TROPEL.

Los precios ponen nervioso al Gobierno
19.02.2016 
Los precios ponen nervioso al Gobierno Por Pablo Galand La creciente suba de precios registrada en los últimos dos meses tomó tal magnitud que dejó de ser un problema que atañe a las áreas económicas del Gobierno para transformarse en el principal escollo político que hoy atraviesa el presidente Mauricio Macri.

Los registros de consultoras privadas y de los organismos de estadísticas provinciales marcan que la inflación lejos está de describir “la pequeña joroba de dos meses” que presagió el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, tras la salida del cepo cambiario. Enero marcó una inflación que ronda entre el 3,5 y el 4,1% (según quién la mida), y los aumentos de las tarifas en la luz, sumados a que históricamente marzo es “un mes caliente”, llevan a que de manera casi inevitable la inflación del primer trimestre del año arañe los dos dígitos.

En ese marco, el Gobierno muestra un camino errático y hasta contradictorio. Mientras que por un lado aplica herramientas ortodoxas como “aspirar” pesos a través del Banco Central, a su vez reimpulsa los controles de precios con la creación de la Comisión de Defensa de la Competencia.

Esta última, una estrategia que lo emparenta con el anterior gobierno pero que al tratarse de una medida que va contra el ADN del macrismo, le quita credibilidad y consecuentemente pone en duda su eficacia.

La decisión de despedir a Graciela Bevacqua de la Dirección Técnica del Indec también constituye un paso en falso y ubica al Gobierno más cerca de las prácticas del denostado Guillermo Moreno que de las promesas de recuperar la transparencia en el organismo. Para completar el cuadro, un sector de la oposición –con Sergio Massa a la cabeza– reflotó el IPC-Congreso.

Una iniciativa ideada por la entonces diputada Patricia Bullrich para confrontar con los números del Indec en tiempos kirchneristas y que hoy la oposición retoma ante el “apagón estadístico” anunciado por el Gobierno.

La idea originaria de Mauricio Macri de dividir en siete áreas el gabinete económico y así no tener que lidiar con un superministro de Economía, comienza a traerle efectos no deseados a la administración del Pro.

La falta de una conducción única e indiscutida a la hora de tomar decisiones en materia económica genera recelos y cuestionamientos acerca de si se está llevando una política adecuada para bajar la inflación.

Algunos de los integrantes de ese gabinete no comparten la aplicación gradualista con la que –entienden– Prat-Gay pretende llevar adelante el ajuste.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, es de los que creen en una política de shock como método más eficaz para ajustar la economía. Fue lo que hizo con las tarifas de electricidad y lo que pretende también con el gas, aunque por ahora la decisión quedó postergada, en un contexto en el que el anuncio de una fenomenal suba como la que se dio en la electricidad echaría más leña al fuego.

El ex CEO de Shell no está solo en sus planteos. La presión sobre Prat-Gay La espada de Damocles de Prat-Gay se encuentra geográficamente muy cercana. Apenas a cien metros, desde el Banco Nación, su titular Carlos Melconian es el abanderado de aplicar el ajuste ortodoxo y el más convencido de que el camino gradualista del ministro de Hacienda es un híbrido que no resolverá el problema inflacionario.

Frente a aquellos dispuestos a escuchar sus pronósticos, Melconian les asegura que ni por asomo se puede llegar a una inflación inferior al 30% si no se lleva adelante un recorte fiscal mucho más fuerte que el aplicado hasta ahora.

El temor a una mayor conflictividad social que erosione la gobernabilidad que el Pro busca construir es el principal freno para que las ideas de Melconian por ahora no crucen la Plaza de Mayo.

Uno de los principales aliados con los que dentro del Gabinete cuenta Prat-Gay es Rogelio Frigerio. Fue el ministro de Interior quien activó el despido de Bevacqua y que decidió que su reemplazante fuera Fernando Cerro, hombre de su confianza.

Curiosamente, Cerro fue director de Cuentas Nacionales del Indec durante parte del período en que el organismo estuvo bajo la tutela de Moreno. Con todo, la salida desprolija de Bevacqua puede traerle más de un dolor de cabeza al Gobierno.

Con ella fuera del organismo, la pretendida reconstrucción de la credibilidad del Indec puede entrar en un manto de dudas. De hecho, al día siguiente de su despido aseguró que “si se hace de cero, un índice en dos meses no es creíble”.

Lo cierto es que la idea original de Bevacqua, de esperar hasta septiembre para contar con nuevos índices estadísticos, políticamente se hacía cada vez más difícil de sostener. Con la inflación en alza y sin índices confiables de referencia, las negociaciones paritarias prometían empantanarse, justamente cuando el Gobierno pretende que los salarios sean una de las anclas para bajar la inflación.

De hecho, la idea inicial de encorsetar las subas salariales entre un 20 y un 25% comienza a ser abandonada por el propio Gobierno. La oferta de un 32% a los docentes es una muestra al respecto.

Un reciente informe del CIFRA, el centro de investigación de la CTA de Hugo Yasky, revela que como consecuencia de la inflación generada entre noviembre y enero, los salarios reales de los trabajadores registrados cayeron un 10%.

El estudio revela que para recuperar el poder adquisitivo del año pasado, los gremios deberán demandar un piso de 35% de aumento en las próximas paritarias. Lo que viene Ya sea por herencia –como sostiene el Gobierno– o por propia impericia, la espiral inflacionaria no solo no cede sino que tiende a acelerarse.

Las expectativas de que la inflación de 2016 sea inferior a la del año pasado son cada vez menores. “El motivo principal de la disparada de precios tiene que ver con la devaluación, que en lo que tiene que ver con ordenar y unificar el mercado de cambio era necesario”, sostiene Rodrigo Álvarez, director de la consultora Analytica.

“Creo que de todas formas el Gobierno podría haber hecho algún tipo de seguimiento mayor con las empresas para tratar de que acompañen este proceso y que no haya un traslado a precios tan directo”, completa. Horacio Rovelli, ex director de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía, está convencido de que los mayores índices de inflación del año aún están por llegar y que el registro anual no va a ser menor al 40%.

