Los Organismos de DDHH de Bahía Blanca, Asamblea Permanente x los Derechos Humanos, Red x la Identidad e H.I.J.O.S., Junto a la MESA x el Juicio y Castigo, y en consonancia con los Organismos Nacionales y de Todo el País, Madres, Abuelas, Familiares e .H.I.J.O.S.,
Convocamos a toda la ciudadanía a participar de un acto para Exigir la Aparición Con Vida Ya! de Santiago Maldonado a Un Mes de su desaparición por parte de Gendarmeria,
El día VIERNES 1 de Septiembre a las 18.30 Hs en las Puertas del Teatro Municipal.
El día VIERNES 1 de Septiembre a las 18.30 Hs en las Puertas del Teatro Municipal.
En todo el País, los Organismos de DDHH realizaran acciones para visualizar la Desaparición de Santiago y Exigir su aparición con Vida.
En Argentina, donde el Estado Desapareció a 30.000 Compañeros, NO podemos permitir UNA DESAPARICIÓN MAS!!
El Gobierno y el Estado todo, es Responsable y deben decir Dónde Está Santiago. Todas y todos estamos en peligro!
El Gobierno y el Estado todo, es Responsable y deben decir Dónde Está Santiago. Todas y todos estamos en peligro!
VIVO SE LO LLEVARON
VIVO LO QUEREMOS!!
VIVO LO QUEREMOS!!
APARICIÓN CON VIDA YA!!
Asamblea Permanente x los Derechos Humanos. BBca.
RED x el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo BBca.
H.I.J.O.S. Regional B.Bca.
Familiares de Desaparecidos.
MESA x el Juicio y Castigo. BBca.
RED x el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo BBca.
H.I.J.O.S. Regional B.Bca.
Familiares de Desaparecidos.
MESA x el Juicio y Castigo. BBca.
30.000 Compañeros Detenidos -Desaparecidos Presentes!
H.I.J.O.S. Bahía Blanca.
(Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)
https://www.facebook.com/hijos.bahiablanca
twitter @HIJOSBahiaBca
twitter @HIJOSBahiaBca
http://hijosbahiablanca.blogspot.com.ar/
DOMINGO, 27 AGOSTO, 2017
Pérez Esquivel pidió la renuncia de Bullrich por la desaparición de Maldonado
El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel consideró hoy que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, "debería renunciar" por su accionar en la búsqueda de Santiago Maldonado, el joven desaparecido desde el pasado primero de agosto.
"Debería renunciar Bullrich, se ha pedido su renuncia y de quienes la secundan", precisó el referente de los derechos humanos.
Para Pérez Esquivel, "el Gobierno está eludiendo la responsabilidad del secuestro y la desaparición" del muchacho de 28 años y destacó que "las mismas Naciones Unidas estaban reclamando la información" sobre los procedimientos que se están llevando a cabo para dar con su paradero, como también lo reclama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Hay que tener en cuenta que es una intervención unlilateral realizada por el Ministerio de Seguridad con la Gendarmería. Hay testigos de la represión y del apaleamiento de esto joven que lo subieron a la camioneta de Gendarmería", resaltó en declaraciones a Radio 10.
En este sentido, el Premio Nobel opinó que "hay un ocultamiento" por parte de las autoridades nacionales y apuntó contra el jefe de Gabinete de la cartera que dirige Bullrich, Pablo Nocetti: "Es un hombre que fue abogado de represores y con amenazas de que los va a meter preso y que no va a dialogar con las comunidades mapuches. Volvemos a los peores momentos que vivió el país", cuestionó.
Según Pérez Esquivel, "es el Estado el responsable indirecto" por la desaparición del joven y "lo empeoran con el encubrimiento".
Fuente:DiarioChaco
Taty Almeida: “Las respuestas de Patricia Bullrich fueron sin mirarnos a los ojos”
La referente de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, recordó las respuestas que dieron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, quienes rechazaron que Santiago Maldonado haya sido desaparecido por la gendarmería. El 1 de septiembre se prepara un gran festival para pedir por su aparición.
