RETROCESOS EN LAS POLITICAS DE DERECHOS HUMANOS EN LOS OCHO MESES DEL GOBIERNO DE MAURICIO MACRI.

RETROCESOS EN LAS POLITICAS DE DERECHOS HUMANOS EN LOS OCHO MESES DEL GOBIERNO DE MAURICIO MACRI

Del hecho al dicho

Se recortaron y se desmantelaron áreas de investigación en el Poder Ejecutivo vinculadas a los crímenes de la última dictadura y se alienta el regreso a sus casas de los represores presos. El cambio en la interpretación sobre la década del 70 es un hecho en sí mismo. Se aplica el programa del editorial del diario La Nación.

Por Victoria Ginzberg

Imagen: Andrés Macera.

Cuando el presidente Mauricio Macri llama “guerra sucia” al terrorismo de Estado no se trata solo de retórica: sus palabras tienen una correlación empírica. Durante estos ocho meses se aplicaron políticas de recorte y se desmantelaron áreas de investigación en el Poder Ejecutivo vinculadas a los crímenes de la última dictadura, especialmente las inclinadas a dilucidar el rol de los empresarios y otros civiles durante el terrorismo de Estado. Se derogó un decreto de Raúl Alfonsín que restringía la autonomía de las Fuerzas Armadas y se anunció que las Fuerzas Armadas tendrán un “rol preponderante en esta nueva etapa”, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico y en la “unión de los argentinos”. Además, se está preparando el terreno para que los represores que están presos en cárceles comunes puedan cumplir sus condenas en sus casas y aparecieron jueces que cuestionan inquisitivamente a las víctimas y fallos que directamente impugnan sus testimonios. De forma sigilosa se está cumpliendo el programa planteado por el diario La Nación en su recordado editorial del 23 de noviembre pasado.

Solo un día después de la segunda vuelta que llevó a Macri a la presidencia, La Nación saludó su triunfo con el texto que llamaba a “poner las cosas en su lugar” y que fue repudiado incluso por los trabajadores del medio. No era el primero ni sería el último editorial que hacía lobby para los represores, pero fue significativo porque buscaba marcarle la cancha al gobierno electo y ofrecerle una guía sobre cómo debía proceder en relación con las investigaciones sobre el terrorismo de Estado. Aunque fuera su deseo máximo, el diario no reclamaba la liberación inmediata de todos los acusados por crímenes de lesa humanidad ni pedía una nueva amnistía o indulto. Consciente de sus limitaciones, señalaba una línea de acción que se puede resumir en tres puntos:

- Fin de la “persecución” a los civiles.
- Domiciliaria para los presos.
- Cambio del relato respecto de lo ocurrido durante la década del 70.
Puede decirse que ese programa se viene cumpliendo bastante bien.

Recortes
“A partir de la asunción del nuevo gobierno se observa un retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia, acompañado de un cambio de paradigma acerca de cómo conceptualizar los derechos humanos”, señalaron los organizadores de las IV Jornadas Nacionales de Abogados y Abogadas querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad que se realizó el viernes y el sábado en la ex ESMA. En un informe entregado a los asistentes, advirtieron que durante los primeros siete meses del gobierno macrista, se realizó “un desmantelamiento total o parcial de áreas que investigaban sobre responsabilidad o complicidades con el terrorismo de Estado y que aportaban pruebas a los procesos de justicia por delitos contra la humanidad, parálisis de otras áreas, reorganización del personal o subejecución presupuestaria”.

- Un ejemplo de ese diagnóstico es lo que pasó en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, que tenía un equipo de trabajo de 33 personas. Quince fueron despedidas con el cambio de gobierno. En ese contexto, se desmanteló el Grupo Especial de Relevamiento Documental, que trabajaba con los archivos y auxiliaba a la justicia en las causas en las que se investigaba la estructura orgánica de las fuerzas de seguridad durante el terrorismo de Estado. Entre otras cosas, este grupo hizo un importante aporte en el juicio sobre el esquema de trabajo y procedimiento en los denominados “vuelos de la muerte”.

- Otra situación de ese tipo se dio en el programa Verdad y Justicia, que se creó en 2007 para centralizar en un organismo la coordinación de todas las dependencias del Poder Ejecutivo que intervenían en las investigaciones por los crímenes cometidos durante la última dictadura. Con el cambio de gobierno fueron despedidos siete trabajadores, aunque luego se logró la reincorporación de tres de ellos. La nueva gestión no dio lineamientos de trabajo y sólo dice que se continúa igual, pero no hay planificación ni objetivos a seguir.

