En la segunda jornada del juicio de la Subzona 14 II , se leyó la atribución de responsabilidades en los delitos que la investigación adjudica al exjefe de Policía de la dictadura, Luis Enrique Baraldini.
El exjefe de la Policía de La Pampa, Luis Enrique Baraldini, ejercía “un efectivo poder de mando sobre el grupo de tareas” que tuvo a cargo los secuestros y torturas de las 234 víctimas que se ventilan en el segundo juicio a los represores pampeanos que lleva adelante el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa.
En la segunda audiencia, la lectura de la requisitoria fiscal de elevación a juicio describió el rol que tuvo el ex militar en la represión ilegal en la provincia y mencionó la voluminosa prueba documental y testimonial que sostienen la acusación. Además, tamibén se leyó la acusación al exsecretario de la gobernación, el ex militar Néstor Greppi, y el expolicía Roberto Fiorucci. Este viernes el tribunal avanzará en la descripción de las imputaciones al resto de los acusados.
Este miércoles, a primera hora, los secretarios del tribunal terminaron de leer la lista de casos por los cuales se acusa a dos exmilitares y trece expolicías. En total, son 234 personas. Fueron secuestradas entre 1975 y 1982, sometidos a interrogatorios con los ojos vendados en la mayoría de las oportunidades, bajo torturas con picana eléctrica, golpes, amenazas de muerte, simulacros de fusilamiento y vejaciones.
Entre las víctimas hay estudiantes, docentes de la unversidad y de colegios secundarios, gremialistas, funcionarios justicialistas del gobierno provincial, dueños de constructoras que hacían obras públicas, militantes de izquierda, periodistas y siloistas.
Greppi, con “función paralela”
En la segunda parte de la audiencia, tribunal comenzó con la lectura de la atribución de la responsabilidad de cada uno de los imputados en los delitos por los cuales se los acusa, formulada por el fiscal que terminó la investigación, Juan José Baric.
Con respecto al excoronel y ex secretario general de la Gobernación, Néstor Omar Greppi, que fue condenado en el primer juicio a 20 años de prisión, la elevación a juicio menciona que era secretario general de la Gobernación pero tenía una “función paralela” como miembro activo en los procedimientos que llevaba adelante el grupo de tareas de la Subzona 14.
En ese sentido, el militar participó en algunos operativos, dio órdenes, presenció interrogatorios e hizo actividad de inteligencia sobre las víctimas. Esa afirmación de la acusación se basó en pruebas documentales -órdenes escritas- y testimonios que lo ubican en esa tarea y que fueron enumerados durante la lectura.
Baraldini, “un rol activo y ofensivo”
En el caso de Baraldini, la acusación detalló que antes del 24 de marzo del ‘76 era jefe de inteligencia en el Regimiento de Toay y, como tal, actuaba como “enlace” entre el grupo de tareas de la Subzona 14 encargado y el comandante de esa jurisdicción militar. “Era el principal responsable de la inteligencia, base fudamental” para las detenciones ilegales y las torturas en la represión desatada en la provincia con el objetivo de “detectar y aniquilar la subversión”.
Con el golpe militar, Baraldini siguió ejecutando su misión ya como jefe de Policía de La Pampa, desde donde ejerció “un efectivo poder de mando sobre el grupo de trabajo” encargado de los secuestros y tormentos a las víctimas. “Tenía un rol efectivo y ofensivo”, describió la acusación fiscal, además de indicar que recibía órdenes de la Subzona 14 y él impartía directivas al grupo de policías que funcionaba en el primero piso de la Seccional Primera de Santa Rosa, la Unidad Regional I.
Las pruebas sobre el rol de Baraldini que enumera la acusación son categóricas y numerosas. Entre las documentales, un radiograma que le dirigen desde Jacinto Araúz, donde fuerzas militares habían apoyado a los policías en la toma del colegio secundario y las detenciones de profesores y vecinos, en el cual le comunicaba la fuga del profesor Guillermo Quartucci. También las notificaciones del estado de salud de los secuestrados sometidos a torturas que le enviaban los médicos policiales directamente a la jefatura o las notas que él dirigía al juez federal o al Servicio Penitenciario Federal con disposiciones sobre los detenidos.