La referente de Madres de Plaza de Mayo –línea fundadora- se mostró indignada por las respuestas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de que organismos de Derechos Humanos se reunieran con funcionarios del gobierno para exigirle una búsqueda intensiva para dar con Santiago Maldonado.
“Eran increíbles las respuestas de Patricia Bullrich. Sin mirar a los ojos. Nosotros sí, mirándolos a los ojos, le dijimos que ellos eran los culpables y los responsables”, dijo contundente, Almeida en diálogo con AM 750.
A su vez, diferenció los casos de desaparecidos en democracia, recordando lo sucedido con Jorge Julio López, pero destacando que la desaparición de Santiago Maldonado fue en manos directas del Estado, a través de las fuerzas de seguridad.
Hermano de Santiago, Sergio Maldonado, en acto multitudinario en Plaza de Mayo.
“Todavía se ofendieron. Escucharon lo que todos y todas pensábamos, lo que no están haciendo justamente es investigar y asumir su responsabilidad”, dijo sobre las respuestas de Bullrich y el ministro de Justicia, Germán Garavano.
“Queremos que aparezca y saber qué pasó con Santiago”, repitió Taty Almeida, quien además anticipó que este 1 de septiembre, a un mes de la desaparición del joven mochilero luego de la represión de gendarmería en la comunidad mapuche de Cushamen, Chubut, se realizará un gran festival en Plaza de Mayo.
“El 1 de septiembre estamos convocamos a la Plaza de Mayo a un recital para recordarlo y pedir por su aparición con vida”, detalló la Madre de Plaza de Mayo.
Fuente:InfoCielo
Con la desaparición de Santiago, el Gobierno y el país cruzaron un límite
En esta etapa democrática iniciada en 1983 ocurrieron todo tipo de crímenes perpetrados por agentes armados del Estado o por bandas criminales civiles con protección estatal. Pero con el joven Maldonado desaparecido, la negación, el encubrimiento y la complicidad oficial rompen las bases del Estado de derecho.
Por Miguel Croceri
Ago 28, 2017
Quizás nunca pueda saberse la verdad o quizás sí. Mientras esa incógnita no se despeje, la única hipótesis razonable es que Santiago Maldonado fue secuestrado y asesinado, y sus restos ocultados, por la acción criminal de gendarmes que bajo órdenes del Gobierno nacional atacaron a una comunidad mapuche en el departamento de Cushamen, provincia de Chubut, el pasado 1º de agosto.
Pero a ese hecho, que es el único realmente terrible e irreversible –el asesinato de una persona–, el Gobierno le ha sumado otro de máxima gravedad política y que significa haber cruzado un límite desde el cual será extremadamente difícil volver: la negación, el encubrimiento y la complicidad.
Y no es que no puedan volver el macrismo y toda la derecha. Eso sería problema de ellos. La que presumiblemente tenga que pasar por muchos sufrimientos para poder volver a una situación de ciertas garantías para el ejercicio de sus derechos es la sociedad argentina.
Volver, en este sentido, significaría recuperar niveles aceptables de respeto a las normas legales por parte del Estado en general y en particular de sus agentes armados –gendarmes, policías, militares, personal naval, miembros del espionaje, etcétera– después de que cruzara esa frontera un Gobierno surgido del voto ciudadano, y además avalado en la reciente elección primaria por una parte relativamente minoritaria pero a la vez muy considerable de los votantes.
Imposible prever el agravamiento que puede tener una escalada de crímenes represivos con un Gobierno y todo un bloque de poder dispuestos a usar la violencia que crean necesaria contra quienes se opongan a sus objetivos, y que por ello, cuando a los que aplican esa violencia en los hechos concretos –como a los gendarmes en Cushamen– “se les va la mano”, matan a una persona y esconden su cadáver, el macrismo les garantiza encubrimiento e impunidad.