- El Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa se creó para prestar acompañar a víctimas de violaciones de derechos humanos en el marco de los procesos judiciales, tanto por delitos de lesa humanidad como por violaciones de derechos humanos en contextos democráticos. Apenas asumió el macrismo, los trabajadores denunciaron que había un intento de vaciarlo. Actualmente, el centro sigue funcionando, aunque fueron despedidas dos psicólogas, una en el Chaco y otra en Buenos Aires y las demandas de asistencia se redujeron casi un 50 por ciento. Los trabajadores consideran que esta situación es consecuencia de que muchos creen que ya no están atendiendo.

- El Programa Nacional de Protección de Testigos quedó a cargo de Francisco Lagos, que fue subteniente de Caballería del Ejército y se ocupó de la seguridad del hotel Hyatt y de la misión de Naciones Unidas en Argentina. Es hijo del coronel retirado Luis Hilario Lagos, que fue profesor de la Escuela de las Américas en los años de la dictadura.

- El cierre de la agencia de noticias Infojus, que cubría los juicios contra los represores hizo que estos procesos perdieran visibilidad.

- La gestión de Federico Sturzenegger disolvió la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos del Banco Central que había sido creada en el 2014 para investigar de delitos económicos cometidos durante el terrorismo de Estado. Este organismo llegó a documentar el rol del sistema financiero durante la última dictadura, que fue y es un insumo para causas judiciales. A partir de este trabajo se desclasificaron, por ejemplo, las actas secretas del Banco Central durante la dictadura que fueron halladas, que correspondían al período 81-83, ya que se sospecha que las anteriores fueron destruidas. En la misma línea había trabajado la Comisión Nacional de Valores, donde se elaboró un informe del rol del organismo y el sistema financiero durante el terrorismo de Estado.

La contracara –o mejor, la cara complementaria– de estas decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo tuvo lugar a principios de junio, cuando el Gobierno restituyó a los militares parte de la autonomía que había sido limitada durante la presidencia de Raúl Alfonsín. El decreto 721 hizo que las definiciones sobre las conducciones de las Fuerzas Armadas, pases y destinos y la contratación del personal docente volvieran a manos militares. Poco después, Macri les dijo que tenían un “rol preponderante en esta nueva etapa de la Argentina”, cuyos objetivos eran “alcanzar la pobreza cero, derrotar al narcotráfico y unir a los argentinos”.

Demandas atendidas
Otra decisión oficial en línea con los deseos de los represores fue la derogación de la resolución del Ministerio de Defensa que prohibía a los presos por causas de lesa humanidad atenderse en hospitales militares, lo que implicaba que debían concurrir a establecimientos del Servicio Penitenciario. Esta decisión se había tomado luego de la fuga de dos condenados del Hospital Militar Central. Fue la primera medida oficial que respondió a una demanda puntual de los represores presos.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró en una exposición en el Colegio de Abogados que durante la gestión de Macri ya se había concedido el beneficio del arresto domiciliario para cincuenta acusados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Cuando es consultado públicamente, el funcionario sostiene que el otorgamiento de ese beneficio es resorte de los jueces, pero en aquella charla señaló que consideraba que todos los mayores de setenta años debían acceder a esa situación de forma automática. Y salvo excepciones, la población carcelaria anciana está formada por represores, porque aunque cometieron sus crímenes cuando eran jóvenes, consiguieron eludir la prisión durante años gracias a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos.

Garavano mencionó también que varios procesados y condenados por delitos de lesa humanidad habían hecho planteos por este tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Allí concurrieron muchos represores para dar visibilidad a su victimización, ya que sostienen que sus condiciones de detención son deplorables y que no tienen adecuada atención médica. En sus escritos ante el organismo internacional, además, impugnan los juicios con argumentos jurídicos ya rechazados por todas las instancias judiciales del país e incluso en contra de la doctrina de la CIDH. Entre los organismos de derechos humanos hay preocupación porque el Gobierno no defienda en el organismo internacional los juicios con el énfasis que se merecen y que usen como excusas esas presentaciones para modificar la situación de los presos. La CIDH giró hace meses varias presentaciones que recién en las últimas semanas y con cuentagotas comenzaron a ser respondidas.

El domingo 7 de agosto, Página/12 publicó una extensa crónica en la que se contaba que los represores alojados en las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz están en mejores condiciones que la media de los reclusos. No están de vacaciones ni en un hotel, están presos. Pero no sufren de venganza ni hostigamiento, al contrario.

La Unidad Fiscal especializada en causas sobre crímenes de lesa humanidad no registra todavía un aumento significativo en el número de represores con arresto domiciliario, pero tanto desde el Poder Ejecutivo como desde la Corte y la Cámara de Casación están dando señales para flexibilizar el otorgamiento de ese beneficio. A fines de julio se fue a su casa el general Eduardo Rodolfo Cabanillas, que fue responsable del centro clandestino de detención Automotores Orletti, sede del Plan Cóndor en Buenos Aires.

