En Merlo, abuchean y le tiran huevos a Macri
Acto en una escuela
Hubo mucha tensión, aunque no impactaron en el Presidente. Acusan a grupos del ex intendente Othacehé.
Tensión en Merlo en un acto oficialista. Ocurrió ayer durante la salida del presidente Mauricio Macri de un colegio de esa localidad, donde inauguró una aula digital y adelantó que mantendrá el Plan Conectar Igualdad que habia impulsado el Gobierno de Cristina Kirchner. Pero a la salida del anuncio, el Presidente fue abucheado por manifestantes que portaban pancartas con la consigna “Macri = represión”. También volaron huevos y hubo forcejeos entre los propios manifestantes, pero no impactaron en el primer mandatario.
Tensión en Merlo en un acto oficialista. Ocurrió ayer durante la salida del presidente Mauricio Macri de un colegio de esa localidad, donde inauguró una aula digital y adelantó que mantendrá el Plan Conectar Igualdad que habia impulsado el Gobierno de Cristina Kirchner. Pero a la salida del anuncio, el Presidente fue abucheado por manifestantes que portaban pancartas con la consigna “Macri = represión”. También volaron huevos y hubo forcejeos entre los propios manifestantes, pero no impactaron en el primer mandatario.
Los vecinos de la ciudad bonaerense se acercaron a la puerta de la escuela y comenzaron a desplegar sus carteles para que el mandatario lea sus reclamos y conozca la situación que se vive en Merlo. Cuando la policía que custodiaba el acto advirtió la cantidad de pancartas, actuó violentamente para acallar a los manifestantes.
Entre manotazos y palazos por parte de las fuerzas de seguridad, los ciudadanos gritaban “Menendez, prometiste que no iba a haber mas represión en Merlo”. Lo llamativo fue que el jefe comunal respondió: “en 24 años estuvieron callados, y ahora nos demandan todo a nosotros”.
Como consecuencia de los golpes, varios vecinos resultaron heridos y dos de los manifestantes fueron llevados detenidos. En repudio, varios de los presentes en la escuela se dirigieron a la comisaría para pedir por la libertad de los detenidos.
Se reclamó por la falta de “pediatras y personal en la Unidad sanitaria Barrio Arco Iris que impide que funcione con normalidad”, por el problema de las inundaciones y el consecuente crecimiento de casos de dengue en la localidad. También se hizo alusión a la crisis habitacional.
Los carteles además aludieron al “hambre”, los “despidos”, la “represión”, el “acuerdo con los fondos buitres”, entre otros.
“Vamos a seguir con Conectar Igualdad, que es un programa que está bien”, anunció el jefe de Estado, pese a que la semana pasada se registraron 60 despidos en el Programa Conectar Igualdad, lanzado durante el gobierno de Cristina Fernández.
Anteayer, desde el Ministerio de Educación se hizo trascender que “Conectar Igualdad continúa y los técnicos en la provincia se sostienen”, pese a que se habló de la posibilidad de nuevos despidos masivos en esa área.
En compañía del ministro de Educación, Esteban Bullrich, y del intendente Menéndez, el Presidente, tras hacer referencia a la continuidad de Conectar Igualdad, aseveró que “estas herramientas son absolutamente necesarias”.
Macri además planteó la iniciativa de que “la conectividad llegue a todas las escuelas; necesitamos conectar más de 40 mil establecimientos, que no tienen conexión” aunque refirió “un problema grave con la infraestructura”, ya que “muchas escuelas carecen de cuestiones básicas, como luz y gas”.
Más gatillo fácil:
Brian Romero fue asesinado
por la Gendarmería
- 08 marzo 2016
El domingo 6 de marzo por la mañana, un agente de Gendarmería le disparó por la espalda a un joven de 25 años en el Barrio Fátima, Villa Soldati. Los testigos denuncian que fue un caso de gatillo fácil.
Por Redacción APU
Brian Darío Romero, de 25 años, fue encontrado muerto este domingo 6 de marzo en el Barrio Fátima, Villa Soldati. Su abuela lo llevó al hospital al que llegó sin vida. A pesar de que la Gendarmería busca instalar la hipótesis del enfrentamiento, su familia y los testigos aseguran que se trató de un caso de gatillo fácil ya que el agente le disparó por la espalda.