Nuestra patria sufrió un genocidio en la segunda mitad de la década de los años setenta perpetrado por el Estado terrorista que empezó a cobrar forma ya durante el Gobierno de entonces surgido del voto ciudadano, y luego se implantó totalmente con la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976.
Después de esa etapa, la más trágica de la historia contemporánea aún en un país que ya de por sí había sufrido dictaduras durante gran parte del siglo XX, con el proceso democrático que empezó el 10 de diciembre de 1983 Argentina había recuperado las bases de un sistema legal –el Estado de derecho– valorado por el conjunto de la sociedad y al cual los diferentes Gobiernos, en mayor o menor medida, se sometieron.
A pesar de ello, desde entonces ocurrieron todo tipo de atrocidades contra la vida y la integridad física y psíquica de las personas, provocadas por el accionar violento de integrantes del aparato armado del Estado o por bandas criminales civiles con protección estatal.
Crímenes en la etapa democrática
En estos casi 34 años de continuidad del régimen político constitucional, por ejemplo, el llamado “gatillo fácil”, que es una forma eufemística de denominar a crímenes perpetrados por policías o por agentes de otras fuerzas llamadas (normalmente sin ironía) “de seguridad”, cuenta con miles de víctimas en todas las provincias y jurisdicciones del país.
Además, la desaparición de personas –en particular mujeres jóvenes e incluso adolescentes– como consecuencia de organizaciones criminales de trata de seres humanos es una aberración cotidiana que normalmente recibe la indiferencia de los Gobiernos porque son hechos de “bajo costo político”, debido a que la indiferencia parte de una mayoría social desinteresada de esas víctimas, pero a la vez siempre se comprueba que los autores directos de los delitos tienen complicidad y encubrimiento policial, judicial y de funcionarios políticos de la nación o de provincias o municipios. Es decir, del Estado.
A todo ello se suman las víctimas de crímenes por razones políticas desde 1983 hasta hoy, es decir, después de la dictadura genocida. Para mencionar solo algunos de los más resonantes: las 39 personas asesinadas durante el estallido del país en diciembre de 2001 (sobre esas muertes las cifras difieren, porque nunca hubo información oficial. Una investigación periodística realizada por el diario Tiempo Argentino en 2011, pasados diez años de los hechos, constató 37 casos mortales. Posteriormente, un equipo de realizadores audiovisuales dirigidos por Ayelén Velázquez comprobó dos víctimas más, al concluir en 2016 su trabajo que fue volcado en el video 39. El documental).
De todos los casos de violencia política en distintos momentos de la actual etapa democrática, sobresalen igualmente los crímenes perpetrados por fuerzas policiales durante protestas populares en la etapa menemista, como los asesinatos de Víctor Choque en Ushuaia (Tierra del Fuego) en 1995, y de Teresa Rodríguez en Cutral Co (Neuquén) en 1997.
Igualmente fueron policías, pero en este caso como sicarios contratados desde el poder empresario que respondía a Alfredo Yabrán, los que asesinaron al fotógrafo periodístico José Luis Cabezas en Pinamar (provincia de Buenos Aires), también en 1997. Jamás se supo, en cambio, quiénes y cómo mataron a Mario Bonino, periodista y militante sindical que desapareció en noviembre de 1993 y días después su cuerpo sin vida fue encontrado en el Riachuelo (Capital Federal).
Hacia el final de esa década, en diciembre de 1999, estuvieron los asesinatos de Francisco Escobar y Mauro Ojeda por parte Gendarmería en el puente que une las provincias de Corrientes y Chaco, una semana después de que asumiera el Gobierno de Fernando de la Rúa. Ese sería solo el comienzo de una estrategia criminal del Gobierno que se agravaría con el asesinato de Aníbal Verón, en el año 2000 en Tartagal (Salta), y llegaría al extremo en la convulsión nacional de fines de 2001.