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata debe decidir ahora si el comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz también puede terminar su condena en su domicilio. La abogada Guadalupe Godoy advirtió sobre el temor que este caso provoca en testigos y víctimas debido a la sospecha de que el represor estuvo involucrado de alguna forma en la desaparición de Jorge Julio López. En cambio, el jueves pasado el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín revocó el arresto domiciliario del comodoro retirado Luis Trillo, ex jefe de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) porque había sido fotografiado mientras paseaba a su perro por las calles de Liniers. Su defensa adujo que debió atender “una urgencia fisiológica” del animal.

Entre los querellantes en las causas por delitos de lesa humanidad la preocupación mayor pasa por las actitudes que están teniendo algunos jueces en juicios y fallos. El Gobierno podrá argumentar que se trata de un poder independiente, pero uno de los talentos de gran parte de la magistratura, sobre todo la federal, es saber interpretar para dónde sopla el viento. Por eso las señales de los funcionarios –y todavía más la del Presidente– importan.
En el juicio oral sobre el Operativo Independencia, los jueces Gabriel Casas y Carlos Enrique Jiménez Montilla (con la oposición de Juan Reynaga) pusieron por escrito que las defensas tenían derecho a preguntarles a las víctimas si los militares “tenían razones para detenerlos”, en alusión a la militancia de los testigos. La reivindicación de la identidad política de los desaparecidos es una bandera de los organismos de derechos humanos, pero en el ámbito de este juicio, reapareció como impugnación y hasta como justificación de los padecimientos vividos, como ocurría hace treinta años.

En junio, los jueces de la Cámara Federal de Casación Eduardo Riggi y Liliana Catucci anularon las condenas de tres represores por la Masacre de Capilla del Rosario, en la que fueron fusilados 14 miembros del PRT ERP en 1974. En el fallo consideraron que no se habían podido probar los asesinatos. Para llegar a esa conclusión, descartaron el testimonio de varios testigos por considerarlos “compinches” o integrantes de una “facción”. También entendieron los fusilamientos como enfrentamientos y dijeron que pudieron haberse cometido “excesos en la forma de enfrentar y reprimir” el “clima de violencia política” de la época. Se trata del fallo más regresivo en años.

El viernes y sábado más de cien abogados y abogadas querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad de todo el país se reunieron en la ex ESMA para evaluar el estado general de estos expedientes y reclamaron que se declare el “estado de emergencia judicial” para que se garantice la “continuidad, justicia pronta y activa”. Reclamaron la necesidad de que “la Memoria, la Verdad y la Justicia sigan siendo política de Estado” y advirtieron que denunciarán en ámbitos internacionales “las practicas políticas negacionistas del Gobierno Nacional y los intentos de materializar la impunidad en connivencia con jueces y funcionarios”. Una de las principales preocupaciones del encuentro fue la dificultad para avanzar en las imputaciones a civiles, sobre todo las que involucran a empresarios y jueces o fiscales. Se recordó que en el Congreso se creó la Comisión Bicameral de Identificación de Complicidades Económicas y Financieras, pero que no está funcionando.

Los abogados y abogadas advirtieron que “buena parte del Poder Judicial se ha acomodado a estos tiempos, dictando resoluciones infundadas sobre prisiones domiciliarias, faltas de mérito o absoluciones”.

Simbólico y material
La “teoría de los excesos” del preocupante fallo que la Cámara de Casación firmó en junio cuaja con el discurso presidencial de la “guerra sucia”. En el relato que está implícito en ambas frases no hubo plan criminal para exterminar a una parte de la sociedad, para torturar y desaparecer los cuerpos, para esparcir el terror y para apropiarse de los hijos de las víctimas. Hubo, en cambio, la defensa ante un ataque en la que se cometieron algunos errores. “A la sociedad argentina de los años setenta no era necesario explicarle que el aberrante terrorismo de Estado sucedió al pánico social provocado por las matanzas indiscriminadas perpetradas por grupos entrenados para una guerra sucia”, decía aquel editorial de La Nación en noviembre. La semana pasada, Macri afirmó en la entrevista con el portal BuzzFeed, que lo que pasó en los 70 fue una “guerra sucia que fue una horrible tragedia”. También dijo que no tenía “ni idea” si los desaparecidos eran 9 mil o 30 mil.

La discusión por el número no es lo importante (aunque el “ni idea” es despreciativo, un ninguneo) pero casualmente los que se empeñan en cuestionar la cifra también cuestionan los crímenes. Lo mismo ocurrió con el ex secretario de Cultura y actual director del teatro Colon, Darío Lopérfido, que habló del número para lanzar a continuación que la cifra “se había negociado a cambio de subsidios”. Sería posible saber la cantidad total de desaparecidos y asesinados si los represores reconocieran sus crímenes y hablaran, cosa a la que siempre se han negado. ¿No es algo extraño que los victimarios o sus defensores cuestionen a las víctimas y a sus familiares por no conocer la información que ellos mismos les negaron para procurar su impunidad?