Cuando llegue el aumento de la tarifa de luz y gas, se va a producir el pico más alto de la inflación. Para los comerciantes e industriales, si los insumos energéticos les suben un 500% no tienen otra que cubrir esos costos con suba de precios.

Por lo tanto, mayo, junio y julio van a ser los meses más altos de inflación y a partir de ahí se va a caer pero por caída de la actividad y recesión”, pronostica. Ramiro Castiñeira, economista jefe de la consultora Econométrica, plantea un horizonte un poco más venturoso.

“Estamos en medio de un proceso en el que se sale de una economía totalmente intervenida y pasamos a una de mercado.

Es muy posible que atravesemos un plazo de por los menos seis meses donde no empuja ni un modelo ni el otro y en el que se deteriore el nivel de actividad. Posiblemente, hacia fin de año o comienzo del año que viene se comenzará a ver los brotes del nuevo modelo”, sostiene.

Los tres economistas coinciden en que la caída de la inflación está atada a la posibilidad de acceso al crédito externo que tenga el Gobierno, una vez alcanzado un acuerdo con los fondos buitre.

“Para bajar la inflación, el objetivo del Gobierno es que el financiamiento del gasto público deje de hacerse a través de emisión monetaria y se realice por instrumentos tradicionales como emisión de deuda.

Por eso es clave cerrar el conflicto con los fondos buitre”, señala Álvarez. Pero las diferencias comienzan acerca de los efectos que puede generar un nuevo ciclo de endeudamiento. “Los gobiernos conservadores siempre se endeudan para que hagan negocio los grandes sectores financieros.

Endeudarse para financiar el déficit fiscal sirve en un principio para anestesiar los costos sociales que genera el ajuste, pero después la deuda la pagamos todos los argentinos. Es lo que sucedió durante la última dictadura militar y durante la Convertibilidad y es hacia donde nos lleva este gobierno”, asegura Rovelli. Castiñeira, en cambio, cree que es aventurado hacer un pronóstico tan lapidario.

“El nuevo gobierno necesita deuda para cubrir el gasto corriente porque le dejaron un déficit fiscal monumental. El objetivo es reducir el déficit fiscal, no hay que prejuzgar”. Posiblemente, los próximos meses determinará quién de los dos acertó. Mientras tanto, cada vez cuesta más llenar el changuito del supermercado.

Opinión 
Riesgos globales, desvelos locales 
Por Jorge Vasconcelos Vicepresidente del IERAL-Fund. Mediterránea 
En el mundo predominan hoy las fuerzas deflacionarias. La Argentina, en cambio, forma parte de un puñado de países donde todavía las preocupaciones por las subas de precios ocupan un lugar destacado en la agenda, en nuestro caso por la inflación reprimida de años anteriores, derivada del atraso de tarifas y tipo de cambio que ahora se expresa en “inflación correctiva” y también por el financiamiento con emisión monetaria de parte del enorme déficit fiscal que se arrastra.

Es debido a esta herencia y al hecho de que aún no está cerrado el tema de los “fondos buitre” que el nuevo gobierno está imposibilitado de hacer “política anticíclica” frente al temor de una nueva recesión global. No sólo eso, si las expectativas de inflación no se acomodan rápidamente a un andarivel inferior al 30% anual, habrá un choque entre la política monetaria y la marcha de la economía real, con el resultado de un segundo trimestre aún más negativo que el primero en términos de nivel de actividad.

Aun cuando las cosas se encaminen desde mediados de año, el panorama global obliga a desplazar el centro de gravedad de los instrumentos de política a favor de reformas profundas de la organización de la economía, con eje en la competitividad.

Es allí donde hay terreno por recuperar, ya que si las exportaciones del país volvieran a la participación en el mundo que alcanzaron en 2011, habría un plus de 28 mil millones de dólares, y si la Inversión Extranjera Directa destinada al país retoma la proporción habitual dentro de América latina, el salto sería de 6 mil millones de dólares por encima del flujo de los últimos años.

Por supuesto, se trata de objetivos que requieren tiempo y políticas de Estado.

Un horizonte del 30 por ciento anual 
Por Consultora Elypsis 
La inflación semanal de las últimas dos semanas se mostró a la baja: 0,5% y 0,4%.

Nuestro relevamiento de precios online (IPCe) indica que los precios correspondientes a la semana del 8 al 14 de febrero registraron un aumento de 0,5% mientras que aquellos correspondientes a la semana del 1 al 7 subieron 0,4%.

Los últimos registros semanales (que no incluyen aún el ajuste de tarifas eléctricas) ubican la inflación cuatro semanas en 1,8%, equivalente a 2% mensual y la interanual en 29%. Revisamos nuestra medición preliminar de enero 2016 a 3,4% (antes 3%) para la ciudad de Buenos Aires y a 3,4% (antes 2,8%) para la medición nacional.

La actualización refleja dos factores: imputamos en la primera semana del mes de enero la suba de 6% en combustibles (una revisión habitual, dado que la Secretaría de Energía de la Nación reporta el dato con un mes de rezago) y excluimos del índice el rubro adquisición de vehículos y pusimos en revisión nuestra fuente de información, que no reflejó la fuerte suba en automóviles en los últimos dos meses, cercana al 20%.

La inflación de la ciudad de Buenos Aires fue de 4,1% en enero, superior al 3,9% del mes anterior. La diferencia con nuestra medición de 3,4% para el mes refleja la incidencia de la fuerte suba en restaurantes (8% m/m), rubro que nuestro índice aún no captura, y que reflejó de manera diferida la fuerte suba de alimentos de diciembre 2015.

En virtud de la nueva información, ajustamos a 32% nuestra proyección de inflación a fin del año del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, creemos que la discontinuada medición nacional, por una menor incidencia de tarifas, se ubicaría en alrededor del 30%. (Relevamiento de precios del 1 al 14 de febrero de la Consultora Elypsis, de Eduardo Levy Yeyati y Luciano Cohan).
Fuente:Veintitres



Indec: Bevacqua denunciará a Todesca por "amenazas, acoso moral, agravios e injurias"
Sábado 20 de Febrero 

La ex directora técnica del organismo anunció que irá a la Justicia a raíz de su abrupta salida.