En el interinato presidencial de Eduardo Duhalde, en junio de 2002, policías de la provincia de Buenos Aires asesinaron a los jóvenes militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en la estación de trenes de Avellaneda.
Durante el kirchnerismo ocurrieron asesinatos políticos a manos de policías federales o provinciales, o de bandas criminales con complicidad de los Gobiernos provinciales. Entre ellos, los asesinatos del docente Carlos Fuentealba durante una protesta en una ruta de la provincia de Neuquén, en 2007; del cacique diaguita Javier Chocobar en la localidad de El Chorro, Trancas (Tucumán) en 2009; del joven militante Mariano Ferreyra, del Partido Obrero, cuando participaba de una movilización cerca de la estación Constitución (ciudad de Buenos Aires), en 2010; del también joven militante Cristian Ferreyra (igual apellido que el anterior), indígena y olvidado como víctima de un crimen político, asesinado en el paraje San Antonio (Santiago del Estero) en 2011.
Desaparecidos por razones políticas
Muy recordada en las últimas semanas fue la desaparición de Jorge Julio López. La alusión al caso se hizo generalmente como forma de atacar al kirchnerismo, dentro de las estrategias de acción psicológica sobre la opinión pública para justificar al Gobierno actual y legitimar a la derecha que está en el poder. Ninguna similitud existe entre López y Santiago Maldonado, excepto la cruel realidad de que ambos están desaparecidos.
El honorable militante de la localidad platense de Los Hornos –quien era ya un adulto mayor, un querible y admirable “viejito”–, que había estado desaparecido en la dictadura pero salvó su vida, y que cuando las condiciones políticas lo permitieron prestó valiente testimonio primero en los Juicios por la Verdad (antes de 2003, cuando no podía haber condenas porque regían las leyes de impunidad llamadas “Punto Final” y “Obediencia Debida”) y luego fue querellante y testigo contra el represor Miguel Ethecolatz, salió una mañana temprano de su casa y nunca más se supo de él.
En cambio, Santiago Maldonado fue a solidarizarse con una protesta mapuche y allí lo vieron por última vez los pobladores, mientras corría para escapar de la Gendarmería, que atacaba con toda violencia a la gente del lugar y arrasaba con sus pocas pertenencias.
Cuando en la noche del domingo 13 de este mes, concluida la votación en las elecciones primarias, y mientras el Gobierno y las corporaciones mediáticas consumaban el fraude informativo y armaban un show político de simulación para hacerle creer a la población que la derecha había ganado la elección en la provincia de Buenos Aires, Mauricio Macri y su jefe de Gabinete Marcos Peña, luego de los festejos, dieron una conferencia de prensa.
En un momento les preguntaron por Santiago Maldonado. Ejecutando una decisión previamente calculada, Macri ni siquiera contestó y le dio la palabra a Peña, quien respondió con el discurso negador y encubridor que más habitualmente esgrimen la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Justicia y Derechos Humanos (también dicho esto sin ironía, porque es el nombre formal del cargo), Germán Garavano.
El Gobierno se convierte así en partícipe necesario del crimen. Y como advirtió en el programa de televisión Minuto Uno José Schulman, secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH, una de las más antiguas organizaciones de derechos humanos del país y que enfrentó heroicamente a la dictadura genocida), muy probablemente “están preparando el terreno para lo peor. Para que aparezca en la Cordillera un cuerpo sin vida”.
Schulman, militante político de toda la vida, en ese mismo espacio televisivo fue muy explícito en su reflexión y exhortación a toda la población. Dijo lo siguiente: “Tengo la sensación de que estamos cruzando un límite invisible. Ojalá que todos entiendan que no es un problema de la militancia, ni de la causa mapuche ni de la izquierda. La sociedad argentina debe entender que el regreso de estas formas tan brutales de represión afecta la vida de todos. Incluso de los miserables que ahora están contentos con que repriman a los mapuches. Ni siquiera ellos se salvarán”.