Las palabras del Presidente en la entrevista con la periodista Karla Zabludovsky dan cuenta de lo que piensa acerca de la década del 70. Debajo de las frases irritantes hay una construcción sutil y palabras elegidas con cuidado. Macri siempre se refiere a contribuir a la verdad y nunca habla de justicia. Menciona a las víctimas de manera ambigua, incluso señala que “hay muchas víctimas”. Nunca, nunca dice la palabra “desaparecidos”, ni hablar de “dictadura”. Opone los derechos del “pasado” a los del presente del futuro, como si hubiera que optar. Y reitera que impulsar los juicios o contribuir con pruebas sería obstruir a la Justicia.

Una mutación en el paradigma sobre lo ocurrido en la década del 70 podría tener en algún momento consecuencias judiciales, aunque sería extraño que eso sucediera ya que centenares de fallos judiciales en todas las instancias, desde la etapa de instrucción hasta la Corte Suprema, dejaron claro que durante la década del 70 el terrorismo de Estado implementó un plan criminal de exterminio de la población civil. Ese cambio es una de las reivindicaciones más fuertes de los represores, porque no es sólo de ellos, de los autores materiales de los crímenes, sino también de los instigadores, de toda la clase social que impulsó el golpe de Estado. Por eso las palabras de Presidente no fueron solo una recompensa simbólica para ellos, sino que son en sí mismas una batalla ganada. Van de la mano con ser reconocidos oficialmente y dejar de ser parias, como ocurrió cuando el ministro de Justicia recibió a la apologista de la represión ilegal y del robo de bebés Cecilia Pando y su troupe. O cuando el carapintada Aldo Rico marchó con su uniforme durante los festejos por el Bicentenario de la Independencia.

OPINION

Contra el negacionismo de Estado
Por Juan Manuel Valdés *

Las recientes declaraciones del presidente Macri, en las que dijo ignorar el número de desaparecidos víctimas del terrorismo de Estado, han vuelto a legitimar desde lo más alto de la institucionalidad la corriente del negacionismo histórico. Macri no sabe cuántos son, “si son los que están anotados en un muro o si son mucho más. Es una discusión que no tiene sentido”. A su vez, utilizó el término “guerra sucia” para referirse a la última dictadura y tildó de “desquiciada” a Hebe de Bonafini, en grave pero no sorprendente consonancia con el término de “locas” con el que se rotulaba a las Madres de Plaza de Mayo durante el gobierno de facto. Para completar el cuadro confundió la Secretaría de Derechos Humanos de su gobierno con el área de Recursos Humanos (sic).

La misma línea de pensamiento puede hallarse en las palabras del ex ministro de Cultura Darío Lopérfido, quien sostuvo que hubo familias que inventaron familiares desaparecidos al solo efecto de cobrar subsidios desde el Estado, respaldado por las editoriales del diario de su familia política, los Mitre, quienes piden de todas las formas posibles detener los juicios contra genocidas, llamándolos actos de “venganza” y responsabilizando a la guerrilla de haber obligado a las Fuerzas Armadas a desaparecer, torturar y robar bebés. Si a esto se le agrega la visita de la defensora de represores Cecilia Pando a las oficinas del ministro de Justicia, Germán Garavano, y la predisposición judicial para brindar la liberación de Etchecolatz, no es difícil concluir que nos hallamos ante un clima de avanzada política que busca retornar a la impunidad.

En una carta a Graciela Fernández Meijide, el ex secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde repasó los motivos por los que la cifra de 30 mil no resultaba en absoluto arbitraria. Sus argumentos fueron:

a) “La cantidad de sitios clandestinos de detención y exterminio, en todo el país, que superan el número de 500”.

b) “Las estimaciones sobre el número de prisioneros que hubo en los grandes centros de detención y exterminio como la ESMA, Campo de Mayo, La Perla, el Batallón de Tucumán, el Circuito Camps, El Olimpo, El Atlético, etc., ya que ellos solos superan con creces el número actual registrado en la Conadep y la Secretaría de Derechos Humanos”.

c) “La estimación en torno al número proporcional de Habeas Corpus presentados en el país”.

d) “El número de integrantes de las estructuras militares afectadas a la represión ilegal durante todo el periodo dictatorial que superan los 150 mil hombres, activos a la caza de sus víctimas”.

e) “Los propios dichos de los militares previo al golpe de Estado, de que sus relevamientos efectuados con anterioridad, desde las escuelas hasta las fábricas, que indicaban en más de 30 mil las personas a eliminar (ver por, ejemplo, los dichos de un militar en la carta del escritor Haroldo Conti desaparecido el 5 de mayo de 1976, escrita previa al golpe y dirigida a Roberto Fernández Retamar de fecha 2 de enero de 1976)”.

f) “Los informes de la embajada norteamericana al Departamento de Estado, haciendo constar que en el año 1978 los jefes de la dictadura argentina informaron a la DINA chilena que las víctimas alcanzaban ya el número de 22 mil. Debe recordarse que la dictadura continuó en su labor represiva ilegal de secuestros y asesinatos por cinco años más con posterioridad a ese informe y que aquella cifra de 22 mil correspondía a solo los dos primeros años de la dictadura”.