Además de esto, la acusación describe los testimonios de víctimas que lo identifican encabezando operativos, participando de interrogatorios o sesiones de torturas, comunicando la libertad vigilada de otros, recibiendo a familiares, amenazando de muerte con una pistola a detenidos, o recorriendo las celdas de la Primera riéndose de los encarcelados
Finalmente, la acusación identifica a una docena de policías que testimonió que Baraldini acudía a la Primera y subía con asiduidad al primer piso, de donde los secuestrados que eran sometidos a torturas bajaban en “estado deplorable”.
En la acusación fiscal, se destaca que mientras se desempeñó como Jefe de Policía, Luis Baraldini solicitó al Gobernador la aprobación del Reglamento de Instrucción para Operaciones de Seguridad (R.R.G.P. 7, de carácter secreto ), instructivo relativo al modo de proceder del personal policial para el empleo de agentes químicos, de grandas lacrimógenas, empleo de armas, procedimiento a seguir para la apertura de fuego, detención de individuos aislados, dispersión y detención de grupos de personas (a los que clasifica como “muchedumbre”, “turba” y “espectadores”, procedimientos de despliegue y ataque, patrullaje en localidades y allanamientos.
“Revisten particular elocuencia los arts. 17 y 37 de dicho reglamento secreto. El primero de ellos prohíbe la utilización de munición de fogueo al utilizar armas de fuego en contra de las turbas, toda vez que ello podría ser interpretado como una ‘demostración de debilidad‘, por su parte, el art. 37 prescribe que los allanamientos debían efectuarse ‘por lo general de noche‘”, expresó la fiscalía.
Fiorucci, “clave” en el grupo
En cuanto al exsubcomisario Roberto Oscar Fiorucci (condenado a 20 años en el primer juicio), la requisitoria fiscal indicó que cumplió “un rol clave” en la cadena de mandos del grupo de tareas, ya que se desempeñaba como jefe de informaciones, a la par del fallecido jefe del grupo, el también condenado excomisario Roberto Constantino.
La lectura por secretaria detalló la cantidad de documentación y testimonios que lo ubican encabenzando operativos y participando de las sesiones de tortura en el primer piso del edificio de la Primera de Santa Rosa.
Separación del público
El fiscal Alejandro Cantaro solicitó a los jueces que disponga medidas para que víctimas y acusados no se crucen en los pasillos del Colegio de Abogados cuando se produce un cuarto intermedio en las audiencias. El presidente del TOF, Marcos Aguerrido, contestó que más adelante resolverán la petición y trató de excusarse por lo sucedido en la primera audiencia. Mientras tanto, ya este miércoles, en la segunda jornada, los efectivos de la Federal y del SPF encargados de la seguridad hicieron un cordón para evitar que los imputados tengan contacto directo con el público.
Reinhart pidió una computadora
Uno de los tres imputados que sigue en la cárcel, Carlos Reinhart, había pedido en la primera audiencia del juicio que le permitan ingresar una computadora de mano en la Colonia Penal 4, para seguir las vicisitudes del juicio y analizar la elevación a juicio y los detalles y pruebas que lo incriminan. Su abogado defensor explicó que sería simple anular la posibilidad de que acceda a internet para evitar que se comunique con el exterior. El presidente del tribunal, el juez Marcos Aguerrido, contestó este miércoles que antes de tomar una decisión, consultarán a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal para conocer si eso afecta las condiciones de seguridad del detenido.
Los acusados
Los acusados por asociación ilícita, detenciones ilegales y torturas son el excoronel y ex secretario general de la Gobernación, Néstor Omar Greppi (74); el exmayor del Ejército y exjefe policial pampeano, Luis Enrique Baraldini (78); los exmiembros de la Policía provincial asignados al “grupo de trabajo” del comando de la Subzona 14: Roberto Oscar Fiorucci (77), jefe de inteligencia; y los exoficiales Carlos Roberto Reinhart (66), Antonio Oscar Yorio (71), Néstor Bonifacio Cenizo (61), Hugo Roberto Marenchino (72), Oscar Alberto López (73) y Athos Reta (80), el exagente Orlando Osmar Pérez (68); los exoficiales de la comisaría primera de Santa Rosa, Miguel Ángel Ochoa (65) y Jorge Osvaldo Quinteros (68); el exoficial de las comisarías de Toay y de la primera de Santa Rosa, Juan Domingo Gatica (69); el exoficial del Departamento de Informaciones policiales, Luis Horacio Lucero (64); y el ex médico policial Máximo Alfredo Pérez Onetto (71).