"El objetivo es terminar con los agravios", dijo su abogada.
Indec: Bevacqua denunciará a Todesca por "amenazas, acoso moral, agravios e injurias"

La ex directora técnica del INDEC, Graciela Bevacqua, anunció hoy que denunciará al titular del organismo, Jorge Todesca, por "amenazas, acoso moral y agravios". Así lo detalló la abogada de Bevacqua, Marta Nercellas, a los medios:

"Existen dos delitos muy claros que cometió, y fueron las amenazas, el acoso moral y los agravios que sufrió Graciela antes de su desplazamiento, y también las injurias posteriores tanto a nivel público como en privado con los comentarios vertidos a los directores del Indec".

En ese sentido, la representante legal de Bevacqua detalló que el objetivo de la denuncia "es cesar con los agravios. Dijeron que era una inútil, que no sabía hacer nada, que decidía unilateralmente y hasta que tenía un problema psiquiátrico. Esto tiene que parar.

Ya está cansada de que la agravien". Por su parte, la ex directora técnica se mostró muy dolida por su apartamiento:

"No caigo. Hay contradicciones. No aceptaron tiempos que eran necesarios. Desde mi inexperiencia política esperaba que se revirtiera, pero no lo sé. Cuesta mucho desde lo emocional. Creí que la pesadilla había terminado con Moreno y estaba muy entusiasmada con esta vuelta".

"Durante los dos meses que trabajamos juntos con Todesca hicimos un buen equipo. Se necesitaban entre seis y ocho meses para tener resultados.

Pero ellos no lo aceptaron. Querían hacer algo en menos de la mitad de los tiempos que recomiendan los organismos internacionales y ahí empezó la crisis", explicó Bevacqua. En cuanto a la medida lega, su abogada afirmó que tiene "infinidad de pruebas y documentación" que sostienen la denuncia.
Fuente:InfoNews

PANORAMA POLITICO

Tolerancia cero
Por Luis Bruschtein

“Como ustedes son intolerantes, tienen que hablar de la tolerancia. Como ustedes representan a las grandes empresas, tienen que hablar contra la pobreza. Como ustedes quieren controlar a la Justicia, tienen que resaltar la independencia de poderes”. Parecen frases sacadas de algún manual de estilo de Durán Barba, pero basta con observar las idas y vueltas de estos dos meses de gobierno macrista: despidos por causas ideológicas, techo a las paritarias, protocolos represivos y jueces subordinados a los caprichos de un gobernador que previamente toma por asalto la Suprema Corte de su provincia, en Jujuy. Se podría agregar otra falsedad, como la prometida eliminación del Impuesto a las Ganancias que terminó en un anuncio que sólo favorece a un pequeño sector de los asalariados. Pero como se quiere introducir esta engañapichanga en la discusión paritaria, todo terminaría en que la reducción del impuesto sólo favorecería al sector empresario porque lo demás se lo traga la inflación.

La televisión pública ha comenzado a difundir una serie de cortos sobre la idea del diálogo y la tolerancia. Es el tono que el gobierno macrista le quiere imponer a su comunicación. Tolerar es algo así como permitir o soportar a otro diferente, da la idea de una línea jerárquica entre uno y el otro: permite al otro porque uno es bueno. Tolerancia es mejor que la intolerancia de las dictaduras, pero está muy por detrás de la idea democrática de la diversidad. Desde la oposición al kirchnerismo, la idea de tolerancia fue un caballito de batalla de la derecha que ahora gobierna el país. Sin embargo, en la ciudad, el macrismo había dado muestras de intolerancia en actos de represión, como los que se produjeron en el Borda o en la sala Alberdi del San Martín. Pero esencialmente la actitud intolerante se ponía de manifiesto en el método de gobierno. Como jefe de Gobierno de la CABA,

Mauricio Macri vetó 130 leyes que habían sido aprobadas por la Legislatura. La cantidad de vetos de Macri fue igual a los de sus cuatro antecesores sumados. El veto es una herramienta legal, pero con carácter de excepción porque implica que el Ejecutivo recorta atributos al Legislativo, que es donde está representada la diversidad política. Frente a una expresión de la diversidad, el abuso del veto macrista demostraba su esencia intolerante.

En los videos en la televisión pública habla de tolerancia y hasta aparece un médico con un cerebro de plástico que explica dónde radica físicamente esa modalidad social. Esta semana, mientras el médico señalaba con un puntero las circunvalaciones cerebrales de la tolerancia, el ministro de Energía, Juan José Aranguren frenaba las preguntas molestas sobre los cortes de electricidad: “Es lo que hay”. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hablaba de la represión a los piquetes: “Si no se van en cinco o diez minutos, los vamos a sacar” o “vamos a entrar en la cultura del orden”. Y el presidente Mauricio Macri anulaba el compromiso de un 40 por ciento de aumento salarial que habían cerrado los sindicatos docentes con su ministro de Educación, Esteban Bullrich: “Desde la nación hay un límite del 25 por ciento para las paritarias”.

Un programa económico traumático sin crisis de por medio es esencialmente intolerante, refleja la intolerancia de la ideología que lo sustenta. A pesar de que traten de justificar las medidas en una situación de crisis dramática que no existía, las medidas responden a una visión ideológica. En el peor de los casos, la economía que recibió el gobierno macrista presentaba áreas para reformular, las cifras macro planteaban un escenario problemático pero no dramático. Por el contrario, las medidas que se tomaron fueron drásticas y todas recaen sobre los sectores de menos recursos. Tienen un sustento ideológico. Cuando la ideología exige sacrificios que pueden ser evitables si se tomaran otras medidas, esa ideología está expresando su autoritarismo de fondo y el discurso de la tolerancia se convierte en una cortina de humo. Y en todos los casos, los sacrificios siempre se les exigen a los mismos. La devaluación, la inflación, los despidos masivos, el retiro de los subsidios, la quita de las retenciones, el techo a las paritarias no afectan a los grandes empresarios, sino a los trabajadores. Por el contrario, los que se favorecen por esas medidas son los grandes empresarios. Al afectar a los trabajadores, manuales e intelectuales, de oficio o profesionales, en negro o blanqueados, urbanos o campesinos, muchos de los pequeños y medianos empresarios de la industria y el comercio que dependen del mercado interno, van a quedar también en el camino.