El término negacionismo ha sido originalmente utilizado en los países atravesados por el nazismo para describir aquellos postulados que negaban la magnitud de los hechos del Holocausto y así buscar impedir que se desarrollaran sus juzgamientos y derivaciones políticas. Actualmente se ha extendido para señalar a todos aquellos que busquen relativizar y dejar impune cualquier genocidio. Países como Alemania, Austria, Francia, Israel, Portugal, Luxemburgo, República Checa, Lituania, Polonia, Rumania, Liechtenstein, Malta, Eslovenia, Eslovaquia, Matvia, Andorra, Hungría, Grecia o Suiza, tipifican como delito a quienes pongan en discusión, como se ha oído más de una vez, que el número de judíos asesinados por el nazismo haya sido inferior a 6 millones. El caso más resonante es el del historiador británico y biógrafo de Hitler David Irving, quien fue condenado a 3 años de prisión por haber negado la existencia de las cámaras de gas y los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial.

Es necesario crear herramientas jurídicas que pongan en blanco sobre negro la dimensión de la tragedia sufrida por nuestro país entre 1976 y 1983. La propia Corte Suprema ha declarado que los crímenes cometidos en dicho período se enmarcan en el concepto de genocidio. Dotar a la Justicia de un recurso para que comparezcan y sean juzgados sus apologistas no sería otra cosa que la extensión de figuras ya existentes en nuestro Código Penal. Asimismo sería un gran avance incluir un agravante cuando estas frases sean pronunciadas por funcionarios públicos, convirtiendo el negacionismo en causal de juicio político. Es una de las pocas armas con que podremos enfrentar lo que a esta altura parece un negacionismo de Estado.
* Espacio Reconquista.

OPINION

No sólo números
Por Guillermo Levy *

Las declaraciones del presidente Macri no deberían hacernos quedar sólo en una disputa por los números reales de desaparecidos, cuando el conjunto de su declaración vuelve a la luz lo que piensa y siente una porción no menor de la sociedad argentina que avaló la dictadura y que desprecia y despreció siempre, a veces a los gritos y muchas veces solapadamente, todo avance en materia de derechos humanos.

Los números son imposibles de precisar justamente por la práctica misma de la acción genocida que sistematizó las enseñanzas que franceses y norteamericanos aprendieron –sin citar nunca la fuente– de sus maestros nazis: desaparición de cuerpos, destrucción de información y pacto de silencio que los genocidas siguen respetando a pesar de las mas de 700 condenas recibidas al día de hoy en juicios únicos en el mundo pero increíblemente relegados a los márgenes de las noticias.
Macri suele ser bastante más sincero que la media de nuestra dirigencia política. El número de desaparecidos se estableció en 30 mil en momentos de lucha contra la dictadura y de imposibilidad de acceder a más datos que las estimaciones provenientes de miles de denuncias en todo el país y la labor valiente y militante de cientos de familiares y amigos, que es puesta siempre bajo sospecha con estas declaraciones que dan cuenta, sutilmente, de un profundo desprecio por toda la lucha, reconocida internacionalmente, de los organismos de derechos humanos, en una época en la cual otros, como el grupo empresarial del que el actual presidente fue directivo muchos años, tenían otras preocupaciones.
Han pasado décadas desde que la Conadep registró 9300 desapariciones de los que se animaron a declarar y excluyendo a los que no declararon porque no aceptaron la política de derechos humanos del gobierno radical. Denuncias que aumentaron cuando el Estado en la década de los 90 implementó reparaciones económicas para cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenaba a la Argentina a aclarar y reparar, y decía que las leyes alfonsinistas de impunidad –Punto Final y Obediencia Debida– eran contrarias al derecho internacional. Ahí aparecieron más denuncias y luego con el fin de la impunidad –ya en la etapa kirchnerista– muchos se animaron a hablar por primera vez.

Muchísimos sobrevivientes del nazismo nunca hablaron o lo hicieron después de 20 o 30 años. En el año 2005, tuve la oportunidad de ir a Tucumán, donde todavía se hablaba popularmente de la época de la dictadura como la “época de la subversión”, donde los genocidas seguían teniendo un enorme poder económico y social. Hasta ese momento se conocía una sola sobreviviente de la “Escuelita de Famaillá”, primer campo de concentración que funcionó más de un año antes del 24 de marzo de 1976. Con la política de juicios y con la seguridad que daba un discurso estatal fuertemente condenatorio y reparatorio de ese pasado, empezaron a aparecer muchos más sobrevivientes de ese campo y estos meses se está sustanciando un juicio histórico en esa provincia.