Brian volvía de bailar a la mañana cuando ocurrió el hecho. “Mi otro hermano lo encontró lleno de sangre y pensó que estaba lastimado, cuando lo limpió vio que le habían pegado un tiro”, aseguró a la prensa Natalia Romero, hermana de Brian.
Además Natalia contó que los gendarmes “supuestamente cuidan, hay una consigna acá en el pasillo del barrio. Pero se ponen a tomar, a chupar ahí afuera”.
El abogado de la familia, Matías Busso, en diálogo con AGENCIA PACO URONDO explicó que el gendarme se encuentra libre pero está apartado de la fuerza. Además subrayó: “Estamos esperando el resultado de la autopsia. Si, tal como expresa la familia y los testigos, el tiro ingresó por la espalda, no se trata de enfrentamiento si no de fusilamiento. Pase lo que pase, tenga o no tenga un arma”.
Por otro lado, aseguró que “si la autopsia ratifica la versión de la familia y los allegados, estaremos pidiendo la declaración a indagatoria y la detención inmediata del gendarme”.
Demanda Penal para impedir el acuerdo del
Gobierno argentino con los ‘fondos buitre’
Resumen Latinoamericano / PáginaPopular / 10 de marzo de 2016 –
La Asociación Americana de Juristas y varias agrupaciones civiles y sociales consideran que la derogación de las leyes que impiden el pago a los ‘holdouts’ implica un delito de “traición a la Patria”.
Economistas vinculados a la medida judicial aseguran que el retorno “a la senda del endeudamiento” puede ocasionar, en el peor de los escenarios, un quebranto de “más de 500.000 millones de dólares”
Un nutrido grupo de organizaciones sociales, liderada por la Asociación Americana de Juristas, interpondrá, en los próximos días, una querella para suspender “cautelarmente por la vía penal” la reforma legislativa que permitiría al Gobierno argentino formalizar el acuerdo recientemente suscrito con los fondos buitres que litigan contra el país por el impago de deuda soberana. Los querellantes consideran que la reforma de las leyes cerrojo y de Pago Soberano, que impiden la rúbrica del acuerdo con los holdouts, no sólo supone sentar un peligroso precedente que “abre las puertas al endeudamiento masivo del país” sino que implica una vulneración del Código Penal que aconseja la reacción inmediata de las autoridades judiciales.
Según Eduardo Barcesat, miembro de la Asociación Americana de Juristas, la reforma supondría los delitos de traición (205 inciso primero del Código Penal), administración fraudulenta en perjuicio del Estado (173 inciso séptimo del Código Penal) y la violación de los deberes de los funcionarios públicos (248 del Código Penal). Para el prestigioso constitucionalista, en charla conCanariasAhora, la propuesta del Legislativo “también vulnera aspectos constitucionales como el principio de igualdad ante la ley, el orden público constitucional, la competencia del Poder Judicial de la nación Argentina y varias leyes sobre reestructuración de la deuda” así como “una cláusula de la Ley sobre la Emergencia del Estado Nacional que impide a los funcionarios negociar si no es mediante condena judicial basada en autoridad de cosa juzgada”.
El objetivo de esta demanda, que será presentada en los próximos días, es frenar en los tribunales la aprobación, en el Congreso y en el Senado de la Nación, de un nuevo marco legislativo que permitiría, como primer paso para solucionar el conflicto con los holdouts, el pago de 4.653 millones de dólares al fondo NML de Paul Singer. En la actualidad, la llamada Ley Cerrojo impide, junto a otro paquete de leyes y decretos entre la que se encuentra la Ley de Pago Soberano reabrir las negociaciones de reestructuración de deuda tras los acuerdos que, en 2005 y 2010, supusieron el inicio de una exitosa campaña de desendeudamiento reconocida internacionalmente. Para el Gobierno liderado por el conservador Mauricio Macri, este cambio en las reglas del juego es una condición necesaria para reintegrar al país a los mercados financieros y, a su juicio, volver a acceder al crédito internacional a tasas de interés bajo. En opinión de los querellantes supone, además de una vulneración flagrante de la ley, volver a poner a la Argentina a los pies de los caballos. “Estamos ante un caso de administración fraudulenta que pone en peligro la integridad de la nación, un extremo que justifica que hablemos de un caso de traición a la patria; no a través de un acto armado, sino a través de un acto de naturaleza económica”, defiende Barcesat.
