Primero disparan
Ola de casos de gatillo fácil. En 8 días hubo 7 fusilamientos y muertes en comisarías. Represión en las marchas para pedir justicia. Torturas a integrantes de La Garganta Poderosa.
El 7 de diciembre de 2010, el gobierno nacional y el porteño decidieron acabar con la toma del Parque Indoamericano de la peor manera: a sangre y fuego. En lugar de atender los urgentes reclamos de vivienda digna –una demanda que sigue sin ser solucionada– optaron por la vía de la violencia desmedida. Fue el debut de la Policía Metropolitana, bajo el mando operativo de la Policía Federal. Mataron a balazos a Rosemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro. Además, hirieron con plomo a otros cinco vecinos. Una verdadera masacre.
Hasta ahora, parecía que una vez más iba a triunfar la impunidad. Pero la Cámara de Casación acaba de revocar el sobreseimiento de 15 policías involucrados, que deberán responder por su responsabilidad en los asesinatos.
Sin embargo, la costumbre policial de disparar, torturar, golpear y matar pareciera seguir intacta. Al cierre de esta edición, vecinos del barrio El Vivero, de González Catán, denunciaron que fueron desalojados a los tiros, con varios heridos de bala. En Corrientes, integrantes de la Federación de Organizaciones de Base fueron reprimidos violentamente en el centro de la capital provincial.
Víctimas. Víctor González fue asesinado por la Bonaerense. Los vecinos reclaman justicia.
El dato más ilustrativo de esta situación de impunidad policial lo aportó la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que acaba de denunciar que el resultado del “combate de Cambiemos contra la pobreza” es una escalofriante seguidilla de asesinatos cometidos por uniformados. Asusta. En solo ocho días, entre el 16 y el 24 de septiembre, hubo 7 fusilamientos y muertes en comisarías: una víctima de las fuerzas de seguridad cada 27 horas. Solo hay un policía detenido por su responsabilidad en estos crímenes.
En el conurbano sur, la zona donde fuentes oficiales anunciaron que comenzarían a realizar patrullajes conjuntos la Bonaerense y la Federal en autos de civil, se produjo el primero de los crímenes perpetrados por agentes del Estado. Fue el viernes 16 de septiembre, a la cinco de la tarde, en Villa Jardín, Lanús. Máximo Orellana, a quien apodaban “Machi”, salió de su casa para buscar a su hija en el jardín de infantes. Dos policías lo detuvieron arbitrariamente por “averiguación de antecedentes”. Como reclamó porque se le hacía tarde, comenzaron a golpearlo. Lo llevaron a la comisaría 5ª de Villa Diamante. Luego, lo trasladaron a la Unidad de Pronta Acción, donde llegó muerto. La situación se dio a conocer por las marchas que hicieron sus familiares, amigos y vecinos, detrás de una bandera que es muy clara: “Solo buscamos justicia para Machi, basta de policías asesinos”.
Crueldad. Gustavo Germán Gerez, víctima de la violencia y de las burlas policiales.
El domingo 18, en el barrio Belisario Roldán, de Mar del Plata, el joven Roberto Ávalos, que padecía trastornos psiquiátricos, fue detenido por la Policía Bonaerense. Para “calmarlo”, le pusieron un tiro en el pecho y lo mataron. Mucho más al sur, en Santa Cruz, la noche de ese mismo domingo, el taxista Gustavo Germán Gerez Bravo fue detenido como contraventor por la policía que lo encontró en estado de intoxicación cerca del característico Monumento al Obrero Petrolero. Estaba delirando. En lugar de llevarlo a un hospital para que lo asistan, lo trasladaron a la comisaría 1ª de Caleta Olivia, donde lo esposaron y lo dejaron en un cuarto. En las primeras horas del lunes 19 perdió la vida. Nunca le avisaron a su familia. Cuando llegó su hermana, le dijeron que había muerto por “sobredosis”. Al ver el cadáver, se dio cuenta de la mentira policial: tenía las muñecas hinchadas y el cuerpo estaba cubierto de moretones y ensangrentado, como si lo hubieran pateado en el piso. Los agentes dijeron que “se había ahogado en su propio vómito”. El forense, que durante muchos años fue médico policial, avaló esta versión. Algún policía se asqueó de la brutalidad de sus colegas y divulgó una captura de un grupo de WhatsApp donde los policías se burlaban del joven asesinado. Al compartir la foto del joven en el cajón, uno de ellos, de nombre Alfredo Albornoz, escribe “queda lindo ahí, jajaja”.