Tenemos los desaparecidos que nunca volvieron y tenemos los miles de los que pasaron por el infierno del campo, una semana, tres, meses y algunos años enteros, y volvieron. Volvieron a una sociedad que no quería escuchar su testimonio tan fundamental para el conocimiento del horror. Volvieron cargando la culpa del sobreviviente –también calcada de la experiencia nazi– y muchas veces con la mirada injustamente sospechosa de compañeros y familiares. ¿Esos cuántos son? ¿Quién cuenta a los desaparecidos sobrevivientes? Seguramente, entre muertos, desparecidos que hoy continúan desaparecidos y secuestrados que estuvieron en el infierno de los campos y volvieron, tenemos muchos más de 30 mil.

La discusión no es matemática sino política. Macri, como lo fue antes Lopérfido, expresan a esa parte de la Argentina que avaló la dictadura y la represión y que se ha sentido profundamente violentada por el papel que tuvieron en el anterior gobierno la memoria, la reivindicación del carácter militante de los desaparecidos que la teoría de los dos demonios había dividido en “inocentes y culpables” y, sobre todo, la reparación del pasado dictatorial mediante el fin de la impunidad. Una porción de nuestra sociedad que forma parte de un núcleo duro, minoritario pero importante, que odia al kirchnerismo con muchas más razones de las que odió a Alfonsín por el Juicio a las Juntas.

Bronca difícil de manifestar en estos tiempos, porque se han construido pisos en la última década, sobre todo, que impiden la reivindicación o justificación del accionar de la dictadura como se podía hacer en los 80 o incluso en los 90, cuando en el principal programa periodístico de entonces se llegó a cuestionar abiertamente el derecho de las abuelas a recuperar a los “hijos de los terroristas”, como todavía se atrevían con impunidad a llamar a los desaparecidos.

Hoy por suerte, eso lo pueden murmurar o decir en reuniones privadas, pero no en público. Sin embargo, a veces aparecen expresiones honestas que dan cuenta de ese relato vivo pero tan mal visto hoy mayoritariamente. Reaparece hoy de la mano de esa derecha política y cultural –la tan denostada anteriormente por ellos– “teoría de los dos demonios” que hoy expresa quizás, la máxima concesión posible, para los perpetradores y defensores del genocidio. Agarrarse del relato más cercano posible a su reivindicación de la represión: Guerra Sucia, ahora que volvió la sintonía con el país del Norte, mezclada con el “hubo asesinatos de los dos lados”, reconociendo con resignación los propios pero denunciando que los derrotados de ayer, también mataron y apelan a la venganza disfrazada de justicia.
El uso de la expresión “guerra sucia” por parte del Presidente, traducida del término acuñado por los gobiernos y la inteligencia norteamericana, “dirty war”, es quizás más grave que la discusión sobre el número. Más allá de la carga simbólica de usar un término tan amigable para los represores argentinos y popularizado por el país con el que Macri hace gestos permanentes de genuflexión, dice lo que este gobierno, o sus principales dirigentes, realmente piensan: en la Argentina no hubo una masacre sistemática, planificada, en función de un proyecto de transformación económica y social conducida por civiles miembros de nuestros sectores de poder más concentrado, del que la familia del Presidente forma parte, sino una guerra donde la tortura, las violaciones sistemáticas a las mujeres detenidas, los asesinatos y el robo de bebés fueron la parte “sucia” de una guerra que junta en su suciedad a la violencia ejercida por las organizaciones armadas, infinitamente inferior cuantitativa y cualitativamente y, sobre todo, sin la responsabilidad estatal que convierte aquellos crímenes en forma sistemática en genocidio.

Sin aferrarse al número 30 mil que es más un símbolo que una realidad comprobable en forma tajante (aunque mucho más cercano a la realidad que los “9 mil”) se puede afirmar que los discursos que defienden en forma militante los “7 mil, 8 mil, 9 mil” “como hay en un muro” –que no es ni más ni menos que el Parque de la Memoria que está en la jurisdicción que Macri gobernó ocho años– no están discutiendo cantidades sino relatos, legitimidades.

Están expresando su bronca por los términos “dictadura cívico-militar”, por los términos “crímenes de lesa humanidad”, por el término “genocidio” para explicar lo que pasó, por el rol protagónico y denunciante de los organismos de derechos Humanos y, sobre todo, su tremendo rechazo a la política del anterior gobierno de anulación de las leyes de impunidad, y a los juicios históricos que se siguen sustanciando, que quisieran anular, pero por suerte, hasta ahora, no pueden. Las 2 mil rondas de las Madres, el intento de detención de Hebe, la renuncia de Lopérfido y las declaraciones de Macri parecen volverse en contra de su manifestada intención de no anclarse en el pasado.