Los actos de brutalidad represiva que se vieron en apenas dos meses de gobierno con los trabajadores de Cresta Roja o con los chicos murgueros del Bajo Flores o la arbitrariedad vengativa del gobernador jujeño Gerardo Morales contra Milagro Sala son apenas una consecuencia de la intolerancia básica que sustenta la política económica. Es probable que una parte del electorado macrista, del PRO o del radicalismo, se sienta representado por esas acciones represivas e inclusive por la persecución a una dirigente social como Milagro Sala. Es probable que muchos de ellos se hayan enfurecido alguna vez por el corte de una ruta que les dificultó llegar al trabajo o a su casa. Pero sería importante tomar conciencia que esas políticas policiales o judiciales represivas, tarde o temprano siempre están asociadas a políticas económicas que afectan la capacidad adquisitiva del salario. La persecución a Milagro Sala es una forma de amedrentar ante cualquier tipo de protesta social futura. Y si están previendo protestas es porque saben que sus políticas van a impactar en la economía del asalariado. El asalariado macrista obrero o profesional que ve con simpatía estas medidas de represión a la protesta social tendrá que sacar cuentas y ver qué le conviene más: que le corten la ruta un día o que le recorten el salario para siempre.

El escenario junta presión con un 40 por ciento de inflación y con el gobierno que pone un techo del 25 por ciento ante la inminencia de las paritarias. Se habla de un arreglo para dejarlas abiertas a una nueva negociación dentro de seis meses. Al romper el acuerdo con los docentes, el Gobierno muestra las uñas. Es cierto que los maestros no tienen votos negociables en el Senado, como los gobernadores, pero también es cierto que esa paritaria es un punto de referencia porque es una de las primeras. Macri había prometido además en la campaña electoral que sacaría el Impuesto a las Ganancias, pero el anuncio del jueves desilusionó a los que le creyeron. Para la mayoría apenas fue un retoque. Forzando los números se lo quiere presentar insólitamente como una mejora del 22 por ciento de los salarios e introducir este número en la discusión paritaria. Desde su punto de vista ideológico el Gobierno necesita bajar el salario en dólares y en capacidad adquisitiva para darle competitividad a la economía y enfriarla al mismo tiempo. Esta vez no le interesa mantener el consumo, sino bajarlo.

La devaluación se fue a los precios, la quita de retenciones se fue a los precios, el tarifazo se irá a los precios. Aumentan los precios y el Gobierno le pone un techo a los salarios. El apuro por el protocolo de seguridad tiene ese trasfondo. Mucha presión y garrote.
El tero pone el huevo en un lado y para desorientar pega el grito en otro lugar alejado. Este gobierno tiene algo de tero. Hace un discurso barroco sobre la tolerancia que se va a exhibir por la televisión pública y por el Canal Encuentro como emblema de los cambios de contenidos que impulsa el gobierno de Macri, pero el huevo lo pone en el lado opuesto. Las medidas no son tolerantes y los funcionarios tampoco. Como dijo Aranguren, para que no queden dudas: “Es lo que hay” y si hace falta hay que agregarle lo de Patricia Bullrich; “si no se van en cinco o diez minutos, los vamos sacar” y Macri lo remató: para el gobierno nacional, “la paritaria tiene un techo del 25 por ciento”. O sea: tolerancia cero con los reclamos y nada de pobreza cero en las medidas.
Fuente:Pagina12

19.02.2016
Protesta social 
El duro cruce entre la ministra Bullrich y el Cels

Luego de que la ministra dijera que "el Cels no sabe leer", desde el centro de estudios salieron a responderle mediante un comunicado. Lee cual fue la respuesta. Luego de que el Ministerio de Seguridad aprobara el protocolo en seguridad para avanzar sobre las manifestaciones que se realicen en espacios públicos. El Centro de Estudios Legales y Sociales repudió la medida y calificó los riesgos que puede traer esto, sumado a que se criminaliza la protesta social, la cual es un derecho de los ciudadanos.

La ministra Bullrich apuntó fuertemente contra el organismo y dijo que "el CELS no sabe leer. Lee lo que le conviene y tiene una actitud beligerante y de obstrucción. (…) Desde que nosotros somos gobierno, ellos y los que pertenecen al gobierno anterior lo único que hacen es hacer cada día más cortes de rutas, más piquetes.”

Con un comunicado, el CELS le respondió a la ministra: 
En declaraciones periodísticas la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se refirió a nuestras críticas al protocolo con el que las fuerzas de seguridad responderán a las manifestaciones. Dijo: "El CELS no sabe leer. Lee lo que le conviene y tiene una actitud beligerante y de obstrucción. (…) Desde que nosotros somos gobierno, ellos y los que pertenecen al gobierno anterior lo único que hacen es hacer cada día más cortes de rutas, más piquetes.” Además, Bullrich volvió a enviar un mensaje de tolerancia hacia la represión a la murga en el Bajo Flores.

En la puesta en vigencia del “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas” están en juego aspectos esenciales de la democracia y su aplicación afecta los derechos a la vida, a la integridad, de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión. Por lo tanto, nos proponemos darle continuidad a este debate iniciado, precisamente, porque hemos leído el Protocolo y porque, a partir del trabajo que llevamos adelante, podemos dar cuenta de las consecuencias que tendrá.

El gobierno nacional considera que las protestas sociales deben ser abordadas como un problema de seguridad y, por lo tanto, la primera respuesta del Estado a los reclamos en la calle la darán las fuerzas de seguridad. En nuestro país, el corte de calles y la ocupación de espacios públicos tienen una larga tradición como método de lucha social. Lamentablemente, también tenemos una larga historia de represiones a protestas sociales en las que las fuerzas de seguridad asesinaron a muchos manifestantes o los hirieron gravemente. Esa historia explica que distintas medidas tomadas entre 2002 y 2011 prohibieran que los efectivos portaran armas de fuego y establecieran que las balas de goma no pueden ser disparadas al cuerpo de las personas para que desalojen un espacio. 