Al igual que los familiares de Orellana, los de Gerez salieron a manifestarse. La infantería los reprimió violentamente, con balas de goma, gases y palos. No pudieron detener la bronca. Las movilizaciones siguieron. La solidaridad de futbolistas locales y de músicos que se sumaron para un festival hizo que el tema sea más difundido.
El martes 20 de septiembre, en el Barrio Santo Tomás, en Berazategui, un oficial del Comando de Patrullas de Merlo discutió con el joven Lionel Zacarías y lo mató de un tiro en el ojo con su pistola Taurus 9 mm. El agente, de 22 años, estaba en estado de ebriedad: fue detenido.
Padre. Máximo Orellana fue molido a golpes por protestar ante una detención arbitraria.
El 21, Día de la Primavera, perdió la vida Jorge Maximiliano Velázquez. Estaba acusado de robar un celular. Tenía que declarar y lo habían detenido en la comisaría 6ª de Tolosa, en las afueras de La Plata, algo que desde el 2012 está prohibido. Había 24 personas hacinadas en el calabozo donde apareció sin vida. Otro muerto en situación de encierro.
El viernes 23 de septiembre, Víctor González, vecino del barrio La Catanga, San Martín, en el noroeste del conurbano bonaerense, fue a pagar una deuda al almacén. Se quedó tomando una cerveza con sus amigos. De repente aparecieron dos patrulleros. Sin mayor aviso, comenzaron a disparar a mansalva contra unos presuntos delincuentes. No hubo tiroteo: todas las balas provinieron de los uniformados. El hombre intentó resguardarse en la pared del almacén. Una bala le atravesó el pecho. Cayó muerto. Los vecinos quisieron parar el ataque policial y ayudarlo. Resultaron heridos.
Ese mismo viernes, unas horas después, en Concordia, Entre Ríos, Sebastián Daniel Briozzi y su hermano Pedro Luis eludieron un control policial en la zona de boliches de la costanera. El sargento Elbio Acosta y el cabo 1º Jorge Horacio Monzón los cruzaron con el patrullero y, apuntando hacia el vehículo, descerrajaron una ráfaga de balas. Sebastián murió en el acto. Al principio, los medios repitieron la versión policial de que se había tratado de un enfrentamiento. Luego se supo que solamente la policía disparó.
“Solo la movilización de las familias de las víctimas y de las organizaciones populares logra que se corra el velo de impunidad y que los responsables sean señalados”, dijeron desde Correpi. Sin embargo, al cierre de esta edición, ninguna autoridad nacional o provincial de relevancia había condenado los asesinatos cometidos por quienes deberían cuidar a los ciudadanos pero que, al calor del discurso punitivista imperante, se sienten envalentonados para cometer crímenes amparados en sus uniformes.
Torturas en patota
En la edición 949 publicamos la nota “Pensamiento prefecto”, en la que revelamos la existencia de un perfil de Facebook donde los “navales” volcaban sus posiciones favorables a la tortura y al gatillo fácil, ensañándose particularmente contra los jóvenes de la Villa 21-24. El sábado 24 de septiembre se pudo ver cómo se materializa todo ese odio. Los adolescentes Ezequiel Villanueva Moya e Iván Navarro, de 15 y 18 años, fueron interceptados por policías federales y luego por una patota de 10 prefectos. Los uniformados detuvieron a los jóvenes, les robaron las camperas, zapatillas y cadenitas. Los molieron a golpes. Los obligaron a hacer flexiones y caminaron sobre sus espaldas. Y los amenazaron de muerte, poniéndoles un cuchillo en el cuello. “Total, nadie iba reclamar por ellos”, les dijeron. Pero no fue así. Los jóvenes son integrantes de la revista La Garganta Poderosa. Ante la difusión del gravísimo caso, siete uniformados torturadores se entregaron y se encuentran detenidos en Marcos Paz. Hasta el momento, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich optó por el silencio.
Fuente:Veintitres
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