Quizás ese pasado todavía no esté tan cerrado y nos siga dando, todavía, muchos elementos para entender este presente.
* Docente de la carrera de Sociología (UBA) e investigador del Centro de Estudios sobre Genocidio (Untref).
Fuente:Pagina12

DERECHOS HUMANOS
Adolfo Pérez Esquivel habló sobre los 'demonios' de Macri
Sostuvo que el presidente “banaliza la lucha de los organismos de derechos humanos”. El Premio Nobel de la Paz se refirió a las polémicas declaraciones que el primer mandatario brindó en una entrevista al portal 'BuzzFeed' acerca de la última dictadura militar y el número de desaparecidos.
Domingo 14 de agosto de 2016 

El Premio Nobel de la Paz y titular de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Adolfo Pérez Esquivel, consideró que las declaraciones del presidente Mauricio Macri sobre los desaparecidos en la última dictadura militar

“Hay una intencionalidad política del gobierno nacional que se apoya lamentablemente en la teoría de los dos demonios y, pese a que no me sorprende, tiende a banalizar el trabajo de los organismos de Derechos Humanos”, insistió ante AUNO Pérez Esquivel.

El presidente de la CPM recordó que durante el período 1976-1983 “hubo una represión sistemática” y rechazó, tal como lo sostuvo Macri, que se haya tratado de una “guerra sucia”. “No se trató de una guerra. Además ninguna es limpia”, remarcó.

Las palabras de Macri, según evaluó, “no son casuales” y corresponden al intento de querer poner a todas las organizaciones sociales en un tapete que se enlaza con “el discurso del curro de los derechos humanos”.

En este sentido, manifestó la necesidad de “diferenciar” la lucha de la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, de la causa que engloba a “la empresa que fue Sueños Compartidos”, por la que “la verdadera Justicia debe proclamarse”.

Asimismo, en el marco de las 2 mil marchas de las Madres, Pérez Esquivel señaló la necesidad de “valorar el esfuerzo de las mujeres que tras tantos años de lucha firme todavía siguen buscando a sus hijos y nietos”.

“La política de los Derechos Humanos no se reduce a las falencias persistentes en cárceles o comisarías, también tiene que ver con el incremento de los índices de pobreza, el aval a la minería a cielo abierto, el problema de la explotación agrícola de Monsanto y muchas otras cuestiones que (el macrismo) heredó del gobierno anterior pero que no mejoró ni solucionó, al contrario”, concluyó, en un balance sobre la gestión de la Secretaría de Derechos Humanos del Ejecutivo nacional.

El miércoles por la mañana, Macri fue epicentro de críticas de varios sectores de la sociedad tras haber admitido —en una entrevista que le concedió vía Facebook al sitio web BuzzFeed— “no tener idea” de la cantidad de desaparecidos en el último gobierno de facto y remarcar que “esa discusión no tenía sentido”.
Por Walter Sosa (periodista de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora)
Fuente:DiarioRegistrado



La mirada macrista sobre los crímenes de la dictadura ya se percibe en los tribunales
La demora en el inicio de nuevos juicios, la prisión domiciliaria para represores condenados y el retiro del Estado como querellante en procesos de complicidad civil son el correlato fáctico del enfoque que el gobierno busca darle a su política de Derechos Humanos.
Pablo Roesler y Gerardo Aranguren 
Domingo 14 de Agosto de 2016 

La indiferencia con que el presidente Mauricio Macri se refirió a los crímenes de la dictadura cívico-militar tiene un correlato fáctico en los procesos por crímenes de lesa humanidad. Cuando dijo que no tenía idea del número de desaparecidos y llamó “guerra sucia” al terrorismo de Estado, dio cuerpo ideológico a lo que en los tribunales se evidencia en los siete meses que lleva su gobierno: demora en el inicio de nuevos juicios, prisiones domiciliarias para represores y el retiro de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación

Todas esas realidades se suman a la desarticulación de áreas de Derechos Humanos que Tiempo denunció el 24 de Marzo. Tres episodios ocurridos esta semana pusieron de manifiesto esos problemas: la postergación del inicio del juicio a dos integrantes de la patota paramilitar Concentración Nacional Universitaria (CNU); el tratamiento del pedido de prisión domiciliaria del ex director de Inteligencia de la Policía Bonaerense de la dictadura, el seis veces condenado Miguel Etchecolatz; y la constatación en el juicio sobre la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) de que el comodoro Luis Tomás Trillo violaba ese mismo beneficio. Gudalupe Godoy: “Es una barbaridad que un criminal paradigmático de la dictadura argentina en la provincia como Etchecolatz pueda estar en su casa”.

