antes se hablaba de balaceras y asesinatos, de participación de la delincuencia organizada, y hoy hablamos de robos a negocios, de que se robaron un Frutsi y unos Pingüinos en el Oxxo”.
Una nota de SinEmbargo, en ese mismo día, documentó los Frutsis y los días del señor Gobernador.
Halló que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de diciembre de 2010 a agosto de 2014 se habían contabilizado 3 mil 136 asesinatos y un repunte en los homicidios dolosos: de 40 casos en julio, a 44 en agosto.
Secuestro: 374 casos en el mismo periodo con tendencia a crecer. En ese 2014 se reportaban (enero-octubre) 113 casos, cifra que ya rebasaba el registro de un año anterior. La extorsión, por las mismas: en cuatro años se tenían reportados mil 523 casos y creciendo. Y robo de vehículos con lujo de violencia, al cielo: 6 mil 62 entre diciembre de 2010 y ese agosto de 2014.
Los datos de la violencia, aunque se maquillen, indican que estas tendencias no han mejorado.
“Hoy hablamos de robos a negocios, de que se robaron un Frutsi y unos Pingüinos en el Oxxo”, dijo Duarte. Patán.
***
El problema de Duarte, sin embargo, no es su patanería. Tampoco es su tono de perdonavidas o su menosprecio. Esas características en el político veracruzano (que redundan en maltrato permanente a los reporteros) debieron ser contenidas, al momento y en seco, por los medios locales. Conozco varios casos donde el Gobernador se pasa de lanza con los periodistas y eso marca su declive. Se descompone la relación con los dueños y con los editores. Y adiós gobierno.
Evidentemente, en Veracruz no pasó así. La actitud de Duarte con los reporteros es una de “le pago a tu jefe, deja de estar chingando”. Y si hay corrupción –no culpo a nadie–, pues el Gobernador baila sobre los periodistas. Si hay lambisconería, el tipo trata a todos por igual: como a prostitutas (con todo respeto para ellas y para el oficio más rudo del mundo).
Insisto en que el punto no es la actitud de Duarte. Cuando salga podrá pagarse un curso de manejo de ira; le servirá para cuando se retire a administrar su riqueza y se dedique a su familia y ya, listo.
El tema aquí es que cuando habla de Frutsis y robos en los Oxxo mientras se acumulan los muertos y los secuestrados, su menosprecio tiene consecuencias funestas. Es un menosprecio por la vida, las vidas. Es un desprecio por los otros.
La patanería y las mentiras, mientras Veracruz se desangra, arropa una actitud criminal. No digo que él sea culpable de los homicidios; tampoco lo exculpo; digo que, por omisión, el culpable de la situación que vive Veracruz es el Gobernador y el descaro con el que habla de Frutsis es ofensivo para los muertos y para los vivos, para las víctimas directas en indirectas.
Ahora el Gobierno federal entenderá qué alto ha resultado el costo de ser omiso. La crisis de derechos humanos que se vive en Veracruz y en otras partes del país debe ser atendida y cerrar los ojos ante las minas sembradas en el campo no evita que exploten.
Con Javier Duarte (PRI), el Gobierno federal (PRI) cerró los ojos aunque eso cueste vidas. Cerró los ojos en el campo minado del Estado de México, aunque las minas volaban brazos, cabezas y piernas de los más vulnerables. Pero la verdad no se oculta.
Duarte le ha salido muy caro a todos: a los medios locales que no denunciaron sus excesos o sirvieron de comparsas; a los medios nacionales que abrazaron su publicidad y no dedicaron UNA LÍNEA a años de excesos; al Gobierno federal, por actuar de forma facciosa y permisiva. Y también nos ha salido caro a los que no vivimos allá, a los ciudadanos que no estamos organizados para gritar ¡basta!
***
Tres días antes de ese 15 de octubre de 2014 (día de los Frutsis y los Pingüinos), la ira del señor Gobernador cayó otra vez sobre los reporteros. Y otra vez fue la inseguridad.