“Cuando un delito se está cometiendo, el deber primero del juez es que cese la comisión de este delito o que éste no se consume; es una especie de medida cautelar por la vía penal”. En este sentido, el objetivo prioritario de la demanda es “paralizar la reforma para que siga el status quo vigente hasta ahora y que no se vean afectados los derechos adquiridos de la Argentina fundamentalmente con el resto de la deuda ya reestructurada”, resalta Barcesat.
De menor a mayor
Esta iniciativa parte de la preocupación de colectivos sociales y organizaciones económicas y empresariales simpatizantes del Gobierno kirchnerista. Entidades como el Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria (CIGES) que en boca de su coordinadora general, Felisa Miceli, estima que más allá de lo que supondrá para las cuentas públicas argentinas, el acuerdo con los fondos buitre “ coloca en una situación de extrema debilidad a otros países asediados por la deuda como Grecia, Portugal, Italia o España”. En el caso argentino, explica a esta redacción Miceli, el pago de esos iniciales 4.563 millones de dólares pueden abrir una verdadera “caja de Pandora”.
“Lo primero a tener en cuenta”, declara a CanariasAhora la economista, “es que deja muy debilitada a la Argentina ante la posibilidad de que otros holdouts que no están dentro de los juicios aprobados por el juez Griesa pasen a pedir el mismo tipo de pago que se le va a abonar a estos buitres. Estamos ante un porcentaje que ronda el 3% de los bonistas, pero el impacto será de cientos de millones de dólares. Son varios fondos que aún no accedieron a la Justicia y son un riesgo más que probable a corto plazo”, declara.
El segundo punto a tener en cuenta tiene que ver con la “magnitud” del acuerdo. “En el año 2005 para canjear 100.000 millones de dólares de deuda se ofrecieron bonos a largo plazo por 35.000 millones de dólares. Ahora, para pagar sólo el 7% de la deuda se abre la posibilidad de que la Argentina deba endeudarse por unos 15.000 millones de dólares”. Otro punto oscuro del acuerdo, añade, es que “será el país el que abone unos 200 millones de dólares en concepto de honorarios para los abogados de los buitres”.
Y el tercer punto es que “nadie puede afirmar fehacientemente y de manera rotunda que parte o la totalidad de ese 93% de los deudores que entraron en los canjes, no vuelvan a reabrir alguna querella contra la Argentina para recibir el mismo trato”. Según indica Miceli, hay que tener en cuenta que a los canjes de 2005 y 2010 entraron multitud de bonos bajo diferentes legislaciones como Estados Unidos, Alemania, Italia o Japón entre otros. “Algún magistrado de uno de estos países podría tomar el ejemplo del juez Thomas Griesa y ante esa circunstancia Argentina quedaría totalmente indefensa y a merced de una cascada de demandas judiciales”, pronostica.
En esta situación hipotética, las consecuencias, denuncian, podrían ser nefastas: “Hemos calculado que el costo para el país podría estar entre 430.000 y 520.000 millones de dólares dependiendo de los plazos y de las tasas de interés que puedan calcularse para cada caso en concreto”, lamenta Miceli. Hay que recordar que según las fuentes del Banco Mundial, el PIB de Argentina ascendió a 540.000 millones de dólares en 2015.
El riesgo del ‘Pari Passu’
Es el llamado principio de pari passu que implica, según la propia definición jurídica del término la obligatoriedad de dar ‘un trato igualitario para aquellos bonistas de un país que entren o no entren a un canje de deuda pública’. Es una de las razones fundamentales de la demanda. “Las condiciones de pago acordadas suponen mejores condiciones de pago para los holdouts en relación a los que accedieron a los canjes, un extremo que podría desencadenar una reacción muy perjudicial para los intereses del país”, advierte Juan Ángel Cioli, directivo de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN). “Entendemos que los diputados y senadores no deberían votar a favor de la derogación de la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano ya que esto supondrá volver a abrir la puerta al endeudamiento”.