El nuevo protocolo no prohíbe la portación de armas de fuego de los policías que pudieran entrar en contacto con manifestantes. Bullrich pretendió aclarar esta omisión diciendo que los efectivos de seguridad que se encuentren en la primera línea de la represión utilizarán “armas no letales”. Sin embargo, no hay ni en el texto de la resolución ni en las declaraciones de la ministra ninguna referencia a con qué criterios se utilizarán estas armas ni qué controles habrá. Se trata de un cambio de política alarmante ya que las llamadas “armas no letales”, entre ellas las balas de goma, producen heridas graves y pueden matar, como ocurrió en el caso del maestro Carlos Fuentealba en 2007.

Hemos visto las consecuencias de que las fuerzas de seguridad prioricen el desalojo del espacio público por encima de la vida y la integridad física: en diciembre de 2001, más de 35 personas fueron asesinadas en todo el país, en 2010 dos personas fueron asesinadas en el Parque Indoamericano, en 2013 decenas de personas fueron heridas en el desalojo del Borda y de la sala Alberdi. En todas estas ocasiones el registro fotográfico y audiovisual fue fundamental para denunciar e investigar los hechos y las responsabilidades de los funcionarios. El nuevo protocolo también restringe esta posibilidad al limitar la tarea de los trabajadores de prensa en la cobertura de las protestas.

Como señala Bullrich, hemos participado en la elaboración de los criterios de actuación en manifestaciones públicas volcados en la resolución 210/2011. Ese protocolo es muy distinto a éste, ya que prohíbe el uso de armas de fuego y de municiones letales y restringe el uso de balas de goma. En los últimos años, estos criterios no siempre se aplicaron y en todos estos casos hemos criticado los operativos violentos. Lo mismo hemos hecho con los proyectos de ley de distintas fuerzas políticas que se proponían establecer restricciones al ejercicio del derecho a la protesta y que no establecían controles adecuados.

El Protocolo refleja un cambio de enfoque que prioriza la represión de las protestas sociales sin tomar ningún resguardo respecto a la integridad física de las personas, criticando incluso que el gobierno anterior sancionara a los efectivos que cometían abusos durante los operativos.

Este cambio de enfoque también puede verse en las declaraciones de la ministra sobre la represión por parte de la Gendarmería a la murga en el Bajo Flores: un mes después de que efectivos de esa fuerza dispararon y lastimaron a niños que participaban de una murga, la ministra responsable de la conducción de esa fuerza todavía no condenó a ese accionar. No solo eso, a la pregunta del periodista “¿Las fuerzas de seguridad están entrenadas para resolver marchas sin exceso de violencia, como pasó en la Villa 1-11-14?”, la ministra respondió “Vamos a ver”.

Como bien ha dicho la ministra, estamos frente a un cambio de paradigma. La protesta social y las manifestaciones públicas son parte de la vida democrática, son el megáfono de las demandas sociales. En nuestro país han sido inseparables de transformaciones sociales que ampliaron derechos. Frente a estas demandas, los gobiernos pueden priorizar la resolución política de los conflictos a través de mecanismos no represivos o pueden hacer prevalecer el orden público y la represión. Pueden dar el mensaje de que van a controlar la actuación policial o el de que van a dejar que actúen con sus propios criterios. Este es un debate político de fondo en el que están en juego derechos fundamentales. No se trata de obstrucciones caprichosas, ni de cuestiones retóricas. Se trata del compromiso con la defensa de los derechos humanos y la vigencia de los principios democráticos.
Fuente:PoliticaArgentina


El ataque sufrido por el militante barrial “IKI” deriva en la conformación de una Comisión Investigadora sobre la violencia en el territorio 
‪#‎JUSTICIAPORIKI‬ 
PRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA 
EN EL TERRITORIO.
Lunes 22 de Febrero

IVC, Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Carlos Pellegrini 211. 

PARTICIPAN:
Alejandro Bercovich, Leonardo Grosso, Rafael Klejzer, Jose Schulman, Horacio González, Mario Santucho, Juan Grabois, Miguel Funes,Marcelo Parrilli, Victoria Donda, Pastor Pentecostal Diego Mendieta, Padre Paco “Francisco Olveira Fuster” cura de Opción por los Pobres, Lito Borello, Jorge Rivas, La Garganta Poderosa, Confluencia La dignidad-Katari-OPSA, Madres de Plaza de Mayo – Linea Fundadora, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Patria Grande, Movimiento de Trabajadores Excluidos, Izquierda Latinoamericana, Organización Política y Social Los Pibes, Movimiento Evita, La Cámpora Matanza, Frente Popular Dario Santillán – CN, Comisión Política de la Iglesia Dimensión de Fe, Parroquia Ntra Sra de Fátima Isla Maciel

Compartimos el Documento de Convocatoria y aclaramos que la convocatoria y participación de la Comisión continua abierta. 
Comisión Investigadora de la Violencia en los Territorios El arribo al gobierno de la derecha empresarial en Argentina supone un severo desafío para las organizaciones populares, y para el todas las experiencias comprometidas con la democratización social. Rápidamente ha comenzado la desarticulación del sistema de mediaciones y garantías institucionales heredados de las gestiones anteriores, que proveían un cobijo precario (pero cobijo al fin) a la multiplicidad de agrupamientos que constituyen el campo popular. En paralelo, las dinámicas de acumulación rentística que penetran los territorios e imponen nuevas cotas de violencia social, desarticulando los lazos comunitarios y la vida pública, van a profundizar su despliegue. En este contexto la represión y la coacción ya están incrementándose, pero opera según nuevas modalidades, tanto estatales como paraestatales.