Desde la derogación de facto de leyes de la nación apenas asumió el Gobierno de la coalición Cambiemos, pasando por la habitual violencia represiva contra protestas populares, la persecución judicial contra Cristina Kirchner y numerosos dirigentes de su sector, el silenciamiento de periodistas opositores, el hostigamiento a jueces y fiscales que no responden a la derecha gobernante, y como ejemplo agravado la privación ilegal de la libertad de Milagro Sala…
Son hechos concretos con los cuales el macrismo y sus aliados fueron atacando las bases jurídicas que sostienen la convivencia política en un país que (como todos) vive permanentes tensiones, disputas, conflictos y controversias. Y con Santiago Maldonado llevan su estrategia política hasta extremos criminales.
Quizás, en la reconstrucción de la nación después de la etapa macrista –etapa que es expresión de una hegemonía derechista a nivel local y latinoamericano, y cuya duración nadie puede prever con certeza–, será una prioridad recuperar valores que hoy se rompieron o están en riesgo: por ejemplo, libertades públicas, garantías constitucionales, libre expresión y derechos políticos.
Todas ellas, condiciones que, según el contrato social –implícito– que rige en Argentina desde el fin de la última dictadura, constituyen los pilares del sistema político democrático. Pero ahora que el Gobierno cruzó un límite y se puso del lado de los asesinos, otra vez su vigencia pasa a ser un desafío para toda la sociedad, a fin de volver a vivir en un Estado de derecho.
Fuente:Contexto
28 de agosto de 2017
Repudio a los dichos de Patricia Bullrich negando los crímenes de la dictadura y la desaparición de Maldonado
“Es un agravio para la lucha por la memoria”
La ministra de Seguridad dijo que, bajo el terrorismo de Estado, “los demonios no eran tan demonios” y volvió a defender a la Gendarmería, acusada por la desaparición de Santiago Maldonado. Referentes de los derechos humanos salieron a responderle.
“No hubo intento de hacer desaparecer a nadie”, se defendió Bullrich. Algunos organismos ya piden su renuncia.
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich puso en duda los crímenes de la dictadura (“los demonios no eran tan demonios”, dijo) y volvió a negar que Santiago Maldonado sea víctima de una desaparición forzada. Fue durante el programa de Mirtha Legrand, donde respondió algunas preguntas sobre el joven levantado por la Gendarmería el 1 de agosto en Chubut. En ese contexto, la ministra desligó a la Gendarmería del caso y dijo que “es muy angustiante” que comparen al gobierno de Mauricio Macri con la dictadura de Jorge Rafael Videla. Integrantes de los organismos de derechos humanos consultados por este diario repudiaron la obstinada negación de la funcionaria, a la que definen como “lamentable”. “Repudiamos su postura porque repite lo mismo desde que nos reunimos con ella y ni siquiera advierte que la propia Justicia está diciendo que hubo desaparición forzada con el cambio de carátula”, dijo a PáginaI12 Taty Almeida, de Madres de Plaza Línea Fundadora, poco después del regreso de su viaje a Esquel. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre adelantó, en tanto, que prepara una denuncia penal contra la ministra por encubrimiento y desaparición forzada, trámite que encabeza el reconocido abogado Eduardo Barcesat.
“Tengo la fuerte convicción de que la Gendarmería no es responsable de la desaparición de Maldonado”, dijo Bullrich. “Hubo 40 efectivos que participaron en el operativo que se llevó a cabo en la comunidad Pu Lof y, si hubiera cometido algún delito, se habría denunciado. Interrogamos a todos con nuestros equipos y no encontramos indicios contra la fuerza”, se defendió. “Trabajamos para que éste no sea otro caso como el de Julio López”, dijo, en referencia al testigo que desapareció en 2006 tras declarar en un juicio contra el ex comisario Miguel Etchecolatz. Criticó la dimensión del repudio masivo y la postura de los organismos de derechos humanos que desde la primera hora anclaron el caso en la figura de desaparición forzada, al denunciar la participación de las fuerzas de seguridad.