Duarte de Ochoa exigió a los periodistas, amenazante, que hablaran bien de Veracruz. El mismo patán, el mismo perdonavidas.
“La situación de inseguridad es un tema que les encanta a ustedes hablar”, acusó a los presentes. “Y yo aquí diría que es como escupir para arriba, [o] al revés”.
Agregó:
“Yo creo que debemos de hablar de las cosas positivas de Veracruz. Debemos promover Veracruz y, bueno, te tengo un reporte –le dijo directamente a la reportera que se atrevió a preguntar–; una mala noticia para ti, una buena noticia para todos: los hoteles de Veracruz están llenos”.
Es decir: la periodista no estaba haciendo su trabajo. La periodista estaba allí para chingarlo, para joder.
Como enemigo del gobierno y de los veracruzanos, la periodista quería degradar al señor Gobernador preguntando por los muertos y los secuestros.
“Ahorita si quieres encontrar un cuarto de hotel en Veracruz, no encuentras una sola habitación. Está lleno”, remató Duarte.
Patán, sí. Irresponsable, también. Y muy preocupante. Duarte no actúa como jefe político y cabeza de una administración; no opera como Gobernador, sino “jefe de la plaza”: amedrenta, amenaza, descalifica, golpea para mantener el control. Y seguramente corrompe. Como un capo, pues; como un jefe de la delincuencia organizada. http://www.sinembargo.mx/opinion/17-08-2015/38081
Cómo eran y qué pensaban las mujeres asesinadas en México junto con el periodista Espinosa
por Arturo Ángel, Nayeli Roldán y Manu Ureste / Resumen Latinoamericano / del 12 de Agosto 2015
La vida de Nadia, Yesenia, Alejandra, Mile y Rubén antes de llegar a la Narvarte Ninguna de ellas era originaria de la capital del país pero coincidieron en un departamento de la Narvarte. Hoy son las víctimas del primer caso cuádruple de feminicidio desde que ese delito se tipificó en la Ciudad de México hace cuatro años.
El 31 de julio pasado cinco personas fueron asesinadas en un departamento de la colonia Narvarte. Una de las víctimas fue el fotoperiodista Rubén Espinosa, cuyo nombre fue revelado primero por las autoridades y acaparó la atención de los medios. Pero con él, también perdieron la vida cuatro mujeres:Nadia, Yesenia, Alejandra y Mile. La muerte de las mujeres es el primer cuádruple feminicidio cometido en el Distrito Federal desde que se tipificó este delito en la ciudad, en febrero de 2011, y estas son sus historias:Alejandra, “la guerrera”
Alejandra Olivia Negrete Avilés tenía 40 años, era madre, abuela y una “guerrera. “Su vida valía tanto como la de otros”, dice su hermana Diana. Ella fue una de las cinco víctimas en el multihomicidio en la colonia Narvarte donde también fue asesinado el fotoperiodista Rubén Espinosa; sin embargo, la Procuraduría capitalina se refería a ella como “la doméstica”, discurso que se replicó en los medios de comunicación.
Diana pide que “aunque sea la nombren”, porque la mencionan al “último, como si no valiera” y no es así. Alejandra era valiosa para su madre y sus cinco hermanos. Era un pilar indispensable para sus hijas de 24, 22 y 13 años y una buena compañía para las amigas que la visitaban en su casa.
Una de sus metas era pagar la fiesta de 15 años de su hija menor. Decía que tenía dos años para ahorrar y por eso, hace dos meses, comenzó a trabajar en una negocio de comida cerca de su casa, en Naucalpan, Estado de México.
Ese fue su primer empleo. Antes sólo era ama de casa porque su exmarido le entregaba un monto quincenal que le alcanzaba para mantenerse. Su familia no se enteró cómo es que consiguió su segundo empleo, sólo saben que el viernes 31 de julio era la segunda vez que iba al departamento de la colonia Narvarte a hacer limpieza.