La Comisión Investigadora de la Violencia en los Territorios se propone desentrañar las tramas y los actores que se articulan en función de estos negocios, incluyendo la participación y la complicidad policial, judicial y del poder ejecutivo, para contribuir con información valiosa a las causas judiciales que se libren. Al mismo tiempo, nos interesa promover la denuncia y el debate público. En este sentido, la Comisión Investigadora se constituye como un órgano colectivo, amplio y heterogéneo, con la clara intención de afirmar una perspectiva radicalmente democrática de la justicia social y los derechos humanos. El caso concreto que motiva su creación es el intento de asesinato de Darío Julián, militante del Movimiento Popular la Dignidad. Pero su aspiración es involucrarse en todos aquellos casos que podamos asumir, de acuerdo a la potencia que alcancemos. Para tal fin, la Comisión Investigadora invita a organismos de DDHH, organizaciones populares, colectivos de investigación, medios de comunicación, instituciones y personas interesadas en general, a brindar su aporte.

EL CASO 
Sucedió el viernes 12 de febrero, a las nueve de la noche, mientras se desarrollaba una asamblea vecinal en la plaza del barrio. Un aspirante a sicario irrumpió a los gritos y dirigiéndose a Iki y a su compañera Ivana, les espetó: “dejense de joder con la Sociedad de Fomento y el tema de las tierras”. Acto seguido disparó en el pecho de Iki a una distancia de treinta metros. Tiró a matar.

Iki es Darío Julián, nacido y criado en Villa Celina, Municipio La Matanza. El playón donde tuvo lugar el intento de asesinato es uno de los sitios más concurridos del barrio Vicente López y Planes. Queda sobre la calle Avelino Díaz, a pocas cuadras de la General Paz y Avenida Roca, muy cerca del Autódromo Oscar Alfredo Gálvez.

La crónica no se agota en el hecho policial. No fue un hecho de inseguridad. Se trata de una muestra (una más) de los grados de violencia que está adoptando la ocupación territorial del conurbano por parte de un entramado de negocios con articulaciones políticas y complicidad institucional.

MOTIVACIONES
La víctima del embate es miembro del Movimiento Popular La Dignidad. La asamblea donde recibió el balazo fue convocada para compartir asuntos relacionados con el Jardín de Infantes que el Movimiento va a inaugurar en el mes de Marzo. El motivo del ataque es un conflicto que se remonta por lo menos al 2010, en torno a un predio de 18 hectáreas que linda con el barrio y aún no ha sido urbanizado.

Allí tiene su sede la Sociedad de Fomento “Barrio Parque Modelo Presidente Vicente López y Planes”, histórica institución vecinal que desde 2012 está en manos de una banda punteril y mafiosa. Ellos son los responsables del intento de homicidio. Desde el MP La Dignidad señalan a Marcelo Rostán (vicepresidente), Pedro Carlos Alberto Villarreal (Secretario General) y Georgina Laurenziello. También al Secretario de Actas Eduardo Daniel Ysnardes, quien habría traído a “Jony” para ocuparse de la seguridad. Jony, autor material del disparo, se radicó hace dos meses en Villa Celina, procedente de La Tablada.

El primer desafío de la investigación que nos proponemos consiste en desarticular este siniestro entramado de poder local y dejar a la luz la connivencia estatal y las responsabilidades políticas que garantizan estos negociados. Para ello es preciso comprender las articulaciones con que cuenta.

GEOPOLÍTICA 
En el origen está la pretención urbanizadora de las dictaduras que supimos conseguir durante el siglo XX. En 1956, con la Revolución Libertadora en el poder, se creó la Comisión Nacional de Vivienda (CNV), responsable del primer censo de villas miseria en la Capital y el Gran Buenos Aires. En conjunto con el Banco Hipotecario se construyeron varios repartos de casitas de bajo costo, para relocalizar a los habitantes de las villas. “Plan de Acción Inmediata” fue el nombre bélico de aquel primer proyecto para la “erradicación” de villas. Como parte de esta impronta se inaugura a fines de los sesenta, durante el mandaro de Lanusse, el barrio Vicento López y Planes. El Pte. Sarmiento, barrio contiguo, tiene idéntica génesis. Luego se construyeron otros asentamientos en Villa Celina: Las Achiras, 17 de Noviembre, San Vicente, etc. Diferentes Cooperativas de Vivienda tomaron a su cargo estos más recientes impulsos habilitacionales. El predio de 18 hectáreas ubicado entre las calles Ramón Carrillo, Alfonsina Storni, Avelino Díaz y General Paz es el último terreno disponible en la zona. Sobre Carrillo, linda con FEMSA (empresa embotelladora trasnacional, a cargo de los productos de Coca-Cola y accionista importante de Heineken), que a su vez limita con el Riachuelo, a la altura de La Salada. Un lugar estratégico para el negocio inmobiliario. En algún momento, la posesión del predio pasó de manos del Banco Hipotecario al Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE). Y luego fue cedido al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC).

EL OVILLO 
En el IVC macrista hay que ubicar el origen de este ovillo. Desde allí sale en el año 2010 el impulso urbanizador, durante la gestión como presidente de Omar Abud, y de Daniel Garbelini como gerente general. Luego, sus sucesores Emilio Basavilbaso (Licenciado en Economía Empresarial por la Di Tella) e Ivan Kerr (Master en Derecho Empresarial por la Universidad Austral) ajustaron la iniciativa. El instrumento utilizado por estos gerentes-militantes es la Cooperativa de Vivienda Lozana LTDA, cuyo presidente Rubén Francisco Arias y su socio Francisco Bogado, se aliaron a los actuales directivos de la Sociedad de Fomento antes mencionada, para concretar el emprendimiento. Ellos fueron también los encargados, según versiones que han comenzado a manifestarse, de pre-lotear y vender con anticipación, las viviendas que se construirían en la futura edificación. Muchos de los compradores son propietarios de talleres textiles, principal actividad económica de la zona.

Un dato a tener en cuenta es la pertenencia justicialista de los integrantes de la Comisión Directiva de la Sociedad de Fomento. Lo cual no impide vínculos estrechos con un personaje como Miguel Saredi, surgido de las filas del magmático justicialismo matancero, quien hizo escala en el Frente Renovador, para luego recalar en el PRO como candidato a Intendente perdedor en las últimas elecciones. Recientemente fue nombrado como Director de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), y podría ser uno de los actores protagónicos del emprendimiento comercial en danza.