Las querellas
Los abogados de las querellas son Franco Catalani (patrocinante de la UNLPam y de Juan Carlos Pumilla, Élida Rodríguez Jara de Perna, Rafael Guardia, Guillermo Quartucci y Graciela Bertón, y apoderado del Partido Comunista La Pampa y el Movimiento Popular Pampeano de Derechos Humanos) y Juan Resia (patrocinante de Raquel Barabaschi).
Durante la mañana de este jueves continúa la lectura de las acusaciones. Juzgan 234 casos de secuestros y torturas durante. El miércoles leyeron la acusación a Baraldini.
Continúa este jueves la lectura de la acusación fiscal a los represores imputados en el juicio de la subzona 14 II por 234 casos de secuestros y torturas durante el año anterior y la última dictadura militar que realiza el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa.
En la segunda audiencia, la lectura de la requisitoria fiscal de elevación llegó hasta la atribución de responsabiliades del ex jefe de la Policía, Luis Baraldini, el exsecretario de la Gobernación, el exmilitar Néstor Greppi, y el expolicía Roberto Fiorucci. Hoy el tribunal avanzará en la descripción de las imputaciones al resto de los acusados.
El miércoles, a primera hora, los secretarios del tribunal terminaron de leer la lista de casos por los cuales se acusa a dos exmilitares y trece expolicías. En total, son 234 personas. Fueron secuestradas entre 1975 y 1982, sometidos a interrogatorios con los ojos vendados en la mayoría de las oportunidades, bajo torturas con picana eléctrica, golpes, amenazas de muerte, simulacros de fusilamiento y vejaciones.
Entre las víctimas hay estudiantes, docentes de la universidad y de colegios secundarios, gremialistas, funcionarios justicialistas del Gobierno Provincial, dueños de constructoras que hacían obras públicas, militantes de izquierda, periodistas y siloístas.
Entre las víctimas hay estudiantes, docentes de la universidad y de colegios secundarios, gremialistas, funcionarios justicialistas del Gobierno Provincial, dueños de constructoras que hacían obras públicas, militantes de izquierda, periodistas y siloístas.
Los acusados por asociación ilícita, detenciones ilegales y torturas son el excoronel y exsecretario general de la Gobernación, Néstor Omar Greppi (74); el exmayor del Ejército y exjefe policial pampeano, Luis Enrique Baraldini (78); los exmiembros de la Policía provincial asignados al “grupo de trabajo” del comando de la Subzona 14: Roberto Oscar Fiorucci (77), jefe de inteligencia; y los exoficiales Carlos Roberto Reinhart (66), Antonio Oscar Yorio (71), Néstor Bonifacio Cenizo (61), Hugo Roberto Marenchino (72), Oscar Alberto López (73) y Athos Reta (80), el exagente Orlando Osmar Pérez (68); los exoficiales de la Comisaría Primera de Santa Rosa, Miguel Ángel Ochoa (65) y Jorge Osvaldo Quinteros (68); el exoficial de las comisarías de Toay y de la primera de Santa Rosa, Juan Domingo Gatica (69); el exoficial del Departamento de Informaciones policiales, Luis Horacio Lucero (64); y el exmédico policial Máximo Alfredo Pérez Onetto (71).
Las querellas
Las querellas
Los abogados de las querellas son Franco Catalani (patrocinante de la UNLPam y de Juan Carlos Pumilla, Élida Rodríguez Jara de Perna, Rafael Guardia, Guillermo Quartucci y Graciela Bertón, y apoderado del Partido Comunista La Pampa y el Movimiento Popular Pampeano de Derechos Humanos) y Juan Resia (patrocinante de Raquel Barabaschi).
Fuente:ElDiariodelaPampa
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