“Esto ya lo hemos vivido en épocas anteriores”, recuerda el dirigente de la CEEN. “La deuda generó un lastre que le dejamos a nuestros hijos y nietos; y hay que evitar que vuelva a pasar porque a día de hoy, Argentina tiene un nivel de endeudamiento soportable y razonable que le permite generar deuda para proyectos productivos o construir infraestructuras. Pero parece que vamos a volver a los tiempos en los que tomábamos deuda para pagar deuda y para hacer frente a los gastos corrientes. Creemos que esto supone una clara malversación de fondos públicos”, sentencia tajante Cioli.
Sobre la utilidad de la medida, Eduardo Barcesat es claro y pone sobre la mesa el debate sobre la independencia del sistema judicial argentino: “Todo depende de quién nos toque. Esto, lamentablemente es un sorteo informático lo que hace difícil por no decir imposible predecir qué actitud va a tener el que quede como encargado de la instrucción. Si hay un juez como (Daniel) Rafecas o (Sergio) Torres, el asunto se va a tomar con seriedad, pero es indudable que hay otros jueces que actúan como empleados del Gobierno”. En todo caso, y más allá de la efectividad jurídica de la demanda, uno de los objetivos fundamentales de esta iniciativa es “poner sobre la mesa el problema y crear una conciencia ciudadana sobre las consecuencias que puede traer volver a la senda del endeudamiento exterior”, resalta Juan Ángel Cioli. En este sentido, el directivo de la CEEN espera que, “una vez la demanda esté presentada y vaya adquiriendo fuerza”, sean “muchas las organizaciones sociales que se adhieran a la propuesta”.
Fuente: eldiario.es
N. del R.: Varía en los pié de imágenes.
N. del R.: Varía en los pié de imágenes.
Derrame de cianuro:
pedirán el procesamiento de nueve ejecutivos de Barrick Gold
Por Juan Pablo Parilla / Resumen Latinoamericano / infobae / 10 de marzo de 2016 –
La querella presentará como prueba un peritaje de la Policía Federal que confirma que hubo “una clara infracción de la ley” de residuos peligrosos. Bronca en Jáchal porque el municipio esconde los análisis.
Los asambleístas que denunciaron penalmente a la canadiense Barrick Gold por el derrame de cianuro en la mina Veladero, de San Juan, pedirán el procesamiento de al menos nueve gerentes de la empresa, luego de que un informe de la Policía Federal confirmara que se contaminaron cinco ríos y que se violó la ley que regula los residuos peligrosos.
Hay dos causas penales abiertas por el derrame de más de un millón de litros de agua cianuradaocurrido entre el 12 y 13 de septiembre del año pasado, una en San Juan y otra en Buenos Aires. Mientras la Corte Suprema se toma su tiempo para decidir la competencia, las novedades que surgieron en un expediente podrían repercutir en el otro.
El fiscal federal Ramiro González, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima), le pidió dos informes a la Policía Federal Argentina: uno más bien técnico para medir la presencia de metales pesados en el agua y otro para que determine si se cometió un delito. Las conclusiones del segundo son contundentes. “Estamos ante una clara infracción de la ley 24.051, por encontrarse acreditada la contaminación en los ríos Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas, en virtud de hallarse sustancias tóxicas fuera de la reglamentación”, determinó. Incluso subrayó que “fue tal el volumen del derrame, que hasta días posteriores se han encontrado vestigios de la misma”.
“Vamos a solicitar que se acuse, porque dejaron abierta una compuerta que debía estar cerrada, que es por donde se derramó el cianuro“, adelantó a Infobae el abogado Diego Seguí, que representa al vecino que radicó la denuncia, Saúl Zeballos.
Lo que todavía están evaluando es si también pedirán que se acuse a dos funcionarios provinciales, el ministro de Minería, Felipe Saavedra, y el titular de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, Carlos Ghiglione, a quienes inicialmente se pidió que se cite a declarar. En la asamblea de vecinos de Jáchal creen que hay muchas explicaciones que deberían dar relativas a los controles, empezando por elgrosero desfinanciamiento de la Policía Minera, la posible sobreexplotación de Veladero y las contradicciones entre los análisis oficiales y los independientes, entre otras cosas.