Salió por la mañana y había quedado de ver a dos amigos en su casa por la tarde. Al ver que no llegaba, fueron a buscarla al edificio donde alguna vez recordaron haberla dejado. Se enteraron de lo sucedido, pero sólo dijeron a la familia que Alejandra había sido detenida en la delegación. Para entonces era de madrugada y Diana, que vive en Zumpango, Estado de México, tuvo que esperar a que amaneciera para transportarse hasta el sur de la ciudad.
Al llegar a la delegación Benito Juárez el sábado 1 de agosto, la familia se enteró de los asesinatos y dos de los hermanos reconocieron el cuerpo. Cuando el procurador capitalino, Rodolfo Ríos, informó la identidad de las víctimas, se refirió a Alejandra como “la trabajadora doméstica”.
La autoridad comenzó con “la discriminación”, acusa Diana. El suceso ha trascendido entre la opinión pública, sobre todo, porque entre los fallecidos está el fotoperiodista Rubén Espinosa, exiliado de Veracruz, pero “aunque uno lavara baños, vale tanto como los demás”, dice la hermana de Alejandra.
Diana quiere que recuerden a su hermana como una “guerrera”, porque eso era, “daba la vida por su familia”. Luchaba por darle a su hija menor todo lo que necesitara porque “era su adoración” y quería trabajar para comprar la cuna de su segundo nieto que nacerá en cuatro meses.
“Era alegre. Le gustaba la música de Juan Gabriel, Jenny Rivera y Joan Sebastian. Los fines de semana convivía con sus amistades y visitaba a su hermana en Huixquilucan. Nunca le hizo mal a nadie”, afirma Diana.
En los últimos 15 días, el trato hacia la familia Negrete ha sido el mismo que en el inicio. La Procuraduría capitalina no le informa nada sobre la investigación, no han pedido ninguna declaración. “Nos enteramos por la televisión o el periódico”, dice Diana. Tampoco tienen apoyo legal y mucho menos económico.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dará atención psicológica a la hija menor y según se enteró la familia en las noticias, la presidenta municipal de Naucalpan, Claudia Oyoque, prometió darle una beca de estudios.
Yesenia, la chica viajera
Israel recuerda con un tono de nostalgia matizado por la distancia a su prima Yesenia, con quien compartió algunos años de infancia en Michoacán antes de que ella y sus padres decidieran buscar suerte en el norte del país.
“Desde chiquita andaba de aquí para allá… vivió en tres ciudades distintas. Era una chica viajera…”, señala el joven vía telefónica desde Uruapan. Yesenia tenía 18 años cuando el 31 de julio fue asesinada en la colonia Narvarte. Su estancia en la capital del país era apenas el comienzo de un nuevo capítulo en su corta pero muy activa vida.
Originarios de Uruapan Michoacán, los padres de Yesenia se trasladaron a Morelia a principios de los noventa en donde la chica nació un 4 de septiembre, como indica su aun activo perfil de Facebook. Ahí vivió hasta los seis años cuando sus padres viajaron luego Mexicali Baja California, donde transcurrió el resto de su niñez y adolescencia.
¿Yesenia era sobrina política del ex gobernador de Michoacán Jesús Reyna, actualmente preso por presuntos vínculos con el narcotráfico? Israel confirma que es cierto, aunque el contacto entre ellos en realidad fue casi nulo.
En efecto, Indira Alfaro Hernández, madre de Yesenia, es prima hermana de Elizabeth Vidal Alfaro, esposa de Jesús Reyna García, quien gobernó de forma interina Michoacán en el 2013. En mayo del 2014, el político priísta fue detenido y consignado por la Procuraduría General de la República por vínculos con Los caballeros Templarios.
“Pero la verdad convivían poco o casi nada. Los papás de Yesenia se fueron y se la llevaron desde muy chicos a Mexicali y, como te digo, ellos viajaban. La verdad no era mucho su contacto en Michoacán”, dijo Israel.