Los consensos transversales que tanto anhelan pero nunca concretan los partidos y candidatos cuando de políticas públicas se trata, sí se verifican cuando lo que está en juego son los negocios. Allí se cuece el neoliberalismo por abajo, responsable del aumento tangencial de la violencia en los territorios.

EL CONFLICTO 
Durante los últimos cinco años Lozana LTDA avanzó furtivamente en el desmonte y preparación del terreno. La estrategia para no alertar a los vecinos de Vicente López fue dejar la vegetación exterior del predio. La estrategia del caracol invertida.

Al principio, sin embargo, el entonces presidente de la Sociedad de Fomento, de apellido Greco, se opuso. No era la primera vez que se intentaba lucrar con el preciado territorio. Muchos pobladores siguen exigiendo la construcción de un Polideportivo, con áreas verdes y espacios públicos, antiguo proyecto que nunca se ejecutó. Por eso, en el año 2012 los actuales directivos de la Sociedad Fomento desplazaron a Greco, garantizando así la complicidad con el negocio. Desde entonces, la SF vivió un proceso de privatización ostensible, con enrrejado perimetral y realización de eventos privados los fines de semana. Y es vox populi el lugar que ocupa la otrora insitucional vecinal en el flujo de drogas de la zona.

El conflicto sin embargo escaló cuando hace un año el barrio comenzó a inundarse de manera inédita. Darío Julián y sus compañeros de las distintas organizaciones territoriales, detectaron que el problema radicaba en las obras de manipulación del suelo que se llevaban adelante en el predio en disputa. Los canales que históricamente servían de desagote estaban completamente tapados por escombros y pedrucones. La explicitación del diferendo motivó incluso la intervención de la policía en varias oportunidades, siempre tendiente a garantizar el desarrollo de los negocios. Hace apenas unos meses, el propio Comisario amenazó al Darío: “cuando cambie el gobierno te la ponemos, gordo”. Y así fue. 

LA VICTIMA 
La bala, sin pedir permiso, entró por el pecho. Y fue diciéndolo todo sin hablar. Perforó el hígado y el pulmón de Iki, que no palmó de pedo. Ahora el herido se recupera en el Hospital Santojanni, donde fue intervenido en varias oportunidades.

Iki también recibió un tiro el 20 de diciembre de 2001, en los alrededores del Congreso Nacional. En esa oportunidad la bala entró por la espalda. Su testimonio forma parte de la causa judicial que espera ahora los alegatos de la defensa, y tras las réplicas y dúplicas de rigor, habrá sentencia.

Iki también fue baleado el 26 de junio de 2002, durante la misma escalada represiva en la que murieron Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Ese día la bala de plomo le dió en la pierna. Dicen sus compañeros que si un cana dispara hacia arriba, es muy probable que la bala le caiga a Iki. Humor (para un porvenir) negro. En el medio pasaron 13 años, en los que Iki no recibió ningún balazo. Fin de ciclo.

A diferencia de los tiros recibidos a comienzos de siglo, el de la semana pasada no fue un disparo policial. Fue un soldadito. La violencia que brota de este nuevo tipo de conflicto social, que se gestó durante el paréntesis kirchnerista, impone otra clase de coordenadas. Más impredecible en su lógica, menos vertical en su ejecución, y mucho más letal.


DESAPARECER LA PROTESTA
por Fernando Esteche
Resumen Latinoamericano, 19 febrero 2016.- 

Ella, chica bien de familia con interminable cantidad de apellidos, que jugó a ser guerrillera sin combatir ni ponerse en riesgo, que se subió al buque inglés en el Puerto de Montevideo, irrumpiendo y violando leyes internacionales para flamear la bandera argentina; juegos de joven de clase alta rebelde, que más tarde deploró a sus propios compañeros, que mandó en cana gente, que buchoneó…Importantes pliegos de presentación para la hoy Ministra Bullrich, que la han devuelto a su propio bando, al de su familia.

Barrilete cósmico fue la metáfora que Víctor Hugo Morales eligió para nombrar la infinita gambeta de Maradona a los ingleses, pero conociendo el derrotero político de La Piba, nadie mejor que ella para detentar el mote de “barrilete”: barrilete sin cola, por lo imprevisible. Había que ajustar porque así lo dictaba el Consenso de Washington en los 90, y a ella le pareció oportuno ajustar bajando las jubilaciones y los salarios estatales.

Fue parte del gobierno de la Alianza, que detenta tristemente el record de fusilamientos fatales en protestas sociales. En base a tareas de inteligencia que ningún juez ordenó sino que desarrollaron por motu propio, violando obviamente la ley de inteligencia nacional, o por indicación del gobernador Morales, las fuerzas de inteligencia jujeñas determinaron que era necesaria la presencia preventiva de un cuerpo de gendarmes en esa provincia.

Y ahí predispuesta y solícita La Piba envío en un colectivo sin frenos a la muerte a 40 muchachos. La urgencia y la improvisación golpearon su propia tropa.

EN IMÁGENES: PATRICIA BULLRICH Y LA METAMORFOSIS (de la gloriosa JP a Domingo Cavallo) 
En vísperas de las pasadas fiestas llegaron en carros hidrantes a disparar a mansalva y sin ninguna mediación fuerzas represivas contra los trabajadores de Cresta Roja. Más tarde la emprendieron con trabajadores cooperativistas de la Municipalidad de La Plata.

De pronto las promesas de diálogo que esgrimieron en campaña se convirtieron en certeza de palos. La Asociación de Trabajadores del Estado en diciembre, y a semanas de haber asumido la Ministra de Seguridad denuncian interrogatorios paraformales sobre filiación política e ideología de cada trabajador.

Poco después aparecen los despidos masivos para, a partir de allí, analizar caso por caso. La ministra tuvo su momento de gloriosa sombra con la saga ridícula de poner todas las fuerzas federales a perseguir tres prófugos que parecían burlarse deliberadamente de la piba ahora señora mayor.