En el otro expediente, que está a cargo del juez federal Sebastián Casanello, sí hay un funcionario imputado, el ex secretario de Minería nacional Jorge Mayoral, acusado junto al presidente de la Cámara de Minería de San Juan, Santiago Bergé, el secretario ambiental provincial, Domingo Tello, y varios directivos de Barrick Gold.
El de la Policía Federal es el primer informe oficial que sugiere que se cometió un delito. Sin embargo, no es el único que concluye que hubo contaminación. El que encendió la alarma fue el de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Lo siguieron un trabajo de la UTN de Mendoza y un reporte de dos organismos que dependen de Naciones Unidas. También unestudio privado encargado por una jubilada advirtió que el agua de la canilla en la localidad de Tamberías es “no potable”. Y el más reciente, un análisis de sangre a un niño de cinco años, en el que detectaron la presencia de arsénico en el cuerpo del menor.
La actitud del gobierno de San Juan antes y después del cambio de autoridades del 10 de diciembre fue la desmentida crónica. Incluso el ex mandatario José Luis Gioja amenazó con enjuiciar a los periodistas que divulgaran los resultados brindados por la UNCuyo. Esta vez, el encargado de decir que “la Policía Federal miente” fue el ingeniero Ghiglione, el mismo que junto a Barrick Gold primero negó el derrame, después dijo que fueron 12 mil litros, luego habló de 120 mil litros y finalmente, 10 días más tarde, admitió que fueron más de un millón.
Aquí cabe hacer dos aclaraciones. Primero, que fue la propia Barrick Gold la que en el expediente admitió lo que públicamente negó: que sus propios análisis prueban que hubo daño ambiental. Segundo: luego de que la UNCuyo hallara en el agua potable de la localidad de Mogna niveles de boro, arsénico, cloruros y sulfatos muy por encima de los topes establecidos en la ley de Residuos Peligrosos, el magistrado ordenó que el Gobierno provea agua potable. En otras palabras, fue la Justicia la que consideró que la contaminación estaba probada.
En Jáchal la situación está tensa. La Justicia había ordenado, en el marco de un recurso de amparo, que UNCuyo realice tres tandas de análisis del agua costeados por Barrick Gold. En la segunda tuvo que intervenir el juez para que la minera deposite los 120 mil pesos que había que pagarle al laboratorio universitario. Los estudios confirmaron que el agua en Mogna tiene metales pesados.
Pero el problema escaló con la tercera tanda de análisis. Barrick Gold nunca depositó el dinero y el municipio tuvo que hacerse cargo. Sin embargo, el intendente Miguel Vega, que en la campaña se había comprometido a acercarse a los ambientalistas, se negó sistemáticamente a mostrar los resultados. Tal es así, que el jueves hubo una fuerte protesta en la sede municipal y el viernes, los vecinos realizaron una marcha que al pasar por la casa de Vega, terminó con el hermano del jefe comunal amenazando con un fierro a los asambleístas, entre ellos, dos menores de edad. Todo quedó registrado en una denuncia penal. Pero la respuesta del Gobierno provincial no fue enviar a algún funcionario minero o ambiental, sino al secretario de Seguridad, Gustavo Fariña, que antes de llegar al Estado trabajó para las mineras Gold Corp, Yamana Gold y Barrick Gold.
Fumigaciones en la mira
Por Darío Aranda / Resumen Latinoamericano / Página12 / 10 de marzo de 2016 –
Con más de 16.000 casos de dengue en Argentina y el avance del zika en América latina, las empresas de agrotóxicos llevan adelante una campaña de promoción de fumigaciones con numerosos químicos para, publicitan, controlar los mosquitos. Médicos e investigadores afirman que, otra vez, la industria química-farmacéutica hace negocios con la salud de la población. “La bibliografía científica y la praxis en promoción de salud permiten sostener que la química tóxica y la biotecnología transgénica están muy lejos de ser parte de la solución y podríamos decir que son parte del problema”, afirmó Damián Verzeñassi, de la Universidad Nacional de Rosario.
La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) envió un comunicado el 10 de febrero con el título “evitar el dengue, fiebre chikungunya y zika es posible”. Anunció un “importante brote” para marzo y alertó que “puede ser potencialmente mortal”. Propuso “tomar medidas de prevención” y ofertó sus productos: “Existen diversos insecticidas que nos permiten frenar la proliferación del mosquito y así salvar vidas humanas y malformaciones”.