Tras concluir sus estudios de preparatoria y tener la mayoría de edad, Yesenia decidió que quiera mudarse de nuevo, pero ahora sola a la Ciudad de México, donde pretendía cursar estudios de imagen y maquillaje en el Instituto de Diseño de Imagen Profesional ubicado en Polanco.
A través de redes sociales y amigos en común, Yesenia se enteró que rentaban un departamento en el número 1901 de Luis Saviñón de la colonia Narvarte. El pago era de casi 10 mil pesos pero con la ayuda de una o dos “roomies” (acompañantes) la carga sería mucho menor.
En el verano del 2014 “Yesi”, como le decía su madre y sus amigos más cercanos, abandonó la calurosa Mexicali para llegar a la Ciudad de México y establecerse en ese departamento del cuarto piso que sería el último hogar de su vida.
Israel dice que el paso del tiempo ha borrado casi todos los recuerdos de su prima pero la recuerda como “una chica sonriente”. Así, con una sonrisa, se le ve prácticamente en todas las fotografías… tanto las de su página de Facebook, como las que acompañaron su féretro el 4 de agosto, fecha de su entierro.
Nadia, entre la felicidad y el miedo
A Nadia Vera se le ha descrito como activista, productora, poeta, antropóloga social, promotora, bailarina, escritora y defensora de derechos humanos. “Todas son ciertas”, dice “Laura”, su amiga y maestra en la Universidad Veracruzana. El verdadero nombre de la profesora no se publica a petición de la entrevistada.
Pero el común denominador en Nadia, añade Laura, es que era una joven feliz aunque también con miedo.
“Responsabilizamos a Javier Duarte (gobernador de Veracruz) sobre cualquier cosa que nos pudiera suceder, a los que estamos organizados. El estado es responsable de nuestra seguridad, que son los que están mandando a reprimirnos” dijo Nadia en una entrevistameses antes de ser asesinada.
Nadia Dominique Vera Pérez llegó al Distrito Federal por temor y a Veracruz por vocación. Nació y creció en Veracruz; sus años de infancia y adolescencia transcurrieron entre Comitán de Domínguez y Tuxtla Gutiérrez.
De pensamiento liberal y sensible a las causas sociales, según la describe su maestra, Nadia tuvo una inclinación natural por la carrera de antropología social, la cual estudió en la Universidad Veracruzana. “No estudió a la Ciudad de México porque no quería despegarse tanto del sur, de su Chiapas”, dijo la profesora.
Sus estudios fueron impecables. Acabó la carrera sin contratiempos aunque dejó para después el título que, según sus amigos, ella consideraba como un papel que no respaldaba conocimiento alguno.
Pero además de su actividad en las aulas, Nadia también vio su vocación social en la calle, en ese activismo que con el tiempo le ganaría la animadversión del gobierno de Javier Duarte según sus allegados.
Públicamente se ha dicho que formaba parte del movimiento #Yosoy132 pero su maestra aclaró que no es del todo cierto. Nadia, en realidad, era parte de la Asamblea Estudiantil Veracruzana, una especie de red más que de colectivo de estudiantes y exestudiantes que se reúnen para promover la defensa de los derechos humanos, ambientales, de los animales, entre otros.
¿Qué tipo de activista era Nadia? Tal vez el ejemplo que mejor lo describe lo dio a conocer su amiga Paulina Díaz en una entrevista para CNN. La joven dijo que Nadia se interesó originalmente por el movimiento zapatista en Chiapas, pero luego se desilusionó porque el subcomandante Marcos llevaba un exclusivo reloj Rolex y “manipulaba a los indígenas”
En 2012, Nadia Vera junto con otros activistas tuvieron un altercado con fuerzas de seguridad pública en Xalapa durante una manifestación. A partir de ahí, como publicóAnimal Político, la joven reportó intimidaciones e incluso una intrusión en su casa. Por miedo a sufrir algo peor, se trasladó en 2014 a la Ciudad de México.