Terminaron siendo capturados por una patrulla de policía de pueblo que los sorprendió cuando pedían un vaso de agua a los vecinos. La señora ahora intenta sus cinco minutos de gloria que borren tanto pifie con el anuncio de que va a terminar con los piquetes. Los diarios de la derecha festejan lo que titularon como “el fin de la patria piquetera”.

La señora expone un protocolo y anuncia que prohíbe palos, capuchas, gomas quemadas; lo hace mientras los principales accesos a Ciudad de Buenos Aires y en las principales ciudades del país se levantan columnas de humo negro de por los menos 200 piquetes reclamando la libertad de Milagro Sala.

Lo hace cuando sabe que el 24 de febrero superando todas las divisiones los trabajadores estatales en su conjunto, van al paro nacional repudiando los despidos por el derecho al trabajo y al salario digno y van a marchar, y van a cortar las rutas.

El primer paro contra Macri. Semanas antes en una barriada de la Ciudad de Buenos Aires, sus fuerzas acribillaron a una murga que estaba ensayando, mujeres, menores, jóvenes. Al mismo tiempo cansaban sus brazos apaleando vendedores ambulantes.

Y antes habían dictado la emergencia en seguridad que habilita a las fuerzas a cargo de la ministra a allanarte la casa de oficio, a detenerte por averiguación de antecedentes, a pedirte documentos por merodeador.

Los argentinos ya vivimos esa época, y sabemos cuál es la matriz cultural que propone “ordenar” y “vigilar”.

Propone entonces prohibir palos y capuchas, y en esa alocada carrera de prohibiciones va por la prohibición a las clavas de los pibes que hacen malabares en las esquinas, por los baldes y secadores de los limpiavidrios, por las franelas de los “trapitos”, por los bombos y platillos de las murgas. Porque no sólo les preocupan y deploran las formas de protesta de los sectores populares sino que también desprecian y deploran los “rebusques”, el trabajo informal que ellos son incapaces de formalizar, las celebraciones de lo popular; todo lo desprecian, porque gobiernan contra el Pueblo.

Ahí la señora ministra abriga la siniestra ilusión de poder “desaparecer” la protesta. No están pensando en cambiar las causas que producen la protesta sino simplemente desaparecer la protesta.

Los primeros que intentaron la proscripción de lo popular fueron los de la Revolución Fusiladora con resultados inequívocamente malos.

Ya lo quiso hacer Corach en su momento, luego la Alianza fusilando piqueteros, más tarde Aníbal Fernández y Sergio Berni. No se puede contener la protesta, no se pueden acallar los reclamos del Pueblo.

Los apaleamientos y persecuciones lo único que pueden provocar es disparar más rebelión, más bronca y desatar una espiral de violencia. El único camino es cambiar la política y en todo caso buscar genuinamente el diálogo y la interlocución.

Hay que comprender que los repertorios disruptivos surgen precisamente ante la desidia y el desdén de lo oficial cuando es interpelado por lo popular. Uno no puede ir con un pliego de peticiones a un ministerio porque no lo reciben; únicamente le prestan atención mediante la protesta.

Pergeñan estos protocolos porque están trabajando con una hipótesis de conflicto que prevé altos niveles de conflictividad social, de protesta callejera y de desbordes, directamente proporcionales a las políticas antipopulares que pretenden imponer. De eso se trata.

Es el gobierno de los CEOs que gobierna para las grandes empresas y en contra del Pueblo.

Es una restauración noventista y como claramente desde el marxismo se afirma, la historia se da primero como tragedia y se repite como farsa. Y nos toca atravesar estos tiempos de caricaturas de políticas estructurales. Vuelven los noventa, vuelven las gomas quemadas.

En esta vocación prohibitiva seguramente en la desesperación terminarán prohibiendo los helicópteros, suponiendo así que podrán evitar la intempestiva salida que fatalmente se les anuncia en la medida de que sigan minando las bases de consenso y gobernabilidad aplicando políticas bestialmente agresivas a la vida cotidiana de nuestro Pueblo.

Hay quienes sostienen que esta no es una derecha boba, que no se trata de un gobierno de CEOs depredadores irresponsables, sino que vienen con un proyecto de largo plazo.

De ser así, la ministra expresa una corriente grotesca y bruta que atenta contra esos planes de largo aliento.
*Fernando Esteche es Secretario Político del MPR Quebracho, Dr. en Comunicación Social y Profesor de Relaciones Internacionales UNLP.
Envío:ResumenLatinoamericano


Convocan a una marcha para exigir la renuncia de Lopérfido 
Viernes 19 de Febrero

Representantes de la cultura y organizaciones de Derechos Humanos se reunirán el lunes en la nueva sede del Gobierno de la Ciudad para pedir el desplazamiento del funcionario que cuestionó el número de desaparecidos.

Familiares de detenidos-desaparecidos, organismos de Derechos Humanos, artistas y trabajadores de la cultura convocan a una marcha para exigir la renuncia del ministro de Cultura de la Ciudad, Darío Lopérfido, tras las polémicas declaraciones que formuló cuestionando la cifra de desaparecidos durante la última dictadura.

La concentración se realizará el próximo lunes a las 11 en la nueva casa de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Parque Patricios. Allí se hará entrega de una carta de repudio solicitando la renuncia de Lopérfido y se presentará un pedido de audiencia con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

"Este sinuoso personaje hace de la banalización una forma de hacer política" Según explicaron los convocantes en un comunicado, "el repudio a sus declaraciones y consecuente pedido de alejamiento ya suma más de dos millares de firmas entre artistas, trabajadores y personalidades del ámbito cultural".

"La declaración de los artistas así como la carta documento y las demás manifestaciones de repudio, nacionales e internacionales fueron la lógica y necesaria respuesta a las cínicas e hirientes palabras de Lopérfido en un reportaje de carácter público en Pinamar y que ya integra la lista histórica de derrapes del funcionario", agrega el texto. Por último, el comunicado concluye:

"Este sinuoso personaje que hace de la banalización una forma de hacer política, no puede ni debe representar bajo ningún cargo a la cultura de la Ciudad de Buenos Aires, capital de nuestro país".
Fuente:InfoNews