“El Gobierno y los organismos de derechos humanos debemos estar en un mismo bando, no nos podemos enfrentar. Estamos en democracia y la sociedad argentina cambió y sus fuerzas de seguridad también. Las cosas no son como hace cuarenta años atrás”, siguió la ministra. “La Gendarmería de hoy no es la de 1976 y nosotros no somos un gobierno como el de 1976. Nosotros no somos Videla ni hacemos desaparecer gente. Es muy angustiante que nos pongan en ese lugar”, señaló. En línea con la teoría de los dos demonios y el negacionismo del genocidio, que alientan diversos funcionarios del Gobierno, también dijo que durante la década del 70 “ni los demonios eran tan demonios, ni los ángeles, tan ángeles”. Y cuando finalmente se le preguntó sobre su posible renuncia en caso de que Maldonado no aparezca, la ministra omitió la respuesta, se limitó a aclarar que “desaparición forzada es que el Estado haga desaparecer a alguien adrede. No hubo intento de hacer desaparecer a nadie”.
Las declaraciones levantaron distintas voces de repudio. “Sus palabras son agraviantes para la familia, para los organismos de derechos humanos y para la lucha por la memoria, la verdad y la justicia”, dijo a PáginaI12 José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. “Su postura persiste en convalidar la desaparición forzada de parte de Gendarmería, porque nadie encuentra lo que no busca. Y su posición no sólo es una nueva demostración de las políticas negacionistas del Gobierno y violatorias de los derechos humanos, sino que creemos que además son un obstáculo insalvable para conseguir la verdad sobre la desaparición de Maldonado”. Por eso, aún cuando el resto de los organismos no tiene una postura consensuada sobre este punto, la Liga decidió ya exigir la renuncia de la ministra. E impulsó una denuncia penal en la que ya trabajan Barcesat, Jorge Cholvis y Pedro Dinani.
“Me preocupa que la ministra siga desconociendo que esto fue una desaparición forzada cuando la Justicia ya lo está diciendo”, dijo Horacio Pietragalla, que viajó a Esquel con Taty Almeida, Lita Boitano, de Familiares, y Carlos Pisoni, de Hijos. “Creo que con estas posturas todo se hace más difícil porque hoy el Estado es quien tiene que empezar a dar respuestas y, si nos encontramos con una negación tan grande, todavía será más complejo encontrar la posibilidad de esclarecer algo”.
Adriana Taboada es integrante de la Comisión Zona Norte por la Memoria, la Verdad y la Justicia y parte del armado de trece organismos que vienen buscando mecanismos rápidos de consenso como respuesta urgente a permanentes políticas de retroceso del Gobierno. Inscribe a la ministra como una mujer que desde su función sostiene la impunidad. Que llegó y disolvió áreas claves para la investigación de las fuerzas de seguridad que participaron de la dictadura, que puso a las fuerzas al servicio de la represión. “Miente cuando dice, por ejemplo, que entraron a la comunidad (mapuche) por orden judicial cuando había mujeres y niños y cuando dice que ellos estaban tirando piedras, pero a las piedras les responden con plomo.
En esa línea, la abogada de Santiago Maldonado Verónica Heredia señaló que la “ministra desconoce el expediente o miente” y recordó que “no hay ninguna duda en el expediente”. Taty Almeida recordó que sus declaraciones contradicen incluso las de la propia Gendarmería, ya que autoridades de la fuerza reconocieron haber actuado por órdenes del Ministerio de Seguridad. “¿En qué se está basando para decir lo que dice?, ¿cuáles son sus códigos? Realmente esta es una ofensa”, dice. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo habló durante la tarde del sábado, antes de las declaraciones de Bullrich. “Cuarenta años después estamos diciendo aparición con vida –dijo al programa Parte del Aire, de la AM 750–. Si esto pasa sin pena ni gloria, preparémonos para un futuro tremendo.”
Fuente:Pagina12
No hay comentarios:
Publicar un comentario