Esta semana terminó además con la realización de las cuartas jornadas de abogadas y abogados en causas por crímenes de lesa humanidad, de las que participaron 140 letrados y fiscales, realizadas en la casa de Abuelas de Plaza de Mayo en la ex ESMA. Allí coincidieron mayoritariamente en un mismo diagnóstico: que más allá de que Macri dice que no se interferirá con los juicios, desmantelando áreas del Poder Ejecutivo o subejecutando programas se afecta a los procesos.

“Tiene injerencia porque los jueces también van acomodando decisiones judiciales a los tiempos políticos”, dijo un partícipe del encuentro. Más allá de los tiempos judiciales, otro hecho que preocupa a los abogados son las sentencias absolutorias, como las que decidió la Cámara de Casación que transformaron la condena a perpetua para los tres acusados por la Masacre de Capilla del Rosario en absoluciones.

Demoras
“Durante estos años muchos jueces llevaron adelante juicios, produjeron fallos y sentencias porque son sumamente permeables a los vientos políticos. Hoy que esos vientos cambiaron y que hacer juicios por crímenes de lesa humanidad ya no reditúa como antes, hay más presiones y se corren riesgos de destitución, van modificando sus posturas o directamente tratan de evitar estar en los juicios”, reflexionó Guadalupe Godoy, abogada querellante en juicios por crímenes de lesa humanidad en La Plata por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y la Unión por los DD HH.

Uno de los juicios en los que participa la letrada es el que juzga los crímenes de la CNU, que debía comenzar el viernes en La Plata y fue suspendido. En el proceso están acusados por homicidio, secuestro, tortura y robo contra siete personas los civiles Carlos “el Indio” Castillo y José “Pipi” Pomares.

La suspensión se produjo por la salida del juez César Álvares que desde octubre subrogaba en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata. Pero ese juicio no es el único en mora en La Plata. En mayo la Fiscalía Federal reclamó que el TOF pusiera fecha de inicio a once causas: además del de la CNU, solo en la capital bonaerense están pendientes los juicios por el Pozo de Banfield (seis imputados por 247 víctimas), Pozo de Quilmes (18 imputados por 175 víctimas) y Brigada de San Justo (24 imputados por 81 víctimas), Brigada de Caballería e Infantería “1 y 60” (22 ex militares, ex policías y civiles acusados por 192 víctimas), y el del Regimiento 7.

Pero también hay otros cinco debates más breves con menos imputados. “Vemos con preocupación que hay muchos tribunales sin integrar, juicios en los que las audiencias se están demorando, se bajó la frecuencia con la que realizan los procesos, algunas audiencias duran menos y con menor frecuencia”, dijo a Tiempo Carolina Varsky, coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que dirige el fiscal general Jorge Auat.

En ese camino, explicó que “en 2016 hubo diez sentencias contra más de 20 que hubo en años anteriores. Por eso, al ritmo que vamos, no se llegaría a alcanzar a los años anteriores: esto se debe al contexto político, a esta poca frecuencia, y que hay por lo menos tres jurisdicciones en las que hay megacausas, Córdoba, Mendoza, Capital”. Cuando en abril pasado los organismos se reunieron con Auat denunciaron demoras, desarticulación de programas, áreas y políticas estatales, despidos de especialistas, quita de fondos y el aumento de las prisiones domiciliarias.

A siete meses de gobierno macrista, todas esas problemáticas se siguen confirmando. Presos en su casa Esta semana las prisiones domiciliarias a los represores ocuparon el centro de la escena. Por un lado, en medio de una concentración de reclamo de organismos de Derechos Humanos quedó en suspenso el pedido de domiciliaria de Etchecoltaz.

Por otro lado, el Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín tuvo que revocar la domiciliaria al represor Trillo luego de que la querella de Abuelas de Plaza de Mayo demostrara que violaba los límites de su casa: presentaron una foto suya paseando un perro.

“Es una barbaridad que un criminal paradigmático de la dictadura argentina en la provincia como Etchecolatz pueda estar en su casa”, dijo a este diario el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Emanuel Lovelli. Y agregó que si prospera el pedido la situación sería “grave” y un “mal antecedente”.

Para que el Tribunal platense resuelva el pedido de Etchecolatz debe resolverse primero quién será el tercer juez, ya que el presidente Carlos Rozanski está excusado de actuar en expedientes en los que el represor esté involucrado.

“Sabemos de la importancia simbólica de Etchecolatz por ser el primero en ser juzgado (en 2006), por lo que significó para el aparato represivo y por lo que significa a casi diez años de la desaparición de Jorge Julio López”, subrayó Godoy. Y remarcó: "El Poder Judicial también lo sabe".
Fuente:TiempoArgentino