Entre los socios de Casafe sobresalen Syngenta, Monsanto, Basf, Bayer, Dow, Dupont, Nufarm y Rizobacter. Cinco días después, volvió a enviar el comunicado y el 29 de febrero insistió: “En todo el país se están desarrollando tareas de fumigación y para lograr que el trabajo se realice de manera adecuada y eficaz se recomienda mantener abiertas las puertas y ventanas de las viviendas para que entre la ‘nube de pulverización’”.
Javier Souza Casadinho, docente de la Facultad de Agronomía de la UBA y coordinador regional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América latina (Rapal), explicó que el insecticida permetrina (recomendado por Casafe) impacta “en el sistema nervioso central, pudiendo provocar convulsiones, temblores, ansiedad, alergias, malestares gástricos; también está incluida en la lista de plaguicidas relacionados con problemas de fertilidad masculina y la EPA (agencia regulatoria de Estados Unidos) advierte de posibles efectos sobre el sistema reproductor femenino e incidencia en el cáncer de mama”.
Souza Casadinho afirmó que el químico fenitrotion (otro de los recomendados por las empresas de agrotóxicos) está prohibido en la Unión Europea y “severamente cuestionado por instituciones en la Argentina (entre ellos, el defensor del Pueblo) porque puede causar disrupción endocrina, afectando el crecimiento y reproducción de los seres humanos”.
El ministro de Salud, Jorge Lemus, admitió el 6 de febrero que “se está trabajando fuerte en las fumigaciones”, aunque reconoció que el mosquito Aedes aegypti (transmisor de la enfermedad) “ya es resistente a los químicos”. Lejos de abandonar la vía tóxica, el ministro propuso “cambiar las sustancias” para fumigar.
Damián Verzeñassi, de la Cátedra de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, comenzó con una pregunta: “¿No llama la atención que los mismos que ‘descubrieron’ la epidemia de la gripe A H1N1 (luego reconocida como falsa), y que beneficiaron a la industria farmacéutica hoy aparezcan con este ‘nuevo mal’ al mismo tiempo que florecen como única opción el regresar a químicos como el DDT o similares y junto a ello infestar nuestros territorios de un mosquito transgénico que fracasó ya Brasil (donde fue liberado para controlar al Aedes)?”. Y cuestionó que “los mismos responsables de las fumigaciones denunciadas por las comunidades y por la epidemiología como responsables de daños graves en la salud (como malformaciones, neoplasias, abortos espontáneos, entre otros) se presenten como los portadores de la solución a partir de sus químicos tóxicos”. Recordó que los investigadores de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva (Abrasco) cuestionó el uso de larvicidas para combatir a los mosquitos y también explicitaron la sospecha de que los químicos (y no el virus del zika) están involucrados en el incremento de casos de microcefalia.
La Organización Mundial de la Salud difundió la supuesta relación directa entre zika y microcefalia. La entidad informó el 29 de febrero que se detectó zika en 49 países, pero sólo microcefalia en Brasil. Otro elemento lo sumó el Instituto Nacional de Salud de Colombia, que acaba de reportar 47.000 casos de Zika, de las cuales 8900 son mujeres embarazadas y no se presentó ningún caso de microcefalia.
Rafael Lajmanovich es investigador del Conicet, doctor en ciencias naturales y profesor de ecotoxicología en la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Hace 18 años que estudia el impacto de los agroquímicos y cuenta con más de ochenta publicaciones científicas. “Todos los insecticidas (piretroides, fosforados y BT) que se utilizan contra los mosquitos son tóxicos para la fauna silvestre y en mayor o menor medida también para los humanos”, aseguró. Y remarcó que el dengue-zika tiene directa relación con la tropicalización del clima, el recalentamiento del planeta y la agricultura industrializada. “Es conocido que este vector (el mosquito) prolifera más en sitios mal urbanizados y pobres. Está de más explicar la relación entre el modelo productivo argentino, la pobreza y la precarización de las grandes ciudades. Sin dudas hay que plantear a corto plazo el ‘control’ de la epidemia pero si no cambiamos el modelo es claro que ningún insecticida nos salvará”, alertó Lajmanovich.
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