Pese a ese temor y el autoexilio, Nadia no dejó de trabajar. En los últimos meses colaboró en la Muestra Internacional de Cine y Video Independiente y coordinaba el Festival Internacional de Artes Escénicas Cuatro x Cuatro.
“También estaba promoviendo unos grupos de danza (…) así era ella, no estaba quieta (…) era trabajos eventuales pero se sentía libre”, dijo Laura, con voz entre cortada al mirar una foto de Nadia.
Mile, la modelo
La procuraduría capitalina la ha nombrado como “la colombiana”, pero su nombre es Mile Virginia Martín, tenía 29 años y vivía en Bogotá, Colombia, antes de llegar al Distrito Federal para buscar suerte como modelo.
Su familia tiene miedo y está desconcertada por lo sucedido. En las conversaciones telefónicas que habían tenido con ella, nunca les comentó que estuviera en peligro o que se sintiera en riesgo en México.
La última vez que Mile había visitado a su familia en Bogotá fue en 2013, pero preparaba su viaje de regreso para quedarse definitivamente en Colombia en los próximos meses.
La familia sólo ha dado una entrevista a Caracol Televisión, pero bajo anonimato. Hasta el momento han negado cualquier otro encuentro con medios de comunicación por temor a su integridad después de la manera en que la joven fue asesinada.
Tras la noticia del multihomicidio, dos hermanos de Mile acudieron al Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá para pedir ayuda porque sospechaban que la víctima era su hermana.
El 6 de agosto de 2015 la Dirección de Investigación Criminal confirmó que las huellas dactilares remitidas para cotejo, por el Consulado de Colombia en Ciudad de México, correspondían a las de Mile Virginia Martin.
Su familia espera la repatriación de sus restos para sepultarla junto a su madre, quien falleció hace cuatro años.
Rubén, el fotoperiodista
La madrugada del 14 de septiembre de 2013 marcó la vida de Rubén Espinosa. Esa noche,maestros y estudiantes que mantenían un plantón en la plaza Lerdo de Xalapa, en Veracruz, fueron desalojados por policías de la Secretaría de Seguridad Pública veracruzana para que el gobernador de la entidad, Javier Duarte, pudiera dar el Grito de la Independencia con el centro histórico ‘limpio’ de manifestantes que protestaban por la reforma educativa de Peña Nieto.
“En ese desalojo del 14 de septiembre, Rubén tomó fotos que nadie tenía”, enfatiza en entrevista con Animal Político una editora de AVC, quien pide que se guarde su nombre en el anonimato por decisión de la empresa editorial de mantener un “perfil bajo” estos días.
“A pesar de que en el boletín del Gobierno se aseguraba que el desalojo se había producido por la presencia de otro grupo violento, nosotros publicamos las fotos que tomó Rubén de los policías agrediendo a los manifestantes incluso con toques eléctricos. Creo que eso fue lo que puso a Rubén en la mira; tener esas fotografías, y hacer la denuncia que tenía que hacer de los abusos que se produjeron por parte de las autoridades”, agrega la periodista, quien destaca a Rubén “como una pieza clave en la agencia” por su compromiso con su profesión y con la sociedad.
Tras aquel suceso, Rubén continuó defendiendo ese compromiso que mantuvo hasta el final. Interpuso una denuncia junto con otros compañeros por esos hechos del 14 de septiembre de 2013; hizo público que el gobierno de Javier Duarte lo buscó para ofrecerle dinero a cambio de que retirara la demanda; denunció hostigamiento de las autoridades que lo vetaban de los eventos oficiales; siguió tomando fotos que molestaban al gobierno –como una imagen de Javier Duarte que fue portada en la revista Proceso del pasado 16 de febrero de 2014, en la que se ve al mandatario con una gorra de policía y de perfil-; y participó en protestas para denunciar la situación del periodismo en Veracruz, entidad en la que van 18 periodistas asesinados desde el año 2000, 13 de ellos desde que el priista es gobernador
Foto:Yesenia (izq) , Nadia y Ruben
Envío:resumenLatinoamericano
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